ENVIO de TROPAS a la FRONTERA es una "JUGADA COSTOSA,BURDA y MALEVOLA" de "MR.TRUMP"...y pone en duda su capacidad de gobernar.

Además de tener un precario sustento legal y nula lógica, el plan de Donald Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México es irracional, afirma The New York Times en un editorial publicado ayer.

"Trump una vez más está demostrando su incapacidad para llevar a cabo juicios prudentes y calculados sobre lo que se necesita para liderar a la nación y mantenerla segura", señala el periódico neoyorquino.

En el editorial titulado "El Irracional Plan Fronterizo de Trump", The New York Times cuestiona duramente la orden de enviar elementos militares a la zona fronteriza para tareas de vigilancia, promulgada ayer por Trump.

"Como muchas de las decisiones del Presidente, aquella que coloca tropas en la frontera parece impulsiva, malévola y motivada políticamente".

El medio estadounidense señala que Trump usó la medida ante la frustración de no poder cumplir con su promesa de campaña de construir el muro fronterizo, y en momentos en que el flujo de migrantes a Estados Unidos va en picada.

"(Trump) debería reconocer que la jugada es costosa y que debe usarse ocasionalmente si es que se utiliza. Y ciertamente no para burdos propósitos políticos", afirma, subrayando que el Presidente desconoce las limitantes legales y experiencias similares decretadas en el 2006 y el 2010 por George W. Bush y Barack Obama, respectivamente.

Surgida luego de una confusa serie de mensajes de su autoría en Twitter el fin de semana, la decisión de Trump fue tomada sin mayor consulta ni considerando al Gobierno de México, provocando caos entre sus propios asesores y sin prever los costos en que incurrirían el Pentágono y los Estados fronterizos.

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ESCALOFRIANTES DETALLES:ASESINA de "JESSICA" CONFIESA EXTRAJO el BEBE con CUCHILLO de COCINA...cuando la joven mama aun estaba con vida.

Cynthia N, junto a su marido Omar N, en una de las fotos que subió a su Facebook simulando un embarazo

Los presuntos homicidas de Jessica Gabriela Hernández y su bebé no nacido permanecerán bajo prisión preventiva cuatro meses, en tanto, las autoridades investigan las circunstancias en que Cynthia "N" y Omar "N" la asesinaron presuntamente para robarle a su hijo.

La decisión del juez de proceso ocurrió luego de la primera audiencia oral que duró 9 horas, durante la cual el fiscal presentó pruebas en contra de los inculpados, quienes permanecerán en el Centro de Ejecución de Sanciones del municipio de Altamira, Tamaulipas, durante su proceso.

Otra de las fotos subidas por Cynthia “N” durante su falso embarazo.

En esta primera audiencia, la información revelada por las pruebas forenses fue escalofriante. Al parecer, Cynthia "N" utilizó un cuchillo de cocina para extraer el bebé del vientre de Jessica, cuando la joven estaba aún consciente o semiconsciente.

Las autoridades tienen por delante 4 meses para establecer adecuadamente la mecánica de hechos. Por lo pronto, este martes llevaron a cabo la exhumación del bebé de Jessica, con el propósito de practicarle pruebas de ADN y otros estudios.

La carpeta de investigación del caso consigna que Cynthia "N" engañó a su esposo y a todos sus conocidos haciéndoles creer que estaba embarazada. Incluso publicó fotos en su página de Facebook, en la que aparece con ropa de maternidad y celebrando con su marido que serían padres.

Después contactó por Facebook a Jessica, que tenía 8 meses de embarazo, y con engaños la invitó a su casa, ofreciéndole ropa nueva para su bebé. El martes 27 de marzo, a las 10 de la mañana, Jessica se presentó a la cita en un domicilio de la colonia Nuevo Progreso, en el puerto de Tampico, Tamaulipas.

Jessica Gabriela, la mujer asesinada.

Apenas cruzó la puerta, Cynthia la sometió y asfixió hasta dejarla inconsciente. Luego sacó al bebé que llevó al hospital general Carlos Canseco, donde pretendió engañar a los médicos, haciéndoles creer que había sufrido un aborto.

Allí reportaron el hecho a las autoridades, pero no detuvieron a la mujer, porque incluso tuvo tiempo suficiente para enterrar al bebé en el panteón privado del Ejido Tancol.

Todavía el jueves 29 de marzo, Cynthia actualizó su foto de perfil e informó a sus contactos de Facebook que había perdido a su niña. Puso la fotografía de los pies de una bebita con la siguiente frase: "En el cielo hay alegría porque llegó un ángel más. Pero yo te extraño porque dejaste un gran vacío en mi vida."

Cynthia “N”, la principal sospechosa del asesinato.

Su última publicación la hizo un minuto después, al cambiar la foto de portada de su cuenta de Facebook. Colocó la foto de una recién nacida, de espaldas, mostrando alas de angelito, con la frase "Jamás imaginé estar tan cerca de un ángel hasta que vi a mi bebé nacer en el cielo".

