El aseguramiento de armas de fuego en México no sólo está muy lejos de frenar su flujo ilegal, sino que se redujo drásticamente en los últimos años.
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De acuerdo con cifras oficiales, en 2013, primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, fueron aseguradas 13 mil 849 armas vinculadas con la delincuencia organizada.
En 2017, el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), registró 8 mil 120 armas aseguradas, lo que significó una disminución de 41.3 por ciento.
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Entre enero y septiembre de 2018, las corporaciones federales y las Fuerzas Armadas aseguraron 4 mil 976 armas de ese tipo.
Es decir, el promedio mensual de armas aseguradas cayó 52 por ciento entre 2013 y 2018, al pasar de mil 154 a sólo 552, respectivamente.
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Durante el sexenio pasado fueron aseguradas 56 mil armas de fuego vinculadas con la delincuencia organizada, de acuerdo con cifras actualizadas a septiembre.
En promedio, se decomisaron 26.3 armas al día, a pesar de que, según cálculos oficiales, unas 2 mil armas de fuego entran diariamente al País de manera ilegal.
Del total de armas aseguradas durante el periodo de Peña Nieto, 32 mil 88 son largas, es decir, el 57.3 por ciento del total, y 23 mil 912 son cortas, que corresponden al 42.7 por ciento restante.
Las entidades donde se aseguraron más armas son Tamaulipas, con 13 mil 596; Michoacán, con 6 mil 61; Guerrero, con 4 mil 621; Sinaloa, con 4 mil 438; y Ciudad de México, con 3 mil 521.
Por municipio, los de mayor incidencia son Reynosa y Matamoros, con 3 mil 540 y 2 mil 120, respectivamente; Culiacán, con mil 944; Nuevo Laredo, con mil 877; y Apatzingán, con 915.
La Administración anterior afirmó que la proliferación de armas de fuego, y su incesante flujo ilegal desde Estados Unidos, es uno de los factores que determinaron el aumento la violencia en el País.
Con ese argumento, el Gobierno de Peña Nieto impulsó la prisión preventiva oficiosa para los delitos relacionados con arma de fuego, sin que lograra su aprobación.
Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y la mayoría morenista al Congreso, se aprobó una reforma para agravar ese y otros cinco delitos.
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Esta medida ha sido criticada por organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y activistas, quienes aseguran que la prisión preventiva oficiosa debe ser la excepción y no la regla.
fuente.-(imagen/twitter/
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