"Reclaman la INTERVENCION FEDERAL en ESCUELAS EXTORSIONADAS"

• El diputado local perredista Jorge Valdez Vargas solicitó la intervención de las autoridades federales para hacer frente al incremento en los casos de extorsión que se están presentando en municipios del sur y frontera norte de Tamaulipas, y que de manera sensible están afectando a instituciones educativas del sector privado.

Tamaulipas 29/Sep/2014 Sin hacer referencia a estadísticas concretas, el legislador expuso que se ha registrado “un alarmante alza” en los casos de extorsión a empresarios y particulares en municipios como Tampico, Reynosa y Nuevo Laredo, mismos que muchas veces no se denuncian por temor a represalias de parte de los grupos del crimen organizado que pudieran estar detrás de quienes cometen estas prácticas.

Valdez Vargas hizo referencia al reciente caso de los cierres de los colegios Montessori American School y William Shakeaspeare de la ciudad de Tampico, cuyos propietarios argumentaron no poder solventar la operación de los planteles ante las constantes exigencias económicas de los extorsionadores, mientras que la semana pasada, el Campus Reynosa de la Universidad Valle de México tuvo que suspender de manera forzada sus actividades por dos días hábiles consecutivos, ante una serie de amenazas hacia sus directivos por parte de personas no identificadas, quienes reclamaban una fuerte suma de dinero como “pago de cuota”.

En este sentido, el diputado local perredista aseguró que de poco ha servido el reciente despliegue del personal del cuerpo de Gendarmería de la Policía Federal Preventiva, ya que estas conductas no se han inhibido ni erradicado, por lo que consideró pertinente emprender una ardua campaña informativa que permita fomentar la denuncia anónima de este tipo de casos por parte de la ciudadanía, para lo cual, las autoridades federales deben ofrecer las garantías y protección a la que los ciudadanos tienen derecho.

“Desgraciadamente parte de lo que está ocurriendo es también parte de la ciudadanía, ya que a pesar de los reportes oficiales en el sentido de que los índices delictivos van a la baja, todavía no existe confianza suficiente para motivar que este tipo de casos sean reportados ante las autoridades, ni siquiera a través del programa de denuncia anónima instrumentado por Gobernación”, concluyó el legislador.