La intensidad y los patrones de violencia en México son pruebas fehacientes de que los asesinatos, desapariciones y torturas constituyen crímenes de lesa humanidad.
Los responsables de estos crímenes son tanto integrantes de las fuerzas de seguridad como de los cárteles del narcotráfico, indica la organización Open Society Justice Initiative (OSJI) en su informe "Atrocidades innegables, confrontando crímenes de lesa humanidad en México", que se presenta este martes en la Ciudad de México.
Según el documento, desde 2006 el Gobierno federal ha mantenido una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza como parte de la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, lo que ha puesto en la mira a cualquier civil "supuestamente" vinculado con las organizaciones criminales, al tiempo que se ha reforzado una impunidad casi completa para los funcionarios federales que ejecutan dicha violencia.
"Las fuerzas federales han cometido numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver un patrón de comportamiento muy claro que permite concluir que no se trata de actos aislados ni al azar", indica el reporte.
La organización presenta una serie de estadísticas que permiten observar la ineficacia del sistema de procuración de justicia, y hace referencia al caso Ayotzinapa, que califica como emblema de una investigación federal criminal "inepta".
El informe parte de examinar las razones por las cuáles ha habido tan poca justicia en México, cuando los crímenes son tan atroces, y concluye que los factores son políticos, pues los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña han mantenido una retórica de negación y de desviación de la problemática, minimizando las atrocidades, culpando a las víctimas y criticando a los mensajeros, sean éstos organizaciones de la sociedad civil, relatores de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los líderes del Gobierno, cuestiona, insisten en que los crímenes son aislados y que ocurren al margen de la política del Estado, culpan a los cárteles de la droga de las atrocidades, al mismo tiempo que dan información imprecisa sobre estos delitos.
"Restarle importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central de la historia de la impunidad de México.
"Tal parece que los líderes de México tienen mayor interés en ocultar la crisis de atrocidades que en terminarla", subraya.
Más que llevar a México a la Corte Penal Internacional, OSJI sugiere que México debe comenzar a investigar y juzgar estos crímenes bajo la óptica del derecho penal internacional, establecido en el Estatuto de Roma, lo que posibilitaría evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando.
En ese sentido, refiere que el sistema de justicia en México no puede considerarse colapsado, pues cuenta con grandes ventajas para luchar contra la impunidad, tales como recursos económicos sustanciales, profesionales capacitados y ejemplos de compromiso, coraje y capacidad.
OSJI recomienda crear una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción.
Asimismo, pide crear equipos integrados para investigar desapariciones; establecer servicios forenses y de protección de testigos autónomos; retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y aprobar legislación para regular el uso de la fuerza.
Crímenes de Lesa Humanidad.
Según el Estatuto de Roma, un crimen se considera "de lesa humanidad" cuando responde a una política de un Estado o de una organización, que no necesariamente es explícita, sino que es posible deducir de la improbabilidad de que los actos ocurran de manera aislada o aleatoria.
El informe enumera los elementos contextuales para calificar crímenes como de lesa humanidad: que el ataque haya sido dirigido contra una población civil; que haya sido cometido de conformidad con una política de Estado u organización; que sea generalizado y sistemático; que no exista un vínculo entre el acto individual y el ataque y que el autor tenga el conocimiento o la intención de que su acción sea parte de dicho ataque.
Un ataque dirigido contra la población civil, refiere, contiene una línea de conducta que implique la comisión múltiple de crímenes de lesa humanidad, mas que actos aleatorios agregados.
El ataque requiere de cierto patrón de comportamiento, así como la evidencia pertinente para determinar el grado de planeación, dirección y organización por parte de un grupo u organización.
En México, subraya, el Gobierno parece haber aplicado una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza, incluidos el asesinato, la tortura y la desaparición forzada, contra un subgrupo de la población civil en México, que comprende a aquellas personas que se les considere vinculadas a la delincuencia organizada, aun sin evidencias.
Para determinar si existe una política de Estado, explica el reporte, se considera la magnitud de los actos perpetrados, el ambiente histórico y político y la movilización de las fuerzas armadas, así como la omisión deliberada de adoptar medidas para investigar, criterios con los que cumple el País.
"La movilización de las fuerzas armadas de México ocurrió en medio de una desenfrenada impunidad para los actos ilícitos de dichas fuerzas.
"Los agentes federales han operado casi con completa impunidad en el combate contra el crimen organizado, con poco o ningún éxito en los procesos judiciales por asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas o tortura", indica.
El informe concluye que según las pruebas disponibles, las fuerzas federales en México no solo han cometido un número considerable de crímenes comprendidos en el Estatuto de Roma a partir de 2006, sino que estos actos comparten diversas semejanzas, lo que sugiere que forman parte de una serie de eventos generalizados.
"Por lo tanto los numerosos ejemplos de asesinato, desaparición forzada y tortura constituyen una línea de conducta de donde se sigue que son considerados como un ataque".
El reporte también analiza la estructura y operación de Los Zetas, quienes también son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en México.
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