La justicia en las Fuerzas Armadas es por consigna, a contentillo de los generales y sus jefes políticos. Las faltas a la disciplina castrense son un argumento en el que cabe todo cuando se trata de castigar a un militar que cayó de la gracia de su mando.
Las acusaciones por homicidios, lesiones y delitos graves de violaciones a los derechos humanos o de colaboración con el narcotráfico también son una salida perfecta para el castigo.
Las violaciones a los códigos de Justicia Militar y Penal Federal sin duda que deben castigarse, siempre y cuando estén comprobados. Abundan también esos casos en los que, a pesar de las evidencias, los responsables han sido protegidos, también por “órdenes superiores”.
En las prisiones militares del país hay muchos detenidos por consigna o de plano venganza. En el menor de los casos se les impide por todas las vías el ascenso. Al generalato en turno no le ha importado ir incluso contra algunos de sus hombres que han favorecido la imagen del Ejército.
Es el caso del general Ricardo Martínez Perea, quien está por cumplir su condena a 15 años de prisión, acusado de colaborar con el narcotráfico en Tamaulipas. Conocido como el último general táctico, es decir, que ascendió por sus conocimientos en el campo y no en las aulas como Diplomado de Estado Mayor, fue detenido cuando más aseguramientos estaba haciendo en la zona de influencia del Cártel del Golfo, justo cuando habían surgido Los Zetas, los militares de élite del Ejército que desertaron para convertirse en el brazo armado de esa organización delictiva y que años después cobró vida propia.
Qué o a quién afectó el general Martínez Perea en sus aseguramientos, no se sabe. Era el sexenio de Vicente Fox. Bastó un simple anónimo para que se le acusara, procesara y sentenciara.
Nunca lo dejaron demostrar su inocencia y, aunque está a punto de salir de prisión, mantiene su pelea jurídica para que la justicia militar le reconozca como inocente.
El caso trascendió desde hace varios años por el rango de Martínez Perea, al igual que el de otros generales de división que han sido acusados por pugnas al interior del Ejército o sentenciados por presiones políticas, con independencia de su responsabilidad.
Son los menos. La mayoría de los presos son mandos medios, oficiales y tropa que con dificultad se defienden de las órdenes que el ministerio público militar y los jueces castrenses reciben de los mandos superiores del Ejército. Son incontables los internos de las prisiones militares que están en esa situación.
Es difícil que la sociedad salga en su defensa, sobre todo por la imagen que prevalece de que las Fuerzas Armadas se han destacado como perpetradoras de violaciones a los derechos humanos desde que entraron de lleno al combate del narcotráfico, hace una década.
La situación de esos presos no es muy diferente a lo que ocurre en la justicia ordinaria, pero en las instituciones en los que sus jefes no se cansan de mencionar “el honor” como divisa, la lealtad se ha convertido en el privilegio de unos cuantos y que están en la primera fila en las conmemoraciones, como la de este 19 de febrero, Día del Ejército.
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