"BELTRONES" se SACUDE del "PRI" a INCONDICIONALES de "OSORIO CHONG y VIDEGARAY"....baja al "Balta" y sube a "Bernal".

El dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, designará mañana a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2015-2019; se perfila que esté integrado solo por su círculo cercano.

Con ello, dejará fuera de la cúpula del tricolor, al menos en las carteras de primer nivel, a personajes allegados a los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Hacienda, Luis Videgaray.

Beltrones se hará acompañar de políticos con los que desde San Lázaro logró la aprobación de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto en la 62 Legislatura.

Así, sus ex vicecoordinadores parlamentarios Manuel Añorve y Marco Antonio Bernal tendrán continuidad en el proyecto partidario del sonorense.

Bernal, quien aspira a ganar la candidatura del PRI a la gubernatura de Tamaulipas el próximo año, será designado secretario general adjunto del CEN del PRI.

Mientras que Añorve llegará a la secretaría de Organización, tercera cartera de importancia, apenas debajo de la presidencial y la secretaría general del tricolor, que era ocupada por el ahora diputado Baltazar Hinojosa.

Canek Vázquez, quien trabajó en la campaña por el gobierno de Sonora con Claudia Pavlovich, asumiría la subsecretaría de Operación Política, que depende de la secretaría de Acción Electoral, que actualmente encabeza el senador Arturo Zamora.

En tanto, Alejandro Gutiérrez, quien fue coordinador de asesores de Beltrones en San Lázaro, se perfila para presidir la Fundación Colosio y sustituir a Adrián Gallardo.

Se espera la incorporación del político chiapaneco Willy Ochoa, quien era el encargado de cabildear los votos entre panistas y perredistas para la aprobación de leyes, dictámenes y reformas en la Cámara de Diputados.

A cargo de la secretaría de Comunicación Institucional Jesús Anaya y Miguel Segundo, quienes lo han acompañado desde hace varias décadas. El PRI cuenta con 14 secretarías, cuatro coordinaciones, dos comisiones, una Unidad de Transparencia, su Contraloría General y la Defensoría Nacional de los Derechos del militante.

A finales de agosto pasado, Beltrones señaló que integraría a su equipo a personas cercanas a Osorio Chong y Videgaray, las cuales se incorporarían a las oficinas de Buenavista en un afán de incluir todos los puntos de vista al interior del partido.

Indicó que se requiere un trabajo cercano para hacer más tangibles los beneficios para la población, por lo que tienen una función específica para lograr esa meta. 

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REPRUEBA CONTROLES de CONFIANZA por "TERCERA VEZ",es el "DIRECTOR de SSP en MICHOACAN" ...y va por la "CUARTA".

Ésta es la tercera ocasión que Jesús Sánchez Noriega reprueba los exámenes a los que deben someterse los elementos de seguridad de la entidad

MORELIA, Michoacán.- El director de Seguridad Pública de Morelia, Jesús Sánchez Noriega, reprobó por tercera ocasión el examen de control y confianza, al cual deben someterse todos los cuerpos de seguridad por mandato del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

En un primer momento se manejó que el mando policiaco haría de nueva cuenta dicha prueba, facilidad que no se le otorga a ningún elemento de la Dirección de Seguridad Pública; sin embargo el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que aún está a la espera del resultado del examen de control y confianza, es decir la cuarta prueba a la que es sometido el mando.

En cuanto a la renovación del convenio para la implementación del Mando Único en la capital, el edil aseguró que es muy probable que éste se dé en los días posteriores.

De hecho, el mandatario municipal se reunió con autoridades estatales para abordar términos y acuerdos para la implementación de este modelo de seguridad.

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"NO SE METAN con NOSOTROS", la "ADVERTENCIA MILITAR del GENERAL CIENFUEGOS".

Lo que pudo ser un encuentro constructivo entre los diputados de la comisión que indaga el caso Ayotzinapa y el secretario de la Defensa, se tornó en una reunión ríspida cuando el general Salvador Cienfuegos se vio obligado a fijar su postura sobre la inacción militar en la noche de Iguala. 

"Fue tajante: dijo que el Ejército no intervino porque nadie le pidió hacerlo y, además, advirtió que no le rendirá cuentas a ningún organismo extranjero. Y aun cuando accedió a que los miembros del 27 Batallón sean interrogados, dijo que esto sólo ocurriría con la presencia de un superior a su lado, para evitar “intimidaciones”.

