La reconstrucción del país es una urgencia mayor para el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Según dijo el miércoles 27, debe hacerse en estos meses porque la emergencia lo exige.
Y es que quizá para después de julio de 2018 ya no tenga sentido. Se necesita lo antes posible porque la gente requiere recuperar su patrimonio y al PRI le urge obtener para el 2018 los votos de la desgracia.
Pero todo está por verse. Los terremotos hicieron que la tierra vomitara toda la corrupción que por años se ha ocultado entre el cemento, en carreteras y caminos, en casas y edificios que se colapsaron. Ahí estaba oculta la chapucería, la irresponsabilidad y el descaro de los gobiernos que desde 1985 dejaron de supervisar las estructuras afectadas y que se le vinieron encima a familias completas tan pronto la tierra empezó a temblar. Esto evidencia que en materia de obra tanto pública como privada todo está podrido.
Todo lo mal hecho quedó al descubierto: Carreteras en mal estado que se colapsaron, caminos que se agrietaron o sufrieron socavones, viviendas que se derrumbaron, puentes que se cayeron ante los temblores o inundaciones incontenibles –como la que acaba de ocurrir en Querétaro –son un ejemplo de la corrupción institucional y de la mala planeación de la infraestructura pública.
Si bien es cierto que la naturaleza embravecida embiste todo lo que encuentra a su paso también es una realidad que la infraestructura carretera, como ha ocurrido en Morelos, Oaxaca y Chiapas –por citar tres estados en desgracia debido a los terremotos –se ha construido sin la supervisión adecuada o bien protegiendo intereses personales y de las constructoras que con tal de ahorrar dinero incurren en irresponsabilidades en las etapas de su construcción.
En Morelos, por ejemplo, quedó claro que las casas derrumbadas por el sismo del pasado martes 19 no cumplían con las especificaciones técnicas adecuadas. Ninguna autoridad supervisó que, por un mínimo de seguridad, las casas se construyeran con base en las normas que actualmente rigen en la industria de la construcción.
Es evidente que las estructuras son débiles, lo mismo que su cimentación; los techos fueron colados con una pobreza de cemento que, al menor movimiento, colapsaron. Y así, con manos chapuceras y corruptas, está construido casi todo en México. La misma situación atraviesa Chiapas, Puebla, Guerrero y ya ni se diga el Distrito Federal, donde la corrupción hizo imposible que desde el terremoto de 1985 se realizara una adecuada revisión de los edificios dañados y se ajustaran a las normas para reforzar los criterios de construcción de edificios, casas y condominios.
Y fue justamente durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde mayores problemas surgieron. El tabasqueño detonó la industria de la construcción en el Distrito Federal como una forma de afianzar la economía de la gente pero al mismo tiempo permitió que la corrupción de las constructoras e inmobiliarias galopara sin freno.
Ahora que el terremoto se repitió el 19 de septiembre, 32 años después del ocurrido en 1985, se evidenció lo mal construidos que están los departamentos de lujo, orgullo del llamado boom inmobiliario y de la boyante industria de la construcción.
Cuando se revisan los condominios se observan grietas, paredes cuarteadas, estructuras con pocas varillas y carentes de cemento reforzado; edificios ladeados que no soportaron el sismo por no tener una cimentación adecuada. Otros mostraron un rostro maquillado: hermosas fachadas con vista a un parque, a una zona arbolada, pero que se construyeron con más arena que cemento, pues antes de que pasaran los primeros veinte segundos del temblor ya estaban colapsados.
Distrito Federal se integraron varias carpetas de investigación en contra de constructoras, a las que posiblemente se les enjuicie por fraude. Pero de poco servirá tapar el pozo después del niño ahogado, ya que cerca de 275 personas perdieron la vida tras el terremoto. Las medidas se tendrán que tomar hacia adelante, en las obras que están por hacerse en materia inmobiliaria.
Y en lo que respecta a la infraestructura carretera, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) presenta graves limitaciones para verificar la calidad de las mismas. De acuerdo con datos oficiales, la dependencia sólo tiene capacidad para verificar cinco de cada diez proyectos que realiza en todo el país.
De acuerdo con datos publicados por el diario “El Universal” en su edición del pasado 15 de agosto, “tan sólo este año la SCT redujo los recursos para los trabajos de verificación de un total de 300 millones de pesos ejercidos en 2016 a 120 millones para este año y pasó de revisar 5 mil 500 a 2 mil 475 kilómetros en ese lapso”.
Tras el socavón que, en julio pasado, causó la muerte de dos personas en el Paso Express de Cuernavaca, la dependencia reconoció que no cuenta con montos de inversión necesarios para llevar a cabo los trabajos de verificación necesarios. A todo esto hay que sumarle la corrupción que ha prohijado el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ya que la supervisión de las obras está a cargo de las propias constructoras contratadas por la dependencia y éstas se realizan de manera aleatoria y no con el rigor debido para garantizar la vida de los ciudadanos. Ante la desmedida corrupción, quizá esto último es lo que menos importa.
