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| Imagen.-Canal Judicial. |
Pornografía y videos explícitos de contenido sexual en computadoras oficiales, prácticas de maltrato y agresiones físicas contra trabajadores golpeados en extraños rituales, acoso sexual directo y ambiental contra empleados hombres y mujeres, torneos de videojuegos y consumo de bebidas alcohólicas en oficinas públicas en horas laborales, fueron algunas “infracciones graves” que la Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación documentó en contra del ex director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, de los subdirectores, Francisco Barradas Ricardez y Marco Antonio Silva Martínez, y de dos empleados más, a los que se iniciaron desde mayo pasado “procedimientos administrativos” que aún no concluyen.
Han pasado más de 2 años desde que empleadas del canal televisivo de la Corte estallaran el escándalo e hicieran las primeras denuncias públicas de “acoso laboral y sexual” en esa instancia del Poder Judicial Federal, en julio de 2014, que derivaron un año después, en marzo de 2015, en la destitución de los tres directivos del Canal. Y tuvo que pasar otro año para que las investigaciones ordenadas por el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, iniciaran en junio de 2015, sin que aún existan sanciones contra los presuntos responsables de esas violaciones “graves” a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Apenas el 9 de mayo pasado, el secretario Jurídico de la Presidencia de la Corte, Alejandro Manuel González, recibió del contralor de la Corte, luego de investigar las denuncias y escuchar testimonios de más de 20 empleados y ex empleados del Canal Judicial, la instrucción de que hay elementos para iniciar cuatro “procedimientos de responsabilidad” contra Enrique Rodríguez, Francisco Barradas, Marco Antonio Silva, Albero Villa Dávalos y José Luis Díaz Gutiérrez por “infracciones graves” relacionadas con “uso indebido de recursos públicos”, “ejercicio indebido del cargo”, “acoso laboral (maltrato físico) y acoso sexual ambiental”, y “omisiones en la supervisión e ineptitud” en el desempeño de su cargo.
Según consta en el expediente oficial C.I 6/2015 abierto por la Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia, del cual esta columna tiene una copia, las investigaciones ordenadas por el ministro Aguilar iniciaron en junio del 2015, tres meses después de la destitución de Enrique Rodríguez de la dirección del canal, tras la publicación de notas periodísticas sobre denuncias de empleadas del Canal Judicial que databan de 2012 y que acusaban prácticas de “acoso laboral y sexual”, “agresiones físicas” y hasta consumo de alcohol en las oficinas del canal ubicadas en la sede de la Suprema Corte.
Hoy, dos años después, esos “procesos de responsabilidad” continúan pero los citatorios a los funcionarios acusados han fluido con excesiva lentitud. Apenas el viernes pasado llegaron a las oficinas actuales del Canal Judicial algunos de los citatorios formales contra los involucrados, a pesar de que desde hace seis meses la Contraloría Interna notificó al presidente de la Corte que existían los elementos probatorios de las conductas ilegales de los funcionarios, denunciados por sus propios subalternos.
“El manto sagrado”, golpizas y pornografía. En el expediente de la investigación de la Contraloría, de más de 57 páginas, el ex director Enrique Rodríguez está acusado de “uso indebido de recursos públicos”, por haberse encontrado en su computadora de uso oficial 79 imágenes de contenido pornográfico o sexual, dos correos con el mismo contenido y consulta a páginas de contenido pornográfico. La inspección física de esos equipos de cómputo oficiales también encontró “imágenes, videos, diapositivas, páginas de inicio de internet y páginas web con contenido ‘pornográfico y sexual’” en los equipos asignados a Barradas, Silva, Villa Dávalos y Díaz Guitérrez. Testimonios de al menos 20 empleados declararon que era “común que vieran pornografía en las computadoras” y que tuvieran imágenes explícitas a la vista de otros trabajadores, además de usar un lenguaje con frases “de contenido sexual explícito” frente a mujeres en las oficinas.
La acusación de “acoso laboral, en la modalidad de maltrato físico”, fue formulada y probada, según los testimonios de la Contraloría, contra Enrique Rodríguez, Marco Antonio Silva, Carlos Jafet, Ervin Eguea, Miguel Angel Manjarrez, Javier Piña, Jacob Ocampo, Oscar Ignacio Cedeño y Gabriel Islas. Los testimonios de varios empleados narraron que todos ellos participaban y fomentaban un extraño ritual denominado “El Manto Sagrado”, que consistía en que a los empleados varones, especialmente a los de nuevo ingreso o cuando era día de su cumpleaños, los encerraban en la oficina de Silva y los cubrían con una manta negra al mismo tiempo que los sentaban en una silla. Luego, todos comenzaban a golpearlos con puños, patadas y golpes en diversas áreas del cuerpo y hasta en las partes íntimas.
