Se han embolsado 5,700 mdp extra en dos años. La
reforma electoral que aprobaron los congresistas supuestamente serviría para
tener una democracia más barata, pero en la realidad los partidos han sido los
más beneficiados.
En 2014, los
partidos políticos aprobaron una reforma electoral que —dijeron— debía abaratar
los comicios. Sin embargo, dos años después ha quedado claro su objetivo real:
se aumentaron 5 mil 700 millones de pesos en prerrogativas.
Hace dos años
tenían 6 mil 195 millones de pesos, un año después —gracias a la reforma—
obtuvieron 9 mil 649 millones (56% más) y en este 2016 recibieron 8 mil 447
millones (30% más).
Los 5 mil 700
millones de pesos son el equivalente al presupuesto anual de todos los
programas de la Secretaría de Desarrollo Social para las madres trabajadoras
del país.
La trampa para
obtener este dinero está en una de las leyes de la reforma política: la Ley
General de Partidos Políticos, que les entrega más dinero en los estados con el
pretexto de las elecciones locales y de que tienen comités estatales.
Su presupuesto ha aumentado en
promedio 88% en los estados.
Un ejemplo: en
Baja California aumentó de 15.8 millones en 2014 a 116.4 millones un año
después. Para 2016, había aumentado a 126.7 millones (592%, calculando la inflación).
Otros: Oaxaca,
en donde de 2014 a este año los partidos obtuvieron 341% más recursos públicos.
En Querétaro y Puebla el aumento fue de 255%; en Veracruz de 245% y en
Michoacán de 113%.
Gracias a los cambios y según el
presupuesto que recibieron este año, se prevé que en 2017 tan solo en los tres
estados que elegirán gobernador —Estado de México, Coahuila y Nayarit— los
partidos políticos obtengan mil millones de pesos para gastos de campaña, y
todavía más para otras actividades.
¿Cómo se gestó
la trampa?
La Reforma
Política fue uno de los acuerdos del Pacto por México que firmó el gobierno
federal con los partidos de oposición. El compromiso de esta reforma era que
las elecciones fueran más baratas y transparentes.
Para lograrlo,
dijeron, aprobarían una Ley General de Partidos Políticos que daría un “marco
jurídico estable y claro” a la actuación de los partidos en tiempos electorales
y no electorales.
En la discusión
de esa ley —que duró apenas un día en cada Cámara— se modificó el artículo que
contiene la fórmula para repartir recursos a los partidos políticos en los
estados. Ningún partido se opuso o argumentó en contra de esta modificación.
Con los
cambios, cada ciudadano en edad para votar paga dos veces por los partidos
políticos —una vez por los nacionales y otra por los estatales— y así estos
reciben más dinero.
La ley se aprobó sin que en el
Congreso se discutiera públicamente cómo con ella los recursos para los
partidos políticos aumentarían 53% en sólo un año.
Una misma
fórmula, más gasto
La fórmula para
repartir gasto en los estados indica que se debe multiplicar el 65% del salario
mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal. Es
la misma que se utiliza con los partidos nacionales, pero con el padrón de todo
el país.
Si hay
elecciones presidenciales o de gobernador y además se renueva el Congreso, se
suma el 50% de ese total para gastos de campaña. Si sólo hay elecciones
legislativas, el 30%.
Al respecto, el
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, señaló en
entrevista: “Le estamos dando después de la reforma política mucho más a los
partidos políticos. En toda la preparación de la reforma, en la exposición de
motivos, nunca se habló de subir financiamiento público a los partidos en los
estados. Eso lo metieron con nocturnidad a la Ley General de Partidos
Políticos. Ahora se usa una fórmula espejo y por cada ciudadano cuestan dos
veces los partidos”.
La forma de
entregar recursos a los partidos políticos no había cambiado desde la reforma
política de 2007. Pero con las modificaciones de la reforma política los
partidos pasaron de repartirse en los estados una bolsa de 2 mil 346 millones
de pesos en 2014, a 3 mil 813 millones sólo de gasto ordinario. A eso hay que
sumar los gastos para campañas políticas, que fueron 795 millones sólo en 2016.
Murayama
consideró un acierto que exista una fórmula para definir cuánto dinero se
entregará a los partidos políticos en los estados. Antes de la Ley General de
Partidos Políticos, cada estado tenía su propio cálculo para repartir recursos.
Sin embargo, dijo que aplicar el mismo criterio para partidos nacionales y
estatales hace que los partidos cuesten el doble y reciban más a costa del
erario.
Su propuesta
es: “Si por cada ciudadano vamos a dar a los partidos un peso a nivel federal,
que se de un 50% de eso a nivel local. Que sea un criterio similar pero
atendiendo a presupuestos reducidos en las entidades”.
El experto
electoral Eduardo Huchim dijo en entrevista que los recursos entregados a los
partidos políticos deberían estar directamente vinculados con la participación
ciudadana: “Sí debemos tener una fórmula unánime para evitar abusos en los
estados, pero evitando que los partidos nos cuesten el doble”.
El exconsejero
del Instituto Electoral del Distrito Federal explicó que si se calcula una
bolsa para financiamiento de los partidos, ésta debería repartirse según la
participación electoral: “Si participó el 100% del electorado, entonces se reparte
toda la bolsa. Si participa el 60% se reparte el 60%. Hay un control
presupuestal y se tiene un incentivo para que, a su vez, los partidos políticos
incentiven la participación y el involucramiento ciudadano, porque a ellos les
importa poco mientras tengan más y más recursos”.
Para que se
deje de aplicar la fórmula que desde 2015 le entrega más a los partidos
políticos se necesita reformar la Ley General de Partidos Políticos y que todos
ellos acepten aprobar las modificaciones que hicieron para obtener más del
dinero de los mexicanos.
Gasto ordinario para
partidos políticos en los estados
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