En este estado los criminales persiguen a los policías, los emboscan y hasta van por ellos a sus domicilios. En 2021, por cuarto año consecutivo, esta entidad mantiene el primer lugar nacional de policías asesinados, con 51 oficiales caídos en ataques armados.
La infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad pública, así como la complicidad de elementos activos con células delincuenciales y la reacción de grupos armados en contra de los cuerpos policiales, son las causas de la violencia identificadas por las mismas autoridades de gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el edificio principal de la Secretaría de Seguridad Pública de León, un crespón destaca en el acceso principal; eso, el símbolo por la pérdida de agentes en agresiones directas a cuarteles y durante patrullajes.
Este año el luto llegó a 21 municipios, donde mataron a elementos preventivos, estatales, federales e investigadores, y al menos 15 fueron heridos, uno de ellos de la Guardia Nacional (GN).
De 2018 al 14 de diciembre de 2021, Guanajuato acumuló 273 policías asesinados; de ellos, 218 murieron del 1 de octubre de 2018 a la fecha —en la administración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
En sus investigaciones, la FGE encontró que 20% de los agentes caídos estaban involucrados con el hampa, 80% murieron por venganza.
En Guanajuato operan siete grupos delictivos que se disputan el territorio; la lucha más fuerte la libran los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Santa Rosa de Lima; el resto de las organizaciones locales no tienen tanto peso.
Insuficiente, el control de confianza
Jessica Vega Zayas, especialista en temas de seguridad pública de la Universidad de Guanajuato, dice que la infiltración de la delincuencia en las instituciones muestra que los exámenes de control y confianza no son los instrumentos adecuados. “Si el planteamiento es que hay muertos y que están depurando a las policías, significa que ese instrumento no es suficiente”.
El segundo punto es que el retorno a la nueva normalidad significa una lucha más fuerte por parte de los grupos delictivos para hacerse de plazas, lo que implica que los criminales hagan más presión sobre los policías para realizar actividades ilegales.
Vega Zayas revela que en investigaciones académicas hay evidencia de que desde el sexenio pasado los delincuentes estaban cooptando a las instituciones de seguridad de municipios pequeños que colindan con Michoacán y Jalisco.
A partir de 2019 empieza la lucha en León, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Miguel de Allende, es cuando los criminales se articulan con autoridades de alto poder y con figuras de menor peso: policías que andan en la calle porque son quienes les permiten controlar el territorio.
También se tiene evidencia de que algunos oficiales decidieron renunciar cuando empezó a llegar la delincuencia organizada a Guanajuato. “El tema era que o renunciaban o tenían que ponerse del lado de uno de los grupos del crimen, no del estado, que no tiene capacidad de retenerlos, porque no los protege. Los elementos no se sienten protegidos por las corporaciones”, señala la experta.
En 2020 mataron a 84 policías; en 2019, 73, y en 2018, 66, de acuerdo con la recopilación de casos de la organización civil Causa en Común. En 2021 decrecieron las matanzas en 40% en Guanajuato (51); aun así, la entidad mantiene la primera posición por asesinatos de policías en el mapa nacional, seguido del Estado de México, Zacatecas, Veracruz y Chihuahua.
En el ámbito local, el primer lugar en homicidios dolosos lo ocupa León, con nueve oficiales; luego Irapuato, con ocho; Celaya y Guanajuato, seis policías muertos en cada uno, y por último Pénjamo, con cuatro.
La diputada Norma Alcaraz Hernández, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso estatal, afirma que es “sumamente grave” que este estado tenga tantos policías asesinados, lo que “también tiene que ver con una falta de estrategia para procurarles protección”.
Considera delicado que estén matando a las personas encargadas de dar seguridad a la población, y que haya déficit de agentes en Guanajuato, ante los indicadores de homicidios y de impunidad, que la hace sobresalir a nivel nacional.
“Si a ellos los atacan y son asesinados ¿qué esperanza tenemos nosotros?”, cuestiona.
Con base en registros oficiales, existen 4 mil 180 policías en Guanajuato, cuando deberían ser, al menos, 7 mil para llegar a la media nacional.
“Aquí son 0.69 policías por cada mil habitantes, cuando la media nacional es de 0.96. Lo ideal serían 1.8 policías por cada 100 mil habitantes, como lo marca el estándar mínimo de la ONU”, explica Alcaraz Hernández.
Octubre negro
En octubre, la Secretaría de Seguridad Pública de León enfrentó la ola más violenta de su historia con cuatro policías asesinados en menos de 20 días, con lo que acumulaba ocho elementos abatidos en el año y cuatro más heridos. En noviembre, un agente vial falleció arrastrado por un conductor ebrio.
La tarde del 20 de octubre, civiles armados atacaron de forma simultánea tres bases de la policía de León: un oficial murió y tres más resultaron heridos; días antes ejecutaron a un policía en la colonia 10 de Mayo y a otro que custodiaba el fraccionamiento San Isidro; además, motociclistas emboscaron a dos oficiales a bordo de una patrulla en la colonia Santa María del Granjeno, uno de ellos falleció y otro sufrió heridas graves.
Enseguida, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, ordenó retirar a todos los custodios que vigilaban inmuebles por órdenes de la FGE, a cambio instruyó realizar patrullaje estratégico. “Prefiero pagar multa que pagar con mis compañeros muertos”, expresó en aquel momento; y regresaron varias casetas móviles a las centrales de policía, además del cierre de las bases atacadas.
Más enérgica, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez planteó mano dura contra los policías “pegados con los malandros”; la respuesta en la dependencia estatal fue el cese de 29 oficiales por presuntos vínculos con el crimen.
Del 1 de octubre al 2 de diciembre pasados, la policía municipal tenía el registro de 70 a 80 bajas, 25 de ellas por voluntad propia, algunos no se presentaron a laborar, a otros se les rescindió el contrato por no aprobar los exámenes de control y confianza y unos más fueron despedidos por supuestos nexos con la delincuencia. “Unos 25 que solitos se han ido”, manifestó Bravo Arrona.
La investigadora Jessica Vega Zayas plantea que se requiere implementar un servicio civil de carrera dentro de las policías y que cada una de las corporaciones tenga la capacidad de construir una carrera de reconocimiento y trayectoria, que los agentes vayan ascendiendo por logros, no por favoritismos políticos. Eso implicaría que la institución fuera dirigida por una persona con una gran experiencia y reconocimiento.
Y precisa que también se tiene que revisar el examen de control y confianza, porque la forma en la que está estructurado no es suficiente; lo más importante, el elemento debe sentirse con el respaldo de sus superiores.
