Los servicios forenses del país tienen registrados más de 22 mil cadáveres sin identificar, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob entregados al gobierno en transición.
Se les apila y manipula sin reglamento nacional de ciencias forenses, sin protocolo nacional de necropsia médico-legal y sin manual de procedimientos para darles destino final.
“Hay una grave omisión sanitaria, porque los cadáveres son desechos biológicos y su mal manejo deriva en un concurso de delitos graves, en especial contra la salud. El tema involucra a Cofepris, Secretaría de Salud y Profepa”, dice Flor de María Trejo, presidenta del Instituto Forense y Pericial de Latinoamérica (IFPL).
De acuerdo con el apartado 4 de la Norma Oficial Mexicana 087, los cadáveres se consideran “residuos peligrosos biológico-infecciosos”.
“Eso de traerlos deambulando por falta de espacios, de pasearlos por las calles y cruzarlos por mantos acuíferos es un gran riesgo. Un amigo en Yucatán fue a levantar un cadáver a un manglar, cuando se agacha se le cae la pluma, la limpia y se la pone en la camisa, poco después la usa para mover el café... perdió la vista por una bacteria”, cuenta el doctor René López Nava, consultor forense del IFPL y perito de la PGJ de la Ciudad de México.
—¿Cómo podemos explicarnos la acumulación excesiva de cuerpos en los servicios forenses?
—Sí, se ha multiplicado la carga de trabajo, y en la mayoría de las instituciones los peritos son pocos y mal pagados, pero hay además una notoria falta de comunicación entre fiscalías y forenses. Si se están desbordando los cuerpos debe alertarse al MP, que tiene los cadáveres a disposición: ya tengo muchos, dame los oficios para inhumarlos. Se notan desfases jurídicos, descoordinación y omisiones en la cadena de custodia. Para los abogados, los peritos no somos importantes.
“Con la llegada del sistema penal acusatorio, la prueba pericial se vuelve fundamental en la resolución de casos. Se requiere suscribir los convenios necesarios para que las procuradurías, a través del MP, puedan ordenar el envío periódico a la fosa común. Cualquier servicio forense que no lo haga, está destinado al colapso”, advierte Felipe Takajashi, director del Instituto de Ciencias Forenses de la CDMX, donde el año pasado se recibieron 5 mil cadáveres: 10 por ciento —alrededor de 500— fue enviado a la fosa común.
El Incifo cuenta con dos cámaras refrigerantes y una congeladora; su capacidad de resguardo es de hasta 500 cuerpos.
“Otro elemento fundamental —dice Takajashi— es contar con un manual de procedimientos para dar destino final a los restos, y personal idóneo para hacerlo. No sólo es decir: se van a la fosa común, hay que tener las boletas de inhumación, hacer trámites administrativos ante el Registro Civil y la Secretaría de Salud. Implica presupuesto, personal, capacitación, protocolos establecidos, convenios interinstitucionales”.
NAUFRAGIO. Sólo los servicios forenses de la CDMX, Baja California y Puebla dependen del Poder Judicial y, en apariencia, sus recursos son más fluidos; el resto se encuentra subordinado a las procuradurías locales (28 en total). Una excepción es Guerrero, dependiente de la Secretaría de Salud.
“En una escala evolutiva jurídica, el menos importante es el perito, a nivel sueldo y beneficios. En cualquier Procuraduría, si tienen un peso de presupuesto, a periciales se va un centavo y a forense puras dádivas”, refiere la experta Trejo Medinilla, quien trabajó en la PGJ de Zacatecas, donde, por falta de espacio, los peritos han sido forzados a trabajar con los cuerpos en panteones municipales.
“Los kits para identificación cuestan alrededor de 75 mil pesos, para 500 muestras, pero con tantos casos se acaban rápido; le solicitas uno nuevo al administrador, y ya no puede comprarlo. En los estados hay abandono de recursos y equipo. Mis compañeros de Zacatecas cuentan que del cuarto de necropsias se filtra la sangre a los baños del área de química”.
Y a las carencias se suman complicidades y amiguismos…
“Este año Zacatecas fue invitado a un curso de genética en París. El jefe del área se llevó a su esposa; el director de periciales también se la subió, dos espacios que pudieron haber sido para peritos, que son quienes manejan las muestras”, acusa Flor de María.
“A excepción de uno o dos, todos los directores de periciales de las procuradurías entran por recomendación, no por concurso de oposición. Los procuradores ponen a sus directores para que acaten órdenes sin chistar, y algunos apañan los puestos por años”, señala el doctor López Nava.
—La PGR presume casi 50 mil perfiles genéticos en su base CODIS de identificación— se le comenta.
—Las cifras están maquilladas o no se reflejan en beneficios directos a quienes buscan desaparecidos.
El número de familias con noticias tranquilizadoras es mínimo. Naufragan las estrategias de identificación.
“Hay una necedad de querer arreglarlo todo a través de genética, que no es el único método de identificación y las organizaciones civiles también son muy necias —afirma Takajashi—; en cuerpos encontrados en fosas clandestinas puede ser útil, pero en casos más recientes la dactiloscopia ha dado excelentes resultados”.
“Piden un banco genético y no se tiene personal ni equipo necesario para tomar muestras y hacer perfiles. Los sacan y luego no saben ni a quién dárselos. Se necesita cotejar el ADN de un familiar directo, no es la panacea”.
En los últimos años, la PGR ha invertido casi 90 millones de pesos adicionales al presupuesto para ampliar la cobertura de la base CODIS en los estados de Jalisco, Sonora, Oaxaca y Tabasco.
“Son acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, pero cuando volteas a los estados, no están. Se vuelven letra muerta. Lo mismo ha ocurrido con el software AM-PM (Ante Mortem y Post Mortem, con información detallada del fallecido) donado por Cruz Roja Internacional, se capacitó a personal de procuradurías, se gastó un dineral y no lo usan más que nueve estados”, apunta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
—¿Entonces el CODIS es inservible?
—Es un acuerdo añejo, pero ¿de qué sirve, por qué les cuesta tanto echar a andar proyectos que se supone ya acordaron?
fuente.-
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