Visitanos tambien en:

jueves, 5 de junio de 2025

“YA SUPÉRENLO”: “AQUEL DIA de AGOSTO de 2023 EDUIN CAZ CUATITO de SHEINBAUM le CANTABA FIRME y EUFORICO al NARCO en AQUEL RESTAURANTE”…y ya es del club de los “Sin Visa”.


En agosto de 2023, en un conocidísimo restaurante construido sobre un acantilado de las playas de Rosarito, Baja California, con una vista panorámica y maravillosa, los clientes vieron interrumpida su comida cuando una voz a todo pulmón empezó a llamar la atención. Y no por la melodiosa entonación, sino por la letra de las canciones interpretadas.

Lo que salía del diafragma del eufórico cantante era uno de los llamadas narcocorridos, en este caso una oda al crimen escrita en “honor” de los hermanos Arzate, Aquiles y René Arzate García, notorios cabecillas de una célula delictiva con influencia en Tijuana, Baja California, algunas zonas de Sinaloa y otras tantas de Baja California Sur. 

Los hermanos Arzate, buscados en los Estados Unidos, país cuyo departamento de justicia ofrece una suma de miles de dólares por información que lleve a su captura al ser señalados de tráfico de drogas por la Corte de Distrito Sur de San Diego, California, en México se mantienen en la impunidad. No hay carpetas de investigación abiertas en su contra en el ámbito federal, y en el Estado de Baja California ni los buscan ni los persiguen.

Sin embargo, sí encabezan una célula del narcotráfico que responde al ala que solía liderar Ismael Zambada García, el Mayo, antes de su captura en julio de 2024. Los hermanos son conocidos por encabezar grupos de narcomenudistas y distribuidores de droga, así como por controlar criminalmente el puerto de Ensenada y otras regiones por las que hacen llegar su droga a la frontera noroeste de México.

Aquel día de agosto de 2023, el cantante que entonaba el narcocorrido dedicado a los hermanos Arzate, era Eduin Caz, la voz principal y titular de Grupo Firme; de acuerdo a comensales en el lugar, también se encontraban los inspiradores de la canción, o por lo menos uno de los hermanos Arzate, con quien el cantante de Firme convivía y cumplía sus peticiones musicales.

El 30 de mayo, Grupo Firme envió un “Aviso Importante” situado en la Ciudad de México: “Grupo Firme no se presentará el 1 de junio en La Onda Fest en Napa Valley, Ca.”. Justificaron su ausencia con el hecho de que “las visas de Grupo Firme y el equipo Music VIP se encuentran en proceso administrativo por parte de la Embajada de los Estados Unidos”, en lenguaje político diplomático, ya de hecho utilizado por la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda. Eso significa que las visas de Grupo Firme fueron revocadas.

20 días antes del anuncio de Grupo Firme, el esposo de la gobernadora morenista de Baja California, Carlos Torres Torres, quien se afilió a Morena en febrero de este año, había utilizado un lenguaje muy similar para informar en su cuenta personal de Facebook que su visa para internarse en los Estados Unidos había sido revocada. 

El también expanista y ahijado personal y político del expresidente Felipe Calderón Hinojosa escribió el sábado 10 de mayo: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”.

Horas después, su esposa, la Gobernadora Marina Ávila, hizo lo propio: “En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.

Aunque en días posteriores la mandataria dijo que se trata de un tema administrativo, la realidad, de acuerdo a información recabada por el semanario ZETA, es distinta. Su esposo es protagonista de investigaciones, en los Estados Unidos, confirmaron las fuentes, por lavado de dinero y conspiración para la comisión de delitos, y en México, de acuerdo a una fuente de la FGR, por huachicol y defraudación fiscal, entre otras posibles faltas graves, en una carpeta de investigación que incluye su nombre y el de su hermano Luis Alfonso Torres Torres, radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

En el caso del Grupo Firme, revela una de las notas informativas sobre su ausencia del Festival La Onda en Napa Valle en California: “El Departamento de Estado ha revocado las visas a varios artistas mexicanos debido a que su música glorifica la violencia de los cárteles, eso a pesar que recientemente, Grupo Firme ha dado un paso al tomar distancia de esos contenidos en sus letras”.

