Un consenso entre los sinaloenses es que vivir aquí es inseguro. Así lo piensa el 80 por ciento de los ciudadanos del estado, el 90 por ciento en el caso de Culiacán, informa el INEGI.
Seguridad Culiacán
La élite en el poder, el gobierno, sostiene lo contrario: “Vamos bien, hay bachecitos, pero vamos bien en seguridad” dijo el gobernador el 22 de diciembre pasado; “En el gobierno de Morena se trabaja fuertemente por la seguridad y la justicia de las familias, porque vamos bien y vamos a ir mejor”, resaltó la diputada Teresa Guerra, el 5 de septiembre; “Los delitos van a la baja” sostuvo la senadora Imelda Castro, el 18 de octubre.
Los que tienen el poder están muy separados de lo que vive el pueblo. Su interés no es construir paz sino convencernos de que ya la tenemos.
Los actos del gobierno no toman en cuenta la preocupación de las familias de Sinaloa sobre el alto riesgo de que sucedan actos de violencia en las calles, de que sean despojados de sus vehículos y de que se secuestre y asesine en su comunidad.
El régimen Rocha-Morena ha sido incapaz de reconocer la gravedad de la inseguridad que padece el pueblo sinaloense y, todavía más grave, no asume la responsabilidad que le corresponde para solucionar el problema.
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Las posibilidades de construir la paz se reducen cuando el gobierno se dedica a minimizar el problema y a cantar victorias inexistentes.
Un ejemplo de lo infundado de la narrativa oficialista: el 27 de enero de 2025 el gobernador pretendió desacreditar los datos oficiales del INEGI, aduciendo que mucha gente había ido al estadio de beisbol, pero un año después sigue sucediendo la misma cantidad mensual de asesinatos, la asistencia a ver el juego no era ningún indicador serio de mejora. Un ejemplo de la separación con el pueblo: el 29 de enero, dos días después, decenas de aficionados acudieron a las tribunas con carteles pidiendo la renuncia del Doctor Rocha.
Las posibilidades de construir paz se reducen cuando el gobierno no asume la responsabilidad que le corresponde. La élite en el poder se ha dedicado a responsabilizar al pasado, aun cuando, ya tienen siete años en el poder, ejerciendo presupuesto y designando funcionarios, y el propio gobernador fue parte de los gobiernos del pasado.
El gobierno, para quitarse de encima la responsabilidad de la narcopandemia, la arroja sobre su pueblo. Los culichis, dice, no se dan cuenta de que están dadas las condiciones para desarrollar sus actividades y, además, usan polarizados en sus carros.
Le ley responsabiliza al gobierno de garantizar la paz pública y de prevenir, investigar y perseguir el delito; los ciudadanos les pagamos para ello y, en su campaña nos prometieron que darían seguridad y que sabían cómo hacerlo. Es responsable de pacificar y no lo ha hecho.
Esa separación entre sociedad y gobierno no solo es de narrativa, tiene consecuencias prácticas muy importantes. Vivimos en una sociedad donde la élite gobernante usa los recursos públicos en temas diferentes a los que le preocupan al pueblo.
Para construir paz y seguridad es imprescindible que se aplique la ley a quien comete un delito. Ese es el trabajo del poder judicial.
El poder judicial de Sonora, en 2024, emitió 21 mil 349 sentencias; el de San Luis Potosí, 23 mil 468; el de Querétaro, 25 mil 665; son estados con un poco menos de población que el nuestro. El poder judicial de Sinaloa emitió solo 13 mil 088 sentencias, peor que todos.
En Coahuila, en 2024, ingresaron 80 mil 671 asuntos y se determinaron y/o concluyeron 83 mil 448, o sea, disminuyeron el rezago que tenían. En Nayarit ingresaron 29 mil 705 asuntos y determinaron y/o concluyeron 34 mil 628, también redujeron el rezago. En Sinaloa iniciaron 44 mil 844 asuntos y determinaron y/o concluyeron solo 36 mil 381, empeoraron el rezago.
En Sonora fueron vinculados a proceso 26 mil 077 presuntos delincuentes; en Sinaloa, solo 3 mil 704. Aquí, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es donde se asesina más, pero, según el INEGI, es donde se procesa e imputa menos. El estado ideal para la impunidad.
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En Sonora se denunciaron 6 mil 342 delitos y se aplicaron 2 mil 792 condenas sancionatorias. En Sinaloa, 9 mil 268 delitos y solo 559 condenas sancionatorias.
Dos razones mantienen al poder judicial en la ineficiencia. La primera, la cooptación por parte del grupo político del Doctor Rubén Rocha. Los jueces no toman decisiones en forma autónoma e independiente, tienen consignas desde el poder político.
La segunda, no tienen los recursos suficientes. Para aplicar la ley, el poder judicial de Sonora tuvo, en 2024, un trabajador por cada 1 mil 286 habitantes; el de Quintana Roo, uno por cada 1 mil 071; el de la CDMX, uno por cada 852. El poder judicial de Sinaloa tuvo un trabajador por cada 2 mil 004 habitantes: de las peores cargas de trabajo.
El presupuesto de 2025 para el poder judicial de Sonora fue de 622 pesos por habitante; el de CDMX, 849, el de Sinaloa fue de 356. Para 2026, el poder judicial de Sonora tendrá un aumento de 155 millones, el de Sinaloa, de 19 millones. A la élite en el poder no le interesa darle recursos al poder judicial para que aplique la justicia.
En plena crisis de inseguridad, donde los delitos han aumentado entre 200 y 500 por ciento, el presupuesto del poder judicial aumentará 1.8 por ciento, a lo que si se le descuenta la inflación queda en -1.7, disminuirá realmente, le alcanzará para menos.
El trabajo del poder judicial no se sustituye con los rondines militares, es distinto, y si no se hace bien los delincuentes detenidos salen libres pronto.
Nos dicen a cuántos han detenido pero nos ocultan cuántos de ellos han sido sentenciados y cuántos fueron liberados por los jueces.
En Sinaloa, por un lado estamos los ciudadanos que padecemos la inseguridad y, por otro, está la élite que tiene otras prioridades.
Rocha-Morena menosprecia la inseguridad de los ciudadanos, no asume su responsabilidad, no invierte en justicia. Por complicidad o por ineptitud, no contamos con él.
***Artículo publicado el 4 de enero de 2026 en la edición 1197 del semanario Ríodoce/OMAR GARFIAS
