La Procuraduría General de la República giró una orden de localización y presentación contra Kate del Castillo para presentarla a declarar por la fuerza ante el Ministerio Público Federal, con el propósito de que aclare su relación con el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Conforme a fuentes gubernamentales, el mandato fue girado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) luego de que en un primer momento fue requerida para declarar como testigo y no atendió el citatorio.
En teoría, si Del Castillo viaja a México, es factible que la Policía Federal Ministerial de la PGR la localice y la presente a declarar ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SEIDO, que busca interrogarla en la averiguación previa UEIDCS/523/2015.
La protagonista de "La Reina del Sur" reside en Los Ángeles, California, y el mandato ministerial no necesariamente podría ser ejecutado en Estados Unidos en los mismos términos que en México.
La Procuraduría tiene la posibilidad de gestionar una solicitud de asistencia jurídica ante los Departamentos de Estado y Justicia estadounidenses, para que la actriz sea localizada e interrogada en aquel país. Pero una vez que rinda su testimonio, allá quedaría en libertad.
En contraste, si ella fuera localizada en territorio nacional, la libertad no sería su único escenario tras rendir su declaración ministerial, pues en muchos casos la PGR decide arraigar o consignar a la persona que considera probable responsable de un delito.
En el caso de Kate del Castillo, hasta ahora la dependencia ha dicho que tiene la calidad de testigo.
Desde el 8 de enero, cuando fue recapturado "El Chapo", la actriz volvió a ser noticia, pues se reveló que ella y el actor Sean Penn viajaron al "Triángulo Dorado" para reunirse con el líder del Cártel de Sinaloa.
Del Castillo promovió el pasado fin de semana un amparo contra la PGR, pero no contra una orden de presentación y localización, sino contra la filtración de información de la averiguación previa UEIDCS/523/2015, que se instruye en su contra.
El juzgado no admitió la demanda y le dio un plazo de cinco días para que aclare en específico el acto de la PGR que vulnera su garantía de presunción de inocencia.
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