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El combate al narcotráfico necesita de un importante ajuste conceptual, al menos en el ámbito mediático, pues la opinión pública lo vincula con el trasiego de enervantes y poco se asume que su fuerza radica no en el consumo de drogas sino en la estructura criminal misma.
Por eso, es mejor referirnos al crimen organizado, ya que muchos delincuentes han dejado el narco para incursionar en otros ilícitos como el secuestro, el homicidio a sueldo, la trata, el lavado de dinero, la extorsión y cobro de piso o la venta ilegal de productos.
Esta diversificación de actividades por parte de los cárteles les ha permitido invadir esferas de la vida política incluidos los procesos electorales. De hecho, las elecciones del pasado 5 de junio constituyen el mejor ejemplo de cómo se complica enfrentar los entretelones del crimen cuando emplea la amenaza y/o la violencia con el propósito de influir en escenarios políticos.
Desde dicha perspectiva, me parece que lo importante en este momento no es valorar o reflexionar respecto a quiénes ganaron en las urnas sino conocer qué tanto el narco formará parte de la agenda de los candidatos triunfadores, porque a lo que sí no podemos acostumbrarnos es a convivir bajo la sombra, el acecho y el temor de estas estructuras criminales.
Las elecciones del 5 de junio tienen muchas lecturas, pero la más relevante es que el crimen organizado necesita de poder político.
De manera especial esta búsqueda se refleja en Tamaulipas, donde 95 candidatos de diferentes partidos abandonaron sus campañas ante el temor de enfrentarse con los grupos criminales que acecharon de muchas maneras ese proceso electoral. Una atmósfera que ya han vivido estados como Michoacán, Guerrero, Colima y Morelos.
Entre las consecuencias derivadas de este escenario electoral de miedo, chantaje y violencia física destaca la inmediata revisión y actualización de la legislación electoral. Independientemente de que las autoridades hacendarias contribuyan fiscalizando los recursos que le permiten al crimen operar con tanta impunidad, urge establecer sanciones a los cuadros directivos de todos los partidos que colaboren con el crimen organizado.
En la nueva y obligada legislación habrá que incorporar candados para evitar el lavado de dinero, el uso de recursos de origen ilícito y, sobre todo, para blindar las decisiones de los partidos respecto a los métodos o mecanismos internos por ellos decididos para nombrar abanderados.
Sin embargo, es importante aclarar que la actuación del crimen organizado en los procesos electorales no será contenida sólo porque haya leyes que lo sancionen. Se requieren medidas integradas para impedirle orientar la elección de abanderados partidistas, la entrega de recursos económicos para campañas y el mismo sentido del voto. El Instituto Nacional Electoral no puede seguir cruzado de brazos.
En esta eventual acción coordinada para ganarle al crimen organizado dentro de la política resulta necesario fiscalizar a los partidos, pero no sólo en cuanto al manejo del financiamiento que reciben del INE sino también de las aportaciones que realizan simpatizantes y donadores anónimos.
¿Tendrá Tamaulipas un programa federal de fiscalización para determinar si el crimen organizado está gobernando? ¿Estará contemplada esta posibilidad siquiera? Las denuncias de intervención de los cárteles durante el proceso electoral fueron contundentes como también el homicidio hace seis años del candidato priista Rodolfo Torre Cantú a pocos días de la elección, lo cual generó un cambio de abanderado de última hora. Es claro que Tamaulipas requería un marcaje institucional para conocer la influencia de la delincuencia luego de que modificó el escenario político.
No se hizo. Es como si hubieran transcurrido 6 años en balde.
Éste es uno de los motivos, insisto, que deben considerarse para enfrentar la criminalidad no sólo durante los procesos electorales sino después de los mismos, cuando la efervescencia política ha decrecido y los candidatos ganadores empiezan a gobernar o a participar de la agenda legislativa, según sea el caso.
Es momento de cerrar filas con el propósito de evitar que el crimen organizado siga irrumpiendo en la política y en general en los procesos electorales. Nadie dice que sea sencillo, pero cada día transcurrido el reto será mayor. De eso no tenga duda.
Fuente.-Ignacio Anaya
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