En 2010, Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (en este momento juzgado en Estados Unidos por dar protección al Cártel de Sinaloa), dieron ocho contratos a un grupo de empresarios para construir y operar ocho cárceles concesionadas por 22 años, bajo la promesa de que así serían más eficientes y seguras.
Hoy, una década después, esa promesa no se ha cumplido. Por el contrario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las evalúa prácticamente igual (7.6 de calificación) que las operadas por el Estado (7.4); pero nos salen cinco veces más caras. No solo eso: el gobierno del archienemigo de Calderón, Andrés Manuel López Obrador, les da aún más dinero.
Mientras que en un penal federal manejado por el Estado el gasto diario por interna o interno es de 1,191 pesos, en las cárceles concesionadas llega hasta los 5,186 pesos, de acuerdo con información oficial estadística y presupuestal de Prevención y Readaptación Social (PyRS), obtenida vía transparencia.
Hay cosas que nunca cambian
El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha criticado contratos “amañados” o “abusivos” y ha cancelado grandes obras, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), no ha tocado una coma de los contratos de las cárceles manejadas por empresas, aún a pesar de que la renegociación es posible o, incluso, su cancelación, como lo estipula la cláusula 21.1 de los contratos, a los que Cuestione tuvo acceso.
Lejos de que estos contratos millonarios sean renegociados, el nuevo gobierno les pagó 24% más en 2019 que en 2018: los pagos aumentaron de 14,154 millones 17,558 millones de pesos de un año al otro, de acuerdo con cifras obtenidas vía transparencia por Cuestione.
Para darnos una idea de la dimensión del monto, durante esta crisis sanitaria por COVID-19, con esos 3,000 millones de pesos hubiera alcanzado para comprar, al menos, 3,000 ventiladores.
“Me parece extraño que una administración que se ha quejado tanto de las concesiones corruptas, de contratos amañados, que canceló obras estratégicas como el NAIM, no esté ni siquiera planteando o cuestionando el tema de los contratos a cárceles”, advierte Enrique Bouchot Velasco, investigador del Proyecto Justicia de la organización México Evalúa.
“No hubo un incremento en la capacidad de estas prisiones, ni en su seguridad o en las actividades que se les proveen a los internos. No hubo una mejora en general. No se justifica este aumento” en sus recursos, expone Bouchot Velasco.
Pero la pregunta quizá no sea ¿por qué?, sino ¿quién? Detrás de las cárceles concesionadas hay importantes aliados del gobierno actual, como Carlos Slim, con su constructora IDEAL; Olegario Vázquez Raña –padre de Olegario Vázquez Aldir, miembro del consejo de empresarios de AMLO–, dueño de Prodemex; y Larry Fink, presidente del fondo de inversión BlackRock, y en quien el mandatario se ha apoyado más de una vez.
También están Hipólito Gerard Rivero (cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari) con Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados (GIA) y Grupo ICA, que en este gobierno ha sido beneficiado por contratos para diferentes obras, como el Tren Maya o el Parque Ecológico del Valle de Texcoco (que se construirá en el área en donde estaría el NAIM).
El negocio de las rejas
Las cárceles concesionadas son un gran negocio. “Provees una construcción y obtienes suficientes ganancias por no hacer nada”, resume Bouchot.
Cada una de las ocho empresas tuvo una inversión estimada de 4,000 millones de pesos para la construcción de las instalaciones penitenciarias, con capacidad para 2,500 personas internas. Después de eso, todo ha sido básicamente ganancias.
Para encargarse de la la alimentación, uniformes, terapias y actividades de las personas internas, además de la limpieza y administración de las instalaciones –sin considerar la guardia y custodia, que sigue bajo la tutela del Estado–, las ocho empresas cotizaron un “precio de referencia” de poco más de 1,000 millones de pesos al año, lo que a precios actuales equivaldría a 1,500 millones de pesos.
Sin embargo, en 2019 todas y cada una de ellas recibieron pagos por arriba de los 2,000 millones de pesos. Black Rock incluso recibió 2,600 millones de pesos, es decir, entre 42 y 93% más que el precio cotizado.
El nuevo jugador en las cárceles
Larry Fink, líder de BlackRock, es un tipo carismático, que ha sabido moverse y sortear las olas tanto en administraciones panistas como priistas. Y la de López Obrador no es la excepción.
BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo y dueño del último penal federal que fue concesionado: el número 18, ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila.
Inicialmente, el contrato de este Cefereso se le entregó a Federico Martínez y su empresa Tradeco, pero tras varias demandas por fraude e incumplimiento de contrato, tanto en México como Estados Unidos, entró a concurso mercantil en 2017 y vendió la cárcel a BlackRock, en 2016, con autorización del gobierno, a través de Prevención y Readaptación Social.
