La Secretaría de Marina (Semar) encabeza la lista de las autoridades que son investigadas por la Procuraduría General de la República por el delito de desaparición forzada, seguía por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías municipales.
Mexico,D.F 23/Jun/2015 Cabe destacar que el 88.4% de los mexicanos con mayoría de edad identifica a la Marina como la autoridad que más confianza le inspira, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad 2014. Además de que la Semar es considerada como la institución menos corrupta.
La PGR tiene abiertas 29 indagatorias que incluyen a las autoridades de los tres niveles de gobierno con actividad en la seguridad pública por su presunta responsabilidad en dicho delito.
Mientras que la Semar aparece en ocho expedientes, la Sedena está en siete, lo mismo que las policías municipales (sin especificar cuáles), de acuerdo con el informe que la Procuraduría entregó a un ciudadano a través de una solicitud de información.
En febrero de este año, la PGR informó a la Cámara de Diputados que tenía 239 pesquisas correspondientes al periodo 2006-2015, es decir investigaciones que no necesariamente corresponden a una averiguación previa.
“Se tiene registro de 29 expedientes de investigación ministerial. No es posible tener certeza si las 239 pesquisas se encuentran dentro de los expedientes de investigación antes referidos”, aclaró.
En cuanto a policías estatales (sin decir de qué entidades), apareen en cinco expedientes, mientras que la Policía Federal aparece en dos.
Todos los expedientes están en etapa de integración y los estados donde hay más denuncias que involucran a autoridades son Tamaulipas, con seis; Veracruz, con cinco; mientras que en Chihuahua y Coahuila hay cuatro.
Los otros estados donde se denunciaron los hechos son Guerrero, Nuevo León y Michoacán, con dos cada uno; mientras que en Morelos, Zacatecas, Baja California y Oaxaca sólo hubo una denuncia.
El miércoles pasado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto a la reforma en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.
Con ello se faculta al Congreso para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas.
De acuerdo con una muestra realizada a finales del año pasado por De las Heras Demotecnia sobre confianza en las instituciones y los actores públicos, la Marina encabeza la lista con un 64% de encuestados que consideran que está haciendo bien su trabajo.
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