En Tecomán se siente el miedo. Es mejor no salir después de las 10 de la noche y siempre hay que estar alerta, porque es posible quedar inmerso en una balacera. El pueblo tradicionalmente tranquilo, en el que las familias fácilmente se conocían, se transfiguró en dos años.
“A las nueve o diez de la noche casi ya no se mira a gente en la calle. La mayoría hace sus compras temprano. Una vez me tocó una balacera cerca de la Bodega Aurrerá. Escuchamos que dijeron: ‘todos al suelo’, y todos nos tiramos. No alcanzamos a mirar, sólo a escuchar los pinches balazos.
“Otra vez iba con mi familia en una tienda y yo y mi esposa nos tuvimos que esconder entre los carros”, relató Israel -a quien cambiamos el nombre por razones de seguridad-, quien nació y vive en Tecomán.
Este municipio del Pacífico colimense cambió a fuerza de balas y los asesinatos se hicieron costumbre. Ahora, es el más violento del país. Lo insólito es que las cifras crecieron cuando se implementaba la nueva estrategia contra la inseguridad, que diseñó y encabezó la Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, la llamada “Estrategia integral de atención prioritaria a municipios que concentran el mayor número de homicidios dolosos”.
Sólo que las cifras oficiales, evidencian el fracaso de la estrategia: en 2016 se iniciaron 159 carpetas de investigación por homicidio, al año siguiente fueron 223; es decir, crecieron 40 por ciento. El crecimiento de la violencia ocurrió en el 70% de los municipios que incluyó la estrategia.
DE 49 ASOCIACIONES CIVILES O EMPRESAS QUE CONTRATARON LOS MUNICIPIOS, A OCHO SE LAS TRAGÓ LA TIERRA. NO TIENEN PÁGINA DE INTERNET NI PUEDEN SER LOCALIZADAS. SÓLO HAY FACTURAS QUE ACREDITAN LOS PAGOS SUMINISTRADOS POR LOS MUNICIPIOS.
ejecentral presentó una decena de solicitudes de transparencia para documentar cómo se implementó la estrategia de la Segob en cada uno de los 50 municipios. La obtención de facturas e informes, permite hacer una radiografía de lo que ocurrió en los últimos dos años y ponen en evidencia que el diagnóstico sobre la violencia y su atención fue equivocado, insuficiente, sin supervisión e incluso se habrían utilizado empresas fachada para otorgar contratos supuestamente atendiendo la violencia.
La estrategia formalmente atendió a 50 muncipios con el mayor índice de homicidios, pero en 35 de ellos aumentaron. En esas zonas, donde habita un total de 32 millones de personas, los talleres que supuestamente permitirían una disminución de la violencia, sólo habrían favorecido al 0.46% de los habitantes.
Para muestra Tecomán, un municipio de poco más de 123 mil habitantes, que tiene un bajo índice de marginación y poco desempleo, pero que su posición geográfica siendo frontera con Michoacán y con acceso al Pacífico, lo colocó en medio de una lucha entre los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación. A pesar de este panorama, a partir de agosto de 2016, la estrategia se basó en distintos talleres, los más importantes: dirigidos a padres y madres “para crear relaciones familiares positivas”; para informar sobre el uso, abuso y la dependencia al alcohol y las drogas, y la implementación de estrategias lúdicas de uso del tiempo libre. Acudieron menos de mil personas y no existe evaluación del impacto.
En la estrategia el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezado por Álvaro Vizcaíno, gastó en 24 meses y en los 50 municipios, cinco mil millones de pesos. Los documentos en poder de este periódico muestran que el órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación ni siquiera estableció parámetros para la rendición de cuentas por parte de los alcaldes y delegados, por lo que sólo algunos entregaron informes y facturas, y otros ni un solo reporte.
Para conocer su posición ante lo que revelan los documentos oficiales, ejecentral solicitó hace una semana entrevista, por separado, con el ahora senador Osorio Chong y con Álvaro Vizcaíno, en ambos casos sus coordinadores de información aseguraron que se reportarían para fijar el día en que se realizaría, pero hasta el cierre de esta edición no definieron alguna fecha.
La urgencia
Para 2016, las víctimas de homicidio doloso en el país aumentaron en casi 30 por ciento. Y julio de ese año sería recordado como el mes más violento desde 1997, pues los homicidios dolosos sumaron dos mil 599 casos.