Solo después, el sábado 31 de marzo, las autoridades acudieron al domicilio donde descubrieron el cuerpo de Jessica en una bolsa de plástico bajo una cama. 

Las pruebas forenses determinaron que murió de un "shock hipovolémico por herida punzocortante en cavidad abdominal", lo que significa que se desangró y que Cynthia sacó a la bebé cuando la joven mamá aún estaba con vida.

De acuerdo con su declaración, la mujer aceptó haber cortado el cordón umbilical de la bebita y haber estado sola durante los hechos. Sin embargo su esposo también fue detenido.

Hasta el momento la pareja está bajo investigación solo por la muerte de la bebé, pero está pendiente el cargo de homicidio calificado en contra de Jessica Gabriela Hernández García, que tenía 20 años antes de ser asesinada.

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MATAN a OTRA EMBARAZADA en VERACRUZ ,la ASESINÓ para ROBARLE al BEBE...la maldad en su máxima expresión.

De nuevo, una mujer embarazada fue asesinada para robarle a su bebé. En esta ocasión, se trata de una joven de 23 años en el municipio de Lerdo de Tejada, en Veracruz.

Según información de alcalorpolítico.com, Jenny Judith, de nueve meses de embarazo se encontraba con su madre a las afueras del hospital IMSS, en dicha localidad, cuando una mujer se acercó con ellas para platicar.

En la conversación, la mujer de complexión robusta y cabello rubio le ofreció regalarle ropa para el bebé, pero tendría que acompañarla a su domicilio, en el municipio de Alvarado.

Jenny y la sospechosa subieron un taxi y la madre se quedó esperando a la joven. Al ver que no regresaba decidió ir a buscarla, con ayuda de otros familiares.

De acuerdo con este medio informativo, la madre de Jenny y miembros de su familia preguntaron a los habitantes de Punta de Arena, en Alvarado donde dijo la mujer que vivía. Testigos le dijeron que vieron a una mujer, con las mismas características abordar un cambión con un bebé envuelto en una sábana.

Los familiares de Jenny continuaron en su búsqueda y fue hasta ese día por la noche cuando localizaron en cuerpo de la joven, con una gran herida en el abdomen donde le extrajeron a su bebé.

Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para realizar las diligencias periciales y trasladar el cuerpo de Jenny a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Tan sólo fue el pasado domingo cuando se dio a conocer el caso Jessica, una joven de 20 años y ocho meses de embarazo que había desaparecido en Tamaulipas. Días más tarde la encontraron muerta, sin su bebé.

También había sido engañada por una mujer que la contactó por Facebook con la mentira de regalarle ropa para su bebé. 

Una pareja fue detenida por los hechos, y ya fueron vinculados a proceso por secuestro y homicidio.

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CERCA de 6 MIL ANCIANOS ESPERAN la MUERTE en CARCELES del PAIS...entre negligencias, abandono y sobrepoblacion.

Cerca de 6 mil ancianos esperan la muerte anticipada en penales del país. Víctimas de condiciones carcelarias infrahumanas, enfrentan violaciones a sus derechos humanos, negativas a su liberación anticipada por ley, negligencias, abandono institucional y sobrepoblación

Julián de Obregón sólo espera morir en la cárcel antes de cumplir su sentencia y seguir padeciendo infames condiciones de vida en el reclusorio donde vive desde hace 10 años. Con sus 65 a cuestas y una década por delante para obtener su libertad, ha perdido el deseo de seguir vivo y no cree llegar al final del camino que “torció” cuando tuvo que matar para defender su vida.

Y es que nadie le creyó. Ni el abogado, ni el juez de la causa, ni su familia, “eso de la defensa propia”, y fue condenado a purgar 20 años de prisión.

Don Julián –preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México–, señala en entrevista que en el futuro no ve más que la muerte. Su rostro denota un dejo de nostalgia cuando observa a otros internos, que conviven con sus familias en el patio de visitas, y desvela a cuentagotas fragmentos de la última etapa de su vida.

A junio de 2017, en el sistema penitenciario del país se encontraban presos 209 mil 782 personas del fuero federal y del fuero común, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, de las cuales 5 mil 846 eran ancianos (234 mujeres, 4 por ciento, y 5 mil 612 hombres). De éstas, el 59.03 por ciento tenía entre 60 y 65 años y el 40.97 por ciento más de 66 años de edad.

Al analizar 137 escritos de queja presentados en los últimos 10 años por personas mayores de 60 años recluidas en centros penitenciarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenció la “invisibilidad” en que se encuentran, pues el 66 por ciento de las quejas es por negativa de conceder el beneficio de libertad anticipada, a la cual tienen derecho desde que entró en vigor la reforma constitucional al código penal, el 18 de junio de 2008.

El 34 por ciento de las quejas restantes de los ancianos presos denuncian falta de atención médica, marginación, seguridad jurídica, reinserción social y condiciones dignas (incluyen revisiones indignas a visitantes), y deficiente atención del personal en los centros penitenciarios.