Soberbio y negado a cualquier interrogatorio de organismos extranjeros, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda, advirtió a legisladores de la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa que el trabajo de sus soldados podrá someterse al escrutinio legislativo siempre que eso ocurra con un superior a su lado para evitar “intimidaciones”.­

Durante dos horas y media, Cienfuegos y altos mandos de la Sedena –el general Gilberto Hernández Andreu, oficial mayor; el encargado del Área Jurídica, general Alejandro Ramos; y el director de Derechos Humanos, general José Carlos Beltrán Benítez– se impusieron ante la mayoría de los diputados federales. De entrada, prácticamente catearon a los legisladores para evitar que entraran a las instalaciones de la Defensa con celulares, grabadoras o cámaras. Además, impidieron que sus asesores los acompañaran.

La que hubiera podido ser una tersa reunión entre diputados federales y el titular de la Sedena y sus subalternos se convirtió en una dura crítica por parte de dos diputados federales: Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, y Araceli Damián, de Morena, quienes desentonaron en el “cordial” encuentro.

“Displicente”, “soberbio” –como lo calificaron– y con todo lo que el uniforme de cuatro estrellas puede provocar ante sus interlocutores, Cienfuegos Zepeda se impuso a los legisladores advirtiéndoles que él sólo le reporta al presidente de la República y sólo se somete a los tribunales del orden común y del fuero federal, nunca a organismos extranjeros.

A los ocho miembros de la Comisión Especial les dijo que los militares no declaraban ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “pero que con mucho gusto se reportan a las instituciones y a los poderes de México”.

“¡Entonces hágalo realidad, general secretario, y permita que entremos al 27 Batallón!”, se atrevió a decir Damián.

Con su voz pausada, la diputada sorprendió a Cienfuegos, quien manifestó su disposición para que los miembros de la Comisión Especial de Ayotzinapa ingresen por vez primera a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala y puedan interrogar a sus miembros.

Pero Beltrán Benítez paró en seco el entusiasmo de los diputados. “Habría que ver en calidad de qué los interrogarán, cómo va a quedar la declaración de los soldados, porque en términos de derechos humanos también (sic) podríamos violárselos”.

Siguió: “Hay que establecer qué papel juegan ustedes los diputados. Primero se tienen que acordar las bases sobre las cuales se podría realizar ese interrogatorio”. Luego les advirtió: “Ningún soldado podrá declarar ante ustedes si no se hace acompañar de su superior… porque ellos se sentirían intimidados ante los legisladores”.

Damián calificó la advertencia de “penosa”, pues sostuvo que “si finalmente no hay nada que ocultar y el Ejército actuó de manera ejemplar, como nos lo dijeron en esa reunión, no deberían tener miedo a que los soldados declaren sin acompañamiento, pues podría ser a la inversa: que los superiores intimiden a los soldados y limiten sus declaraciones”.

De los ocho integrantes de la recién creada comisión especial del caso Ayotzinapa –se aprobó el pasado 15 de septiembre–, seis jamás habían participado en acciones legislativas y no tienen mucho conocimiento en materia penal.

Su presidenta, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, fue secretaria de gobierno del estado de Querétaro. Se le considera una mujer prudente y afecta a los consensos. Desde el momento en el que se creó la Comisión, ha enviado oficios a distintas autoridades para sostener entrevistas con ellas; los primeros en responder y fijar fechas fueron Cienfuegos y la procuradora general de la República, Arely Gómez.

“Intransigente”

La cita con el secretario Cienfuegos se concretó el martes 6 en las instalaciones de la Sedena, de las 18:00 a las 20:30 horas. En el encuentro, el general y parte de su Estado Mayor dieron lectura a un documento de 18 cuartillas en el que presentaron un “informe cronológico de la participación militar” en los hechos de los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando seis personas murieron y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron luego de ser atacados por la Policía Municipal.

De entre los legisladores federales presentes, sólo dos tienen experiencia, pero a nivel local: Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde, fue diputado en la anterior Legislatura de Guerrero; formó parte de la Comisión Instructora que se negó a revocar el mandato del entonces alcalde José Luis Abarca luego del asesinato de tres perredistas. El otro es el abogado, exlegislador por Jalisco y exsubprocurador de esa entidad Víctor Sánchez.

