“Si por mí fuera, desaparecería al Ejército…” Andrés Manuel López Obrador, La Jornada, 1o de julio 2019
Una parte del generalato mexicano debe estar enfrascado en algo más que un conflicto existencial y sentirse engañado y traicionado por el presidente López Obrador luego de las menciones de responsabilidad militar en el “Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”, CoVAJ (18 de agosto). Más aún porque derivado de ello, se libraron irregulares órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra veintidós militares de diferentes rangos (incluyendo un general de división).
El golpe presidencial (no hay que olvidar que el Ejecutivo conoció primero y autorizó el contenido del Informe aun antes que los familiares de los estudiantes desaparecidos, contraviniendo así las propias reglas de origen de la CoVAJ), marca una diferencia táctica en los términos del trato con el sector castrense y tiene lecturas de interpretación importantes, tanto para el propio gobierno que empieza a decaer en su fuerza sexenal como para la estructura política del Estado mexicano.
Ayotzinapa como instrumento político. El señalamiento de acciones y omisiones militares en la tragedia de Iguala, si bien existían tanto en las investigaciones periodísticas como en los trabajos de acompañamiento en la investigación de la Procuraduría General de la República, PGR, (encabezada entonces por el ahora indiciado Jesús Murillo Karam) del llamado GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), hoy adquieren la formalidad de acusaciones penales con una fuerza legal de dudosa eficacia.
El trato corporativo que la FGR dio a las órdenes de aprehensión, notificándolas a la Secretaría de la Defensa Nacional en lugar de ejecutarlas como le corresponde en estricto rigor procedimental y las omisiones de la misma Fiscalía que coinciden con las de la CoVAJ (en el sentido de que no apuntan responsabilidades a todas las altas autoridades involucradas en los hechos y en las investigaciones), es sintomático de una nueva puesta en escena para beneficio de la imagen presidencial y de asegurar el apoyo de otros actores, como el sector castrense, en su proyecto político. Estas limitaciones en el alcance de las acusaciones, si bien inéditas o extraordinarias (un exprocurador y un general de división), en realidad poco abonan al esclarecimiento total de los hechos y al deslinde completo de las responsabilidades de autoridades militares y civiles.
Componenda AMLO-Ejército: Ruptura o chantaje. A contrapelo de la retórica populista que ha acompañado el ensanchamiento de privilegios castrenses (donde la corrupción e impunidad clientelares juegan un papel importante), la embestida contra el ejército por parte del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, puede interpretarse ya sea como parte de una ruptura de la componenda político-militar desarrollada por López Obrador, o bien, como la reformulación de sus términos por un Presidente acostumbrado a sacar provecho máximo en sus prácticas de extorsión política en la arena pública, siempre al margen de las leyes, como lo hiciera desde la oposición y ahora como gobernante (“… la verdad es que estaba yo ganando tiempo y buscando sacar más” refiere el Presidente en una entrevista sobre negociaciones y condiciones impuestas a la Segob en 1991 para levantar un plantón en el zócalo, La Jornada, 8 de septiembre de 2020). Las reacciones militares en los medios que se perciben, tanto el pasmo como la abierta inconformidad a través de voceros oficiosos, académicos u opinadores vinculados al ejército, pueden tener un significado más testimonial que corporativo (entrevista radiofónica a Javier Oliva, W Radio en “Así las cosas”, 23 de Agosto; “Cadena de mando”, Todos los generales del ejército, Juan Ibarrola, Milenio, 27 de Agosto).
El comportamiento presidencial poco se aparta en las formas, de los usos del sistema politico mexicano autoritario del que dice diferenciarse López Obrador. Carlos Salinas y, en menor medida, Ernesto Zedillo, por ejemplo entre 1988 y 2000, se aprovecharon del rancio presidencialismo priista otorgando prebendas y ascensos a las cúpulas castrenses para manipularlas y obtener su apoyo faccioso en medidas represivas o en expresiones públicas que poco o nada tenían con la función de defensa. López Obrador, por su parte, refrenda hacia el último tercio de su mandato la intención de reforzar la preservación de todo el poder y la lealtad militar posibles con el fin de mantener sus márgenes de maniobra, tanto en el juego sucesorio como en la continuidad de su llamado proyecto politico-electoral. En este último aspecto la función coercitiva, así sea meramente presencial, del apoyo castrense (llámese ejército o Guardia Nacional) es un elemento indispensable (junto con la pax narcaque se está también reconfigurando en forma violenta y escandalosa).
Es previsible que el malestar militar, pese a las limitados efectos legales y políticos que genere el caso Ayotzinapa, no llegará a la ruptura. Tampoco trascenderá de las manifestaciones que ha habido hasta ahora toda vez que, en su conjunto, el aparato institucional castrense se encuentra atrapado en una maraña de intereses de corrupción e irregularidades con hilos que el Presidente puede jalar a su antojo para acallar criticas o disidencias abiertas. Además, ya lo dijo el Ejecutivo federal, el ejército se encuentra saturado en actividades de gobierno y de seguridad (además de que está para obedecerle según afirmó en sus entrevistas con La Jornada). El complemento del nuevo entorno, siguiendo la vieja escuela autoritaria del régimen posrevolucionario mexicano del “palo y la zanahoria”, es el anuncio en voz del titular de la Secretaría de Gobernación (25 de agosto), junto con otras reformas legales, de cambios en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El aviso del paquete de reformas que propondrá el Presidente, la mayoría con vicios de inconstitucionalidad, tiene diversos propósitos que confluyen en su afianzamiento del poder: desde la transferencia total de la GN al ejército (bajo un esquema híbrido que completa la militarización de la seguridad pública) y el complemento benigno del chantaje al sector que igual sirve como instrumento para las purgas internas entre las armas y facciones del ejército. Este camino no es nuevo para el Presidente quien ya ha modificado, con el apoyo de su partido y aliados en el Congreso, la ley de ascensos y recompensas, flexibilizando sus criterios con más elementos discrecionales para los altos mandos y acortando los tiempos escalafornarios.
Deficit democrático. El eventual juicio contra militares por su papel en la tragedia de Ayotzinapa tiende a conformar un escenario más de distracción política sin llegar al fondo de varias de las cuestiones que hoy se reconocen oficialmente: desde la infiltración militar en movimientos estudiantiles y las protestas sociales cuyos productos de inteligencia (ilegales) tienen un beneficio faccioso y no para la prevención de situaciones de riesgo para el Estado hasta el papel político de los militares y su relación con poderes fácticos (incluidos los criminales) en el nivel regional (la plaza comercial del matrimonio Abarca que dominaba políticamente la zona donde ocurrieron los hechos, se erigió en terrenos donados por la Sedena). Ayotzinapa sigue siendo el paradigma de los vicios autoritarios y represivos del viejo y nuevo régimen así como el resultado de la ceguera presidencial y social en nuestra transición democrática que, desde hace más de veinte años, se negó a reformar estructuralmente las relación civil-militar del país con una visión de Estado democrático. La enseñanza y formación de cuando menos dos generaciones de mandos castrenses (cuya experiencia armada ha sido la guerra contra el narco) no es la de su papel en democracia bajo un esquema real de pesos y contrapesos que garanticen su función de defensa, sino la de su inserción en los vicios clientelares y de corrupción en la política mexicana en todas sus variables partidistas que han llegado al poder.
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