Ya para nadie es un secreto la rivalidad existente ente el Senador Jose Ramon Gomez Leal (...cuñado de Cabeza de Vaca) y los "Americos" que cogobiernan Tamaulipas de la mano del "crimen políticamente organizado", que en esta próxima elección de 2024 le harán saber al pueblo Tamaulipeco de lo que realmente estan hechos, de podredumbre y complicidad,pues se preparan otra vez para entregar al Cartel del Golfo otras tantas "posiciones" politicas.
Pero no solo eso, el gobernador de Morena que recien fue descubierto incidiendo junto con el "huachicolero de cepa" y Secretario General de Gobierno,Hector Joel Villegas,alias el Calabazo, en el pleito narco que tiene en guerra a "Metros y Escorpiones" en Tamaulipas,esta articulando para tumbar a su correligionario de partido Jose Ramon Gomez Leal.
De acuerdo al trascendido,el "hauchigobernador" no desea que el famoso "JR" le hagan sombra a su hijo Americo Villarreal Santiago,alias el "Ameriquin", en la elección de la aun aparentemente lejana, gubernatura de 2028.
Por eso no es ninguna casualidad que el lider nacional de morena,Mario Delgado, recordara los senadores de su partido que, a pesar de que la ley permite que se reelijan, ninguno de los 58 que hoy conforman la bancada tiene garantizada su continuidad pues deberán atender el proceso dispuesto por el partido, el cual incluye participar en una encuesta y aunque no lo dijo,hoy por hoy es el "método preferido para tumbar prospectos al gusto".
“No, todos tienen que ir por encuesta. Ellos llegaron por encuesta. Y tienen que volver a la encuesta para mantener su escala”, subrayó Delgado en breve entrevista a su arribo a la Cámara Alta en donde sostendriá una reunión con los senadores de Morena.
“Vamos a hacer 32 encuestas para cada entidad federativa, para hombre y para mujer. Y los ganadores serán nuestros candidatos. Y quién encabeza la primera fórmula lo vamos a definir por insaculación. Se va a votar el género, si encabeza hombre o encabeza mujer, la primera fórmula”, detalló.
Al término de la reunión, Delgado reveló que la única ventaja que tendrán los senadores en funciones con respecto a los cuadros que se inscriban para participar en el proceso de elección es que podrán ser inscritos en la encuesta de forma directa.
Se prevé que a más tardar el próximo 15 de diciembre se tengan todas las candidaturas al Senado definidas.
Premio de consolación
En las nueve entidades en donde el próximo año habrá elección para elegir gobernadores y persona titular de la Jefatura de Gobierno el proceso será distinto, pues la fórmula de esas entidades será encabezada por los aspirantes a las candidaturas que, aunque hayan ganado la encuesta deban ceder la candidatura para cumplir con la paridad de género o bien, hayan quedado posicionados en el segundo lugar de la encuesta y decidan continuar su carrera en el Senado.
Un acuerdo que Delgado anticipó estará publicado la Comisión Nacional Electoral de Morena luego de que ayer se aprobara.
La selección de los plurinominales, dijo, se hará por tómbola, tal y como se ha llevado a cabo en los procesos electorales pasados.
Los senadores que busquen reelegirse en el Senado -y sin importar el proceso paralelo que lleva a cabo Morena- tienen hasta este 19 de noviembre para notificar a la mesa directiva su intención de buscar la ratificación del cargo.
De acuerdo con la convocatoria publicada por Morena el 27 de octubre pasado, los interesados debieron completar vía electrónica su registro entre el 1 y el 3 de noviembre.
En caso de quienes aspiren a una diputación o senaduría por la vía plurinominal, deberán registrarse del 20 al 25 de noviembre próximo. El género que encabece las listas se definirá por insaculación.
Una vez cerrado el periodo de inscripción, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena aprobará un máximo de cuatro registros por candidatura y someterá a los aspirantes a una encuesta que contará con dos sondeos espejos.
La aparición de narcotraficantes como Jesús Reynaldo Zambada García, el Rey, y Dámaso López Serrano el Minilic, dando entrevistas a locutores y periodistas, muestran cómo verdaderamente funciona el sistema de justicia estadounidense, pues de estar entre los más buscados, hoy ambos narcotraficantes trabajan y caminan libres por las calles de Estados Unidos, bajo la etiqueta de estar en libertad condicional.
Luis Astorga, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que para Estados Unidos existen casos más importantes, emblemáticos y mediáticos, que los casos de Zambada García y el Minilic, que no representaban los trofeos que otros narcotraficantes son para ese país.
“Algunos de esos casos nunca serán liberados, otros sí, si es que después de muchos años su información que dieron fue rentable; y los menos sin duda saldrán en poco tiempo, claro, siempre y cuando sus testimonios sean sólidos para hundir a narcotraficantes que sin duda serán los trofeos mayores”, dijo Astorga, refiriéndose a Joaquín, el Chapo Guzmán y sus hijos, quienes, en opinión de otros analistas, representan una medalla política para funcionarios estadounidenses.
Hace dos semanas, López Serrano otorgó entrevistas por separado a los periodistas Anabel Hernández y Luis Chaparro, mientras que el Rey Zambada la ofreció al locutor Pepe Garza, durante un programa para su canal de Youtube.
Las entrevistas causaron indignación entre periodistas y analistas de seguridad que criticaron al gobierno de Estados Unidos, que siempre vendió la idea que esos narcotraficantes habían hecho mucho daño y que serían juzgados con todo el peso de la ley cuando estuvieran en su poder, para finalmente cobijarlos por colaborar con ellos, en el entendido que colaborarían para hundir a narcotraficantes de su mismo grupo que el gobierno considerara más emblemáticos.
“Es una transacción que realiza Estados Unidos con narcos, y lo hace porque son sus reglas del juego. Y son reglas que los colombianos entendieron. Ahora se abre esa posibilidad para los mexicanos. Después, ya verán si esos narcos escriben libros, corridos y viven de sus regalías”, sentenció el investigador, autor de El siglo de las drogas.