Único en rebatir los argumentos del general respecto a su no intervención en los hechos de Iguala, Sánchez dice en entrevista con Proceso que Cienfuegos se portó de manera “soberbia” e “intransigente” al abordar el tema de los interrogatorios y su inacción en materia de combate al crimen organizado en Iguala.

Durante el encuentro estuvo “atento”, se dio lectura a la cronología y respondió a las preguntas, pero cuando se tocó el punto de los interrogatorios por parte del GIEI, asumió una actitud soberbia; también cuando argumentó que la persecución del crimen organizado no era trabajo de la Sedena, comenta Sánchez.

Y sostiene que jurídicamente es un “error” la posición de Cienfuegos y su rechazo a que los soldados sean interrogados por miembros del GIEI, como lo dijo el general en entrevista televisiva.

“Nos dijo que el GIEI no puede entrevistar ni interrogar a los militares. Está en un error y mal asesorado. También lo dijo el general del área de derechos humanos y el del área jurídica de la Sedena.

“En una actitud soberbia nos dijo que la Sedena es la defensora de la soberanía mexicana y que no puede venir ningún ente extranjero a entrevistarlos.

“Eso es un error jurídico pues la Suprema Corte estableció criterios jurisprudenciales donde el concepto de soberanía cambió desde el momento en que México tiene tratados internacionales. En éstos, el país tiene derechos pero también obligaciones. Recordemos que fue el Estado mexicano el que pidió la intervención de la CIDH, y ella tiene su fundamento en la Organización de Estados Americanos. México es miembro de la OEA; en consecuencia, ésta tiene facultades para entrevistar a militares mexicanos”, sostiene el legislador.

Pero no sólo eso. El GIEI, añade, es coad­yuvante de las víctimas. “Entonces la posición del secretario es equivocada, tanto legal como políticamente”.

Sobre este último punto comenta: “El secretario es titular de una institución, y como tal tiene muchas facultades, pero no debe ser defensor de los actos u omisiones de sus soldados”. Y va más allá: sostiene que el titular de la Sedena “debió iniciar una investigación para que en términos de las leyes marciales revise la responsabilidad que tuvieron estos elementos del 27 Batallón. Él no debe asumir una posición de respaldo y defensa a ultranza. Debe estar abierto a que haya una indagación”.

El hecho de que ni siquiera se haya abierto una instrucción en el área marcial, acusa, denota una actitud intransigente.

Detalla que cuando México firmó tratados internacionales en materia de derechos humanos que luego fueron ratificados por el Senado, “desde ese momento el secretario no puede estar apelando a no permitir esta entrevista”.

Un segundo momento de tensión durante el encuentro ocurrió cuando Cienfuegos justificó la no intervención de los soldados en el momento del ataque a los normalistas.

Luego de la lectura de las 18 cuartillas del informe, Sánchez inquirió al secretario sobre el “antes” de los hechos. Las preguntas fueron: “¿Tenían información de los grupos criminales que operaban en la zona? ¿Se tenía información de los vínculos de los policías municipales y del presidente municipal con estos grupos criminales, como el de Guerreros Unidos? ¿Por qué no se actuó antes?”.

“Soberbio respondió: sólo el 89 constitucional, y en una sola de sus fracciones, contempla la obligatoriedad del presidente de la República sobre el secretario de la Sedena para preservar la seguridad interna. Pero, además, la Ley de Seguridad Nacional no establece ninguna de esas facultades de hacer trabajo de seguridad pública. Nos dice: ‘No es nuestra obligación’”, refiere Sánchez.

“La Sedena acepta que tenía conocimiento, que tenía información de los víncu­los, pero que no había las pruebas o evidencias suficientes como para actuar y que además no tenían facultades para hacerlo.

“Al general también le preguntamos por qué no actuaron en el momento. Su respuesta fue que de los 293 efectivos (del 27 Batallón) sólo 23 estaban en disposición, pues unos estaban francos y otros atendían el derrame de sustancias tóxicas en la carretera. Además, que los estudiantes habían tenido una serie de actos en el mes y lo vieron normal.

“Le reclamamos en ese momento que ellos tienen gente en el C-4, que en ese momento ya había evidencia de heridos, una decena, y cinco o más muertos, y que habían tenido nueve eventos, todos correlacionados, por lo cual no nos podía decir que se trataba de otra escaramuza entre estudiantes y autoridades o considerar que se trataba de hechos aislados.

