«CARTEL de JALISCO AMENAZA FISCAL de BC con GRAMATICA de NARCOS y SOBERBIA de GUERRA PSICOLOGICA TRAS DRONAZOS a FISCALIA ANTISECUESTROS»…ni quien extrañe la guerra de Calderon rumbo al mismo F R A C A S O.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no manda flores ni tarjetas de presentación: cuelga mantas y lanza drones explosivos. Ayer sábado 18 de octubre, en plena frontera bajacaliforniana, una narcomanta amaneció colgada con dedicatoria especial para la fiscal estatal María Elena Andrade.

El mensaje —con gramática propia del narco y soberbia de guerra psicológica— advierte que el reciente ataque con dron fue una “respuesta” al pleito fronterizo contra los de Sinaloa, los hermanos Arzate García: Alfonso “El Aquiles” y René “La Rana”, esos mismos a quienes el FBI busca con más ganas que un boleto a Las Vegas.

“Nosotros no escondemos lo que hacemos”, firmaron los del CJNG, como si presumieran su transparencia institucional. Todo bajo la excusa de los golpes a la extorsión pesquera en Ensenada y la pérdida de terreno en Rosarito, ese bastión donde —dicen— agonizan sin el cobijo político de su diputada morenista Aracely Brown.La misma que defiende la presidenta Claudia Sheinbaum ,porque las pruebas de EE.UU,como siempre,le parecen pocas cuando se trata de los suyos, de la misma organización criminal politicamente organizada, MORENA. 

Textual:

“FISCAL MARIA ELENA ANDRADE RAMIREZ
EL ATAQUE CON DRONES DIRIGIDO
A LA FISCALIA ES UNA REPRESALIA
DE LOS HERMANOS ARZATE
POR EL COMBATE A LA EXTORSIÓN
AL SECTOR PESQUERO EN
ENSENADA ASÍ COMO LA PÉRDIDA DE
TERRITORIO EN ROSARITO
LOS TIENEN INCÓMODOS SIN SU
DIPUTADA FEDERAL ARACELY BROWN
EL AQUILES Y LA RANA
AGONIZAN EN BC,
NO SE DEJE INTIMIDAR FISCAL
ESTAMOS ATENTOS A CUALQUIER ACUERDO
QUE CIERRES CON ESTAS LACRAS
NOSOTROS NO ESCONDEMOS LO QUE HACEMOS
ATENTAMENTE
CJNG”

Por si alguien lo olvidaba: el 15 de octubre, un dron cargado con explosivos y metal reventó parte del estacionamiento de la Unidad Antisecuestros de la FGE en Tijuana. Una postal de lo que ya parece ser la nueva “correspondencia” entre cárteles.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene su recompensa de 20 mil dólares por René Arzate, y la embajada lo describe sin rodeos: violento, táctico, fugitivo. Baja California vuelve a ser tablero de guerra y laboratorio de amenazas grabadas en manta, dron y pólvora. Y aquí, entre siglas y apodos, la justicia camina con chaleco antibalas… y más de un ojo en el cielo.

Con informacion: ELNORTE/

EL «MISMO PATRON y…los MISMOS PATRONES»: «CARTEL de SINALOA sigue MARCANDO TERRITORIO a PLOMO y le DA lo MISMO MATAR RIVALES,INOCENTES o MURCIELAGOS de las FUERZAS ESPECIALES»…a 1 año,1 mes,10 dias y tres horas de la guerra de bandos de la misma banda.

res escenas de horror, tres lugares distintos, y el mismo patrón: balas, cuerpos y silencio oficial. En Culiacán, un joven de apenas veinte años fue ejecutado sobre la banqueta en la colonia Esthela Ortiz de Toledo; los militares llegaron, acordonaron y se fueron con la rutina del forense bajo el brazo. A esa misma hora, otro cadáver yacía bajo el puente Manuel Clouthier, también en Culiacán. Le dejaron a un lado una lona con lo que parecía ser un mensaje criminal, como si hiciera falta firmar el crimen para que todos supieran quién manda.

Y mientras tanto, en Villa Juárez, Navolato, la violencia alcanzó niveles directamente demenciales: un adolescente de apenas 14 años, Alexis “N”, cayó abatido cuando convivía con sus amigos afuera de una vivienda. Un grupo armado llegó, no preguntó nada y disparó con armas largas. Cuatro adultos también salieron heridos: Luis Ángel, Victorino, Norberto y Carlos Fernando. Los casquillos quedaron regados frente a las motocicletas, y el Ejército solo alcanzó a poner cintas amarillas después del desastre.

