Para el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solo le servia en ese estado, por lo que podia ser detenido en cuanto saliera de territorio tamaulipeco, “porque él gozaba de ese beneficio que le otorgaba su Constitución local, inmersos dentro del Pacto Federal, pero no así en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
LA SUERTE ESTABA ECHADA:
En entrevista, antes de que un Juez federal girara orden de captura contra Cabeza de Vaca, aseguraba que la Fiscalía General de la República(FGR) podia hacerlo,pero solo tendría validez fuera de Tamaulipas.
“El Congreso local puede quitarle o no esa investidura de fuero constitucional local que tiene su ejecutivo. Pero eso no dista de que si hay delitos federales, que en este caso el Ministerio Público Federal a través de la Fiscalía General de la República, tenga delitos fehacientes, puede solicitar la orden de aprehensión [...] eso no le da lugar a violar o a cometer delitos federales en los que no se le pueda sancionar por la conducta ilegal en que incurra”.
En entrevista, el legislador de Morena consideró que si un gobernador comete un delito federal, es juzgado conforme a las normas federales “y entonces ahí es donde opera la solicitud de procedencia”. Incluso sostuvo que para el gobierno de la República, en términos del Pacto Federal, no podría ya ni siquiera tener recursos públicos la entidad, es decir: ‘no te reconocemos, no estás como gobernador constitucional’ (…) toda vez que ya existe un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados”.
Señaló que le resultaba “un poco excesivo” el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia interpuesta por el Congreso estatal, cuando habla de que se podriá actuar contra el mandatario de Tamaulipas hasta que finalice su gestión.
“El ministro (Juan Luis Alcántara) hizo una ponencia. En el recurso de reclamación (de la Fiscalía General de la República) tendrá que irse ya sea a la sala de la Corte o al Pleno de la Corte, para entrar a fondo. Yo me quedo con la parte de la controversia constitucional. El poder legislativo local hizo lo correcto (…) y en este caso quien tendría que pedir el amparo y protección de la justicia federal es el titular del ejecutivo estatal”.
El presidente del Senado y de la Comisión Permanente conminó a las autoridades impartidoras de justicia y a los investigadores de los delitos a “que actuemos con mucha sensatez. El país no está como para incendiarlo. Hay que actuar con sensatez política y con mucha responsabilidad, sobre todo aquellos órganos que son los representantes de la sociedad, como es el caso del Ministerio Público, como es el caso de la Fiscalía General de la República, que asuma y se conduzca con la autonomía por la que fue creada”.
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