“Su respuesta, arrogante y soberbia: ‘No tenía elementos y no era nuestra obligación’.”

Flagrancia o inacción

La diputada Damián narra a Proceso lo que llamó “un encuentro cordial”, hasta que se refirió a los interrogatorios y a la inacción militar.

De entrada recuerda que a los legisladores no se les permitió permanecer con sus celulares ni con sus asesores.

Refiere que el general Cienfuegos les explicó que ellos (los militares) sólo pueden actuar cuando hay “flagrancia” y que supieron de las detonaciones de arma de fuego por el C-4 desde las 21:50 horas.

“Empezaron a enterarse de diversos sucesos en cuestión de minutos, pero siguieron pensando que no tenían que actuar. Se entrevistaron con el coordinador operativo de la Policía Estatal y éste les dijo que no pasaba nada y que no iban a actuar hasta que no recibieran órdenes. En ese momento el general nos aclaró que ellos menos iban a actuar, pues no había quien les dijera que lo hicieran.”

El general secretario, sigue la diputada Damián, sostuvo que no hubo negligencia del Ejército porque sus integrantes no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil para intervenir. Y añadió que si la policía no estaba haciendo su trabajo, ella es la responsable.

“Nos dijo que ellos sólo pueden actuar cuando hay ‘flagrancia’”, sigue la diputada, y apunta que el diputado Víctor Sánchez, quien sí sabe de leyes, les aclaró que es falso el dicho del secretario, pues en materia penal la flagrancia tiene un lapso de 78 horas cuando en el evento hay una persona fallecida, “así que podían haber actuado en ese momento porque ya tenían conocimiento de muertos”.

Damián le reclamó que no les hubieran permitido a los legisladores el ingreso a la Defensa con asesores, “pues con este tipo de argumentos del secretario estábamos en desventaja para rebatirle los que ignoramos esos términos”.

Y mientras, narran los diputados, el secretario asumía una actitud primero de maestro de escuela que detalla paso a paso un evento, luego actuaba con displicencia y “arrogancia” hacia los legisladores, y por último les pedía su ayuda para mejorar la imagen del Ejército.

“Lo que nos planteó el titular de Derechos Humanos fue que ellos sienten que la ciudadanía no les reconoce el trabajo que hicieron ese día. Consideran que hubiera sido desafortunado involucrarse y exclamó: ‘¡Imagínense cómo lo hubiera recibido la sociedad. Dirían: El Ejército resguarda estudiantes de la normal de Ayotzinapa! Eso podría voltearse hacia nosotros y en lugar de benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército’. Yo digo, ¡qué importa la imagen si a cambo estás salvando vidas!”, comenta la diputada.

Al final del encuentro, Cienfuegos les dijo que le preocupaba la integridad de los soldados y que ellos sólo quieren proteger a la ciudadanía mientras que ésta lo que hace es atacarlos. “Nos hicieron un exhorto para que digamos a la sociedad qué fue lo que hicieron y cómo atendieron los llamados de esa noche, pero, a pesar de ello, desaparecieron 43 jóvenes”.

Antes de concluir el encuentro, la Sedena les entregó a los diputados el documento de 18 páginas, en el cual reiteran lo que han dicho en todo momento: que el secretario de Seguridad Pública de Iguala los engañó y que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en esa materia sino a petición y en apoyo de las autoridades civiles, o en flagrancia.

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MANDO de POLICIA que DABA LECCIONES para EXTORSIONAR",ahora lo ASCIENDEN !!!...ahora da lecciones de "HONOR y JUSTICIA".

Pese a ser exhibido en 2011 aleccionando a policías sobre cómo extorsionar, un mando del Edomex no sólo continuó en el cargo: también lo premiaron con una posición en la Comisión de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES).

Se trata de Rogelio Cortés Cruz, director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, quien apareció en un video en el que les llama la atención a tres oficiales acusados de extorsión por ser tan obvios al momento de pedir mordida. 

De acuerdo con las actas de sesiones efectuadas entre 2012 y 2015, publicadas en el portal de transparencia de la CES, el funcionario funge como vocal en la Comisión de Honor.

Ello significa que ha participado en las discusiones y toma de decisiones respecto a investigaciones por conductas inapropiadas o delitos cometidos por policías mexiquenses.