Firme no fue la única agrupación que se presentaría en el Festival La Onda, a la cual le revocaron las visas. De acuerdo a organizadores del acto musical, también padecieron esa situación el grupo La Receta.

De hecho, en los últimos días, varias agrupaciones identificadas en el género Regional Mexicano han declaraDo que sus visas para trabajar o ingresar a los Estados Unidos han sido revocadas, como los cantantes Julión Álvarez, Espinoza Paz, Javier Rosas, o el legendario Lorenzo de Monteclaro.

La revocación de visas a cantantes o agrupaciones que hiciesen honor a narcotraficantes en las letras de sus canciones, ya había sido advertida por las autoridades de los Estados Unidos, cuando en aquel país, los principales cárteles mexicanos fueron catalogados como “organizaciones terroristas”.

A inicios de abril de 2025, el entonces Embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, y hoy Subsecretario de Estado de la Unión Americana, advirtió: “En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”.

Se refería a lo que había informado en su cuenta de X: “Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda”, en relación al grupo Los Alegres del Barranco, quienes unos días antes, en marzo de este 2025, habían hecho un homenaje en uno de sus conciertos en Jalisco, a Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien no sólo habían cantado una canción con letra inspirada en su persona, sino exhibido una producción de video con las imágenes públicas del capo impune en México, pero buscado en los Estados Unidos.

Días después del retiro de las visas estadounidenses al grupo Los Alegres del Barranco, Eduin Caz, el cantante principal de Grupo Firme, quien ha aparecido en videos con la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila, e incluso en imágenes con la Presidenta de México (y la mandataria de BC), Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ya no cantarían narcocorridos, a pesar de ser, justificó, “historias ficticias”; pero ese compromiso no fue suficiente para que los Estados Unidos le mantuviera las visas a la agrupación, quienes ahora, como la Gobernadora Ávila, no pueden cruzar la frontera hacia la Unión Americana.

Los cantantes de “regional mexicano” hoy en día no tienen nada que ver con aquellos que representaron al género en la época del cine de oro en México, José Alfredo García, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, entre otros. Ahora, los exponentes de moda están en la mira del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la asociación que tienen, a través de sus canciones, con lo que del otro lado de la frontera clasificaron como “organizaciones terroristas”, y en México se les identifica como cárteles de la droga, que en territorio nacional siguen en la impunidad, y siendo glorificados a través de una música que se ha vuelto popular en el país y en el mundo por razones equivocadas.

Con informacion: Adela Navarro/SIN EMBARGO

EL “REY del BURDEL”: EX-AGENTE de INTELIGENCIA ARGENTINO CONSTRUYÓ IMPERIO CRIMINAL en CANCUN RODEADO de VIDA de LUJO aparentando LEGALIDAD”…Mexico ofrece el ecosistéma perfecto al crimen.


En el corazón de Cancún, entre lujosos resorts y playas turquesa, se escondió durante más de 15 años una red de esclavitud sexual dirigida por el exagente de inteligencia argentino Raúl Luis Martins Coggiola. Bajo la fachada de empresario hotelero respetable, Martins construyó un imperio criminal mientras aparentaba una vida de lujo y legalidad.

De la inteligencia argentina al paraíso mexicano

Martins Coggiola fue miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado Argentino entre 1974 y 1987, participando en la llamada “desperonización” del país. En 2002, se mudó a México, donde inició una nueva vida y, amparado en su experiencia y conexiones, logró camuflar actividades ilícitas detrás de centros nocturnos como The One, The Open y Divas Mix Sky.

El operativo y la caída

A los 70 años, Martins fue arrestado en octubre de 2019 por agentes de la Policía Federal y funcionarios de migración. El operativo fue discreto, pero marcó el fin de una farsa que había durado más de una década. Su detención evidenció la sofisticación de su disfraz: vestimenta sobria, accesorios discretos y una imagen de empresario exitoso.

Una empresa hecha para el crimen

La clave de su éxito fue la constitución de la empresa Turística Swing, S.A. de C.V., registrada con actividades legales como compra-venta de fraccionamientos y administración de restaurantes y hoteles. Sin embargo, detrás de esa fachada, operaba una red de prostitución y trata de personas. The One, en el bulevar Kukulcán, funcionaba como centro de captación y explotación de mujeres, muchas de ellas engañadas con falsas promesas de empleo.

