Después de la desaparición de un familiar, la vida cambia completamente. Hay un dolor profundo en el corazón que nos mueve a hacer cosas que nunca habíamos pensado, como dedicarnos a buscar a los seres queridos que nos faltan. Nos dimos cuenta de que si no les buscamos nosotras, no les busca nadie.
Es irónico, de pronto te emociona encontrar un cuerpo, una bolsa con restos. Esto es algo que no se puede comprender, pero nos llena, nos alegra, porque si bien aún no hemos encontrado a nuestros familiares desaparecidos, sí hemos podido ayudar a muchas otras buscadoras a encontrar a sus seres queridos.
No tenemos un salario, no contamos con el equipo ni las herramientas adecuadas para hacer la búsqueda, muchas veces no tenemos bloqueador solar ni agua. Al final, este es un trabajo desde el amor. Un trabajo que también es muy peligroso. Hemos sufrido asesinatos y desapariciones de compañeras, nos han dejado carteles con amenazas, han ponchado las llantas de los coches, recibimos amenazas a través de la página web de la colectiva, incluso hemos tenido que correr al encontrarnos a grupos armados durante nuestras acciones de búsqueda.
La respuesta de las autoridades ha sido decepcionante. No buscan bien a nuestros familiares, no nos protegen e incluso han iniciado procesos penales en nuestra contra. El 10 de julio de 2020, nos unimos 40 familias en una protesta contra la designación de un nuevo comisionado de búsqueda en Guanajuato. El funcionario no tenía experiencia en búsquedas, era administrador de empresas y sabíamos que no nos ayudaría. Entonces, salimos con nuestras lonas en las manos, gritando que necesitábamos encontrar a nuestros familiares, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
La mayoría de quienes protestamos éramos mujeres, había personas mayores de edad, mujeres embarazadas e infancias, que solo queríamos gritar, nada más. En los videos que se grabaron nos vemos aparentemente muy valientes, pero cuando estuvimos al frente de unos 40 policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) con sus cascos y equipo, la verdad es que nos dio un montón de miedo. Nos empezaron a aventar cobardemente, incluida a una señora mayor que busca a su hijo. La gente lloraba. Fuimos detenidas por policías de la FSPE, porque en medio del alboroto alzamos la voz, porque dijimos que no nos parecía que nos arrebataran las lonas de nuestros desaparecidos y las pisotearan, porque les dijimos que le bajaran a su violencia. Nos rodearon, nos jalonearon y nos subieron a una camioneta. Fue tan absurdo que incluso se llevaron detenido al representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al que soltaron en cuanto se dieron cuenta de dónde trabajaba.
¿Qué delito estábamos cometiendo? ¿Buscar a nuestros familiares? ¿Es delito salir a gritar a las calles? Nos llevaron a una celda, íbamos llorando, con impotencia, con mucho dolor, con mucho enojo. No dijeron a dónde nos llevaban y pensamos que, tal vez, nos iban a desaparecer. Estuvimos detenidas al menos siete horas, nos tomaron fotos y no nos explicaron nada, ni nuestros derechos. Tampoco dijeron que nos habían iniciado un proceso penal. Después supimos que la acusación era por lesiones, por haber golpeado policías, cosa que nunca pasó.
Algunas hasta llegamos a creer que la manifestación estuvo mal. Mucho tiempo después entendimos que es nuestro derecho, y que nuestra acción de salir y gritar es también el derecho de nuestras personas desaparecidas. Ahora ya no nos han callado. Poco después de esos hechos, escuchamos las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública que decía que “Guanajuato no se puede convertir en un manifestódromo”. Nos indignó mucho, lo cierto es que no tendríamos que salir a gritar si hicieran las cosas bien, si no hubiera inseguridad, si no hubiera desapariciones ni feminicidios.
No fuimos procesadas gracias a toda la presión que hubo en nuestro caso, pero ahora queremos justicia y que otras personas no vivan lo que hemos pasado. Denunciamos a los policías que nos detuvieron, tanto penalmente como ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), pero como ya sabemos, el sistema de justicia no nos ha favorecido. La jueza que atendió nuestro caso decidió no sancionar a los policías e incluso dijo que es permisible que se disuelvan manifestaciones así. Ahora estamos en un juicio de amparo esperando revertir esa decisión. Además, la PRODHEG notificó el cierre de nuestra queja sobre violaciones a derechos humanos con el argumento de que las autoridades ya cumplieron.
No estamos conformes, no han cumplido en nada. Nos gustaría al menos un reconocimiento, una disculpa. Un “sabes qué, la regué, sabes qué, yo no debo decirte que no te puedes manifestar”. Es duro saber que no se busca a las personas desaparecidas y tampoco se inician procesos para saber qué les pasó a nuestros familiares y que, en cambio, nos persiguen a nosotras. Ese proceso penal nos dio mucho miedo, no podíamos ir a las búsquedas en Guanajuato porque pensábamos que nos iban a detener. Veíamos una patrulla y huíamos, volteábamos a todos lados todo el tiempo. Las dos perdimos nuestros trabajos, porque se veía mal que tuviéramos un proceso penal.
A pesar de todo, es más el amor que el miedo, aquí seguimos, y no dejaremos de buscar, necesitamos encontrarles. Tampoco podemos olvidar que es nuestro derecho y nuestra obligación levantar la voz cuando las cosas no están bien. Si lo que querían era callarnos les falló la estrategia. Ahora somos más fuertes y gritaremos todas las veces que sea necesario el nombre de las personas desaparecidas para que jamás sean olvidadas.
fuente.-Karla Martinez / Veronica Duran Lara/
Elpais