  

En el video, Cortés, conocido como "Cronos", dice que no lo asusta que los agentes alteren el reglamento de Tránsito. 

"Les cambian las cuotas (...) y dicen: 'Chingó a su madre: son 15 mil varos'. ¡Quince mil pesos! Eso es un exceso", señala. "A mí no me espanta que agarren un peso o dos pesos".  

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"CONSTRUIMOS "PRESENTE sobre PASADO" por una "LANA"...Mexico "SIN VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS".

En los últimos 15 años, sobre vestigios arqueológicos se han construido fraccionamientos habitacionales, distribuidores viales, gasoductos, presas, centros comerciales, minas y parques eólicos. No obstante su importancia, el INAH termina por avalar la mayoría de los proyectos de infraestructura promovidos por particulares y entidades de gobierno. Entierros humanos, estructuras arqueológicas, petrograbados, sitios sagrados, entre los hallazgos que han sido ignorados o destruidos.

De acuerdo con información obtenida por Contralínea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha firmado, entre 2000 y 2015, 70 convenios con particulares y dependencias gubernamentales para realizar trabajos de salvamento arqueológico dentro de poligonales destinadas a obras de infraestructura.

Fraccionamientos habitacionales, parques eólicos, minas, represas, distribuidores viales, libramientos, gasoductos, centros comerciales, restaurantes, plantas de tratamiento de aguas residuales y tiendas de autoservicio, entre los proyectos.

Para ello, en los últimos 15 años, particulares y dependencias gubernamentales han entregado al INAH alrededor de 152 millones 342 mil 320 pesos para la realización de los trabajos.

Según la información en poder de este semanario, durante la última administración de María Teresa Franco, se firmó el mayor número de convenios: 24 en 2014; seguido por 2013, cuando bajo la administración de Sergio Raúl Arroyo y el inicio de la segunda administración de Teresa Franco se firmaron 17.

Dirigido por Alfonso de Maria y Campos, en 2010, 2011 y 2012, el Instituto convino 15 salvamentos con particulares y entidades de gobierno.

La Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gasoductos Mexicanos, Corporación Minera Esperanza Silver de México, Tag Pipelines, Bayer de México, Restaurantes Toks, la Cadena Comercial Oxxo, Tiendas Chedraui, y Walmart de México son algunos de los nombres que figuran en los documentos oficiales.

Presas hidroeléctricas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el ente que más convenios ha firmado con el Instituto. En 15 años, se tiene registro de 17 proyectos de salvamento realizados por personal del INAH en predios que, se buscaba, fueran liberados para presas, gasoductos y/o líneas de transmisión de energía eléctrica.

Financiado por la CFE, el proyecto Chicoasén II, en Chiapas, con un costo de más de 19 millones de pesos, ha sido el más caro y también uno de los más largo que haya realizado el INAH. Según los propios documentos del Instituto, los trabajos de salvamento se programaron para llevarse a cabo en 19 meses.

Derivado de las labores arqueológicas en el área que ocupará la presa hidroeléctrica, el INAH ha reportado el hallazgo de tres asentamientos prehispánicos en 6 kilómetros cuadrados en ambos márgenes del Río Grijalva, estructuras arquitectónicas, elementos rituales y poco más de 100 entierros.

En enero de 2015, la CFE, emitió el fallo de la licitación de la Central Hidroeléctrica Chicoasén II. De acuerdo con un comunicado, el resultado fue a favor del consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones; Sinohydro Costa Rica, Desarrollos y Construcciones Urbanas y CAABSA Infraestructura.

La propuesta presentada por este consorcio fue por un monto de 386 millones 420 mil 681 dólares, por debajo del monto máximo fijado por la CFE en 405 millones 620 mil dólares.

En 2003, el INAH y la CFE firmaron un convenio para realizar labores de prospección y salvamento en el Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, en Nayarit, para el que la Comisión se obligaba a aportar 852 mil 221 pesos.

De acuerdo con el convenio, en 2001, el Instituto llevó a cabo una inspección sobre una parte de las márgenes del Río Grande de Santiago, que serían inundadas en el embalse de la presa del proyecto hidroeléctrico El Cajón.