La tendencia al alza de los crímenes en el país obligó a las autoridades a dar una respuesta urgente. Era 30 de agosto de 2016 y se desarrollaba la 40 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el órgano de Estado encargado de definir las políticas públicas en materia de seguridad, y Enrique Peña Nieto presidía la sesión, en la que como en ocasiones anteriores era apoyado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de la estrategia de prevención, investigación e inteligencia del país. Estaban también gobernadores y los titulares de la Defensa Nacional, Marina, PGR, y el titular del SESNSP.
Ese día, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, y a recomendación de la Secretaría de Gobernación, se presentó la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a municipios que concentran el mayor número de homicidios dolosos.
Osorio sostuvo que la estrategia de los primeros dos años de gobierno contuvo “de manera notable la tendencia creciente de la violencia criminal a nivel nacional y que el país regresara incluso a tasas de homicidios de hace siete años”.
Pero después el funcionario debió reconocer el crecimiento de los homicidios: “No obstante, este importante avance, hay que señalarlo, hay que hacerlo puntualmente, en meses recientes este fenómeno ha repuntado en algunas regiones del país”.
Para ese entonces, el encargado de la política interior y ahora senador de la República, decía que el aumento en dicho delito se explicaba en gran medida al crecimiento de los delitos locales. En consecuencia, puntualizó durante su intervención en la 40 Sesión del CNSP, la prioridad sería orientar el enfoque “en el plano de lo local”. Pero el esfuerzo no fue suficiente. En 2017 el homicidio doloso se incrementó 23% y en este 2018 la cifra registra un mayor crecimiento.
La supuesta nueva estrategia diseñada en Gobernación se definió como una operación interinstitucional, bajo la coordinación de los tres órdenes de gobierno, pero que solamente se basó en la implementación de talleres para identificar situaciones de riesgo o violentas o en concursos artísticos para niños, niñas y adolescentes, que en algunos casos fueron realizadas por instituciones sin conocimiento del tema. Cursos que sólo llegaron a grupos pequeños de la población y de los que no existe ni siquiera evaluación de impacto.
También se proyectó capacitar y evaluar a las policías de los 50 ayuntamientos para que obtuvieran un Certificado Único Policial (CUP), que los validara por tres años como elementos policiales confiables; sin embargo 27 de 50 ayuntamientos no reportó la evaluación de sus corporaciones en 2017, de acuerdo con la revisión documental realizada por ejecentral.
Dinero a saco roto
La instrumentación de la Estrategia Integral de Atención Prioritaria a municipios que concentran el mayor número de homicidios dolosos contó con cinco mil millones de pesos, provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El uso de los recursos se realizó según el criterio de cada municipio. Sin que existiera documentos que soporten un diagnóstico previo, el cómo se implementaría y cuáles eran los objetivos. Tampoco existen informes que muestren la supervisión en la aplicación de los recursos por parte del Secretariado Ejecutivo, ni mucho menos la evaluación de lo que se hizo en cada municipio, los cuales se distribuyen en 20 estados:, cuatro en Chiapas, , tres en Ciudad de México, tres en Colima, cinco en el estado de México, cuatro en Guanajuato, cinco en Guerrero, cuatro en Jalisco y cinco en Michoacán; así como dos en Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Veracruz, respectivamente, y uno en Baja California Sur, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, en cada caso.
Por ejemplo, unos gastaron tres millones para la realización de los talleres preventivos, otros incluso beneficiaron asociaciones con 10 millones.
Para noviembre de 2016, Osorio Chong anunció que a más tardar la segunda semana de diciembre se tendría una evaluación de la política de prevención a la violencia, pero nunca se publicó. Ni siquiera se elaboró. Este periódico solicitó copia de ese documento, la respuesta fue que como tal sólo se contaba con la lista de talleres realizados en cada municipio y el número de asistentes.
El Informe de Resultados Fortaseg 2017 revela que de cinco mil millones de pesos erogados, 60.47% de los recursos, más de tres mil millones de pesos, se invirtió en lo que denominan tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial. Es decir, se compraron uniformes y equipo, que incluye sistemas de video vigilancia. Lo que debería traducirse en que estas demarcaciones estén bien equipadas y cuentén con policías certificados, pero no se tienen los reportes de lo primero y de lo segundo sólo 22 municipios lo enviaron y en gran medida los agentes reprobaron.