El sujeto al que le tocaba el “Manto Sagrado” era llamado por Silva a su oficina, se le obligaba a cubrirse con la manta y todos lo golpeaban aún tirado en el suelo, incluido el director Enrique Rodríguez, que según varios testimonios llegó a golpear a los empleados cubiertos con un objeto de plástico que les dejó lesiones visibles en la cara. La práctica era “obligatoria” y a aquel que se resistiera o se quejara de las golpizas era marginado y relegado por los directivos del canal incluso con la disminución de prestaciones, ordenes de trabajo o lo comenzaban a aislar por no ser “de confianza”.
Las acusaciones de “acoso sexual ambiental” denunciado por varios mujeres y hombres que laboraban en el Canal Judicial, fueron documentadas y probadas, con base en testimonios, en contra de Marco Antonio Silva, Miguel Angel Manjarrez, Jacobo Ocampo, Gabriel Islas, Erwing Elguea, Javier Piña y Carlos Jafet. Todos ellos fueron señalados por diversos empleados por participar en prácticas “como tocamiento en su penes y nalgas, simulando tener relaciones sexuales, mientras realizaban expresiones verbales de naturaleza sexual”, todo ello frente a otros empleados, hombres y mujeres, que presenciaban y escuchaban esas prácticas y lenguajes explícitos de tipo sexual, en las instalaciones de la Dirección General del Canal y durante la jornada de trabajo. A Marco Antonio Silva lo acusaron varios empleados varones de que frecuentemente “les tocaba las nalgas o el pene”, incluso delante de otros empleados. Un subalterno que se negó a permitir esos tocamientos y que le reclamó dijo haber sido “castigado” con reducción en su compensaciones, mientras otro dijo haber recibido en su teléfono celular fotografías de Silva desnudo, mostrando “su torso y su pene”, como parte de los “juegos sexuales” del subdirector.
“Esas prácticas, efectuadas en forma sistemática y persistente en el centro de trabajo… resultaban humillantes y ofensivas para quien las percibía”, concluyó la Contraloría en su investigación.
Alcohol en la Corte y omisiones de los directivos. Los dos subdirectores del Canal Judicial, Francisco Barradas y Marco Antonio Silva, ambos amigos cercanos del director Enrique Rodríguez, fueron acusados de “ejercicio indebido del cargo” y señalados, el primero, por consumir bebidas alcohólicas en las oficinas de la Suprema Corte durante su horario de trabajo y llegar frecuentemente alcoholizado, y en el caso de Silva de organizar “torneos de Play Station” en su oficina, en la cual se jugaban videojuegos en los horarios laborales.
A Barradas por lo menos 20 testimonios de empleados del Canal Judicial —reporteros, camarógrafos, conductores— dijeron haberlo visto en repetidas ocasiones consumiendo bebidas alcohólicas, que mandaba comprar a los mismos empleados, y que consumía en su oficina en vasos de plástico o en botellas de refresco, “mientras subía las piernas en su escritorio”. Varios declarantes dijeron que era frecuente que el subdirector del canal llegara en estado alcoholizado a sus labores, sobre todo después de la hora de comida.
En el caso de Silva, solía organizar y realizar en su oficina, junto con Miguel Angel Manjarrez y Carlos Jafet, torneos de dominó y de videojuegos (Play Station) durante los cuales también se consumían bebidas alcohólicas, según varios testimonios, y en los que participaban en horas de trabajo empleados y directivos a los que se les eximía de sus ordenes de trabajo y sus labores para que se dedicaran a esas actividades lúdicas durante la jornada laboral.
Por todas esas “faltas y violaciones” a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, además de las acusaciones específicas ya mencionadas, la Contraloría acusó al ex director Enrique Rodríguez y a los ex subdirectores Francisco Barradas y Marco Antonio Silva de “responsabilidad en la omisión de la supervisión de los servidores públicos bajo su mando” para que cumplieran con sus obligaciones legales, y consideró que esa “falta grave, ya sea por comisión u omisión, por parte de los superiores, permitió la degradación general en el ambiente de trabajo. El incumplimiento de esa obligación de supervisión denota una notoria ineptitud por parte del servidor público que pone en riesgo el funcionamiento del órgano al que se encuentra adscrito”, sentencia la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia.
Todas esas conductas sancionables y que constituyen “faltas graves” fueron cometidas en el Canal Judicial durante varios años (según testimonios al menos desde 2010) en plena sede de la Suprema Corte de Justicia, donde se ubicó en sus inicios el Canal Judicial y hasta 2014, cuando se construyó un nuevo estudio ubicado en la calle República de El Salvador. Y, con todo y pruebas documentadas por la Contraloría y “procesos administrativos” en curso, aún no hay ningún sancionado en la lenta justicia de la Suprema Corte de Justicia.
Fuente.-sgarciasoto@hotmail.com
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