Sobre la zona de embalse y en el tramo aguas abajo que se encontraba entre la cortina de la entonces futura presa y el límite final de la presa de la central hidroeléctrica Aguamilpa, se registraron un total de 24 sitios (nueve en la zona de reordenamiento territorial y 15 asociados al área de embalse de la futura presa), por lo que se reportaba la necesidad de continuar con los trabajos.

De 2003 a 2006, ya sumaban 72 los sitios arqueológicos localizados en la poligonal. Con los objetos hallados, el Instituto inauguró en octubre de 2006 en el Museo del Templo Mayor la exposición Entre ríos y montañas sagradas. Arqueología en El Cajón, Nayarit.

De la muestra, que reunía un total de 168 piezas arqueológicas, destacan 86 esculturas de barro, 46 vasijas, materiales en concha, así como dos representaciones de las tumbas de tiro. Los materiales arqueológicos provienen de los sitios El Tepetate, El Ciruelo, La Playa, Paseo de San Juan y Lagunitas, ubicados en las cercanías del Río Grande de Santiago, en un área de distribución de 65 kilómetros, localizadas en el sitio arqueológico La Playa.

También en Nayarit, el Instituto comenzó trabajos de salvamento sobre la poligonal del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, luego de firmar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad en el que la empresa se comprometió a erogar 1 millón 810 mil 850 pesos para los trabajos.

La obra, que enfrenta el rechazo social, pretende ser construida por la CFE en el poblado de San Pedro Ixcatán, municipio de Ruiz. Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), esta hidroeléctrica supone la pérdida de 14 sitios sagrados y ceremoniales de los pueblos indígenas Nayeri o Cora. Entre ellos, el principal centro ceremonial denominado La Muxatena, una formación rocosa de singular belleza. Además, considera que la obstrucción del río dañará irreversiblemente Marismas Nacionales, uno de los sistemas de manglar más extensos de Norteamérica.

La AIDA asegura que, con 540 kilómetros de longitud, el Río San Pedro Mezquital es el único libre de hidroeléctricas en la Sierra Madre Occidental de México. Es el séptimo río más caudaloso del país, la principal fuente de agua dulce para el Sur del estado de Durango, y base del sustento de diversos pueblos indígenas, los cuales, añade, no fueron consultados ni han recibido información sobre el proyecto.

 “Como consecuencia de las labores de inspección y evaluación que el Instituto realizó en el área señalada, a petición de la Comisión, se corrobora la existencia de vestigios arqueológicos en el área del proyecto y en previsión a la potencial afectación de los bienes arqueológicos que se puedan encontrar. La Comisión solicitó al Instituto que lleve a cabo los trabajos arqueológicos en la cota correspondiente y, en su caso, proponga las acciones conducentes para su protección”, señala escuetamente el convenio firmado el 19 de agosto de 2013.

Minería

El 28 de mayo de 2010, el Instituto y la Corporación Minera Esperanza Silver de México, SA de CV, celebraron un convenio específico de colaboración para realizar estudios de factibilidad mediante prospección arqueológica para la realización de trabajos de explotación minera en el proyecto La Esperanza, Cerro El Jumil, Temixco, Morelos, trabajos que fueron realizados del 26 de julio al 25 de septiembre de 2010.

La prospección arqueológica se realizó considerando las siete áreas que abarcan la superficie del polígono definido para la explotación minera: tajo grande, tajo chico, área de desmonte Sureste, área de desmonte Este, área de desmonte Norte, patio de lixiviación y sitio arqueológico Cerro El Jumil. Como resultado de la prospección se registró la presencia de los sitios arqueológicos El Jumil, El Jumilito, Ladera del Cerro El Jumil, Cuentepec y Cuexcomate, “importantes para el conocimiento del área de influencia de Xochicalco en el estado de Morelos”, se lee en los antecedentes plasmados en el documento. Por lo que el INAH consideró necesario ampliar la intervención arqueológica para continuar con el levantamiento topográfico de la ladera Este del cerro El Jumil y el salvamento arqueológico de los sitios antes mencionados, los cuales se ubicaban en el tajo chico, área de desmonte Sureste, área de desmonte Norte y patio de lixiviación.

La solicitud de la ampliación de la intervención arqueológica se basa en la cláusula tercera del convenio citado, en la cual las partes acordaron que el programa de trabajo podría ser modificado atendiendo a las circunstancias que se presentaran.