Es el caso de Julián de Obregón, quien describe las vicisitudes que padece en el penal desde hace una década. “Con los años a cuestas, a veces resulta difícil saber si mis males son por la edad o de plano por las pésimas condiciones que hay en la cárcel”.

Y no es para menos. El anciano cuenta que vive con seis presos de distintas edades que también cometieron delitos graves. Hacinados en una celda de menos de 9 metros cuadrados, tres literas sirven de dormitorio. “Por suerte me toca abajo si no, pues imagínese”, refiere.

“Aquí todo se paga, casi hasta por respirar, para quienes no le entramos a la mariguana y tenemos que salir al patio mientras se dispersa el humo. Tengo reumas, pero el doctor del reclusorio dice que ´no es nada´, me da pal dolor y ahí queda”. Julián utiliza como bastón un pedazo de mango de escoba para moverse. “No hay pa´ más, pedí un bastón, pero me dijeron que costaba mil pesos, y pues, de dónde?”

Diversos diagnósticos, mecanismos, informes especiales, pronunciamientos, encuestas y análisis de la normatividad nacional e internacional revelan las graves condiciones que padecen los adultos mayores en las cárceles del país, de acuerdo con el informe especial de la CNDH.

Diagnósticos de la CNDH realizados de 2007 a 2017 confirman la invisibilidad en la que se encuentran los ancianos presos en materia de salud, alimentación, estancia digna, falta de equipo de apoyo (sillas de ruedas, andaderas y bastones), instalaciones accesibles, falta de talleres, ubicación inadecuada, atención médica y dietas acordes a su edad.

Mayor vulnerabilidad padecen las mujeres internas en reclusorios de país, pese a que la CNDH planteó a las autoridades carcelarias la necesidad de ser alojadas en diferentes secciones, atendiendo a la edad y vulnerabilidad e integrarlas en igualdad de condiciones para su reinserción social, sin que a la fecha el gobierno atienda las sugerencias del organismo humanitario.

“El 44 por ciento de los presos mayores se encuentra clasificado inadecuadamente en pisos superiores de los centros o en la parte alta de las literas; el 29 por ciento carece de rampas para movilizarse, el 11 por ciento carece de programas de reinserción social; de un 7 por ciento no hay registros; un 8 por ciento no tienen dietas adecuadas y al 1 por ciento le falta aparatos ortopédicos para moverse o prótesis”, dice el documento.

En los pronunciamientos sobre el derecho a la protección de la salud y sobre la racionalización de la pena de prisión, ambos del 2016, el ombudsman nacional planteó atender “impostergablemente” el derecho a la salud de los ancianos, al considerar que las penas de larga duración se vinculan con el deterioro físico que enfrentan.

 “Este tipo de sentencias conllevan, en sí mismas, afectaciones a la salud y pueden propiciar depresión, ansiedad, violencia, entre otros efectos”, subraya el informe de la CNDH.

Indica que existe un vínculo entre penas de prisión de larga duración y la edad avanzada de las personas sentenciadas, lo cual “propicia condiciones de mayor vulnerabilidad por las necesidades de atención que demandan, ya que requieren de especialistas y accesibilidad para que tengan las mismas condiciones y garantías en sus derechos como todas las personas en reclusión”.

Julián de Obregón descarta alguna posibilidad no solo de contar con mejores condiciones en la prisión, pues dice que homicidas y violadores son los presos sobre los que recae el mayor desprecio entre los internos, sino merced a que los 10 años que lleva en reclusión han sido como si hubiera pasado toda su vida.

“Los años pasan y pesan el doble que si estuviera en libertad. Mi familia no me visita desde que me sentenciaron, convencida de que le quité la vida a mi hermano por problemas añejos, cuando la verdad es que fue un accidente. Es difícil vivir con eso a cuestas. Además, siento que a mi edad toda la prisión cae sobre mis huesos sin esperanza de nada”, relata.

Agrega que la falta de dinero agrava su situación carcelaria, pues no puede cubrir ni la cuota de la faena, y los jefes de dormitorios y celdas, en complicidad con custodios, no perdonan a nadie, jóvenes o viejos, todos tienen que pagar por lo que necesitan para vivir.

“Mi consuelo es el convivio con algunos presos de mi edad que les vale lo que haya hecho, porque para ellos adentro todos somos iguales. No es fácil, no se crea, compartimos nuestra desgracia y el poco tiempo que nos queda de vida”, reflexiona.

De las autoridades ni hablar, dice Julián de Obregón, quien en una década ha visto cambiar tres veces al director del penal y de ahí para abajo. “Al final todos llegan por lo suyo, dinero, y de los problemas ni se acuerdan, no les interesa la dizque reinserción de los internos y menos de los viejos. Dicen que somos la escoria social y, pues quizás tengan razón”.

