En política, la coincidencia es un espejismo. Y cuando el espejismo rinde 346 millones de pesos, hasta el más ingenuo debería ponerse los lentes. Minsa Industrial, la empresa de la familia de Altagracia Gómez Sierra, acaba de recibir del Gobierno de Claudia Sheinbaum un contrato que casi iguala lo que obtuvo en tres años consecutivos con Andrés Manuel López Obrador.
El triple salto mortal de la honestidad valiente, ejecutado con la gracia milimétrica del “no es corrupción, es sinergia”.
Gómez Sierra, para los despistados, no es cualquier empresaria. Es la presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) de la propia Sheinbaum, lo cual sería modesto si no fuese porque también funge como presidenta del Consejo de Administración de Minsa. En la práctica, la funcionaria que “aconseja” al gobierno sobre cómo fomentar la inversión… terminó siendo beneficiaria directa de una adjudicación millonaria. Qué práctico: menos burocracia, más eficiencia —al menos para ella.
El contrato, firmado en marzo por Diconsa, ex Segalmex (sí, esa misma oficina que ha sido sinónimo de desfalco institucional), no es cualquier chatarra administrativa: 346 millones de pesos para procesar 60 mil toneladas de maíz.
Ni siquiera es un contrato de suministro clásico: el gobierno aporta el maíz, Minsa lo muele, lo empaca y lo distribuye. Y todo por un precio “solidario”, entre 5,200 y 8,200 pesos la tonelada. Casi altruista. Si no fuera porque a cambio obtiene acceso directo a la infraestructura de distribución pública y consolida su posición dominante en el mercado.
Para los defensores dirán: “Las otras competidoras no quisieron participar”. Claro. Lo que suena a licitación transparente acaba siendo un concurso de un solo participante, con guion incluido. El libre mercado convertido en performance burocrático.
Y aquí el núcleo del asunto: una consejera presidencial, empresaria beneficiada, contrato asignado sin competencia real, y millonario flujo público directo a una compañía familiar. No hace falta un tribunal internacional para traducirlo: es un conflicto de interés en estado puro.
Cuando la política pública se convierte en política familiar, la línea que separa la gobernanza de la corrupción se pulveriza más rápido que el maíz en molino.
Llamar a eso “corrupción presidencial” no es una licencia poética; es, en rigor, la consecuencia natural de los hechos. Porque no se trata de un error administrativo ni de un tecnicismo de compras: se trata de quién decide, quién gana y a nombre de quién se factura.
Y si quien manda permite que su círculo más cercano capture contratos de esa magnitud, la presidenta no solo consiente la corrupción: la institucionaliza con sello propio y factura a nombre del bienestar.
Con informacion: ELNORTE/
EL RASTRO DE LAS CIFRAS