Zambada García fue detenido el 19 de octubre de 2008 en la Ciudad de México, junto con otras 15 personas. Y se le inició un primer proceso por delincuencia organizada, homicidio calificado y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Dos años después, el juzgado Quinto en materia de procesos penales federales, con sede en el Estado de México, le dictó formal prisión por otro proceso, el de la causa penal 180/2009 por delitos contra la salud, acopio de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Quedó entonces interno en el penal federal de alta seguridad de Matamoros, Tamaulipas.
Sin embargo, ambos procesos quedaron pendientes de resolución, pues en abril de 2012 fue entregado a los Estados Unidos. Conforme al tratado bilateral de extradición, Zambada García debe ser devuelto a México después de pagar sus deudas con la justicia estadounidense.
Aun cuando dichos procesos quedaron pendientes, fuentes extraoficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que el Rey Zambada no cuenta con órdenes de aprehensión en México.
El sitio de internet Búho Legal, por su parte, tampoco tiene datos en donde se muestre cargos pendientes contra del hermano menor de Ismael, el Mayo Zambada, aunque aclara el sitio de consultas legales, la posibilidad que su defensa solicitara al juez mantener su nombre en privado.
“Hay ocasiones que ocurre, pero en este caso no podemos saber si el caso de esta persona se mantuvo confidencial, o si en verdad nunca hubo una acusación en su contra por parte de las autoridades federales del país”, dijo un vocero de Búho Legal.
El caso del Minilic es diferente, porque el narcotraficante es acusado de ser el asesino intelectual del periodista Javier Valdez Cárdenas, y existe una solicitud de extradición en su contra que el gobierno de Estados Unidos se niega a atender, debido a que López Serrano sigue colaborando como informante con el gobierno de ese país.
Querían matarme
Durante la entrevista con Pepe Garza, Zambada García, reconoció haber sido uno de los jefes de la facción que comanda su hermano Ismael, pero que tras 12 años de prisión, un buen comportamiento, y haber colaborado con el gobierno de Estados Unidos, hoy se encuentra en libertad condicional “trabajando honradamente”, pero sin precisar qué hace.
“Yo ya no quiero volver a México, porque si lo hago, volvería a lo mismo. Y la realidad es que la vida en la prisión es muy dura. Si nunca alguien la ha vivido, pues no concientiza cómo es. Pero yo sí, porque fueron 12 años los que pasé ahí, y no quiero volver ni un día”, dijo Zambada García, durante una entrevista que se extendió por una hora 20 minutos, y donde habló sobre su intención de convertirse en cantautor.
Vestido con un sobrero tipo Porkpie color gris, camisa azul rey, y un collar de donde pendía una figura de la Santa Muerte, Zambada García reconoció que la noche de su arresto, en la Ciudad de México, en realidad iban a matarlo, pues tras los primeros disparos de un convoy de elementos de la Siedo que trataba de entrar a su domicilio, él reconoció a Sergio Villarreal Barragán, el Grande, entre los soldados, por lo que rápido trató de ponerse a salvo.
“Mi detención era más bien un intento de homicidio. Me iban a matar. Ellos nunca llegaron a identificarse como gobierno, ni mostraron una orden de aprehensión, sino que llegaron echando bala, a diestra y siniestra, porque lo que querían era matarme”, recuerda el otrora narcotraficante.
Agrega: “Y yo me di cuenta y la verdad es que actué fríamente, y cuando miré que con ellos venía gente de Arturo (Beltrán Leyva), y cómo no oba a reconocer al Grande, rápido pedí ayuda a la policía municipal del lugar, y por eso no me mataron”.
El relato de Zambada García coincide con el testimonio que dio Villarreal Barragán durante el juicio contra Genaro García Luna, cuando detalla cómo participó en el operativo para detener al Rey Zambada, en octubre de 2008.
“Por órdenes de Arturo Beltrán Leyva me infiltré con otros sicarios, con agentes de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) para capturar al hermano de Ismael Zambada”, dijo el Grande.
Durante ese operativo, además del Rey Zambada también fueron detenidos 15 personas más, entre ellas su hijo Jesús Zambada Reyes, de 21 años, y su sobrino Juan José Parra Zambada, el Juanjo.
Finalmente, el Rey fue detenido en ese operativo y recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya, y un año después fue extraditado a Estados Unidos donde, tras acordar colaborar con el gobierno de ese país, una sentencia que sería de 20 años, se le redujo a 12 años, gracias a buena conducta y a las negociaciones que hizo su abogado con los fiscales.
Pero no fue hasta hace un par de años, que los agentes de la prisión le dijeron que se cuidara, pues tenían información de inteligencia de que el ex secretario de Seguridad Pública lo habría mandado a matar.
“Me dijeron los agentes que tuviera cuidado porque Genaro había mandado a matarme. Es difícil saber si eso era verdad o no, pues los que realmente saben es el gobierno. Pero me aclararon que no me preocupara, pues todo estaría bien. A lo mejor me decían eso para que no me asustara”, recuerda el Rey.
Finalmente, Zambada García testificó contra García Luna, y su testimonio habría contribuido para hundir al ex secretario de Seguridad de por vida en la prisión.
De acuerdo al Rey, la fórmula para mantenerse alejado de los reflectores es mantener un perfil bajo, para lo cual debió de cambiarse de nombre, un nombre -explica-, que de pronto se le ocurrió.
“Todo lo que hacía era con ese nombre, y terminé yo siendo ese nombre. Tenía pasaporte con ese nombre, visa, border crossing, de tal manera que yo entraba a Estados Unidos cuando quería, y viajaba por Europa, Sudamérica. Por eso, cuando me capturaron, yo (como Jesús Reynaldo Zambada García) no tenía ni siquiera una infracción de tránsito”, señala el narcotraficante.
Basta un correo falso y un tutorial en internet para lograr que una aeronave tripulada a distancia pueda sobrevolar una instalación estratégica sin ser detectada, o para provocar un ataque con explosivos que cause un gran número de víctimas. Esta es la magnitud del riesgo que amenaza la seguridad de México debido al uso “terrorista” de drones.