“Más que una cárcel se me imagina como un gran negocio del que sacan provecho a costa del dolor y privaciones de los presos que necesitan de todo lo indispensable. Y en esto los viejos como yo pagamos la peor parte, sin esperanza de nada, discriminados por todos, sin remedio”, remata.

Cuenta que algunos de sus amigos ancianos como él también están hartos de vivir bajo esas condiciones, aunque no les queda de otra más que el suicidio o resignarse a morir por alguna enfermedad o de viejos. “Viejos y enfermos, pa´qué servimos. Igual, tampoco nos liberan, ni nos atienden, aquí no hay preferencias, viejos y jóvenes somos iguales tras las rejas, no se crea, ya solo esperamos a la muerte”.

La Encuesta Nacional de Envejecimiento de 2015 ha registrado con un 37.2 por ciento a la discriminación como el principal problema que enfrentan las personas mayores de 60 años, y en segundo término con un 31.5 por ciento al abandono y maltrato, situaciones que demandan una atención inmediata, advierte la CNDH.

En ese sentido, el ombudsman nacional publicó una guía modelo para mejorar las condiciones de internamiento penitenciario, desde el punto de vista de los derechos humanos de la población con necesidades especiales, de las que el 4 por ciento la integran personas mayores de 60 años.

La guía propone destinar para la construcción de cada celda 3.4 metros cuadrados (M2) de superficie por persona y para las individuales 5.4 m2,  previendo que “cada persona debe contar con una cama individual, un espacio para guarda de sus pertenencias, y una mesa y un banco para lectura”.

Plantea que el espacio destinado para personas que viven con alguna discapacidad, sus celdas deberán contar con una superficie de 8.15 m2, contando con barras de apoyo para facilitar el movimiento, área de lavado y sanitario, en virtud de que las personas mayores presentan problemas de salud que los coloca en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al resto de la población penitenciaria.

Una encuesta sobre personas mayores en reclusión penitenciaria en el país, realizada por la CNDH durante julio del 2017, encontró una población total de 6 mil 334 ancianos en los 32 estados del país, lo que representó un aumento de 230 personas de las reportadas a junio del mismo año por la Secretaría de Gobernación. De este total, 6 mil 076 son hombres y 258 mujeres, población que se distribuye de acuerdo con su edad y sexo. (Tabla 1)

Al respecto, destaca la disminución del porcentaje total de personas entre 60 y 66 años, y el incremento entre ancianos que tienen más de 66 años, por lo que la CNDH exige de manera urgente atenderlas, ya que las condiciones físicas y psicológicas tienden a deteriorarse, “lo que se agrava aún más, con los 4 mil 789 sentenciados dado el tiempo de reclusión, de conformidad con sus sentencias”, indica.

En ese sentido, el organismo humanitario considera que las personas con más de 70 años y una pena de más de 10 años estarían obteniendo su libertad alrededor de los 80 años de edad, por encima del promedio de esperanza de vida planteada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) en 2016, que es de 75 años, lo que les impediría alcanzar la reinserción social como fin de la pena si no se observan los criterios necesarios para ello.

“Consideraciones que, dentro de los centros de reclusión penitenciaria, no les pueden ser provistas para tener una vida digna acorde a su edad. El deterioro de la salud física y psicológica derivada del encierro disminuye la esperanza de vida, por lo que las sentencias (Gráfica 1) contra los años edad de las personas mayores, incrementan el riesgo de morir en prisión”. De ahí la urgencia de que las autoridades atiendan su libertad anticipada, subraya la CNDH.

Violación sistemática de la normatividad

Al variopinto de vulnerabilidades que enfrentan los adultos mayores presos, se suman las irregularidades legales en que incurren jueces, magistrados y autoridades de los penales al no intervenir para que se cumplan con las disposiciones de ley que favorece a esta población penitenciaria.

Por ejemplo, el incumplimiento del artículo 55 del Código Penal Federal, que plantea: “En el caso de que el imputado sea mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico…”.

El Código Penal Federal señala penas agravadas en diferentes casos cuando el sujeto es mayor de 60 años, como a la que refiere el artículo 364, que establece cuando la pena se aumenta hasta en una mitad por el delito que amerita privación de la libertad.

Así, aclara la CNDH, para las personas, cuando son sujetos imputados o víctimas del delito, en el mismo ordenamiento no se sanciona uniformemente de acuerdo con su edad, ya que en el mencionado artículo 55 se considera una edad de 70, y en el artículo 364 del Código Penal Federal se juzga con una edad de 60 años.

En la misma línea, la Ley Nacional de Ejecución Penal plantea posibilidades de sustitución de la pena o preliberación a las personas mayores debido a las condiciones de salud física o mental, por senilidad, edad avanzada o estado de salud grave.

Establece que la preliberación, la conmutación de la pena, liberación condicionada o liberación anticipada de personas sentenciadas por motivos humanitarios cuando se trate de personas adultas mayores, personas portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia.

