Uno de los cánceres que crecieron en forma desmesurada en el país durante la administración de Enrique Peña Nieto fue la corrupción del aparato de gobierno.
Los escándalos de este tipo tuvieron consecuencias económicas y políticas: minaron la confianza de los inversionistas, mostraron la nula voluntad de erradicar esta práctica en las altas esferas –comenzando por la Presidencia de la República– e indignaron a la opinión pública. La situación se fue agravando con la persistente impunidad, hasta llegar al desprestigio total con que el mandatario deja Los Pinos.
Los escándalos de corrupción, abuso de poder y otras conductas ilegales o faltas administrativas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto siguen impunes hasta ahora.
Pese a las cifras con que los últimos cinco informes de gobierno pretenden mostrar sus acciones sancionatorias, una revisión de los escándalos más sonoros del sexenio refleja los carpetazos y la ausencia de registro de sanciones a los altos funcionarios.
El ejemplo más claro está en el balance que, después de casi cuatro años, el titular del Ejecutivo hizo respecto del reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”, realizado por el equipo de Aristegui Noticias y publicado de manera conjunta en este semanario (Proceso 1984).
Dicho reportaje acreditó con documentos y testimonios que una residencia en el exclusivo sector de Lomas de Chapultepec fue construida por una firma de Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, una constructora asentada en Toluca que acumulaba miles de millones de pesos en contratos federales durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y en los primeros dos años de su administración federal.
La explicación que posteriormente ofreció la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, incluyó una revelación sobre la irregularidad de la adquisición. Informó que tuvo financiamiento de la empresa de Hinojosa Cantú: el contratista consentido del peñanietismo le construyó la casa y le solventó la compra por fuera del sistema financiero.
Instalado en la misma posición desde 2015, cuando pidió perdón, no por el hecho sino por haber dado una mala impresión, el pasado 22 de agosto Peña Nieto le dio una entrevista a Denise Maerker en el Canal 2 de Televisa. A unos meses de terminar su mandato, insistió en lamentar que la información haya sido “insuficiente” y afectara su credibilidad y la de su gobierno.
“El señalamiento de la ‘casa blanca’ fue indebido. No debí involucrar a mi esposa, me arrepentí de haberla involucrado. Ha sido difícil superarlo en todo este tiempo”, dijo. Aseguró que si fuese necesario volver a tomar una decisión al respecto, no lo haría “porque a ella no correspondía; ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré”.
El 3 de febrero de 2015 Peña Nieto designó a Virgilio Andrade Martínez como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP). En la toma de protesta, el mandatario le encargó que investigara si hubo “conflicto de intereses” en la compra de tres inmuebles, entre ellos la casa que Luis Videgaray adquirió en Malinalco bajo el mismo esquema de financiamiento.
El 21 de agosto del mismo año Andrade dio a conocer el resultado de su investigación: no se materializaba el conflicto de intereses. Ese día Proceso le inquirió si se había investigado la posibilidad de otros delitos o irregularidades y el funcionario contestó que no.
Con ese dictamen y la oferta de integrar una reforma para construir un Sistema Nacional Anticorrupción, que hasta ahora es inoperante, Peña Nieto dio carpetazo al asunto.
OHL y Odebrecht
Pieza clave en la primera mitad del sexenio, Emilio Lozoya Austin se vio implicado primero en posibles actos de corrupción con la constructora de origen español OHL y posteriormente con la brasileña Odebrecht.
Lozoya Austin llegó al equipo de transición de Peña Nieto en 2012 y luego a la dirección de Pemex. Venía de ser miembro del consejo de administración de OHL México. Ya en la petrolera, designó como titular de la dirección financiera a Mario Beauregard, quien había ocupado el mismo cargo en OHL.
