La Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos investiga a 48 funcionarios de la Empresa Productiva por robo de hidrocarburos.
En un informe remitido al Senado, Pemex precisó que los servidores públicos son investigados dentro de 43 procedimientos administrativos.
‘‘Pemex está plenamente comprometido en llegar hasta las últimas consecuencias en todos los casos en que se detecten conductas irregulares (administrativas y delincuenciales) por parte del personal’’, señala el documento.
La ley establece que la Unidad de Responsabilidades, que depende de la Secretaría de la Función Pública, es la competente para investigar las conductas ilícitas de los servidores públicos.
Si del resultado de sus investigaciones advierte la comisión de algún delito, lo hace de conocimiento de la Dirección Jurídica de Pemex para que ésta presente la denuncia penal correspondiente.
‘‘Cabe mencionar que la empresa y el sindicato (petrolero), como instituciones, no se encuentran involucradas en el robo de combustibles’’, afirmó Pemex.
Reforma publicó el 12 de julio que detrás de la ordeña de combustible a Pemex existe mano calificada de la propia empresa.
Investigaciones internas de la petrolera revelan que técnicos en activo o personal que fue capacitado por la compañía colaboran en el robo de hidrocarburos.
‘‘Los trabajos de capacitación, adiestramiento, evaluación de control de confianza y supervisión del personal contratado por Pemex en materia de salvaguarda estratégica, es una labor permanente’’, apunta el oficio.
La empresa informó que el monto estimado por las pérdidas de combustible que dejan las tomas clandestinas, ascendió a 20 mil millones de pesos anuales en los últimos tres años.
En tanto, el costo por la reparación de los ductos y equipos dañados por dichas tomas fue de 4 mil 324 millones de pesos entre 2010 y 2016.
Pemex subrayó que el robo de combustibles constituye un problema de ‘‘grandes dimensiones’’ que requiere de una estrategia integral para disminuir tanto la demanda como la oferta ilícitas.
‘‘El robo de combustibles es un problema complejo que trasciende la competencia de Pemex, y para su combate se requiere estrecha colaboración de los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno.
‘‘Es un tema de seguridad nacional que tiene impacto significativo en las finanzas públicas, cuya solución requiere un frente común, dentro del cual el poder Legislativo es el actor primordial para contar con un marco legal que permita eliminar los incentivos para la comisión de dicho ilícito", plantea la petrolera en el oficio.
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