Así, el 19 de abril de 2011, se firmó el convenio para la segunda temporada de los trabajos, mismos para los que la corporación se obligaba a erogar 1 millón 231 mil 172 pesos.

En 2013, luego de enfrentar el descontento social y la atención de la prensa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó, con fecha 5 de junio, la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto de minería a tajo abierto el cerro de El Jumil.

En el oficio 03865 de la SGPA/DGIRA/DG, donde se da a conocer el rechazo de la manifestación de impacto ambiental de la mina, queda asentado que “el INAH concluye que la explotación minera es incompatible con la conservación del patrimonio arqueológico, con fundamento en diversos artículos de su Ley Orgánica, de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de la Ley Federal de Patrimonio Arqueológico”.

Proyectos habitacionales

Con fecha 29 de marzo de 2007, el INAH y el Fideicomiso Real Diamante, firmaron el convenio de colaboración para llevar a cabo labores de prospección arqueológica sobre un predio ubicado en la zona Punta Diamante, Puerto de Acapulco, en Guerrero, donde habría de edificarse el desarrollo inmobiliario turístico Real Diamante.

La prospección, del 1 al 31 de julio, se ejecutó considerando 11 macropredios, donde se detectaron tres plataformas habitacionales, 91 rocas con pozuelos, un abrigo rocoso, un petrograbado y tres macizos rocosos conocidos como La Tortuga, La Cabeza y La Mujer Pariendo, “importantes” para el conocimiento del área de asentamientos detectados en Puerto Marqués y Punta Diamante, reconocen las partes en el escrito.

Como resultado, se emitió un oficio con fecha del 14 de diciembre de 2007, en el que se dictaminó que debe ser considerada como reserva arqueológica el macropredio 30, así como restricciones temporales hasta su excavación en el predio 28, en el que se localizan dos manantiales vivos de escaso caudal, tres formaciones monolíticas reportadas en la década de 1980 y una terraza habitacional y, marcado con restricción temporal el macropredio 27, donde se localizaron restos de una plataforma prehispánica de uso doméstico que requerirá ser excavada, por lo que se considera necesario continuar la investigación durante 4 meses más.

El 30 de septiembre de 2011, el Instituto y el fideicomiso firmaron nuevamente un convenio, en él se establece que se requerían 120 mil 750 pesos. Monto que la empresa estaría obligada a entregar.

Sobre el proyecto, una nota del periódico El Sur de Acapulco da cuenta de la existencia de una denuncia penal en contra de la empresa. El señor César Sabino Palma Salinas –quien reclama la indemnización de 70 hectáreas y media en Punta Diamante– demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador René Juárez Cisneros, y a otros 27 funcionarios y exfuncionarios por los delitos de daño al patrimonio arqueológico, robo, saqueo de vestigios arqueológicos y lo que resulte.

En la denuncia, Palma Salinas explica que las personas señaladas siguen “saqueando, vendiendo y destruyendo la zona arqueológica que estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia especifican que datan de miles de años. Se están construyendo avenidas calles, villas, hoteles y próximamente casinos sobre los vestigios” que se encuentran en la zona conocida como Punta Diamante.

De acuerdo con la nota, fechada en agosto de 2004, Sabino acusa que a pesar de que el INAH notificó a través de un comunicado a los desarrolladores de Punta Diamante, constructora Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y a la administración del Condominio Real Diamante que tendrán que informar de cualquier tipo de obra que lleven a cabo y que pueden poner en riesgo la preservación de la reserva arqueológica, éstas siguen destruyendo el lugar.

La lista de convenios firmados por el Instituto y particulares, de los cuales Contralínea posee copia, incluye también el proyecto de salvamento arqueológico acordado para el predio ubicado en avenida Paseo de la Reforma 159, en el Distrito Federal, donde pretende construirse una torre de departamentos y en cuya entraña se conservaban vestigios de lo que en los siglos XVIII y XIX fuera el Panteón de Santa Paula (Contralínea 426http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/01/panteon-colonial-al-cascajo-con-aval-del-inah/

). También, el salvamento arqueológico que el Instituto y la Universidad Autónoma de Nuevo León realizó en 2012 sobre un polígono de 50 kilómetros cuadrados dentro de los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México, en el área donde habrá de construirse el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Perímetro en el que se ubicaron 28 sitios arqueológicos y alrededor de 270 puntos con vestigios prehispánicos (Contralínea 427 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2015/03/08/nuevo-aeropuerto-arrasara-zona-arqueologica/).