Mientras que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores protege  el desarrollo armónico de sus facultades y aptitudes, a la dignidad, salud, educación, alimentación, trabajo, a la familia, a la participación en la vida cultural y el deporte; “objetivos que fortalece la integración de acciones de protección que se integran en los ejes de la reinserción social de los sentenciados”, acota la CNDH.

Por otra parte, cuestiona que la disparidad de criterios considerados en la normatividad nacional y en los tratados internacionales, donde se reconoce como personas mayores a aquellas de más de 60 años, es una realidad.

Por ejemplo, dice, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador” reconoce que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”.

El Programa de Acción del Cairo15 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en sus objetivos específicos destaca aumentar mecanismos para mejorar condiciones de vida, los sistemas de atención a la salud, a la seguridad económica y social, estableciendo los apoyos necesarios para las personas de edad.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Nelson Mandela” reconocen que no habrá discriminación para su aplicación y deberán tomarse en cuenta sus necesidades individuales, especialmente de los más vulnerables y reclusos con necesidades especiales.

La CNDH destaca que las proyecciones del Consejo Nacional de Población sobre la transición demográfica señalan que el incremento de la población mayor de 60 años de edad aumentará de 9.8 millones en 2020 a 23.1 millones en 2050, situación que podría reflejarse también en el sistema penitenciario, por lo que plantea que es necesario atender a esta población en forma adecuada.

“Es imperioso que el Estado garantice atención plena a los ancianos presos con pleno respeto de sus derechos humanos, firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, armonice el Código Penal Federal, los códigos penales locales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, e instrumentos internacionales en la materia, y se considere para fines de su libertad anticipada”, enfatiza.

Para este trabajo se solicitó la versión del área responsable de los centros penitenciarios del país, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, sin embargo, la oficina de prensa de la institución no respondió a la petición en más de dos semanas.

Sobrepoblación en prisiones de baja capacidad

En el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en el país, la CNDH alerta sobre las condiciones en que se encuentran las personas privadas de la libertad albergadas en 109 centros penitenciarios que carecen de infraestructura que permita una estancia digna y desarrollo adecuado del régimen penitenciario de acuerdo con las normas nacionales e internacionales.

El organismo humanitario denuncia la ausencia de políticas públicas enfocadas al diseño de un verdadero sistema que haga compatible la infraestructura de las prisiones con los sistemas de gestión penitenciaria, “en concordancia con los instrumentos internacionales y las normas deben observarse durante la prisión preventiva y la ejecución de penas”.

Señala que a diciembre de 2017, el sistema penitenciario del país albergaba 204 mil 617 personas distribuidas en 358 establecimientos, de las cuales 13 mil 177 personas se encuentran  en 1 mil 94 centros con capacidad menor a 250 espacios (que dependen de las autoridades estatales), y que no cuentan con infraestructura para desarrollar un buen régimen penitenciario, ya que 48 de ellas presentan problemas de sobrepoblación.

En el informe, presentado 27 de febrero de 2018, la CNDH considera que no se puede lograr una efectiva reinserción social, ni hacer efectivos los derechos constitucionales cuando a las personas privadas de la libertad no se les proporcionan los medios necesarios para ello, ya que los establecimientos con capacidad reducida no cuentan con infraestructura para el desarrollo de actividades ni proporcionan una estancia digna.

La capacidad instalada del sistema penitenciario nacional cuenta con 212 mil 82 espacios, en los cuales hay (a febrero de 2018) 204 mil 617 personas privadas de la libertad en todo el país, lo que deja ver que la sobrepoblación no se presenta hoy en día en general en todos los centros de reclusión.

Sin embargo, precisa que en 48 de los 109 centros de baja capacidad se observa un número de personas privadas de la libertad que rebasa el número de espacios, con problemas de hacinamiento que llega a niveles de sobrepoblación crítica, condición que supera su capacidad operativa y no permite garantizar el cumplimiento mínimo de las normas reguladoras de la vida en prisión.

Los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2015 y 2016 señalan que, como resultado de las deficiencias en la infraestructura de algunos centros (Ciudad Constitución, BCS; Taxco Guerrero; Actopan, Hidalgo; Cuautla y Jojutla Morelos; Tekax, Yucatán; Cieneguillas Femenil, Zacatecas; Femenil de Tapachula, Chiapas y Tecomán, Colima, entre otros), no se respeta la clasificación entre procesados y sentenciados, hay sobrepoblación, hacinamiento, falta de actividades laborales, capacitación para el trabajo, educativas y deportivas.

Asimismo, en algunos centros se observan malas condiciones materiales, higiene deficiente en el área médica, pobre infraestructura y mal equipamiento de cocinas, lo que repercute en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos.

La CNDH considera tomar en cuenta a organismos internacionales que analizan y estudian mejores prácticas en materia penitenciaria y criterios básicos para la vida en prisión: “Un recluso, una cama, dormitorios con luz natural, aire fresco y ventilación, ocho horas fuera de la celda, posibilidades de hacer ejercicio físico, atención sanitaria, espacios que garanticen vínculos familiares, dieta alimenticia balanceada, así como especial atención a mujeres e hijos que conviven con ellas”.