La constante evolución de esta tecnología de origen militar ha logrado importantes avances en aplicaciones que incluyen operaciones de búsqueda y rescate; vigilancia y rastreo; fotogrametría para proyectos de infraestructura, planificación aeroportuaria o proyectos de desarrollo agropecuario y hasta prevención de incendios; mantenimiento y construcción de obras y traslado de mercancías, entre muchas más.
Sin embargo, el uso bélico de ejércitos y ministerios de defensa alrededor del mundo ha sido también la puerta de entrada para que, en el caso de México, drones comerciales, adquiridos en tiendas departamentales o compañías especializadas por un precio de cinco a 30 mil pesos pueda ser utilizado por los grupos de la delincuencia organizada, no sólo para cometer delitos sino para ampliar sus capacidades.
La amenaza de estos artefactos con fines criminales no es nueva en México, pues crece aceleradamente. Ahora, la guerra en Oriente Medio da una nueva dimensión del impacto de estos equipos: Hamás venció el pasado sábado 7 de octubre al sistema de seguridad israelí, al usar cohetes dirigidos, francotiradores excavadoras y drones con explosivos que inhabilitaron zonas de reacción.
Según informes de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional obtenidos por ejecentral a través de solicitudes de transparencia, el aseguramiento de estos drones ha experimentado un auge durante la actual administración, aunque los antecedentes del uso ilícito de drones, especialmente para el trasiego de drogas, se remontan al menos a 2017. Frente al creciente uso delictivo de los drones, especialmente cargados con explosivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una iniciativa para endurecer su regulación y establecer sanciones más severas para aquellos que utilicen estas aeronaves no tripuladas con el fin de generar terror en la población.
“Frente a la ausencia de una legislación adecuada, el crimen organizado ya está utilizando tecnologías que no están diseñadas para eventos de esta naturaleza, pero que las articula en prácticas de carácter terrorista para afectar, no sólo a sus enemigos en la disputa del trasiego de drogas, sino para afectar comunidades”, aseveró Luis Miguel Dena, experto en gestión de riesgos, compliance y ciberinteligencia.
Accesibles y peligrosos
Si bien hoy en día cualquier persona puede adquirir algún tipo de dron comercial (de casi dos kilogramos) para fines recreativos, sólo necesita una cuenta de correo electrónico para activarlo; en el caso de modelos que pueden ir de dos hasta 25 kilogramos de peso de despegue, que incluyen drones micro, mini o pequeños y grandes, se requiere una licencia y certificación como piloto de sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS por sus siglas en inglés), según establece la Norma Oficial Mexicana nom-107-sct3-2019.
Según Gerardo Miranda, fotógrafo y piloto de drones certificado, para obtener la licencia para operar estas aeronaves en el espacio aéreo mexicano que emite la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, son necesarios conocimientos y la capacitación a la altura de cualquier piloto aviador.
Este es un proceso de más de nueve meses. Acreditar exámenes antidoping, psicológicos o motrices, entre otros; y el pago de una licencia de alrededor de 80 mil pesos, es parte de las certificaciones que debe cubrir un piloto para desbloquear el uso de drones con mayores capacidades, explicó.
Lo importante, dijo Miranda, “es estar consciente de las responsabilidades y riesgos que implica manejar estas aeronaves”, pues los drones comerciales del tipo recreativo o semiprofesional con cierta capacidad de carga son utilizados por grupos delictivos para sus intereses.
Y es que por su trabajo, que desarrolla desde hace más de 10 años, está obligado a conocer a detalle las características de cada dron, además de estar informado sobre las disposiciones legales de cada país y los usos, legales o no, en el mundo.
“Drones de carga, como son los F800 y el TS1000 de la empresa DJI, –la marca más popular actualmente a nivel mundial–, que se ocupan para traficar droga en las fronteras, es el primer antecedente de la utilización de esos equipos para cometer delitos. Más adelante los cárteles usan los drones agregándoles o modificándolos con accesorios para soltar cualquier elemento a través de un mando a distancia”, detalló el piloto.
Miranda añadió: “Cuando hablamos de terrorismo”, drones para uso recreativo o semi-profesional con cierta tolerancia de carga como pueden ser de la serie Mavic-DJI o un Phantom-DJI, que se utilizan para aplicaciones cinematográficas e industriales, por sus características pueden ser utilizados para ataques, e incluso llegan a ser “sacrificados” como drones kamikaze.
Le colocan el explosivo o una carga de 200 gramos de dinamita, buscan el objetivo y hacen su posicionamiento con ayuda de las cámaras, viran en ángulo cenital y apagan en ese punto y el dron se desploma”, detalló el experto sobre la manera en que los delincuentes han usado los aparatos, incluso de manera autodestructiva; sin embargo, refirió que por el elevado costo que esto implica suelen habilitarlos para activar la descarga en el punto indicado.
Además de las modificaciones que artesanalmente hacen los criminales para cargar con explosivos o dinamita los drones, el fotógrafo de estructuras, paisaje, Street y conceptual, alertó sobre el hackeo que hacen a los equipos para conseguir que sobrevuelen en cualquier espacio, incluyendo las zonas restringidas, como lo son instalaciones estratégicas, como aeropuertos, helipuertos, instituciones de gobierno y militares.
“Hay tutoriales en YouTube para desbloquear un dron que se puede comprar en una tienda departamental para volar en infraestructuras federales y estratégicas que impiden el despegue o limita la altura del vuelo de los drones según su ubicación, para lo cual se ocupan por lo menos tres satélites para triangular la ubicación precisa, y el dron no prende o se apaga. Eso está sucediendo”, advirtió Miranda.
Una alerta en crecimiento
Una nota táctica publicada en el Small Wars Journal (SWJ), revista estadounidense enfocada en conflictos bélicos, operaciones militares y contrainsurgencia, registró el ataque en contra del entonces secretario de Seguridad Pública de Baja California, Gerardo Sosa Olachea, cuando el 10 de julio de 2018 dos drones irrumpieron en su contra, uno de ellos estaba cargado con granadas y logró aterrizar en su casa, pero no pudieron ser detonadas.
