La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar versiones públicas de los partes militares sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya el año pasado, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
El pleno del instituto determinó que las Fuerzas Armadas entregue a una particular los siguientes partes informativos: del comandante a cargo de los soldados que participaron en los hechos de Tlatlaya; del superior jerárquico que era encargado de estos soldados y del comandante de la 22 Zona Militar a su superior jerárquico, indicó en un comunicado.
Como los partes militares pueden contener datos personales, que son confidenciales, la dependencia deberá proporcionar una versión pública de los mismos, indicó el INAI en un comunicado.
Peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército el 30 junio de 2014, dentro de una bodega en el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares, informó La Jornada (23 de junio de 2014).
Fuente.-
Los peritos del estado de México trataron
de “cuadrar” las versiones oficiales que ofreció la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) de lo que sucedió en la bodega de Tlatlaya.
Sostuvieron que la muerte de 22 personas fue producto de un enfrentamiento. En
las primeras diligencias omitieron precisar en actas que la escena fue alterada
y que el lugar se “limpió” antes de que iniciaran los estudios
forenses.
Dieron por hecho que lo ocurrido en el sitio fue “un
tiroteo por fuego cruzado”. Sin embargo, las investigaciones federales,
realizadas por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de
la Procuraduría General de la República (PGR), descubrieron que el lugar fue
manipulado de tal manera que no se puede precisar realmente dónde cayó cada
cuerpo, las horas de la muerte y la posición original de los objetos
decomisados (armas, cartuchos, vehículos y cargadores).
Son numerosas las contradicciones entre los resultados de
los peritos mexiquenses y los especialistas federales. Los primeros sostuvieron
que el lugar fue conservado por militares. Sin embargo, desde el 8 de octubre
los peritos forenses de la PGR determinaron en el dictamen en materia de
criminalística de campo, folio 71221, que se modificó el lugar de los hechos.
Movieron los cadáveres
Otra discordancia consiste en que los integrantes del
Instituto de Servicios Periciales del gobierno mexiquense sostuvieron que la
localización y ubicación de los cuerpos en el interior de la bodega sí
correspondieron “a las últimas y originales” posiciones que tenían al
momento de ser heridos y fallecer.
En sus reportes anotaron que lo corroboraron “por la
presencia de indicios biológicos debajo de sus cuerpos (lagos o manchas
hemáticas), así como por la ubicación de las livideces”, manchas que señalan la
posición del cuerpo al producirse el fallecimiento, de acuerdo con la
definición forense.
Los funcionarios de la PGR determinaron que los cadáveres
fueron cambiados del sitio donde fallecieron, porque no encontraron correspondencia
entre los rastros de tierra, residuos y escurrimiento de sangre que había en
los cuerpos, las ropas y el suelo, con la zona donde se supone murieron.
Así lo explica el dictamen: “la presencia de
maceraciones de tierra en ropas y en regiones expuestas del cuerpo, con la
falta de correspondencia de las partes anatómicas lesionadas con los
escurrimiento de sangre sobre las prendas, superficies corporales y
maceraciones hemáticas en el suelo”.
En la mayoría de las necropsias los peritos del estado de
México no establecieron el denominado crono tanatológico (tiempo que
transcurrió entre cada deceso y la práctica de la autopsia) y en general, los
forenses sintetizaron: “signos tanatológicos de los veintidós cadáveres.
Presentaron signos de muerte real y no reciente, con flacidez generalizada y
livideces fijas, correspondiesen (sic) a la posición en la que fueron
encontrados”.
Añadieron que “las posiciones que guardaban los
cuerpos en el lugar, en el momento de la intervención de personal de la
Procuraduría General de Justicia del estado de México, no corresponde con la
posición final, al momento de ocurrirles la muerte. En consecuencia, los
objetos asegurados tampoco conservan su situación y posición original, el
subrayado fue hecho por la PGR”.
Midieron la temperatura de los cuerpos con la mano
La procuraduría federal también exhibe la manera en que
los forenses estatales tomaron la temperatura de los cuerpos: algunos lo
hicieron con un termómetro rectal, pero la mayoría sólo asentó, cuestión
insólita, que al cadáver le pusieron la mano para medir la temperatura: los
restos“tenían una temperatura igual o menor a la mano que realizaba la
exploración o menor a la del medio ambiente”.