Y exige a gobiernos de las 32 entidades federativas mejorar infraestructura y capacidad de los centros penitenciarios de baja capacidad, atender a mujeres bajo criterios de protección a sus derechos humanos y de sus hijos, programas de dignificación penitenciaria, clasificar a la población, seguridad, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación, “elementos básicos para una reinserción social, así como tomar en cuenta especificaciones nacionales e internacionales para diseño, construcción y/o adecuación de infraestructura de este tipo de centros de reclusión”.

fuente.-José Réyez

POLICIAS de JALISCO "NO ENCUENTRAN PERSONAS,las DESAPARECEN"...tiene la mayor cantidad de casos,claro esta,despues de Tamaulipas.

En muchas de las desapariciones que ocurren en Jalisco, la entidad con mayor cantidad de casos después de Tamaulipas y el Estado de México, se ha denunciado la participación directa de policías municipales y estatales. Los familiares de las víctimas acuden a todas las instancias en busca de ayuda (fiscalías, Ministerio Público, Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso al gobernador), pero sus denuncias terminan por congelarse y ellos tienen que investigar personalmente, bajo amenazas veladas del personal de la Fiscalía Estatal. Las reclamaciones contra las autoridades estatales provienen hasta del extranjero.

GUADALAJARA, Jal. (Proceso).- La desaparición de personas, en especial de  jóvenes entre 15 y 19 años, se ha incrementado a un ritmo alarmante en la entidad: mientras en el sexenio del panista Emilio González Márquez se reportaron 2 mil 175 casos, en la administración que encabeza el priista Aristóteles Sandoval Díaz suman ya 14 mil 19, con el agravante de que en algunos se ha denunciado la participación de policías municipales o estatales.

Durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron en el país 20 mil 851 personas. El 75% de esos reportes oficiales se concentraron en seis entidades, de las cuales Jalisco ocupó el tercer lugar, con 2 mil 175, después de la Ciudad de México y el Estado de México, como consta en el Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2012.

El pasado 21 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) dio a conocer, en su recomendación 3/2018, que según datos de la propia Fiscalía General del Estado (FGE) se registraron 14 mil 19 desapariciones desde 2013 hasta el 31 de octubre de 2017.

De ese total, 3 mil 206 fueron reportados de enero a octubre de 2017, con lo cual Jalisco sigue ocupando el tercer lugar nacional, después de Tamaulipas (5 mil 989) y el Estado de México (3 mil 864).

Pese a todo, la sociedad jalisciense parece indiferente, excepto por las asociaciones civiles que realizan marchas en las que sólo participan los afectados, para exigir al gobierno que encuentre a sus familiares.

En el periodo de Emilio González, la única gran manifestación se realizó el 23 de mayo de 2012, cuando estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) exigieron mayor seguridad, tras el asesinato de 11 de sus compañeros en seis meses.

Marco Antonio Núñez, entonces líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), declaró entonces que también tenía información sobre estudiantes desaparecidos, pero que sus familias no denunciaban por miedo.

Ya con Sandoval Díaz en el Ejecutivo, seis jóvenes y un mesero, cuyas edades oscilaban entre 18 y 22 años, fueron levantados la madrugada del l7 de julio de 2013 en Lagos de Moreno.

Al no localizarlos, 17 días después sus amigos y familiares se manifestaron en el jardín principal del municipio y exigieron a las autoridades frenar la inseguridad. Cuando fueron hallados sus cadáveres, el entonces fiscal estatal Luis Carlos Nájera informó que tras una investigación se estableció que fueron asesinados por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), como venganza por haberle robado dos bolsas con droga y dinero.

Casi seis años después la consigna de esa ocasión (“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”) se escuchó en cuatro manifestaciones en Lagos de Moreno, ya que entre el 19 y el 21 de marzo pasados se reportó la desaparición de seis estudiantes, cinco de ellos universitarios –tres de una institución privada más dos de la UdeG– y uno de secundaria.

Los dos de la UdeG fueron hallados (uno aparentemente se suicidó, a decir de la FGE) y el de secundaria apareció, pero hasta el cierre de edición no se ha ubicado a los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales CAAV, Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Ávalos y Jesús Daniel Díaz.

Ante la presión nacional y de medios de comunicación extranjeros, tras la segunda manifestación, el 23 de marzo las autoridades ofrecieron 1 millón de pesos a quien diera información que llevara a localizar a los estudiantes del CAAV.

Ante las críticas que generó la medida por favorecer a víctimas de una institución privada, el día 25 el gobernador extendió la oferta de gratificación a quien aporte datos para localizar a cualquier desaparecido.

Pero la presión internacional ya estaba sobre el gobierno de Sandoval Díaz. El 31 de enero pasado, los italianos Raffaele Russo, de 60 años, su hijo Antonio, de 25, y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 29, desa­parecieron en el municipio de Tecalitlán.

