Este es uno de los casos más relevantes que pierde la FGR en el sexenio por actuaciones que la justicia federal califica abiertamente de "arbitrarias".
El Décimo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México concedió un amparo Juan Carlos Jenkins de Landa y el abogado Carlos Román Hernández, en el que ordena a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) archivar la carpeta de investigación.
El fallo tendrá como consecuencia que sea cancelada la vinculación a proceso dictada a los dos quejosos, quienes desde el 11 de enero pasado llevan su procedimiento en libertad por el delito de lavado de dinero.
Al mismo tiempo, también anulará las órdenes de aprehensión giradas por el mismo ilícito contra Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, quienes hasta ahora se encontraban prófugos de la justicia.
Por unanimidad, el colegiado votó en favor de un proyecto de sentencia del magistrado Carlos López Cruz, quien canceló el acuerdo dictado el 12 de junio de 2020 del entonces Subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos López, mediante el que ordenó reabrir la investigación.
Ramos, fallecido el año pasado, justificó su decisión en atención a una "vista ministerial" de sus colaboradores, en la que le informaron que el denunciante Guillermo Jenkinspretendía que le reconocieran la calidad de víctima u ofendido en este asunto ya cerrado.
El tribunal determinó que la decisión de reaperturar esta indagatoria, que había sido archivada por falta de elementos desde el 3 de mayo de 2018, es inconstitucional.
La razón es que sólo la víctima podía pedir ante un juez de control -no ante la FGR- la reapertura de la investigación y, como en este caso no lo hizo, el "carpetazo" quedó firme.
"Desde este enfoque, sin prejuzgar o analizar los hechos que motivaron esa investigación, la plasmada situación preexistente a favor de los peticionarios, fue arbitrariamente revocada por la autoridad responsable, con la posterior emisión del dictamen de 12 de junio de 2020", dice la sentencia.
"Es inexorable que como órgano técnico, en lugar de aceptar como finiquitada o concluida toda atribución persecutoria conferida en esa indagatoria, impulsara de propia autoridad su revocación y reactivación vía dictamen, reflejando un total desprecio al estado derecho, el cual como representante social, tenía el deber y obligación de respetar, por virtud de la institución a la que se pertenece y simboliza."
AntecedenteEn abril de 2014, la Fundación donó su patrimonio de 720 millones de dólares a otra llamada Bienestar para la Filantropía que operaba en Aguascalientes, la cual se dio de baja en México y trasladó su operación a Barbados.
Casi al mismo tiempo, en 2015, un despacho de abogados asesores de la familia formó en Panamá la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, que fue la beneficiaria del dinero.
Desde 2014, Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito, inició una denuncia en la Junta de Puebla y continuó los siguientes años ante diversas autoridades, incluido el SAT.
En mayo de 2018, la FGR decretó el no ejercicio de acción penal en la carpeta de investigación contra los Jenkins, quienes fueron denunciados en 2017 por Guillermo.
Pero el 12 de junio de 2020, cuando Alejandro Gertz ya era titular de la FGR, el entonces Subprocurador Juan Ramos López reabrió la carpeta y ordenó varias diligencias, entre ellas, una colaboración con Estados Unidos para obtener detalles sobre el portafolios de inversiones de la Fundación Jenkins en ese país, valuado en 228 millones de dólares.
Gertz Manero fue, hasta 2018, rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, que no está relacionada con la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), pero con la cual mantuvo durante años una fuerte disputa por la titularidad de registros marcarios.
El subprocurador Ramos, colaborador de confianza de Gertz, fue Abogado General de la UDLA de la CDMX y fungió como su apoderado durante la disputa con la UDLAP, a la que incluso denunció penalmente en 2007.
El 18 de febrero de 2021 la FGR judicializó la carpeta ante el juez de Almoloya, quien el 24 del mismo mes ordenó la aprehensión por lavado de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irízar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Los acusados alegan que FGR actuó ilegalmente al reabrir la carpeta, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales indica que, en casos de no ejercicio de acción penal, el ofendido tiene diez días para impugnar ante un Juez de Control, que es quien puede resolver si reabre el caso.
Según Guillermo Jenkins, sus hermanos se apropiaron del patrimonio de la fundación creada por su bisabuelo en 1954, mediante una donación simulada en favor de otra entidad, denominada Fundación Bienestar de Filantropía, y enviando recursos a empresas de papel en Barbados y Panamá.
Esta operación llevó al SAT a fincar a la Fundación créditos fiscales por mil 400 millones de pesos y a embargar en 2016 el campus de la UDLAP como garantía del pago de la deuda.
Los Jenkins han negado las acusaciones y el 16 de julio de 2021, luego de la toma de la UDLAP por la policía de Puebla, notificaron su intención de presentar una demanda arbitral contra el Estado Mexicano para reclamar indemnización por "cientos de millones de dólares".