Recientemente, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, también señaló a Tradeco de haber sido beneficiada del cabildeo que Salinas de Gortari hizo en su favor para que Pemex la indemnizara con 15 millones de pesos, pues estaba relacionada con su hijo mayor, Juan Cristóbal Salinas Occelli.
Finalmente, el 29 de agosto de 2018 llegaron los primeros internos al Cefereso 18 y con ellos, el dinero público. Con solo cuatro meses de operación y menos de 344 internos al cierre de 2018, BlackRock recibió 1,161 millones de pesos por parte del gobierno. Pero lo mejor estaba por venir.
En 2019, el Cefereso de BlackRock fue el que más recibió recursos: 60% más dinero que el año anterior. En total, al cierre de ese año, con apenas 48% de ocupación, obtuvo 2,600 millones de pesos.
Entre Fink y López Obrador “hubo click”, desde que este último era candidato a la presidencia, según reveló en su momento Carlos Arzúa, ex secretario de Hacienda. Fue Fink quien ayudó a organizar la reunión de empresarios mexicanos en la Casa Blanca, también ha dado espaldarazos de “confianza” a México y hasta el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió a AMLO que intercediera por esa nación para reestructurar su deuda con BlackRock.
BlackRock tiene fuertes intereses en México y ha sido un entusiasta, desde la reforma energética, en poner el dinero de sus clientes a trabajar en nuestro país.
Subocupadas y sin mejoras en derechos humanos
Cuando las cárceles concesionadas fueron creadas, se hicieron pensando que la guerra contra el narcotráfico, emprendida por Calderón, llevaría a miles de criminales a prisión. Eso no pasó.
De los 2,500 espacios que tiene cada cárcel concesionada, en promedio, se usa solo la mitad de su capacidad. Con variaciones en la ocupación por prisión, que van del 25.6% en la cárcel de Michoacán, a 74% en la de Durango, el precio fijo que se paga a las empresas detrás de ellas no disminuye.
“¿Por qué hacer centros enormes para 2,500 personas? Son bastante grandes para nivel federal, cuando se podrían hacer varias (cárceles) pequeñas, mucho más cercanas a las localidades o incluso darle ese dinero al sobresaturado sistema estatal”, dice Bouchot, especialista de México Evalúa.
“No hay una lógica de eficiencia presupuestal. No la hay por el tamaño de los centros, por la distribución de los centros, ni en cuanto a los servicios provistos o la mejora de calidad”, nos explica.
Y tampoco hay lógica si consideramos los derechos humanos. La CNDH calificó a las cárceles concesionadas con 7.6, en promedio, mientras que a las prisiones federales que opera el Estado, en 7.4. Es decir, solo dos décimas de diferencia, en contraste con los varios millones de pesos que las separan.
Incluso el CPS de Durango, que opera Prodemex, de Vázquez Raña, obtuvo 6.37 de calificación, por debajo del total de las prisiones federales del país.
El Diagnóstico Nacional del Supervisión Penitenciaria de la CNDH evalúa cuatro rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad y la reinserción social del interno, en ésta última es donde el Cefereso de Durango salió más bajo aún: 5.7, es decir, prácticamente reprobado.
Pero lejos de tener centros con el objetivo de ayudar a reintegrar a las personas a la sociedad, lo que se está creando son “campos de concentración de lujo”, apunta Bouchot.
Y es que todas estas prisiones concesionadas se encuentran alejadas, en zonas desérticas, sin poblaciones cercanas en kilómetros y sin rutas de transporte público que lleguen a ellos. Esto dificulta que las y los internos sean visitados por sus familiares, o que, incluso, haya suficiente personal que quiera trabajar en ellos, lo que repercute en pocas actividades para las personas reclusas.
Los internos e internas llegan a pasar hasta 23 horas al día en sus celdas, fuera de cualquier programa de reintegración social. “Les hace falta muchas actividades de reinserción social. No cuentan con el personal para dar talleres. No puede ser que absorban más recursos, con supuestos mejores estándares de calidad y al final den peores resultados”, apunta Bouchot. “Es como si todo el trabajo penitenciario estuviera diseñado para que esta persona vuelva a delinquir”, agrega.
Cuestione solicitó entrevista a Prevención y Readaptación Social sin que al momento de la publicación hubiesen dado respuesta.
Mientras que las cárceles concesionadas no dan los resultados prometidos, las y los ciudadanos continuamos pagando una cuenta millonaria, año con año, hasta que se venzan los contratos, lo cual empezará a pasar hasta 2032.
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