Un año antes, en octubre de 2017, en un operativo en contra de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato, fuerzas de seguridad aseguraron un dron armado con explosivos de fabricación casera, indica la publicación del SWJ, como parte de los antecedentes sobre el uso criminal, por parte de los grupos de traficantes, de la tecnología de drones.
Información obtenida por transparencia respecto al número de aeronaves pilotadas a distancia y aseguradas por elementos de las Fuerzas Armadas desde 2012 a la fecha, da cuenta de que no fue sino hasta 2019 cuando se registró la detección y decomiso de estos artefactos, que se ha focalizado en la región de Tierra Caliente en Michoacán, donde el Ejército ha asegurado más de 60% de los drones usados con fines delictivos.
En respuesta a la solicitud de información 330026423002663, hecha por este periódico, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que de 2019 a julio de 2023, personal castrense aseguró 30 drones. El primer caso que refiere el documento oficial ocurrió el 7 de febrero de 2019 en Ensenada, Baja California, y dio lugar a una serie de aseguramientos que en total arrojaron la captura de 29 personas. Desde entonces ahora, se puede observar su rápida evolución en cuatro años.
Si bien el aseguramiento de estas aeronaves en ese lapso se registró en ocho entidades: Baja California, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas, Hidalgo, Jalisco y Michoacán, en territorio michoacano, y en particular en el municipios de la región de Tierra Caliente –donde hay una pugna entre el CJNG y organizaciones rivales como Los Viagras–, se ha focalizado el aseguramiento de la mayoría de estos artefactos. Justo en esa región, entre octubre de 2021 y marzo de 2023, personal del Ejército aseguró 19 drones, es decir, uno por mes en promedio.
Del universo total de decomisos de estos artefactos, en dicha zona se ha dado más del 60% de los aseguramientos a nivel nacional, 12 de los cuales fueron ubicados en el municipio de Tepalcatepec, donde se ha focalizado la mayoría de los ataques con drones. En Aguililla se aseguraron dos drones más, mientras que en Tumbiscatío se aseguraron a tres personas con igual número de drones; y en Apatzingán Cotija se aseguró uno de estos artefactos en cada localidad, pero en ninguno se detuvo a los probables infractores.
Ese es el universo de equipos no tripulados que han sido capturados por las autoridades; sin embargo hay muchos otros que no han podido ser ni asegurados ni destruidos, lo que explica la suma de ataques perpetrados que, sólo lo que va de este 2023 ya registran más de 250 ataques de este tipo en Michoacán, es decir, un ataque por día en promedio.
De como comenzó la incursión de los ataques con drones a la fecha se puede observar con lo que ocurrió a inicios de octubre de este 2023, cuando después de un operativo de fuerzas federales y estatales en el municipio de Buenavista fueron detenidos ocho personas de origen colombiano que habían sido contratados por el grupo criminal identificado como Los Viagras para la fabricación de explosivos y drones armados para utilizarlos en contra de sus rivales y las comunidades, de acuerdo con las autoridades.
En otros lugares donde la Sedena también detuvo a personas en posesión de estos drones fue en Tecate, Baja California, donde un sujeto fue aprehendido con dos aeronaves; en Frontera Comalapa, Chiapas; y en Matamoros, Tamaulipas registraron tres y dos aprehensiones, respectivamente.
Algo que destaca es que el mayor número de detenciones, 20 en total, ocurrieron a finales de marzo del año pasado en Irapuato, Guanajuato, donde un operativo del Ejército y fuerzas de seguridad estatales lograron desarticular una célula delictiva a quienes aseguraron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cartuchos útiles, explosivos, y diverso equipo incluyendo un dron táctico.
En el caso de los aseguramientos realizados por la Guardia Nacional, la corporación informó, en respuesta a la solicitud de transparencia, que tras una “búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida”, en el tiempo que lleva en operaciones sólo ha asegurado dos drones, ambos confiscados en 2020, Chihuahua y Oaxaca.
La Secretaría de Marina se limitó a responder con el enlace de un boletín de prensa (https://www.gob.mx/semar/prensa/semar-informa-localizacion-de-dos-personas- que-fueron-privadas-de-su-libertad-y-la-detencion-de-17-presuntos-trasgresores-de-la- ley-colima?idiom=es). Sin embargo, debido al mantenimiento que el gobierno federal realiza a sus sitios en internet, su consulta hasta el cierre de esta edición no estaba disponible.
¡Alerta de seguridad!
Bajo la vinculación que las instituciones del Estado mexicano hacen entre los conceptos de desarrollo y seguridad nacionales, el hecho de que estos drones están siendo utilizados por la delincuencia organizada no sólo para fortalecer sus capacidades, sino para incrementar su capacidad de fuego, y en consecuencia el nivel de violencia a expensas de la población.
Para Jonathan Maza, asesor estratégico y consultor internacional, esa situación refleja ya un “riesgo a la seguridad nacional”, que amerite que el uso de tecnologías, incluyendo drones, sean considerados, al igual que la adquisición de armas y el lavado de activos, como una herramienta primordial del crimen organizado para aumentar sus capacidades logísticas y operativas.
Sobre ese punto el egresado de la maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional señaló que el hecho de que ejércitos y ministerios de defensa utilicen los drones militares, la mayoría de ellos fabricados en países como China, Estados Unidos, Rusia y Turquía, en guerras convencionales como el conflicto en Ucrania, “puede abrir la puerta a un mercado negro, como en el caso de las armas, de drones bélicos”.
Estos dispositivos, destacó, no sólo están siendo utilizados por los criminales para disparar o aventar explosivos, sino también para labores de espionaje, identificación de objetivos en el territorio, o para el trasiego de los cargamentos de drogas con drones capaces de trasladar hasta 100 kilogramos.