Todo esto ocurrió en un mismo fin de semana, en la misma zona y bajo los ojos de los mismos reforzamientos que supuestamente “mantienen la paz”. Pero las calles de Sinaloa siguen rugiendo como siempre: autos con vidrios polarizados, convoyes en los caminos de terracería, y las balas que se escuchan mucho más que las sirenas. Los refuerzos parecen llegar tarde o peor: llegar para levantar los casquillos. El Cártel de Sinaloa sigue marcando su territorio a plomo, y los partes policiales se leen cada vez más como obituarios.

Con informacion; NOROESTE/ NOROESTE/ NOROESTE/

«ZETAS del CARTEL del NORESTE DESAFIAN al EJERCITO y POLICIAS con EMBOSCADAS en LIMITES de COAHUILA y NUEVO LEON»…todas las brechas conectan con la matriZ de Nuevo Laredo.

Los Zetas del Cartel del Noreste volvieron a dejar claro que el Ejército mexicano no está lidiando con simples sicarios, sino con esa fuerza criminal precisamente fundada en el ejercito al que ahora no dudan en desafiar abiertamente y en su propia cancha. 

En una demostración de audacia casi temeraria, este brazo de Los Zetas emboscó a tropas mexicanas en dos ataques consecutivos, apenas al sur de la frontera con Texas, en los límites entre Coahuila y Nuevo León.

El primer golpe ocurrió la mañana de jueves, sobre un camino de terracería. Un convoy militar patrullaba la zona cuando los hombres del CDN tendieron una emboscada quirúrgica: dos soldados heridos, aparentemente secuestrados, y una respuesta inmediata de fuerzas federales y estatales. 

Aunque los militares fueron liberados poco después —malheridos, pero vivos—, el mensaje del cartel fue inequívoco: pueden atacar, herir y desaparecer soldados, y aún así salir ilesos.

La segunda emboscada fue casi una provocación al Estado Mayor: al caer la tarde, ya con una fuerza de reacción desplegada, los sicarios se midieron de nuevo con los uniformados. Esta vez la suerte no los acompañó; uno de ellos murió, otro fue herido, y dos mujeres terminaron bajo custodia militar. Aun así, el desafío quedó firmado con pólvora. Es el tipo de insolencia que no busca sólo territorio, sino demostrar quién manda en los márgenes del país.

Hoy los madrugaron otra vez

En el mas reciente de los sucesos,dos policías estatales resultaron heridos, uno en el rostro y otro en una pierna, durante un ataque armado esta madrugada en una brecha del municipio de Hidalgo, cerca de los límites con Nuevo León.

En rueda de prensa este sábado desde Piedras Negras, el Fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que la camioneta desde la cual se agredió a los policías presenta las mismas características que el vehículo involucrado en el ataque a personal militar registrado el jueves pasado en la misma zona, donde dos soldados resultaron heridos.

El Cartel del Noreste —designado por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero sigue mostrando que no es sólo hambre de poder, sino desprecio absoluto por las reglas de guerra. No disparan al aire: disparan para mandar un recado al Ejército mexicano, al gobierno y a quien todavía pretende creer que el control del territorio depende de un decreto o leyes mas severas, sino erradicar esos corruptos que desde el poder publico los secundan,porque antes les recibieron favores.

Con informacion: BREITBART/ ELNORTE/

«DIGAME SI lo PUEDE DECIR ?»: «AMERICO EMULÓ al MULA del CDV y le JUGÓ al INFORMANTE para EMPUERCAR a los SUYOS y los AJENOS ante el DHS en EE.UU»…sus asesores le dijeron que si hundía a los suyos no tan suyos, se salvaba el ?.

Una entrevista de mediados de septiembre, puso en aprietos al ex-gobernador panista de Tamaulipas,Francisco J.Garcia Cabeza de Vaca,luego de preguntas directas por parte de la periodista Carmen Aristegui,quien le cuestionaba su calidad colaborador de los EE.UU.

Pero en un giro nada sorprendente del gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal Anaya, multiacusado por las evidencias ,profusamente indagado por EE.UU, pero ademas señalado de traidor por sus correligionarios de este lado de la frontera, quiso emular esa calidad de colaborador que con rodeos admite Cabeza de Vaca, de acuerdo a otro trascendido «retuiteado» por una fuente en redes tradicionalmente confiable.

