Estados Unidos rechazó una petición para asegurar decenas de bienes raíces en Florida que presuntamente adquirió Javier Duarte con recursos desviados del erario de Veracruz, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) dijo que la PGR hizo una solicitud de asistencia jurídica a las autoridades estadounidenses para asegurar las casas y departamentos atribuidos al ex Gobernador priista, pero la respuesta fue negativa.
"Fuimos con el juez de control. Nos autoriza el aseguramiento de esos bienes, nosotros solicitamos a la autoridad estadounidense el aseguramiento de los mismos y no los aseguraron.
"Nosotros hicimos toda la gestión necesaria y suficiente para lograr el aseguramiento, incluso con criterio del juzgador", indicó Carlos Hernández Azuara, fiscal adscrito a la SEIDF.
Al funcionario se le cuestionó si estos bienes son parte de los que reclamó el Gobierno de Veracruz en una demanda presentada ante una Corte de Circuito del Condado de Miami-Dade, Florida, a lo cual respondió afirmativamente.
Los bienes demandados en esa Corte son 41, entre ellos 23 en Miami, 4 en Homestead, 4 en Florida City, 3 en Doral, 2 en North Miami, y el resto en Aventura, Hialeah, Cutler Bay, Miami Shores y Coral Gables.
En este último se localiza una residencia valuada en 9 millones de dólares, cuya adquisición se atribuye José Juan Janeiro Rodríguez, cerebro financiero del ex Gobernador y de su esposa Karime Macías.
Luego de que el Gobierno de Veracruz solicitara la entrega de los 40 inmuebles decomisados a Duarte por el caso de asociación delictuosa y lavado de dinero, la PGR explicó que será el Poder Judicial de la Federación el que resolverá al respecto.
"En este caso quien se encargará de resolver es el Poder Judicial, si en un momento dado hay algún interés por parte del señor Gobernador (Miguel Ángel Yunes)", dijo Felipe Muñoz, titular de la SEIDF.
Por su parte, el fiscal Hernández Azuara expuso que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), los bienes serán repartidos en cuatro partes iguales.
"El artículo 250 del CNPP señala expresamente que el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, serán entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas.
"Hay que ser muy puntuales en cuanto a quién es víctima en los ilícitos que nos ocupan", planteó Hernández.
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