Una investigación del periódico español El País arrojó que el gobierno mexicano dispuso su maquinaria diplomática, política y legal, para liberar a Humberto Moreira, ex presidente nacional del PRI, de las acusaciones de blanqueo de capitales y pertenencia al cartel de Los Zetas, que lo retuvieron por una semana en la cárcel Soto del Real, cercana de Madrid.
A finales de enero pasado la procuradora Arely Gómez González llamó telefónicamente a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado a efecto de conocer el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. Le respondieron que no podían informarle de la situación, debido a que el tema se encontraba bajo secreto sumario y la posición de la fiscalía era que Moreira debía permanecer en prisión, debido a la gravedad de los delitos.
Mientras tanto no puede concebirse que aquí en México, ni la PGR de Arely Gómez ni la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP hayan sospechado los diversos montos de movimiento de dinero por los cuales, la Fiscalía española haya sospechado de algo inusual, a menos que exista la voluntad para dejar de investigar este tema, como algunos otros en la misma Procuraduría, como las narcocamionetas nicaragüenses de Televisa.
El rotativo español da cuenta que desde el 15 de enero pasado, -fecha de su detención- en el aeropuerto “Adolfo Suárez” en Madrid, funcionarios de la embajada de México en España recibieron instrucciones para buscar abogados ibéricos que defendieran al ex gobernador de Coahuila así como asistir a la esposa e hijas del mismo.
Así entonces, el gobierno mexicano dispuso recursos públicos y personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, para defender a un obscuro personaje de la clase política mexicana, quien sumió al estado de Coahuila en una deuda de 36,000 millones de pesos (mdp) de los que misteriosamente desaparecieron todas las pruebas.
No sólo esta acusación, sino que en julio de 2015 una Corte Federal en Texas dio a conocer un documento, en el que Rolando Gómez Treviño acepta su culpabilidad y junto con Moreira, conspiraron en una operación para defraudar las finanzas públicas de Coahuila.
Por eso, “para los amigos justicia y gracia, mientras que para los enemigos, la ley a secas”, frase adjudicada a Benito Juárez pero también señalada a Porfirio Díaz, se cumple a cabalidad cuando el poder político no encuentra la manera de esconder cómo rescatar de la justicia de otro país a un impresentable.
Aquí el sistema anticorrupción no funcionará, -no por lo menos en esta administración-, cuando se hace todo lo humanamemte posible, al disponer de recursos y bienes del Estado para defender a un personaje manchado por corrupción, o bien, para que los empleados de la Secretaría de la Función Pública, -moralmente responsable de implementar el sistema anticorrupción y castigar a Moreira-, gaste en caviar, calamares y champán en sus viajes.
Pero ni la cancillería ni la PGR tienen la misma disponibilidad para defender a Gonzalo Contreras, mexicano preso en España que ni él ni su familia en México reciben la misma atención que Moreira y su familia. Por eso, se cuestiona la lealtad de Roberta Lajous Vargas: O está con la clase política a cambio de un trabajo cómodo y bien pagado o con la ciudadanía.
Con un sistema que está diseñado más que defender los intereses de los connacionales en el exterior o acercarles la justicia, a defender delincuentes dentro y fuera de territorio nacional.
Aquí se demuestra que más que una crisis de corrupción, existe una crisis de instituciones provocada por la clase política.
fuente.-LaSillaRota.
pos ahora que cuide de los golfos y los del chapo
ResponderBorrarse imaginan a roberta que ya tiene como 30 años en relaciones exteriores siempre de embajadora del pri hermana de adrian lojous diesctor de pemex qu salio lleno de billetes mal habidos siempre perro leal a los intereses de politicos y administradores del pri
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