La estructura empresarial estaba diseñada para proteger a los involucrados y dificultar el rastreo de las autoridades. Martins era el administrador único, con poder absoluto sobre las operaciones, mientras que sus socios y apoderados legales tenían funciones limitadas o desconocían los detalles más delicados del negocio.

El papel de la familia y la denuncia clave

El caso dio un giro cuando su hija, Lorena Martins, rompió el silencio en 2019 y denunció públicamente las actividades criminales de su padre, aportando pruebas concretas y testimonios de víctimas. Su valentía permitió abrir una causa judicial que escaló hasta la Corte Suprema de Argentina y ayudó a desmantelar parte de la red. También involucró a su hermano, Mariano Julio, acusado de lavado de dinero y sometido a un proceso de extradición desde España.

“Se acercó una chica que estaba borracha y me comentó que no podía trabajar sobria debido a las condiciones […]. Otra chica se lanzó por la ventana para no sostener relaciones sexuales con un integrante de los Zetas”, relató Lorena Martins sobre los testimonios recabados.

Impunidad y silencios institucionales

A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía General de la República en México no ha dado explicaciones claras sobre cómo Martins pudo operar durante años en una de las zonas más vigiladas del país. El caso expone las debilidades estructurales de las instituciones mexicanas, que permitieron que un criminal con conocimientos de inteligencia y recursos económicos disfrazara el delito con éxito empresarial.

Hoy, Martins enfrenta un proceso de extradición mientras permanece en prisión domiciliaria por decisión de un juez mexicano, bajo el argumento de violaciones a sus derechos humanos. Su historia es un ejemplo de cómo la trata de personas puede prosperar en la sombra de la legalidad y el turismo, y de cómo la denuncia de una hija fue crucial para derribar un imperio criminal.

Con informacion: MILENIO/

“WASHINGTON FRENTE a la CORTE MORENA”: “HABLA ABOGADO de la PERCEPCION de EE.UU sobre el REMEDO de ELECCION JUDICIAL”…pero sera dificil comprender si ya decidiste no entender.


Enlazado desde Washington, el abogado internacional Eddie James Varón Levy habla con Código Magenta sobre la percepción de la Elección Judicial mexicana en Estados Unidos.

El riesgo mayor, advierte, es que la pérdida de independencia judicial en la Suprema Corte ratifique la violación del T-MEC y la ruptura de México con el sistema jurídico internacional.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

“NI GOBIERNO,NI GOBERNANZA”: LA “CETEG ACTUA CRIMINALMENTE y el GOBIERNO de SHEINBAUM también al NO CUMPLIR y HACER CUMPLIR las LEYES”…ciudadanos atrapados entre dos conductas criminales.


Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) actuando como criminales solapados por otros criminales en el gobierno, irrumpieron en instalaciones del SNTE en la Ciudad de México y Chilpancingo, donde quemaron playeras y papelería de ese gremio.

Diferencia entre Gobierno y Gobernanza

Gobierno y gobernanza son conceptos distintos pero complementarios en la administración pública y la vida política:

  • Gobierno: Se refiere a la estructura formal y las instituciones oficiales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) que tienen la autoridad legítima para tomar decisiones, legislar, implementar políticas y hacer cumplir la ley. Es el aparato estatal encargado de mantener el orden y la estabilidad social a través de mecanismos normativos y procedimientos institucionales.
  • Gobernanza: Es un concepto más amplio y dinámico que abarca no solo al gobierno, sino también la interacción y coordinación entre múltiples actores: sociedad civil, sector privado, organismos internacionales y otros. La gobernanza implica procesos colaborativos, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y la búsqueda de consensos para resolver problemas complejos. No se limita a la autoridad formal, sino que promueve la inclusión y la responsabilidad compartida en la gestión pública.
ConceptoGobiernoGobernanza
AlcanceEstructura formal, instituciones del EstadoProceso amplio, incluye actores públicos y privados
FunciónTomar decisiones, legislar, hacer cumplir la leyColaborar, coordinar, promover participación y transparencia
EnfoqueControl y administración centralizadaProcesos participativos y responsabilidad compartida

Contexto: Protestas y Violencia de la CETEG/CNTE

Durante las recientes protestas, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) irrumpieron en instalaciones del SNTE en la Ciudad de México y Chilpancingo, causando destrozos, incendiando papelería y playeras, y enfrentándose con autoridades. 