Como sabe, «Don Americo» le habria puesto el dedo, como vulgarmente se le conoce al acto de delatar y ante el «Departament of Homeland Security» (DHS) a los Morenos de Nuevo Laredo,el Senador Jose Ramon Gomez Leal,el alcalde de Reynosa y hasta la Senadora Olga Sosa. Aunque algo pasó en el camino de las indagaciones, pues la misma publicación advierte que «sono bofo», un termino de la jerga norteño-mañosa con alusion a que las acusaciones del mandatario fueron infructuosas en algunos de los casos, pero evidenciando en todos que el gobernador de Morena en Tamaulipas busca hundir a todos para salvarse el.

Con informacion: ARISTEGUI/ @Redes/

EL «CODIGO PLATA y NI SECRETARIO de SALUD podía ENTRAR»: LAS «BALAS DICTAN la RUTINA y HOSPITALES antes TEMPLO de lo HUMANO DEVIENEN en CUARTELES en SINALOA»…batas blancas custodiadas por camuflaje verde oliva.

El llamado “Código Plata” en Sinaloa, una medida pensada originalmente como protocolo hospitalario de emergencia ante situaciones de violencia, ha terminado por convertirse en una alegoría grotesca del México contemporáneo: un país donde las balas dictan la rutina médica y los hospitales, antes templos de lo humano, devienen cuarteles.

El quirófano se volvió búnker

El reportaje de Noroeste detalla que ahora el acceso al “Código Plata” —la zona destinada a atender heridos de bala— está bajo control total del Ejército. Ni siquiera Cuitláhuac González Galindo,Secretario de Salud del Estado tenía libre entrada: “ellos estaban al pendiente y de hecho no me dejaban entrar”, reconoció. Es decir, el Estado civil entrega las llaves de la salud pública al Estado armado, en un acto de rendición logística disfrazado de protocolo sanitario.

Cámaras, biometría, exclusividad del acceso al personal médico activo: la clínica se militariza y el hospital se transforma en fuerte. El bisturí trabaja bajo mirada de fusil. Cada herida es, al mismo tiempo, evidencia y amenaza; cada goteo de suero, una metáfora líquida de la violencia que impregna hasta el último pasillo.

Violencia en la sala de urgencias

La militarización no surgió del vacío. Varios ataques recientes convirtieron hospitales en escenarios de guerra: un ataque armado frente al Hospital Civil de Culiacán dejó siete víctimas —cuatro muertas, tres heridas—; al día siguiente, mataron a pacientes heridos dentro de clínicas distintas y, semanas después, una mujer fue detenida acusada de intentar rematar a un detenido baleado, tras haberse infiltrado en el Hospital General sin credenciales. 

La escena tiene tintes de realismo mágico si no fuera por lo brutalmente real: una cirujana no oficial, inyecciones letales, un “paciente” con ficha policial, custodios cómplices.

El hospital, patria del cuidado, se volvió un teatro donde la muerte pide entrada por la puerta de personal.

El surrealismo burocrático

El “Código Plata” nació para proteger al personal y garantizar atención segura. Pero en Sinaloa, el código muta en un símbolo del absurdo nacional: una política sanitaria que ya no organiza protocolos médicos, sino coreografías de control militar. Es la “bioseguridad” en clave de cuartel: batas blancas custodiadas por camuflaje verde oliva.

En la jerarquía mexicana del caos, la vida se clasifica por calibre. Los médicos piden dejar de atender a quienes llegan baleados porque no quieren convertirse en el siguiente blanco. Y el gobierno responde con más soldados, no con protección civil. Es, en esencia, el surrealismo institucional de un país que intenta curar la violencia a balazos.

Con informacion: NOROESTE/

«MIL PESOS a HECTOR ?»: AL «ASESINO INTELECTUAL IMPUNE le SALIO BARATO MATAR al ABOGADO COHEN en CDMX»…la madre contrató abogado, no para salvar aprendiz de sicario, sino para acompañarlo en su culpa.

Héctor Hernández tenía 18 años, una pistola que le daba miedo usar y 200 pesos en la bolsa para comer con su madre. Pero alguien le ofreció más: unos cuantos billetes a cambio de acompañar a un desconocido y “espantar” a otro. Mil pesos, dicen ahora, fue el monto total de la oferta. Mil. Lo que vale un par de tenis baratos o una comida para tres en un restaurante donde Héctor no habría pisado jamás.