Pero refirió que “un grave problema en el país es saber cómo hacerle frente a un fenómeno de naturaleza comercial, es decir, el acceso de los drones, sobre todo de los micro y medianos que no necesitan un registro o una licencia”. Ante esto aseguró que es necesario dos aspectos fundamentales.
“Mejorar la legislación en materia del uso de estos drones, y ampliar las capacidades de la Agencia Federal de Aviación Civil AFAC para tener la suficiente capacidad de inspección de los lugares donde se pueden comercializar”, señaló el también socio fundador y director de estrategia e inteligencia en Stratop Risk Consulting.
Por el aspecto reactivo, Jonathan Maza apuntó a mejorar las capacidades de las instituciones de seguridad pública y federal “para reaccionar al uso de drones de manera ilícita con la adquisición de inhibidores de señales conocidos como jammer”, para prevenir la operación de los drones, con los cuales cuentan instituciones federales, pero no así las policías estatales y municipales.
Hoy en día hablamos de un conjunto de reformas para incluir los delitos que atenten contra la seguridad pública y la seguridad nacional, reformas al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para proveer a las instancias de seguridad los dientes necesarios para prevenir el uso ilícito de los drones, e investigar, perseguir y sancionar los delitos que se cometan con estos”, subrayó.
Ante la posibilidad de que organizaciones criminales adquieran drones bélicos o que, al igual que ocurre con los vehículos que blindan artesanalmente mejor conocidos como “monstruos”, utilicen los drones convencionales para armarlos, Maza reiteró que esto implica “un escenario de mucho mayor riesgo a la seguridad pública y a la seguridad nacional”.
Táctica de terror
Al menos un centenar de personas muertas y 300 más heridas dejó un ataque con drones contra de una academia militar en la provincia central de Homs, Siria, el pasado 5 de octubre, con víctimas del Ejército y civiles, incluyendo mujeres y niños, pues el ataque ocurrió en una ceremonia de graduación.
Según un estudio del Centro de Estudios de Disuasión Estratégica de la Fuerza Aérea, los enjambres de drones armados y autónomos (AFADS por sus siglas en inglés) pueden ser considerados como un “arma de destrucción masiva”, capaz de generar un nivel de daño a escala que atenta contra los tratados internacionales.
Para el analista Zak Kallenborn, autor del estudio publicado en mayo de 2020, es necesario diferenciar los enjambres de drones autónomos y no autónomos, al señalar que “sin plena autonomía, los enjambres de drones no deberían considerarse armas de destrucción masiva”, y que los Estados establezcan en qué casos estos enjambres pueden infringir daños masivos.
Luis Miguel Dena, experto en seguridad corporativa, sostuvo que la estrategia que los grupos del crimen organizado generan con el uso de drones, con el apoyo de la difusión de sus ataques en las redes sociales radica es que con estas “prácticas del terror” buscan debilitar el tejido social, “que no tiene la posibilidad de defensa, y de una autoridad tanto estatal como federal que tampoco tiene una articulación de defensa”.
Psicológicamente están venciendo a sus contrarios. Venciendo a la base social que por complicidad o por coincidencia pueda en un momento dado estar apoyando a un grupo distinto, y que deja a la sociedad en medio de la disputa delictiva de estas organizaciones”, subrayó.
Ante el aumento del nivel de riesgo por los constantes ataques que se están registrados en diversas partes del país con el uso de drones, fue que en agosto pasado se dio a conocer la iniciativa que envío el presidente López Obrador al Congreso para reformar las leyes a fin de fortalecer la persecución y sanción de los delitos cometidos con esta tecnología.
En la iniciativa que plantea castigar con una pena que puede ir de los 5 a los 40 años de prisión, en contra de quienes utilicen estas aeronaves operadas a distancia, la cual fue aprobada a inicios del mes en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados con mayoría de 27 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, sigue pendiente para que el dictamen sea discutido y votado en el pleno. La socialización de la tecnología va a provocar, coinciden los especialistas, la virtud del uso de esta para beneficios en muchos campos, pero también se usará para dañar.
Por eso advierten la ausencia de una regulación para ordenar el mercado de estas herramientas y, en su caso, el uso y responsabilidad de quien los tiene y los determina usar para un tema negativo, implica una mayor velocidad en el proceso legislativo para frenar que estas herramientas sean utilizadas por grupos criminales en contra de una sociedad que se muestra indefensa y cuando esto la toma como rehén. De allí que regular su uso, compra, importación y comercio, aseguraron, es sustancial y urgente.
Para Luis Miguel Dena, la ausencia de esta regulación al mercado es urgente, pues “¿quién los importa, quién los distribuye, a quiénes lo hacen? Cuando esta tecnología se socializa mucho más, se genera un descontrol que aprovechan los grupos criminales, (pero) vemos ejercicios de legislación para inteligencia artificial, una veintena de iniciativas de la Ley General de Ciberseguridad, pero no tenemos nada concreto”, insistió.
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Fuerza Aérea Mexicana (Cidtfa) diseñó y construyó un Sistema Aéreo No Tripulado (SANT) para adiestramiento. Se trata de un trabajo en colaboración con la Universidad Aeronáutica en Querétaro, el Centro de Investigaciones en Óptica, y con el apoyo de instituciones educativas de nivel superior públicas aledañas a la Base Aérea Militar No. 1.
Este trabajo conjunto genera una base de conocimiento que permite contar de manera inicial con un sistema para adiestramiento y —a mediano plazo— con la implementación de una línea/base tecnológica en materia de aeronaves no tripuladas que impulse desarrollos futuros en materia aeronáutica y fomente la formación de recursos humanos altamente calificados para reducir la dependencia tecnológica con el extranjero, así como los costos de operación y mantenimiento.
Este diseño y fabricación es realizado por un equipo multidisciplinario de ingenieros y técnicos pertenecientes a la Fuerza Aérea, así como por personal de investigadores y estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Según se informó, está constituido por una aeronave fabricada en materiales compuestos, un sistema de piloto automático y su estación terrestre.