También se reportaron agresiones a la prensa y el uso de artefactos explosivos caseros en la Secretaría de Gobernación (Segob). Estas acciones han sido condenadas por la propia dirigencia de la CNTE, que se deslindó de los actos vandálicos y atribuyó la violencia a infiltrados.

Responsabilidad del Gobierno y de Claudia Sheinbaum

Desde la perspectiva del gobierno:

  • Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha reiterado que su administración no caerá en provocaciones ni usará la fuerza pública para reprimir protestas sociales, privilegiando siempre el diálogo, peor el cumplimiento de la ley no es opciónal.
  • Ha llamado públicamente a la CNTE y a los maestros a deslindarse o asumir la responsabilidad de los actos violentos, señalando que estos buscan provocar una reacción represiva para desacreditar al gobierno, de por si desacreditado.
  • El gobierno federal, a través de la Segob y la SEP, ha condenado cualquier manifestación de violencia y ha insistido en mantener el diálogo abierto como vía para resolver el conflicto, pero se ha convertido en comoplice al solaparlos.

Desde la perspectiva de la gobernanza:

  • La gobernanza exige no solo que el gobierno actúe conforme a la ley, sino que todos los actores (incluidos los sindicatos y la sociedad civil) asuman su responsabilidad en la gestión de conflictos, participen de manera constructiva y rindan cuentas por sus acciones.
  • La falta de aplicación efectiva de la ley ante actos vandálicos puede interpretarse como una falla tanto del gobierno (por no hacer valer el marco legal) como de la gobernanza (por no lograr que los actores sociales se conduzcan dentro de los límites legales y éticos).

Restregando la Responsabilidad Incumplida

Claudia Sheinbaum, como jefa del Ejecutivo federal, es la responsable directa de hacer valer la ley y garantizar el orden público. Bajo el concepto de gobierno, esto implica que debe asegurar que las instituciones actúen para prevenir y sancionar actos ilícitos, como los cometidos por la CETEG y la CNTE en las recientes protestas.

Sin embargo, al privilegiar únicamente el diálogo y rechazar el uso de la fuerza pública incluso ante hechos flagrantes de violencia y vandalismo, su administración ha dejado de cumplir plenamente con su función de gobierno: la de hacer valer la ley y proteger los derechos de terceros (como el SNTE, la prensa y la ciudadanía afectada por los disturbios).

En términos de gobernanza, la omisión del gobierno para actuar frente a la violencia erosiona la confianza en las instituciones y debilita los principios de responsabilidad y rendición de cuentas que deben regir la gestión pública. La gobernanza exige que tanto el gobierno como los actores sociales respondan por sus actos y colaboren para mantener el orden y la legalidad.

“El gobierno es la autoridad formal que debe legislar, implementar políticas y asegurar el cumplimiento de las leyes… La gobernanza enfatiza la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la inclusión en los procesos de gestión y toma de decisiones”.

En síntesis:

  • El gobierno de Sheinbaum ha sido omiso al no hacer valer la ley ante actos vandálicos, incumpliendo su responsabilidad institucional.
  • La gobernanza se ve debilitada porque ni el gobierno ni los actores sociales asumen plenamente su responsabilidad para mantener el orden y la legalidad.
  • La presidenta no solo debe llamar al diálogo, sino también garantizar que la ley se aplique y que los responsables de actos violentos rindan cuentas, para evitar la impunidad y fortalecer la gobernanza democrática.

Esta omisión es la que debe restregarse: la responsabilidad incumplida de quien, por mandato constitucional y por principios de gobernanza, está obligada a hacer valer la ley y proteger el interés público.

Con informacion: ELNORTE/

“PALO a MEXICO y FUE 9-0”: “SUPREMA CORTE FALLA en contra de DEMANDA Vs. ARMERIAS de EE.UU por DEFENDER POSTURAS MAS ILUSAS que TONTAS”…mero romanticismo carente de inteligencia jurídica.


La Suprema Corte de Estados Unidos impidió este jueves que dos empresas estadounidenses de armas sean demandadas por el Gobierno de México, que las acusó de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga y de alimentar la violencia armada en el país.

En un fallo de 9-0, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda contra el fabricante de armas de fuego Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms. El tribunal de primera instancia había considerado plausible el argumento de México de que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando a su Gobierno.