Las anotaciones se realizaron de la siguiente manera:
cadáver número 1) “El resultado fue el siguiente: se trata de un individuo de
sexo masculino (…) se aprecian signos de muerte real y reciente, con
temperatura corporal inferior a la del medio ambiente, con rigidez cadavérica
presente en partes posteriores del cuerpo”.
Cadáver 4) “30 de junio (…) aspecto exterior (…) con
temperatura menor a la mano del explorador e igualándose con el medio
ambiente”.
Mientras en los estudios correspondientes a la víctima
número 3 se menciona: “presenta signos de muerte real y reciente con
temperatura rectal de 24 grados centígrados”.
Este es un dato que llama la atención, ya que los
enviados de la PGR señalan en sus reportes que uno de los cuerpos ya presentaba
signos de descomposición y olores fétidos.
En los documentos también se evidencia que los peritos
mexiquenses sólo anotaron en sus reportes el día (30 de junio o primero de
julio de 2014) en que practicaron las autopsias, pero no la hora, a pesar de
que en uno de los casos se menciona que el cuerpo ya presentaba “signos de
descomposición y olores fétidos”.
Cadáver identificado con el número seis: “signos
tanatológicos. Presenta signos de muerte real y No (sic) reciente en periodo de
putrefacción en su fase de fetidez (…) con temperatura corporal menor a la mano
que explora y semejante a la del medio ambiente”.
En términos generales, los expertos del estado de México
señalaron que“en base a los signos tanatológicos observados en los cadáveres
marcados del uno al veintidós, en el Servicio Médico Forense de este instituto
se determina que su deceso ocurrió en un lapso de tiempo (sic) no menor a 20
horas y no mayor a 30 horas”.
La versión del “fuego cruzado”
A pesar de que los estudios realizados por los peritos
federales detectaron que los militares accionaron sus armas de fuego a corta
distancia de las víctimas, los integrantes del Instituto de Servicios
Periciales del estado de México expresaron que “por la ausencia de
tatuaje, quemadura o ahumamiento en los orificios de entradas de los cadáveres,
se determina que los disparos se realizaron a una distancia mayor a 70
centímetros entre la boca del cañón del arma empleada y las zonas anatómicas
afectadas”.
En ese contexto, los estudios de las autoridades
mexiquenses señalan que“por la interpretación criminalística y tomando en
cuenta la dispersión, distribución y localización de los indicios de índole
balístico, tanto en el interior como al exterior de la bodega, se determina que
en el presente hecho que nos ocupa se trata de un tiroteo por fuego cruzado
donde se realizaron los disparos tanto de dentro hacia afuera y de afuera hacia
adentro de la mencionada bodega”.
Los peritajes de la PGR agregan:“cabe señalar que de
acuerdo con el dictamen médico, las lesiones que presentaron los veintidós
cadáveres se ubicaron en su mayoría en tórax y abdomen, y que por su gravedad
conllevaron una muerte inmediata, por lo que estaban imposibilitados para
realizar desplazamientos por sí mismos, posteriores a ser lesionados”.
En este caso, el 23 de septiembre de 2014, el ex
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl
Plascencia, tras ofrecer una conferencia magistral en el seminario La
defensa nacional del Estado mexicano, declaró: “de acuerdo con
algunos testimonios, todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”, lo
que le valió agrias críticas, pues las investigaciones apenas comenzaban.
Ejecución extrajudicial
Un mes después, el 21 de octubre, la CNDH concluyó en sus
investigaciones que ocho elementos del Ejército asesinaron al menos a 15 de las
22 personas que perdieron la vida en los hechos, y que entre las víctimas
estaban dos menores de edad.
En conferencia de prensa, elombudsman explicó
que tras realizar una indagatoria sobre el caso, logró comprobarse que si bien
ocurrió un enfrentamiento entre los uniformados y una veintena de presuntos
delincuentes, después los militares privaron ilegalmente de la vida a varios
sospechosos cuando éstos ya se habían rendido.
La CNDH emitió una recomendación que fue aceptada por la
Sedena, y esta dependencia inició un juicio en el ámbito castrense contra ocho
militares que presuntamente participaron en los hechos de Tlatlaya.
En paralelo, la PGR informó el pasado 30 de octubre que
puso a disposición de un juez federal a cuatro militares, tres de tropa y un
teniente, como responsables de haber cometido el delito de homicidio en agravio
de ocho personas.
En ningún caso los juicios han concluido; están en
la etapa de desahogo de pruebas. Los militares implicados están en la prisión
del Campo Militar número Uno, en la ciudad de México.
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