LA RECONSTRUCCIÓN: NEGOCIO EN PUERTA
El miércoles 27, en reunión de Gabinete celebrada en Los Pinos, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que comenzará en breve la reconstrucción en los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla y el Distrito Federal. Son las entidades que concentran la mayor parte de los daños materiales y de fallecidos durante los terremotos del 7 y 19 de septiembre, respectivamente.
Además de convocar al sector privado para que coopere en este megaproyecto –como si el Gobierno careciera de los recursos para ello –el Presidente anunció que se requerirá de una inversión de 37 mil 500 millones de pesos. Esto es lo estimado, no la suma total. La erogación puede ser mayor, de acuerdo con lo que se estime al final de las evaluaciones.
Con estos recursos se construirán las viviendas que se perdieron durante los temblores, se reparará la infraestructura pública –carreteras, caminos, puentes –y los recursos se otorgarán en forma directa a los afectados mediante tarjetas bancarias.
Aunque no lo dijo el Presidente, el sistema de entrega de tarjetas permite recordar la compra de votos que mediante tarjetas “Monex” distribuyó el PRI durante la campaña presidencial de Peña Nieto. Esperemos que la ayuda oficial no se condicione a votar por el PRI en la elección de 2018, aunque se duda.
El Presidente fue enfático en magnificar la tragedia. Sin duda es muy grave, pero en su discurso de ayer lo pronunció de manera reiterada y dijo que “en pocos” meses México estará reconstruido. Esto querría decir que antes de las elecciones, lo cual implicaría trabajar a una velocidad inusitada seguramente para capitalizar políticamente la desgracia. Después de julio ya no tendría sentido.
Sin duda que a lo que el Presidente convocó es a llevar a cabo una reconstrucción rápida ante la emergencia. Esto implicará que su Gobierno y los empresarios tendrán que meter el acelerador a fondo para empezar a edificar las viviendas y a recomponer carreteras y caminos. En el Distrito Federal se tendrán que terminar las revisiones de edificios dañados, demoler los que ya no sirven y cobrar los seguros que permitan a las personas que lo perdieron todo recuperar su vivienda.
Los tiempos electorales están encima y a todos les urge comenzar la reconstrucción — quizá no tanto por las necesidades de la gente, pues históricamente es lo que menos ha importado para el Gobierno –sino para capitalizar la desgracia. Y para ello se necesita mitigar las urgencias que hoy enfrentan las familias que perdieron su patrimonio.
Sin duda que se otorgarán contratos sin licitación. La urgencia y la emergencia lo permiten, de ahí que el Presidente fuera tan enfático en afirmar que la emergencia no ha pasado. Y estos contratos millonarios se otorgarán a las empresas consentidas del sistema, las mismas que forman parte del círculo de corrupción, las que han sido privilegiadas durante todo el sexenio en jugosos negocios y que, en su mayoría, han entregado malas cuentas con carreteras, puentes y otras obras de gran envergadura. Esperemos que la urgencia de reconstruir –cuyos tiempos están estrictamente ligados al tema electoral –no derive en mayores problemas y se pierdan vidas por la mala calidad de las obras.
Los que están enfrascados en un debate acalorado son los partidos políticos. El PRI formalizó su renuncia al financiamiento público ante el INE. Tal parece que no necesitan dinero para operar. El PAN, PRD y Movimiento Ciudadano aceptaron renunciar al financiamiento oficial pero le exigieron al Gobierno de Peña Nieto un programa de austeridad, lo cual no ha hecho a pesar de la crisis que arrastra el país.
Y todos afirman que otorgarán sus recursos para los damnificados por los terremotos, en abierto clientelismo político. Todos quieren los votos de la desgracia y el Presidente parece estar más urgido de ellos para bien de su partido porque, de perder el 2018, quien sabe que le deparará el destino. De ahí que es urgente, según dijo, empezar la reconstrucción del país.
Lo que ningún partido ha dicho es de donde van a sacar los recursos para sus operaciones. El legislador y líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, César Camacho, dijo que los propios políticos podemos financiar nuestras campañas y tareas con aportaciones privadas y de simpatizantes.
Si ningún partido es supervisado sobre la forma en que obtiene recursos privados se corre el peligro de que el crimen organizado entre al quite y en forma abierta para el financiamiento de campañas, algo que ya ocurre desde hace décadas con la complacencia de todas las autoridades.
Lo grave de todo esto es que, por salud, ningún partido debería quedarse.
Fuente.-Ricardo Ravelo/
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