¿Por qué la defensa de México fue más ilusa que tonta?

La defensa de México ante la Suprema Corte de Estados Unidos en la demanda contra los fabricantes de armas estadounidenses puede calificarse como “ilusoria más que tonta” por varias razones jurídicas y estratégicas que se desprenden tanto del fallo como de la argumentación de las partes.

1. Marco legal estadounidense: un muro casi infranqueable

La defensa de México fue más ilusa que tonta, un tanto ingenua y carente de expectativas poco realistas frente a la realidad jurídica de Estados Unidos.


1. Comprensión del contexto legal estadounidense

Los abogados del gobierno sabían perfectamente a qué se enfrentaban. La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) es clara y fue creada precisamente para blindar a los fabricantes y distribuidores de armas contra demandas civiles por el uso criminal de sus productos. Pretender que la Suprema Corte de Estados Unidos haría una excepción significativa a esta ley era, más bien, una apuesta arriesgada y optimista, más cercana a la ilusión que la “tontejez mental”.

2. Estrategia con valor simbólico, pero poco sustento práctico

La demanda de México tuvo un fuerte valor simbólico y mediático: buscaba llamar la atención internacional sobre la responsabilidad de la industria armamentista en la violencia mexicana. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la estrategia se sustentó en argumentos que difícilmente prosperarían bajo las reglas estadounidenses. No fue un error elemental, sino una esperanza de que la presión política y social pudiera influir en la interpretación de la ley.

3. Falta de pruebas directas: un obstáculo insalvable

México intentó demostrar que las empresas armamentistas sabían o debían saber que sus armas terminarían en manos de los cárteles, pero no pudo aportar pruebas directas de complicidad en transacciones ilegales específicas. La Corte Suprema fue tajante: sin hechos concretos, no hay caso. Esto no fue una torpeza jurídica, sino una apuesta por una interpretación amplia de la ley, que resultó demasiado optimista.

4. Ilusión de un cambio desde el exterior

La demanda reflejó la ilusión de que, desde el extranjero, se podría modificar la conducta de una industria estadounidense protegida por una legislación hecha a su medida. México, más que cometer un error de cálculo, confió en que la gravedad de la crisis de violencia y el impacto internacional del tráfico de armas podrían abrir una puerta legal que, en la práctica, estaba cerrada.

5. Conclusión

La defensa de México fue más ilusa que tonta porque partió de una esperanza legítima, pero poco realista, de que la Suprema Corte de Estados Unidos reinterpretara o flexibilizara una ley diseñada para proteger a la industria armamentista. No fue una estrategia carente de inteligencia, salvo la cognoscitiva juridica, una apuesta política con escasas probabilidades de éxito real, pero con gran valor simbólico y mediático que no se adelanto a que iba ser una perdida de tiempo y dinero que pagan contribuyentes igual de ilusos.


Con informacion: ELNORTE/

ES “INSULTANTE y NO FUE el PUEBLO”:”MINISTROS y MAGISTRADOS QUEDARAN ATORNILLADOS a las SILLAS hasta por 15 AÑOS”…ese es el parche que necesita la Constitucion “multiparchada”.


Resulta insultante que en nombre del “Pueblo”, ya hay quienes ocuparan cargos vitalicios o de larguísima duración en la Suprema Corte y otros órganos judiciales.

¿De verdad fue el pueblo quien eligió a Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos o a los nuevos magistrados y ministras que estarán hasta 2036, 2039 o incluso más allá? La respuesta es clara: no. El pueblo no los eligió, ni tuvo voz ni voto real en estos nombramientos.

Un Poder Judicial cada vez más lejano

Las designaciones recientes, con cargos de 9, 15 años o más, consolidan un Poder Judicial cada vez más alejado de la ciudadanía. Se perpetúan figuras, se cierran espacios a la alternancia y se blindan intereses de grupo bajo el disfraz de la “imparcialidad” y la “independencia”. 

¿Dónde quedará la justicia para el ciudadano común ¿A quién rinden cuentas estos funcionarios que, una vez nombrados, sólo responderan a quienes los pusieron ahí?