Desde el punto de vista aerodinámico, el diseño de la aeronave se realizó de acuerdo a las necesidades orográficas de México. La parte estructural y su fabricación se llevó a cabo con materiales compuestos para ventajas tales como: menor peso, mayor resistencia y fácil reemplazo de los componentes estructurales.
La estación terrena está compuesta de una computadora portátil y un software, a través de la cual se puede llevar a cabo el control de forma manual o de forma automática y por canales independientes de comunicación. Además cuenta con ayuda de sistemas de telemetría entre la estación terrena y el procesador, y de un puente digital (data link) que ingresa a la unidad de autopiloto y equipos de aviónica a bordo de la aeronave desde la estación terrestre.
El sistema de comunicaciones cuenta con un sistema secundario de enlace de radio, frecuencia hacia las superficies de control y de regreso con los datos básicos de navegación incluido video, con el propósito de tener un medio de control manual guiado por reglas visuales de vuelo independiente.
El desarrollo de un sistema aéreo no tripulado dentro del Instituto Armado ha significado innovación, a bajo costo, con la participación de diversas instituciones mediante la integración de tecnología nacional e internacional.
En junio de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó la Guardia Nacional para impedir el paso de las personas migrantes por el país, cediendo así al chantaje del entonces presidente estadunidense Donald Trump.
A partir de ese momento, el cuerpo militar se convirtió en la principal fuerza antimigrante del país; el año pasado, sus soldados detuvieron a 177 mil 166 migrantes, 432.5% más que en 2021.
Todavía el año pasado, mientras los 104 mil 207 uniformados de la Guardia Nacional capturaban a 485 migrantes por día, detuvo a 2 mil 814 personas por su presunta participación en diversos delitos –principalmente robo y narcomenudeo–,59.9% menos que el año anterior, de acuerdo con un informe que dio a conocer hoy el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Los datos del organismo autónomo muestran que la Guardia Nacional –bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– se dedica principalmente a controlar los flujos migratorios y a vigilar las carreteras, no tanto a combatir a los grupos armados que operan en el país, aunque el año pasado nueve de sus integrantes fallecieron en los 128 enfrentamientos registrados.
De hecho, mientras la Guardia Nacional cuadruplicó las detenciones de migrantes, se cayeron sus incautaciones de drogas en el país: confiscó 71 kilógramos de fentanilo –contra 168 kilogramos en 2021–, 9 toneladas de marihuana –contra más de 15 toneladas un año antes–, 712 kilogramos de metanfetaminas –contra 4.7 toneladas–, 1.3 toneladas de cocaína –contra 2.2 toneladas– y 44 kilos de amapola –contra 135 kilos–.
Según el INEGI, el año pasado la Guardia Nacional reportó la detención de 38 personas por delincuencia organizada, 126 por robo de combustible, 166 por tráfico de drogas, y 440 por posesión de armas; también decomisó 90 mil 332 objetos, incluyendo mil 424 armas de fuego –862 largas y 562 cortas– y 4 mil 604 vehículos.
La Guardia Nacional y el muro de Trump
Desde antes de su creación, en enero de 2019, la Guardia Nacional era presentada por López Obrador como la pieza clave de la nueva política de seguridad de México.
Fundada como un cuerpo civil adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional sustituyó a la Policía Federal (PF) en la tarea de prevenir y combatir los delitos en el país.
Sin embargo, en junio de 2019, ante el incremento de llegadas de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos, Trump amagó con imponer aranceles a las importaciones de productos mexicanos para obligar el gobierno de López Obrador a cambiar su política migratoria.
El entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón viajó a Washington de urgencia y acordó con el equipo de Trump que 26 mil soldados de la Guardia Nacional vigilarían las fronteras de México para impedir el paso a los migrantes.
Acto seguido, López Obrador nombró a Francisco Garduño Yáñez al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), donde colocó a militares al frente de las delegaciones regionales.
En una suerte de mando conjunto, la Cancillería y la Sedena se hicieron cargo de la política migratoria: la primera como instancia de coordinación, y la segunda como brazo operador, lo que se confirmó con el traspaso formal de la Guardia Nacional a la Sedena, en el verano de 2022. Nunca vi a nadie doblarse tan rápido”, comentó Trump tiempo después.
Baja rendición de cuentas
Los datos del INEGI muestran que la Guardia Nacional realiza sus labores migratorias con baja rendición de cuentas, pues de las 177 mil 166 detenciones de migrantes que reportó en 2022, no especificó la entidad federativa en que se realizó la captura para 151 mil 388 registros. En otras palabras: sólo dio información sobre 15% de los arrestos; de estos, la mayoría fueron en Baja California, Nuevo León, Veracruz y Jalisco.
Según el INEGI, los soldados de la Guardia Nacional estuvieron involucrados en 128 enfrentamientos armados en 2022, principalmente en Michoacán (20), Jalisco (19), Sonora (17) y Zacatecas (14), así como en Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas (6 en cada uno); de estas balaceras resultaron 37 civiles terminaron muertos, 16 lesionados y 143 detenidos.
El organismo también recalcó que, en 2022, la Guardia Nacional recibió 4 mil 371 quejas contra sus integrantes y sancionó a 10 mil 507 de ellos.
En lo que va del año, la funcionaria ha difundido comunicados y posicionamientos para denostar la actuación del Poder Judicial, sus ministros, magistrados y jueces.
Apenas el 10 de noviembre, cinco días antes de que Ríos González fuera nominada en la terna de candidatas a la Corte, la Consejería emitió un pronunciamiento en el que acusó a jueces y magistrados del PJF de negarse a devolver los recursos públicos de 13 fideicomisos extintos para construir un fondo de ayuda para Acapulco.
También los señaló de conflicto de interés y violación al principio de imparcialidad.
En octubre, la Consejería presionó públicamente a la presidenta de la Corte, Norma Piña, para demandar que no retrasara la aplicación de la justicia en el litigio que mantenían los Gobiernos de Coahuila y Chihuahua para frenar la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP, para educación básica.
El 27 de septiembre ya había exigido a la Corte resolver a la brevedad la controversia interpuesta por las autoridades chihuahuenses.