En Italia hubo varias manifestaciones para exigir su localización. La más difundida se realizó el 17 de febrero, durante un partido de futbol en la ciudad de Nápoles. Hasta el momento, las indagatorias en Jalisco apuntan hacia la presunta responsabilidad de líder del CJNG y la complicidad de policías municipales.

El 23 de febrero pasado un centenar de personas, en su mayoría familiares de los veracruzanos Juan y José Ángel Meléndrez Luna, Juan José Santos Meléndrez y José Meléndrez Pineda –quienes desaparecieron el 1 de febrero en Autlán de Navarro–, se manifestaron frente a la FGE.

Los inconformes exigieron la aparición con vida de las víctimas y que se detuviera a los cinco policías municipales que bajaron a los veracruzanos del taxi, pues esa ocasión fue la última que se les vio.

El mismo día la FGE informó de la detención de cinco policías de Autlán por estar implicados en la desaparición de los veracruzanos.

Laberintos burocráticos de la FGE

Zonia Gómez Zúñiga busca a su hijo Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG, a quien policías estatales sacaron el sábado 20 de febrero de 2016, a las 15:30 horas, de su domicilio en la colonia Valdepeñas, en Zapopan.

Eduardo tenía apenas tres meses de rentar la vivienda, de la que subarrendaba tres habitaciones a otros jóvenes. Se mudó para llegar más rápido al CUCEA.

La mañana del domingo, el padre visitó a la señora Gómez sin avisar y le informó que ocho hombres armados, identificados como elementos de la FGE y que llegaron en camionetas RAM blancas, habían “levantado a Lalo”.

Le relató que él y Eduardo habían regresado de pasear a su perro cuando –según recuerda Zonia– “unas personas armadas los empujaron hacia dentro de la casa. Ahí había otro muchacho que tenía apenas tres días viviendo en ella, al que mi hijo no conocía, y se los llevaron a ambos, además de un Cadillac modelo 2000 y sus pertenencias”.

El exmarido, que padecía de cáncer, no le avisó de inmediato a Zonia porque esperaba que liberaran pronto a Eduardo.

Tan pronto se enteró Zonia, ella acudió a la FGE pero le aseguraron que su hijo no estaba ahí. Cuando la enviaron al área de desaparecidos recibió por whatsapp el mensaje de un amigo de los jóvenes que subarrendaban las habitaciones: decía saber quién se había llevado a su hijo y dónde lo tenían, pero le pedía de 50 a 100 mil pesos por la información.

Personal de la FGE tomó el control de su celular y respondió. Acordaron reunirse con el informante en un centro comercial, a las tres de la tarde. El Plan de la FGE era que Zonia acudiera con agentes para detener al autor del mensaje y llevarlo a declarar.

A punto de trasladarse al centro comercial, la entonces directora del área de Desaparecidos de la FGE, Violeta Cristina Meza, le indicó a la señora Gómez que el área de secuestros se encargaría del asunto. Ahí decidieron que no se presentara a la cita con quien decía tener información sobre Eduardo.

Zonia y su exmarido regresaron con Meza para informarle de la decisión del área de secuestros. La funcionaria llamó para que le tomaran la declaración a la señora, cuando el testigo de los hechos fue el padre de Eduardo. A él le tomaron declaración el lunes 22, mientras que la averiguación previa por el robo de auto no se abrió hasta el 24 de febrero. El vehículo tampoco ha aparecido.

En secuestros le comentaron a Zonia que “ellos no hacían investigaciones de campo, que atendían el caso porque así se los habían ordenado, y que si no había una llamada para pedir un rescate no iban a hacer nada”, narra con dolor.

A la tercera semana del levantón, la señora Gómez se puso en contacto con el entonces líder de la FEU, Alberto Galarza, El Rojo, quien por su cuenta de Twitter­ pidió a la comunidad universitaria que compartiera la foto de Eduardo por si alguien lo veía.

En tanto, recuerda Zonia, “me decían en la fiscalía que si yo hacía pública la situación iba a poner en riesgo la vida de mi hijo, que realmente no sabían si se trataba de un secuestro. Evidentemente no fue un secuestro, les dije, fue gente de la fiscalía. Les insistía en eso”.

Cuando se dio a conocer el caso, el entonces fiscal general Eduardo Almaguer la mandó llamar. El ahora aspirante a la alcaldía de Guadalajara le reveló que él dio la orden de que su caso fuera atendido por el área de secuestros, según él porque contaba con el mejor equipo de geolocalización y personal más capacitado.

Almaguer llamó a los encargados de secuestros y desaparecidos para que colaboraran en la localización de Eduardo. Pero ninguna de las áreas interrogó al joven que decía saber quién tenía al estudiante. A la persona a la que el informante señaló de retener a la víctima, la mataron el 24 de septiembre de 2016, comenta Zonia. Y a finales de junio de 2017 falleció el padre de Eduardo, quien presenció los hechos.