Para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, especifica el informe, sólo se destinó el 12.12% de los recursos. Es decir, 606 millones de pesos, por lo que le tocó a cada municipio unos 12 millones de pesos. Del resto de los recursos, 27.41% se desconoce su destino.
Colima rojo
Así como en Tecomán, en Manzanillo la violencia también incrementó, y colocó a este municipio como el segundo con mayor tasa de homicidios en 2017. En este caso, este destino turístico y puerto comercial de gran calado, que se ubica como uno de los más importantes puntos del Pacífico para la llegada de precursores químicos y drogas sintéticas procedentes de Asia, las autoridades decidieron prevenir la violencia con 23 talleres acerca del uso, el abuso y la dependencia al alcohol y drogas y sus consecuencias, a los que asistieron 600 personas. También se dio una “intervención escolar integral”, que benefició a mil 509 alumnos, y otra “intervención integral” en la que participaron 683 personas. Se reportaron, de acuerdo a los documentos obtenidos por este periódico, otras tres actividades, pero en ninguna de ellas se reportó información de cuantos pobladores fueron beneficiadas.
Aunque este periódico tiene copia de la factura emitida por el municipio de Manzanillo, el Secretariado Ejecutivo decidió clasificar como confidencial el nombre de la asociación o empresa que brindó los talleres. No obstante, la información refiere que recibió un millón 895 mil pesos.
En el caso del municipio de Colima se realizaron 21 talleres que atendieron a 239 personas y se creó una red de mujeres que aglutinó a 81 mujeres. Además, se llevó a cabo una intervención integral que benefició a 462 participantes. Por dichas acciones el municipio desembolsó un millón 845 mil 999.99 pesos que fueron transferidos a la empresa Gesec Consultores en Gerencia Pública.
Y en Tecomán se contrató a la empresa denominada Centro de Estudios de Recursos Nacionales y Gubernamentales para realizar “las acciones preventivas de la estrategia antihomicidios”, sólo que el municipio no entregó datos para su localización ni sobre sus resultados, ni existe en internet alguna referencia sobre ella. La autoridad local le asignó un millón 613 mil 500 pesos, pero de las seis acciones que se proyectaron, sólo en tres se reportó la asistencia de personas. Y es que en los 10 talleres lúdicos que se impartieron a niños, niñas y adolescentes para que puedan identificar situaciones de riesgo y violencia se reportó la participación de mil 59 pobladores de Tecomán; en tanto que en los 11 talleres para padres y madres en relaciones familiares positivas (parentalidad positiva) asistieron 727 personas y en la “intervención escolar integral” acudieron 99 personas.
Empresas sospechosas
De las 49 asociaciones civiles o empresas que contrataron los municipios, a ocho se las tragó la tierra. No tienen página de internet ni manera de ser localizadas. Sólo existen las facturas que acreditan los pagos suministrados por los municipios.
Se trata de Corporativo Integral de Occidente, que fue contratado por la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México; del Centro de Seguridad Urbana y Prevención (CESUP), que se agenció 10 millones 108 mil 442 pesos del FORTASEG para dar talleres en Nezahualcóyotl (5,444,344); en Tlaquepaque, Jalisco (3,110,691) y en Papantla, Veracruz (1,553,407).
En tanto que Consultores Guerrerenses para la Gestión Ambiental y Desarrollo Ambiental y Desarrollo Social Sustentable, que fue contratada por el municipio de Chilpancingo, Guerrero, por 2 millones 274 mil 24 pesos; no obstante, sólo se encontró un perfil de Facebook que no ha subido información desde 2014.
Otra asociación sin rastro es Accedde Desarrollo Local A.C., de la que no se entregaron datos y ni siquiera tiene página web, pero ganó dos contratos, uno en Guadalajara, Jalisco, y otro en Apatzingán, Michoacán, por 12 millones 212 mil 690 pesos.
El dato. 152 mil 21 personas de los 50 municipios que participaron en los talleres y acciones preventivas que realizaron las 49 asociaciones contratadas por los ayuntamientos más violentos del país.
Comunidad Segura y Participación Democrática A.C., obtuvo un contrato por un millón 789 mil 732.20 pesos, para realizar acciones de prevención en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pero sólo se tiene registro cinco acciones en las que en total asistieron mil 162 personas, según los registros del Secretariado. El patrón se repite: tampoco hay datos precisos de ellos, y sólo un perfil de Facebook que no es público y que refiere que está ubicada en Morelia, Michoacán.