El 18 de agosto, emitió un comunicado en el que acusó al Ministro Luis María Aguilar de cometer un atropello por ordenar la suspensión del reparto de los ejemplares.
Ese mismo mes reclamó a la Corte que confirmara la validez de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, tras denunciar que una oligarquía académica y política pretendía la nueva ley del Conhacyt “para mantener sus privilegios”.
También lanzó críticas a los Ministros, a quienes advirtió que podrían afectar los derechos de miles de burócratas, si aceptan la pretensión de “un grupo minoritario de senadores” para invalidar una reforma a la Ley del ISSSTE.
En junio, la funcionaria denunció públicamente que el proyecto de sentencia del Ministro Javier Laynez, contra el denominado Plan B o Reforma Electoral, vulneraría el principio de imparcialidad, ya que se planteaba la invalidez total del decreto, sin entrar al estudio de fondo.
Además, acusó a la Corte de poner en peligro el equilibrio entre los poderes de la unión por invalidar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas indebidas en materia de Contratación de Publicidad, impugnada por irregularidades en el proceso legislativo.
En abril, la Consejería demandó a la Corte revocar la suspensión otorgada al INE para que no entrarán en vigor las disposiciones contenidas en el llamado Plan B.
La ahora aspirante a la Corte también se ha lanzado contra de otros integrantes del Poder Judicial.
En marzo de este año, acusó a la magistrada electoral Janine Otálora de violar el artículo 17 de la Constitución por prejuzgar y anticipar públicamente su postura en favor de la permanencia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE.
Claudia Sheinbaum se ha casado este viernes con su novio de la universidad, Jesús María Tarriba.
La candidata presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha explicado que contrajeron matrimonio en “una ceremonia íntima y familiar”.
Sheinbaum había anunciado el compromiso hace exactamente un año, en una entrevista en la W Radio. Entonces dejó en el aire la fecha de la celebración, y no se supo más hasta ahora cuando difundió la noticia. “Estamos muy felices”, decía el mensaje que acompañaba en X una foto con la pareja vestida para la boda, él de traje y ella vestida de blanco, y en Instagram una imagen con las alianzas. La ex jefa de Gobierno de Ciudad de México ha compartido además retratos de ella y su ahora esposo firmando las actas del matrimonio civil.
“Les tengo una noticia”, había publicado Sheinbaum en sus redes sociales la mañana de este viernes. Al mensaje le seguía una foto de los anillos. Sin más detalle. Ya para el mediodía las especulaciones llegaron a su fin. La ex jefa de Gobierno confirmó la información en redes sociales. El equipo de la candidata ha contado a este periódico que tomaron la decisión de casarse esta misma semana, justo antes del inicio de la precampaña electoral. Y que lo llevaron a cabo en una pequeña ceremonia a mediodía, en la que participaron solo familiares de la pareja. La política lleva seis años de relación con Tarriba, un analista de riesgos económicos en el Banco de México. Se habían conocido en la universidad, donde fueron pareja durante un año y tres meses. Después, sus vidas tomaron caminos separados y no volvieron a encontrarse hasta mucho tiempo después.
Sheinbaum, que ya se encuentra en campaña para las elecciones del próximo año, había relatado los detalles de su relación sentimental en el programa radial de la conductora Martha Debayle. En esa ocasión, las dos mujeres llevaron la conversación a las dificultades que tiene una vida tan ocupada como la que tenía entonces la titular del Ejecutivo capitalino. “Yo encontré el amor, tuve mucha suerte”, reconoció entonces. Él, por su parte, contó en una entrevista en el programa El Octágono, de la cadena La Octava, que le había molestado la ruptura en la universidad. “La descuidé, la perdí y luego sí me arrepentí”, confesó.
Tarriba, de 61 años, es doctor en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al finalizar su paso por la facultad, el hombre se marchó a probar suerte en España, donde se quedó durante muchos años. Antes de volver a establecer una relación con Sheinbaum, se casó con su primera mujer y formó una carrera profesional en el sector financiero, primero en Banamex, una institución en la que trabajó como analista cuantitativo de 1994 a 1997 y luego, en el Banco Santander, en el que estuvo 16 años, como analista y jefe de modelos de riesgo.
La candidata presidencial también tuvo un primer matrimonio. En 1987, se casó con el político Carlos Imaz Gispert, quien fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática a finales de esa década y ocupó entre 2003 y 2004 el puesto de jefe delegacional de Tlalpan. Durante esa etapa, Imaz Gispert enfrentó graves acusaciones de corrupción que le forzaron a dejar su cargo a cinco meses de asumir y enfrentar a la justicia. Estuvo a punto de pisar la cárcel, pero finalmente fue exonerado. La pareja se divorció casi 30 años después de iniciar la relación, en 2016, cuando Sheinbaum trabajaba como jefa delegacional de Tlalpan.
Tras esa ruptura, Sheinbaum encontró navegando por Facebook el perfil de Jesús María Tarriba, a quien le mandó una solicitud de amistad. Según ha contado en entrevistas, ese fue el puntapié para retomar aquella relación que habían tenido hacía décadas. Iniciaron escribiéndose, y luego el físico decidió visitarla en México. Ella fue a España a verle posteriormente, ahí Tarriba le dijo que quería volver con ella. Así lo hizo y desde entonces han estado juntos. Cuando anunció el compromiso, la candidata admitió que era feliz. “No pasamos mucho tiempo juntos porque yo siempre estoy trabajando, pero los tiempos que tenemos juntos los disfrutamos mucho”.
La misma historia de otras bodas de presidenciables
PEÑA Y RIVERA
La boda entre el priista Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera fue una bomba mediática que ocurrió el 27 de noviembre de 2010, dos años antes del inicio de las campañas presidenciales.
Sin embargo, la pareja llamó la atención de los medios desde que comenzaron a salir, cuando el entonces aspirante presidencial aún era Gobernador del Estado de México.
Salimos y como todo proceso de noviazgo, surge que te que ves una vez o varias veces y luego empiezas a ser novios”, contó Peña cuando reveló su relación con "La Gaviota".