Los contratos de OHL en el Estado de México fueron ampliamente documentados. Apenas comenzó Lozoya a dirigir Pemex, la trasnacional española extendió sus negocios en el sector energético mexicano. Tan sólo en 2013 consiguió un contrato con Pemex Refinación por un Turbogenerador TG-8 en la refinería Ciudad Madero, que ascendió a mil 16 millones de pesos; una planta de hidrógeno en la refinería de Cadereyta, así como un ramal de ahí al Gasoducto Los Ramones por 927 millones (asociada con Senermex) y una planta de rebombeo en el poliducto de Salamanca-Guadalajara por 453 millones.
Además de Lozoya, en el consejo de administración de OHL figuraba Carlos Ruiz Sacristán, presidente del mismo y director de IEnova, trasnacional energética ampliamente favorecida por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Una de las primeras acciones de Lozoya al frente de Pemex fue crear la razón social Tag Pippelines, precisamente con IEnova, y sin estar sometidas a la Ley de Transparencia contrataron a la brasileña Odebrecht para construir la obra energética más cara del sexenio: el gasoducto Los Ramones.
El 28 de julio de 2015, una serie de conversaciones grabadas evidenciaron la relación de Lozoya Austin con Juan Villar Mir y otros directivos españoles de OHL. Esos diálogos, filtrados a la prensa en el contexto de la investigación por corrupción que se seguía en España a OHL y a Villar Mir, su accionista mayoritario, determinaron que Lozoya Austin saliera de Pemex en febrero de 2016.
Este semanario publicó que los testimonios de exdirectivos de Odebrecht involucraban a Lozoya Austin en la recepción de sobornos. En un reportaje de Quinto Elemento Lab, publicado en la revista (Proceso 2128), se acreditó que exdirectivos de esa firma declararon en tribunales brasileños que le entregaron a Lozoya Austin “propinas” que sumaban 10 millones de dólares. El funcionario se vio en medio del segundo escándalo de presunta corrupción del sexenio, que remitía a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
Cuando investigaba ese caso en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el fiscal Santiago Nieto Castillo fue removido del cargo mediante un procedimiento que se ubicaba en los límites de la legalidad, pero el funcionario denunció amenazas y desistió de impugnarlo.
Lozoya siempre ha negado los cargos y la averiguación sigue abierta en la FEPADE, aunque de manera precaria, pues según su actual titular, Héctor Díaz Santana, la fiscalía no ha reunido ni siquiera la evidencia necesaria para citar a declarar al exdirector de Pemex.
Una consulta al portal de Servidores Públicos Sancionados arroja que ni Lozoya ni Beauregard ameritaron al menos una sanción administrativa por su cuestionado desempeño en la petrolera.
Ruiz Esparza
y el estilo mexiquense
Los casos de la Casa Blanca y el de OHL tienen otro actor común: el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
En la dependencia a su cargo se entregaron importantes contratos al Grupo Higa y OHL. Como Lozoya, Ruiz Esparza también fue expuesto en las llamadas filtradas con los directivos de OHL y es responsable por la licitación mediante la cual se otorgó el contrato para la construcción del tren México-Querétaro, que se frustró un día antes de que estallara el escándalo de la Casa Blanca.
Únicamente por la cancelación del contrato en la primera quincena de 2014, la administración de Peña Nieto heredará a la de López Obrador un litigio internacional en el que la empresa China Railway reclama al gobierno mexicano una indemnización de 11 mil 294 millones de pesos por haber cancelado el fallo de la licitación que la declaró ganadora el 3 de noviembre del citado año.
Hasta ahora, ninguna instancia ha determinado si esa cancelación causó daño patrimonial a México.
El cúmulo de irregularidades relacionada con el Programa Nacional de Infraestructura, señaladamente en materia de comunicaciones y transportes, tiene como su mayor referente el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades que rondan los mil millones de pesos. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que dirige la obra y está sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no ha respondido al grave señalamiento.
