- El pasado 21 de julio, el Gobierno del Estado presentó a la Fuerza Única Regional, y en el evento, el Fiscal General, Luis Carlos Nájera llamó a Sandoval "El Gobernador de la Seguridad".
La Fiscalía General del Estado reconoció recientemente que las ejecuciones vinculadas al narcotráfico habían llegado a 100, aunque el número de homicidios intencionales en Jalisco era hasta principios de julio cercano a los 600 casos.
Jalisco es la cuarta entidad a nivel nacional con más homicidios, por encima del Distrito Federal, Sinaloa y Michoacán.
La Administración de Aristóteles Sandoval inició en marzo de 2013 con el asesinato, a los 9 días de haber asumido funciones, del Secretario de Turismo, J. Jesús Gallegos, quien, según las investigaciones, hacía operaciones de lavado de dinero para grupos del narcotráfico.
El 3 de agosto pasado fue asesinado Juan Ramón Ramírez Contreras, el Presidente Municipal de Ayutla, un municipio de la sierra sur de Jalisco.
Además de la violencia entre bandas delictivas, los robos en casas habitación y a transeúntes han repuntado.
Cifras oficiales revelan que los asaltos en la calle se incrementaron en un 164 por ciento entre 2012 y 2013.
El pasado 21 de julio, el Gobierno del Estado presentó a la Fuerza Única Regional, y en el evento, el Fiscal General, Luis Carlos Nájera llamó a Sandoval "El Gobernador de la Seguridad".
Sandoval aprovechó el evento para informar que comparando con la misma fecha de 2013, los secuestros se habían reducido 65 por ciento.
Agregó que los homicidios dolosos disminuían 32 por ciento y que los robos de vehículos iban a la baja hasta 28 por ciento.
El Gobernador señaló que el alza en los delitos patrimoniales se debe a que los criminales han cambiado de "giro", pues al ser desmanteladas algunas células delictivas, los miembros que siguen libres optan por otros ilícitos, como los robos.
Adicionalmente, 7 de cada 10 jaliscienses se sienten inseguros, de acuerdo con encuestas de percepción de inseguridad.
"Se percibe una actividad delictiva cada vez más violenta, se palpa un constante desfase entre los objetivos formales del sistema penal y las necesidades y expectativas de los ciudadanos, hay desconfianza hacia la Policía, al aparato judicial y al sistema de justicia, existe una deplorable situación en las cárceles y una nula rehabilitación de los infractores condenados", señaló el investigador de la Universidad de Guadalajara, Dante Haro Reyes.
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