La averiguación fue turnada al área de extorsión con el visto bueno de Fausto Mancilla, actual fiscal regional. A principio del año pasado el expediente 12/2016, que se abrió en el área de secuestros, se envió a la dirección de desaparecidos.

“Si hubiera entrado a desaparecidos le hubiera tocado casi el 300, porque la mamá del otro muchacho que se llevaron junto con mi hijo sí puso su denuncia en desaparecidos y le dieron un número doscientos setenta y tantos”, acota.

Zonia Gómez está consciente de que la policía investigadora no se da abasto para localizar al gran número de desaparecidos: “La FGE no tiene los recursos necesarios. Yo sé que a algunos elementos les falta voluntad, pero también les hace falta personal y recursos, no puede ser que no tengan para la gasolina”.

Ella también habló en abril del año pasado con Aristóteles Sandoval, quien le dio su número de celular y le dijo que una persona de la FGE le informaría sobre los avances de la investigación. “Jamás me llamó (el gobernador), no me contestó ni una llamada. O sea que te dan la atención, pero realmente no te resuelven el problema. Es mentira”, lamenta.

Para colmo, dice, personal de la FGE le recomendó que “ya no le moviera; no vaya andar de revoltosa porque muy seguramente a los que se llevaron a su hijo no les va a gustar. Usted cuide a su hijito, cuídese. Eran consejos de prudencia, pero realmente era amedrentamiento oculto”.

Zonia acudió con un abogado de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) para consultar el expediente de su hijo, pero no se lo permitieron “por su protección y sigilo”. Posteriormente el Ministerio Público le advirtió que si llevaba al “abogadillo” de la CEAV no la atendería.

En diciembre pasado la señora presentó una queja ante la CEDHJ, que ya presidía Alfonso Hernández Barrón, porque, confiesa, “no teníamos mucha confianza en el anterior presidente”.

Presunta complicidad policiaca

Esa falta de coordinación policiaca y las amenazas veladas se repiten en otros casos, como el de Martha Leticia García, quien desde el 4 de agosto de 2017 busca a su hijo César Ulises Quintero García, de 19 años, quien fue visto por última vez en Ocotlán. Estudiaba en el Centro Universitario de la Ciénega, con sede en La Barca, donde vive su familia.

César Ulises laboró durante las vacaciones en una granja y, como no regresaba, Martha llamó a su celular a las 14 horas del viernes 4 de agosto, pero no respondió. Horas después le informaron que César Ulises había sido detenido con el hijo de su patrón y otras dos personas.

La señora García contrató un abogado, quien le cobró “una fuerte cantidad” por informarle que César estaba detenido con una persona de 55 años, pero al día siguiente afirmó que el joven no estaba encarcelado.

Ella acudió a las instalaciones de la FGE en Guadalajara, donde también negaron que tuvieran a su hijo. Cuando quiso interponer una queja en la CEDHJ, le dijeron que era imposible porque “no había un registro de César” entre los detenidos por la FGE.

El lunes fue a la agencia del Ministerio Público de Ocotlán, donde le hicieron preguntas muy específicas (¿su hijo es mesero?, ¿qué estudia?, ¿a qué fue a Ocotlán?). “Pensé: ya encontré a mi hijo. Lo último que me preguntó fue si mi hijo traía un celular grande. El funcionario encuadró con la mano el tamaño del celular de mi hijo. Yo le dije: ‘Así es de grande’ (…) Ya nada más se metió las manos al pantalón y me dijo: ‘Pues no, nosotros no lo tenemos’”.

Señala que la mayor parte de la carpeta de investigación 1558/2017, sobre la desaparición de su hijo, ha corrido a cargo de ella: “Uno aporta, uno se mete de lleno a indagar, a darles líneas de investigación, pero yo no he visto resultados”. Como los encargados de investigar ya no le toman la llamada, la señora García decidió enviar el expediente a Guadalajara.

Es prácticamente la misma experiencia de Mayra Hernández. Un grupo de policías estatales que llegó en camionetas oficiales se llevó a su hijo Antonio Reynoso Hernández de una fiesta familiar en Tlaquepaque, el 30 de agosto de 2013, cuando tenía 24 años.

Los uniformados detuvieron a cuatro personas, pero Antonio no estaba entre ellas cuando las presentaron ante la autoridad. “Lo empecé a buscar desde entonces. Fui a todas las dependencias, pero en ninguna me dieron noticias de él. Contraté un abogado. Por medio de él me di cuenta de que mi hijo no está detenido, y a partir de entonces empieza mi martirio. Son cuatro años y medio, y todavía no sé nada”, dice Mayra.

Al presumirse desaparición forzada con participación de policías del estado, la denuncia de Mayra se envió a la Visitaduría General de la FGE, pero después se canalizó al área de desaparecidos “y hasta hoy no han hecho nada”, dice la afectada.

Ella vio cuando los uniformados lo subieron a la camioneta con los otros tres. Los policías declararon que Antonio huyó.   

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