En tanto que del Centro de Estudios de Recursos Nacionales y Gubernamentales S.C no existen datos en la red, pero de lo que sí hay constancia es de 2 millones 825 mil 631 pesos que recibió del municipio de Cajeme, Sonora, por impartir talleres en el que participaron mil 134 personas.
De otras nueve asociaciones se desconoce el nombre, pues los ayuntamientos de Acapulco e Iguala, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Ecatepec, estado de México; Fresnillo, Zacatecas; Manzanillo, Colima; Ocosingo y Suchiate, Chiapas; Tihuatlán, Veracruz, Victoria, Tamaulipas y Zapopan, Jalisco, reservaron el nombre de las empresas u asociaciones que contrataron, bajo el amparo del artículo 113, fracción I de la Ley de Transparencia.
Las peores, Cuauhtémoc y GAM
Para cumplir con las acciones de prevención de la violencia, la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México contrató al Corporativo Integral de Occidente S.C, que tenía como representante legal al licenciado José Cardona Albor, y le otorgó 5 millones 414 mil 109.29 pesos; sin embargo, de las 15 actividades que se asegura realizó durante 2017, de ninguna hay reportes, ni siquiera cuántas personas fueron beneficiadas.
ejecentral se comunicó al número de la empresa, que aparece en el contrato que estableció la delegación que en ese entonces encabezaba Ricardo Monreal, ahora senador, y quedaron de reportarse para sostener un encuentro, pero hasta el cierre de esta edición no dieron respuesta. Lo que sí sucedió fue que la Cuauhtémoc concentró una de las tasas más altas por el delito de homicidio dolosos con 21.31% en 2017.
También ese año la delegación Gustavo A. Madera, que gobernaba por Victor Hugo Lobo, reapareció en el mapa de la violencia al aumentar en 2017 en un 34% en el número de carpetas abiertas homicidio doloso. Pese a ello, la demarcación no reportó cómo ejerció los recursos que le fueron otorgados.
“No se cuenta con la documentación comprobatoria a este Secretariado Ejecutivo que pudiera acreditar el desarrollo del citado proyecto (…) Se confirma la inexistencia de las facturas y/o documentación comprobatoria a través de las que se corrobore el concepto de gasto por el cual se ejerció el recurso otorgado a la delegación”, respondió el Secretariado a este periódico y precisó que el incumplimiento fue reportado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que dé seguimiento a la transparencia de los recursos y en consecuencia, de ser el caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.
Empresas improvisadas
Coronel Consultoría fue contratada por el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, para prestar servicios profesionales del programa de prevención social del delito. El problema es que es una empresa dedicada a la prestación de servicios administrativos, contables, fiscales y jurídicos. No obstante no tener relación su giro con tareas conrea la violencia, recibió un millón 500 mil pesos, de acuerdo a las facturas que ejecentral obtuvo vía transparencia.
De acuerdo a los registros del Secretariado, la empresa realizó cuatro acciones de siete programadas, en tres de ellas no se registra información de cuánta gente asistió o atendió.
Por ejemplo, en la acción de Estrategias lúdicas de uso del tiempo libre no se tiene información, ni la Estrategia de comunicación para que niñas, niños y adolescentes identifiquen situaciones de riesgo de violencia en su vida cotidiana. Tampoco respecto a la acción de Espacios libres de violencia para niñas, niños y adolescentes, todas estas pertenecientes al Eje 2. Prevención de violencia y delincuencia en niñez y adolescencia.
Otro caso similar es el de la Universidad Politécnica del Centro, creada en mayo de 2008 en Tabasco, como una institución pública de educación superior e investigación orientada a ingenierías como la biotecnología, mecatrónica, electrónica y a las telecomunicaciones. Pero eso no le impidió recibir 3 millones 236 mil 923 pesos para desarrollar en Tlalnepantla, estado de México, servicios de mentoría a jóvenes en situación de riesgo, talleres acerca del uso y abuso del alcohol y las drogas, para promover la igualdad de género, así como capacitaciones para el trabajo. Sólo que Tlalnepantla es uno de los más violento del país, ya que se ubicó entre los 12 primeros con mayor número de homicidios dolosos.
Publicado por: Oscar Santillán
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