Su abogado, Luis Alberto Hernández, salió de la sala de audiencias con la mirada entre el cansancio y la incredulidad. Dentro, al chico lo habían vinculado a proceso por participar en el asesinato de David Cohen, un abogado de renombre ejecutado en la ciudad judicial de CDMX. Afuera, le enseñaba a la prensa los mensajes que Héctor le mandó a su madre horas antes del crimen: “mamá, nos quedan 200 pesos, no nos queda para comer”. 

Héctor no disparó. Estaba ahí, en una jardinera de Ciudad Judicial, esperando la señal, con la pistola guardada y el miedo metido en los bolsillos. Fue Donovan, el otro muchacho, quien jaló el gatillo. Héctor apenas supo qué hacía allí. Alguien le había ido “ayudando”: 500 pesos un día, mil otro, hasta que llegó el favor a cobrar. “Ven conmigo”, le dijeron. Y fue. Por hambre, por inercia, por la trampa de la necesidad.

El abogado cuenta que la madre de Héctor lo contrató no para salvarlo, sino para acompañarlo en su culpa. “Dígale que lo amo, que tendrá mi apoyo, pero que acepte su responsabilidad”, le pidió entre lágrimas. Cuando Héctor lo escuchó, rompió a llorar. Un muchachito de dieciocho, arrepentido y con la vida destrozada por una deuda menor.

La audiencia duró una hora. Sesenta minutos para decidir el destino de alguien que vendió su futuro por el equivalente a la recarga del teléfono de quien lo manipuló. Entre las paredes del juzgado, flotaba una pregunta que nadie quiso poner por escrito: ¿cuánto cuesta hoy una vida? En el caso de Héctor, menos que una quincena mal pagada. Menos que la esperanza.

Con informacion: REFORMA/

LA «EVASIVA CONTABLE»: «CARNALITO de LOPEZ HABLADOR JUSTIFICA 13 RANCHOS como FRUTO del ESFUERZO con PURO VERBO y SIN MUCHO ESFUERZO»…las propiedades dice son pequeñas,pero las preguntas grandes.

En una lluvia de declaraciones que buscan desactivar la pregunta esencial, José Ramiro López Obrador —conocido como Pepín— respondió a las señalamientos sobre 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado con un mantra ensayado: “son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo”. 

Con esta frase, repetida como un estribillo, pretende convertir lo que exige transparencia en una narrativa de esfuerzo individual que, según él, no merece más escrutinio. Pero la ciudadanía no pregunta por el mérito del trabajo; pregunta por el origen de recursos, las fechas de adquisición y la congruencia entre ingresos declarados y el tamaño del patrimonio. Y esas piezas, a primera vista, no se encajan con la versión oficial.

El conflicto no es solo sobre números. Es sobre la política de la diferencia entre lo público y lo privado en un país donde la declaración patrimonial ha sido una herramienta crucial para evaluar conflictos de interés. Pepín insiste en que toda la información está “declarada y disponible para verificación”, y que las publicaciones que lo señalan forman parte de una campaña mediática orquestada por intereses que busca erosionar a su hermano, el presidente. Esa defensa funciona como una cortina de humo que, en lugar de aclarar, traza una línea entre “ellos” y “nosotros” y entre la prensa y la verdad.

Los números, para quienes han seguido el hilo, sugieren dudas de interpretación. Trece ranchos y cientos de cabezas de ganado, adquiridos a lo largo de años diversos, no se sostienen de forma inequívoca con la declaración de ingresos de años en que el dependiente público no reporta empleo, empresa o algún otro ingreso fijo. 

Es decir: la trazabilidad y el origen de los recursos requieren una desagregación de fechas, montos y operaciones de alto valor, no una absolución general. Pero la respuesta oficial suele girar en torno a la idea de que se trata de una “cuenta” que no han hecho, o de que la información fue sustraída a partir de la declaración patrimonial, como si el acto de declarar fuera suficiente para disipar cualquier duda.

La defensa de Pepín no se limita a la evasión de preguntas técnicas. También intenta deslegitimar a los medios y a ciertos “jilgueros” de la política, citando supuestas redes de poder que, según él, le disparan ataques por su parentesco con AMLO. 

Este recurso retórico, si bien no invalida la existencia de bienes, sí alimenta la sospecha de que el discurso oficial valora la lealtad familiar por encima de la claridad pública. Y cuando la claridad es precisamente lo que se solicita, el argumento de la conspiración se vuelve, para muchos, la forma más conveniente de evitar respuestas precisas.