La gestión de Ruiz Esparza y las entidades que tiene sectorizadas la SCT han sido objeto de varios señalamientos por corrupción: desde el temprano escándalo de la licitación por las tarjetas IAVE (en el que la SFP tampoco encontró irregularidades) hasta el caso del “socavón” en el Paso Express de Cuernavaca, además del empoderamiento de un puñado de empresarios mexiquenses (Proceso 2081). Sin embargo, hasta ahora el funcionario no ha enfrentado consecuencias jurídicas ni administrativas.
Sanciones, pero no
para funcionarios
En el caso del Paso Express de Cuernavaca la ASF identificó irregularidades, pero la SFP no ha dado información al respecto. El 12 de julio de 2017 un súbito hundimiento en esa vía cobró la vida de dos personas, lo que provocó la exigencia de que Ruiz Esparza renunciara.
Al concluir su investigación, la SFP dio a conocer el pasado 5 de julio que ha sancionado a servidores públicos con cargos de residente de obra, residente general, subdirector, director general adjunto y director general.
Por ley, la SFP no puede hacer públicos los nombres de los sancionados, a quienes se les impusieron amonestaciones, suspensiones temporales del cargo, destituciones y dos inhabilitaciones, una por un año y otra por 10.
El tipo de sanción y el perfil de los servidores a quienes se les aplicaron es consistente con la estadística de la SFP en este sexenio:
En el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2017 se enlistó un acumulado de 54 mil 442 procedimientos administrativos a 40 mil 164 funcionarios, de los cuales a 22 mil 927 se les impusieron amonestaciones públicas y privadas (42.1%); suspensiones a 14 mil 236 (26.1%); 11 mil 331 fueron inhabilitados (20.8%); hubo mil 961 destituciones (3.6%) y 3 mil 987 sanciones económicas (7.3%) con un monto total de 9.1 millones de pesos.
En suma, 2 mil 931 personas fueron objeto de sanción económica por un promedio de 3 mil 104 pesos.
El aspecto más destacado de las sanciones que presume el gobierno de Peña Nieto son las amonestaciones y las suspensiones, pues las primeras son una llamada de atención y las segundas pueden ser sólo por un día, pero esto no se refleja en el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno. Ese tipo de sanción representa el 68.2% de todas las que aplicó el gobierno federal.
En tanto, los casos de destitución e inhabilitación (que suman juntas 24.4% de las los procedimientos sancionatorios) jamás han tocado a la alta burocracia y mucho menos al gabinete.
Aun en aquellos casos en los que la SFP difundió en comunicados oficiales que había procedido contra servidores públicos identificables, Proceso comprobó que en el RSPS no hay rastro de la supuesta sanción.
El 26 de abril de 2013 la hija del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Humberto Benítez Treviño, protagonizó un caso de prepotencia y abuso de autoridad al llamar a funcionarios de la dependencia para cerrar el Máximo Bistró, un restaurante donde no se le asignaba mesa.
La SFP anunció la destitución e inhabilitación por un año de cuatro funcionarios de la Profeco: el subprocurador de Verificación, el director general de Verificación y Vigilancia, el director de Procedimientos y el jefe del Departamento de Verificación de Normas Oficiales Mexicanas.
Por sus cargos se pudo identificar al entonces subprocurador Roberto Figueroa Martínez; el director de Verificación, Jesús Rolando Rangel Espinosa; el director de Procedimientos, Policarpo Montes de Oca, y el jefe de departamento Abraham Sánchez Fuentes. Días después de los hechos, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la remoción de Benítez Treviño. Sin embargo, en la base de datos del RSPS no hay registro de dichas sanciones.
Entre los más sonados escándalos también figuró el del entonces director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, cuando un ciudadano lo grabó en el momento que abordaba un helicóptero de la dependencia junto con su familia para irse de vacaciones.
No fue la única vez que Korenfeld les dio uso familiar a las aeronaves oficiales. Tras intentos fallidos de justificarse, renunció y la SFP anunció que se le impuso una multa superior a 638 mil pesos. Pero en el RSPS no consta esa multa.
fuente.-
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