A POLITICOS y GOBERNANTES INTERESA MAS "VERSE BIEN QUE HACER el BIEN"...contribuyentes pagan para que el gobierno los engañe.

Helos ahí, los políticos sonrientes presumiendo sus logros. Omnipresentes. En los espectaculares, en las pantallas de televisión, en los mensajes de radio, desde donde nos dicen cuán maravillosos son. Cuánto están haciendo por el país. Los superhéroes mexicanos con la pose perfecta, el pelo acicalado, los dientes diamantinos y el mensaje meloso que utilizan para convencernos de lo bien que gobiernan. 

La propaganda oficial convertida en vehículo para el narcisismo personal y la promoción individual. Millones de pesos gastados para contar la manera en la que "mueven a México", para insistir en que "lo bueno también cuenta", para armar una narrativa del país que solo existe en la mente de quienes la manufacturan. El país Potemkin, con una fachada reluciente que esconde todo lo maloliente.

Y la paradoja que esto entraña. Los contribuyentes están pagando al gobierno para que los engañe. Para que financie "spots" y "jingles" y promocionales televisivos donde les mienten. La clase política compra y vende una visión edulcorada que no corresponde con la realidad del 93 por ciento de la población que desaprueba el desempeño de Enrique Peña Nieto. La realidad del 94 por ciento que según el Pew Research Center, está insatisfecha con la democracia deteriorada que padecemos y pagamos. Mientras el gobierno gasta y gasta y gasta y gasta para hacerse propaganda. La clase política prefiere pulir su perfil en vez de gobernar mejor para dignificarlo.

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Según Fundar, de 2013 a 2017 Peña Nieto ha erogado más de 38 mil 247 millones de pesos para diseminar y amplificar su imagen; lo equivalente al presupuesto destinado a la reconstrucción post-sismos. Cada año ha sobreejercido el presupuesto asignado por el Congreso; cada año ha metido la mano al erario para maquillarse la cara. Hoy el sobreejercicio es de 71.86 por ciento y al ritmo que va, el Presidente habrá gastado 60 mil millones de pesos al cierre de su gobierno. Acompañado por los gobernadores que también recurren a la publicidad oficial para plasmar y expandir su efigie en las calles y en los segundos pisos y en la conciencia de los manipulables. Políticos auto-promocionándose mientras recortan el gasto en salud, en desarrollo social, en medio ambiente. Importa más verse bien que hacer el bien. Importa más la auto-adulación que la reconstrucción.

Esta perversión de prioridades no solo implica el desvío sistemático de recursos a lugares donde no deberían ir. También impacta el comportamiento de tantos medios que viven de la publicidad oficial. El gobierno paga y el periodismo en la nómina no le pega. Más bien cercena conciencias, esquiva información incómoda, protege a ciertos precandidatos mientras golpea sistemáticamente a otros, garantiza primeras planas a modo, elude hablar de Odebrecht. Televisa, Televisión Azteca, El Universal, Grupo Fórmula, Excélsior entre otros con frecuencia parecen voceros y no contrapesos, amanuenses y no adalides de la libertad de expresión o la investigación independiente. El monto de la publicidad oficial que reciben determina los golpes que dan y los silencios que guardan.

De ahí el imperativo de reducir el gasto en publicidad oficial. De prohibir el sobreejercicio. De centrar la publicidad proveniente del gobierno solo en información útil y oportuna sobre temas de salud, campañas educativas, desastres naturales. De transparentar cada peso que se gasta. De regular vía leyes locales y una ley general para evitar que la clase política use nuestro dinero para alimentar su ego. Y eso es precisamente el tema que tratará la Suprema Corte de Justicia, en un proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar. La intención es corregir la omisión legislativa, la parálisis que ha llevado al Congreso a incumplir el mandato que le da el artículo 134 de la Constitución. Ahí dice que los legisladores deben normar y regular la publicidad oficial, obligarla a ser eficiente, eficaz, transparente y a ajustarse a los topes presupuestales fijados.

La palabra "Potemkin" se usa para describir una simulación que busca presentar algo mejor de lo que es. Así se llamó un pueblo falso y portátil construido para impresionar a la emperatriz Catalina II cuando visitó Crimea. En México, la Suprema Corte tiene la oportunidad de acabar con la fachada fársica que la clase política erige para esconder lo que hace y no hace. Puede y debe desmantelar al país Potemkin.

fuente.-Denise Dresser

(Imagen/Twitter)