Ricardo Prieto Parra y Carlos Varón García, dos efectivos del Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida, en la zona andina del país, fueron detenidos y se enfrentan a una condena que podría llegar a los 20 años de prisión.
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El motivo: haber grabado un vídeo en el que llaman a un burro “Maduro”. Al animal, que está dentro de una casa en el campo, incluso le tratan como presidente durante la grabación. El vídeo en el que se satiriza la imagen del presidente de Venezuela se ha hecho viral y ha sido objeto de numerosos comentarios.
Estado de Mérida, simulan ser locutores de televisión y le dan la bienvenida al asno, que, de acuerdo a la parodia, entraba a inspeccionar la estación de Apartaderos. “El presidente está comprobando si hay buena grama”, dice una de las voces cuando el animal se detiene a masticar hierba. Los dos bomberos han sido detenidos por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, uno de los brazos del Gobierno de Nicolás Maduro en el control del orden interno.
Prieto Parra y Varón García han sido acusados de “instigación al odio”, acusación inscrita dentro de la denominada Ley Constitucional contra el Odio, promulgada el año pasado por la cuestionada y no reconocida Asamblea Constituyente, y que emergió después de la crisis política de 2017. Este instrumento contempla severas penas a aquellas personas que agredan verbalmente, intimiden, ofendan o insulten a funcionarios públicos.
Hoy, en una rueda de prensa ofrecida a medios extranjeros en el Palacio de Miraflores, en la cual se iban a comentar los acuerdos comerciales con China y las tensiones diplomáticas con Colombia y Estados Unidos, un periodista le preguntó al presidente su opinión sobre el destino de estos funcionarios sancionados. La cuestión irritó a Maduro, quien le respondió al reportero que el tema no tenía el nivel adecuado para una cita con la prensa internacional y que no iba a ser respondida.
El humor sobre la política, que ha tenido una larga tradición en Venezuela, también está sumamente polarizado y ha sido objeto de varias amenazas desde el poder. ONG, como el Foro Penal Venezolano y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes cuestionaron duramente la medida del Gobierno. El observatorio universitario comentó que “la proporcionalidad es esencial a la justicia”. El gobernador del Estado de Mérida, Ramón Guerra, que milita en Acción Democrática, partido de la oposición, también criticó la medida judicial y pidió respeto por los derechos constitucionales de estos funcionarios.
Fuente.-Diario Español/
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