Cronología y contexto merecen una mirada más meticulosa. Las compras declaradas abarcan periodos que se superponen con etapas políticas relevantes y, en algunas notas periodísticas, se señalan adquisiciones “poco a poco” que se remontan a años anteriores al mandato de su hermano como jefe del Ejecutivo federal. 

¿Qué mecanismos de verificación existían en cada operación? ¿Qué papel jugaron entidades de control y auditoría en Tabasco para revisar estas transacciones? Estas preguntas quedan abiertas, mientras la narrativa oficial se concentra en insistir en el hecho de que las propiedades están declaradas y, por ende, supuestamente transparentes.

Al cierre, la pieza no pide más que un principio básico de la ética pública: rendición de cuentas clara y trazable. Si las declaraciones son públicas, como se afirma, entonces debe ser posible responder con precisión a preguntas puntuales:

• ¿Qué monto total efectivo se pagó por cada ranchería y por cada lote de ganado, y en qué fechas exactas?
• ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento para cada adquisición?
• ¿Qué evaluaciones de crédito, avales o permisos de uso de suelo acompañaron cada compra?
• ¿Qué controles de conflicto de interés aplican cuando un familiar directo ocupa un cargo de alto nivel en el gobierno local y se realizan adquisiciones de bienes de alto valor?

Este caso no debe terminar en una respuesta definitiva de banqueta, sino en la obligación de las instituciones de pedir y entregar respuestas precisas. Si la narrativa oficial pretende presentar las cosas como simples “propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo”, la pregunta persistente es: ¿qué significa exactamente ese esfuerzo cuando las transacciones abarcan montos multimillonarios, fechas que requieren claridad y una hoja de ruta de financiamiento que explique la trazabilidad de cada peso?

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«MISA de ABSOLUCION en la CAMARA de DIPUTADOS HIPOCRITAS PERDONÓ 180 MIL MILLONES de PESOS a las ASEGURADORAS»…un “acuerdo benéfico para destrabar conflictos”,es la resurrección del perdón fiscal.

Lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados no fue una reforma fiscal: fue una misa de absolución para los grandes contribuyentes. Entre aplausos y discursos de tecnócratas arrepentidos, la mayoría legislativa de MORENA decidió “condonar” —aunque lo disfracen de “estímulo”— una montaña de litigios fiscales valorada en 180 mil millones de pesos. En el mundo de la narrativa oficial, eso sería un “acuerdo benéfico para destrabar conflictos”; en el de la ética pública, es la resurrección del perdón fiscal que el propio sistema había prometido enterrar.

Morena y sus aliados pactaron con aseguradoras, bancos e incluso embajadas —sí, potencias extranjeras negociando el fisco mexicano— un trueque indecente: paguen una décima parte hoy y olvidemos los cuatro años pasados. Una especie de amnistía tributaria para los grandes del dinero, firmada, bendecida y aprobada al vapor, entre el aullido de las mayorías disciplinadas. No importa que el SAT y Hacienda sean operador y beneficiario simultáneamente del truco; la narrativa está blindada con palabras de oropel: “justicia fiscal”, “certidumbre jurídica”, “modernización”.

En la práctica, es un cheque en blanco, un acuerdo que le dice al contribuyente común que los multimillonarios litigan hasta que el Congreso se cansa y les tiende la alfombra roja de un estímulo. ¿Cómo llamarle “recaudación” a una maniobra que perdona el 90% de lo adeudado? Lo saben bien, pero cambian el nombre para que no huela a condonación, igual que se cambia un cadáver de traje para la foto del funeral.

La hipocresía es doble: mientras se ofrece a las aseguradoras una salida “elegante”, la Ley de Amparo se endurece para los empresarios incómodos y los ciudadanos que intenten defenderse del SAT. Unos reciben el bálsamo de la indulgencia; otros, el garrote del Estado.

Así que el Legislativo, en lugar de ser contrapeso, decidió ser notario de convenios privados. Es un Congreso que juega a Robin Hood al revés: roba a los principios republicanos para regalarle impunidad fiscal a los que menos la necesitan. Entre tanto, nos venden el acto como “responsabilidad financiera”. Vaya descaro. Esto no es un incentivo; es la confirmación de que en México, los poderosos no pierden litigios: los convierten en negocios legislativos.