Una conducta poco justiciera

Esta conducta es todo menos justiciera. Es, en realidad, una traición al espíritu democrático. Convertir los cargos en feudos personales o de grupo es negar la posibilidad de una justicia dinámica, renovada y, sobre todo, cercana a la sociedad. Hoy, la Corte y los tribunales parecen más un club cerrado que un espacio de defensa de los derechos del pueblo.

¿Se los agradecemos al pueblo?

No, no es el pueblo a quien se le debe agradecer, sino al fraude enmascarado de pueblo en una evidente farsa democrática sin legitimidad social. Los nuevos ministros y magistrados deben al menos, reconocer que su legitimidad está en entredicho. Y que, mientras no haya mecanismos reales de participación y rendición de cuentas, su permanencia prolongada será vista como un síntoma de un sistema que prefiere la comodidad del poder a la incomodidad de la justicia.

Los Ministros de la Corte recién electos estarán entre 9 y 15 años en el cargo. Los Magistrados del Tribunal de Disciplina entre 5 y 8 años.

Con informacion: ELNORTE/

“5 o 10 PLOMAZOS y HUYERON”: “EJECUTORES LLEGARON a MASACRAR a DOMICILIO EX-CANDIDATO de MORENA con EXITOSA TACTICA COLOMBIANA de la REINA de la COCAINA”…y el capo Pablo Escobar.


Máximo Oscar Luna Capilla, director de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (Cecyte) y ex candidato de Morena , fue asesinado a balazos este miércoles frente a su vivienda en el Municipio de San Pablo del Monte.

Máximo Óscar era partidario de Morena y en 2021 contendió por la “Cuarta Transformación” por el Ayuntamiento de San Pablo del Monte, y en 2024 fue aspirante a diputado local.

El hecho

  • Máximo Oscar Luna Capilla fue asesinado la mañana del miércoles 4 de junio de 2025, alrededor de las 7:00 horas, frente a su domicilio en la calle Morelos Norte, esquina con Melchor Ocampo, barrio de San Cosme, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
  • El ataque fue directo: dos sujetos a bordo de una motocicleta negra con detalles naranjas lo interceptaron cuando descendía de su vehículo y le dispararon a quemarropa en al menos cinco ocasiones, aunque algunos medios reportan hasta diez disparos.
  • Los agresores huyeron por la Vía Corta Chiautempan-Puebla y, pese a la activación de un operativo policial, no han sido detenidos.

Reacción de autoridades

  • La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y peritos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron al lugar para recabar evidencias y levantar el cuerpo, iniciando la carpeta de investigación correspondiente.
  • Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron la zona.
  • Hasta el momento, la FGJE no ha emitido información oficial sobre los responsables ni avances en las investigaciones

Contexto político y trayectoria

  • Luna Capilla, de aproximadamente 55 años, era una figura activa en la política local: fue candidato a la presidencia municipal de San Pablo del Monte en 2021 por Morena y aspirante a diputado local en 2024 por el mismo partido.
  • Previamente, militó en el Partido del Trabajo (PT) y en el PRD, siendo dos veces candidato a la alcaldía municipal.
  • Ejerció cargos como contralor del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) y fue Servidor de la Nación en la Secretaría del Bienestar en 2019.
  • Además de su carrera pública, era propietario de una funeraria en la región sur de Tlaxcala.

Reacciones

  • La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros (Morena) lamentó públicamente el asesinato y expresó condolencias a la familia de Luna Capilla.

Situación de seguridad

  • El asesinato ocurre en un contexto de creciente inseguridad en San Pablo del Monte. Apenas la semana pasada, el gobierno estatal asumió la seguridad del municipio mediante un mando coordinado, sin lograr contener la violencia, según medios locales.

Resumen

  • El crimen fue un ataque directo y planeado, ejecutado por dos sujetos en motocicleta. La víctima era un funcionario público con amplia trayectoria política y social en Tlaxcala, vinculado a Morena, y con antecedentes en otros partidos. Las investigaciones continúan sin detenidos ni información oficial sobre los móviles del crimen.

Puntos clave pendientes

  • No se ha informado sobre posibles móviles ni líneas de investigación.
  • No hay detenidos reportados.
  • Las autoridades estatales mantienen hermetismo sobre avances en la indagatoria.

La ejecución de Luna Capilla ha generado conmoción en la comunidad y pone de relieve los desafíos de seguridad en la región sur de Tlaxcala.

Con informacion: ELNORTE/