Ante las acusaciones de que su relación era una montaje, Rivera, famosa por su protagónico en la telenovela “Destilando Amor”, aseguró que no se puede “montar nada en el corazón”.
El Arzobispo Constancio Miranda los casó en la catedral de Toluca, y entre los invitados a la fiesta estuvieron presentes su procurador General de Justicia, Gustavo Bazbaz, y el primo de Peña, Alfredo del Mazo, entonces Presidente Municipal de Huixquilucan.
La polémica los persiguió durante su matrimonio con la llamada “Casa Blanca” y hasta su rompimiento en 2019, cinco meses después de que Peña dejó la titularidad del Ejecutivo federal en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del ex Mandatario.
CREEL Y VELASCO
Una semana después de destaparse como aspirante presidencial rumbo al 2012, el panista Santiago Creel se casó por el civil con Paulina Velasco Salcido el 18 de diciembre de 2010.
Ambos se conocieron cuando él era Secretario de Gobernación del ex Presidente Vicente Fox, y Velasco la encargada de la coordinación de giras presidenciales.
La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima realizada en su domicilio, ubicado en Lomas de Chapultepec.
Sin embargo, Creel no llegó a la boleta electoral.
EBRARD Y BUESO
En medio del inicio del proceso electoral de 2012, el entonces jefe de Gobierno Marcelo Ebrard se casó por tercera vez con Rosalinda Bueso, ex Embajadora de Honduras, el 7 de octubre de 2011.
Vamos a tener una ceremonia muy íntima, 35 invitados nada más. Después vamos a cenar, bailamos un ratito y ya”, anunció Ebrard.
Ebrard informó que contrató a Bueso como funcionaria de su administración en 2009 ante petición de otros embajadores, para evitar que regresara a su país durante el golpe de estado contra el ex Presidente Manuel Zelaya.
Bueso fue parte de la nómina del Gobierno capitalino de mayo a diciembre de 2010, cuando Ebrard aún estaba casado con la actriz Mariagna Prats, con quien contrajo matrimonio una semana después de ser electo como jefe de Gobierno.
Al igual que Creel, Ebrard tampoco llegó a la boleta electoral.
FOX Y MARTA
Un año después de ganar las elecciones de 2000, el ex Presidente panista Vicente Fox se casó con Marta Sahagún, un romance que comenzó cuando ella trabajó como su vocera en el Gobierno de Guanajuato.
Coqueteábamos un poco, porque en Palacio de Gobierno de Guanajuato estaba comunicación social en el Estado… Se fueron dando las cosas”, contó Fox.
Fox y Sahagún se casaron por el civil el 2 de julio de 2001 en una cabaña de Los Pinos, donde asistió un notario para realizar la ceremonia.
“Yo sólo invité a mis hermanos, vinieron dos hijos de ella, 6 gentes, a las 8 de la mañana nos casamos. Ese día teníamos programada la visita formal del presidente del Gobierno Español, José María Aznar. Fue una boda repentina”, detalló.
AMLO Y MÜLLER
Tres meses después de su derrota en las elecciones presidenciales de 2006, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se casó con la escritora Beatriz Gutiérrez Müller el 16 de octubre de 2006
Para dejar como Gobernador Interino al Secretario de Gobierno, Javier Navarro, o a una persona afín a Movimiento Ciudadano, la Administración de Samuel García parece dispuesta a todo.
Navarro advirtió ayer que el Estado no reconocerá a un Interino designado por el Congreso sin consenso previo y ligado a MC.
Incluso, anticipó el uso de Fuerza Civil en caso de que el 2 de diciembre un Interino designado por el Congreso pretenda asumir la oficina del Ejecutivo.
El Secretario insistió en que está vigente una suspensión definitiva que le otorgó un juez de Reynosa -que suele favorecer a García- para ejercer como encargado de despacho y para que la fuerza pública le garantice la protección necesaria.
"Ojalá no llegue a eso", expuso, "pero la suspensión del juez establece la solución: que Fuerza Civil tendrá que brindar la protección necesaria para cuidar las instalaciones, la gobernabilidad y la función de encargado de despacho de Gobernador.
"Sobre aviso no hay engaño", agregó.
Esta declaración escala el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso por el nombramiento de quien deberá quedar al frente del Gobierno del 2 de diciembre al 2 de junio, cuando García se irá de licencia para competir en la elección presidencial del 2024.
Tras una serie de recursos legales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) resolvió el miércoles declarar inelegible al panista Arturo Salinas, presidente del Poder Judicial que había sido designado originalmente como Gobernador Interino por la mayoría del PRI y del PAN en el Congreso.
El Trife ordenó al Legislativo hacer uso de su facultad y nombrar un nuevo Interino.
Sin embargo, el Gobernador insiste en que se le permita a él decidir al Interino o dejar como encargado de despacho al Secretario General de Gobierno.
Ayer, Navarro reiteró que los Diputados deben seguir el criterio planteado por el Mandatario.
"El Congreso tendrá que ser muy cauteloso con las acciones que vaya a realizar", señaló, "y tomar en cuenta que la resolución del Tribunal Electoral tiene la indicación de un consenso, y el consenso no es votar, es tener unanimidad.
"Considerando, además, que tenemos una suspensión de amparo, que todavía está vigente", reiteró.
-¿Qué ocurre si el Congreso designa a alguien sin esta unanimidad que piden?, se le preguntó.
"No lo reconoceríamos", dijo el Secretario. "Tenemos que mantener la gobernabilidad en el Estado y el proyecto del Gobernador. Que se respete el voto de todos los nuevoleoneses que votaron por el Gobernador".
Según el funcionario, la Administración no está cerrada a un diálogo, siempre que se respete el proyecto político del Gobernador.
"Estamos tratando de buscar un acercamiento con los Diputados, con el PRI y con el PAN, a ver si podemos arreglar esta situación", expuso.
"La conciliación es mil veces mejor que los pleitos, pero todo depende de la buena voluntad".