Con informacion: ELNORTE/

"POLITICAMENTE MARCADO y JURIDICAMENTE ENCORRALADO": MINISTRA de LENGUAJE FLORIDO ESCRIBIRÁ con TINTA MORENA la SUERTE JUDICIAL Vs CABEZA de VACA"...el cántaro que tantas veces fue al agua terminara por romperse.

En la tragicomedia judicial mexicana, pocos giros resultan tan poéticamente absurdos como éste: la ministra del verbo florido y las afinidades guinda, Lenia Batres Guadarrama, aquella que en 2023 fue recordada más por su desparpajo retórico que por su técnica jurídica, será ahora quien determine el destino legal del ex-gobernador panista (2016-2022) ,Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

La escena —tan simbólica como inquietante— coloca a una togada de origen ideológico notorio frente al expediente más políticamente inflamable del pasado sexenio.

Sí, la misma ministra que en tribuna confundió la Constitución con un poema mal recitado, ahora ostenta la pluma del proyecto que podría sellar si Cabeza de Vaca pisa el reclusorio o sigue dictando tuits desde el exilio Texano. Vaya paradoja: del linaje más leal al obradorismo al escrutinio de un opositor que nunca ha escondido su desprecio por el régimen humanista y transdeformador. La suerte jurídica se redacta, literalmente, en tinta morena.

El Pleno de la Suprema Corte ejerció su facultad de atracción sobre el Amparo en Revisión 54/2024, con el pretexto de “uniformar criterios” —esa elegante manera de decir que el caso es demasiado grande para dejarlo en manos de un tribunal de circuito. Detrás del tecnicismo, todos entienden lo que está en juego: una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, originada en Almoloya en 2022 y que ha sobrevivido más embates que una piñata en plena posada navideña.

El amparo de Cabeza de Vaca lleva el sello de quien se sabe políticamente marcado y jurídicamente acorralado. Su alegato en redes, acusando persecución y cinismo, sirvió más de catarsis que de defensa. Pero ahora, la ironía es suprema: quien revise la validez de esa queja será una ministra que, en otro tiempo, habría sido su peor pesadilla retórica.

El desenlace, si algo enseña la historia judicial mexicana, tendrá menos que ver con normas y más con momentos. Si Batres cede a la presión de la toga ideológica, el exgobernador pronto podría encontrar compañía en las crónicas penitenciarias; si, en cambio, el cálculo institucional prevalece, no sería la primera vez que la Corte maquilla justicia con apariencia de equilibrio. Porque en México, los fallos de alto calibre se dictan en clave política, y este caso podría ser el nuevo himno de esa vieja realidad con nuevo aparato de justicia.

El vaticinio fundado

A la luz de los hechos procesales y la correlación política en la Suprema Corte, apunta a un desenlace desfavorable para García Cabeza de Vaca.

La votación que permitió atraer el caso —cinco votos a favor, cuatro en contra— refleja que la mayoría que apoyó la intervención de la Corte está alineada con ministras identificadas por su afinidad ideológica con el oficialismo: Lenia Batres, Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos y el ministro Irving Espinosa. Estas mismas figuras suelen sostener criterios que privilegian la amplitud de la actuación del Ministerio Público y la deferencia hacia la Fiscalía General de la República.

Dado que Lenia Batres es ahora la instructora del proyecto, el escenario más probable es que su ponencia valide la legalidad de la orden de aprehensión, bajo el argumento de que existían indicios suficientes y que los jueces previos no vulneraron derechos procesales. La narrativa institucional será la “protección del interés público frente a la corrupción”, aunque el trasfondo político es evidente: neutralizar a un adversario emblemático del oficialismo con una cauda de delitos que no le han comprobadopor torpeza jurídica e institucional.

Si el proyecto se somete al Pleno, es previsible una votación dividida nuevamente, con mayoría simple (cinco votos) que permita confirmar la procedencia de la orden de captura. En consecuencia, García Cabeza de Vaca enfrentaría una inminente ejecución de esa orden si se encuentra en territorio nacional, y un proceso de extradición o localización si permanece fuera de México y que se complica para CDV bajo el escenario de una colaboración fluida con EE.UU.

En resumen, el destino jurídico del exgobernador parece inclinarse hacia la validación de la orden de aprehensión. En un país donde los tecnicismos suelen vestir las condenas políticas, este caso podría ser el próximo ejemplo de justicia hecha a la conveniencia del poder, que mas que justicia, busca ajusticiamientos que nunca tocan a los suyos que AVAnzan en sus propias pudriciones.

Con informacion: ELEFANTE BLANCO/