Las penas

Ante la pregunta expresa de cuáles son los mecanismos con los que cuenta el INAH, la Coordinación de Arqueología y la Dirección de Salvamento Arqueológico para evitar que el interés económico empresarial esté por encima del interés de salvaguardar el patrimonio nacional, Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología del INAH responde brevemente a Contralínea: “Está la Ley Federal [sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos] que obliga a los desarrolladores de infraestructura a que en el caso de que exista o se presuma la existencia de vestigios arqueológicos, se tiene que hacer un estudio”.

De acuerdo con el documento Procedimiento de desarrollo de investigaciones arqueológicas –salvamento y rescate– en áreas de obra de infraestructura pública o privada, los particulares y entidades de gobierno están obligados a obtener la autorización INAH-00-008 en áreas de obras de infraestructura pública o privada que son consideradas sitios arqueológicos o paleontológicos, porque presentan o se presume que presentan vestigios del periodo que van del origen de la vida humana hasta el establecimiento del dominio de los españoles, y frecuentemente, aun anteriores y posteriores.

De lo contrario, la Ley referida por Sánchez Nava prevé la suspensión de los trabajos que se ejecuten y en su caso procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de sanciones.

En su Capítulo VI, “Las sanciones”, el instrumento deja en claro que al que realice trabajos materiales de explotación arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y de 1 mil a 3 mil días de multa, y al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas, se le incrementará hasta por una mitad las penas.

Establece también en el artículo 48 que si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Se le impondrá prisión, apunta el artículo 52, de 3 a 10 años y multa hasta por el valor del daño causado, al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico.

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Elva Mendoza, @elva_contra

SORPRENDETE: MEDICOS "SALVAN a BEBE DECAPITADO",vuelven a unir su CABEZA....en AUSTRALIA.

El doctor juntó las vértebras separadas con hilo metálico y para repararlas utilizó trozos de las costillas del propio niño.

El pasado 15 de septiembre, un bebé estuvo a punto de perder la vida luego de sufrir un espantoso accidente donde el craneo se separó completamente de la columna vertebral, mientras viajaba en el vehículo de su madre. 

El coche chocó a gran velocidad contra otro en una autopista cercana a la ciudad de Brisbane, Australia, y aunque los demás pasajeros resultaron ilesos, los daños para el pequeño Jackson Taylor, de un año y cuatro meses de edad, fueron fractura vertebral y de cráneo; una decapitación interna.

La cabeza se mantenía unida al cuerpo únicamente por los músculos y la piel.

Sin embargo, el menor fue sometido a una operación, que se prolongó por seis horas, y estuvo en manos de Geoff Askin, conocido como el "'padrino' de la cirugía de columna" australiano, quien juntó las vértebras separadas con hilo metálico y para repararlas utilizó trozos de las costillas del propio niño.

“Muchos niños habrían fallecido tras sufrir un accidente como este”, comentó el cirujano. Y agregó que “incluso si los trabajadores de emergencias consiguen revivirlos y que su corazón vuelva a latir, lo más probable es que se queden paralíticos o necesiten soporte vital para poder vivir”.

Afortunadamente todo salió bien, y aunque ahora Jackson lleva un aparato que sostiene su cuello y cabeza, los doctores esperan que en dos meses se recupere por completo y lleve una vida normal.

Con información de Medical Daily y Norte Digital.mx

MEXICO "INCREMENTA COMPRA de ARMAMENTO MILITAR"...ya se distingue en el "rubro" en relación con otros países.

Para garantizar que las fuerzas armadas cuenten con armamento para enfrentar a las bandas del crimen organizado en todo el país, el gobierno federal decidió mantener una política abierta y firme de compra de equipo bélico y de fuego sin precedentes.

Una investigación de Jorge Alejandro Medellín revela que Defence Industry Bulletin (DIB), una publicación británica especializada en armamentismo, aborda el tema del rearme del Ejército, Marina y Fuerza Aérea mexicana.

Los informes colocan por primera vez al país en la lista de naciones que incrementaron su gasto militar entre 2013 y 2014.

Un avance de este asunto se presenta en el documento Global Defence Spending Trends 2015, en el que México aparece en el sitio 14 de una lista de 19 naciones  que elevaron, en distintos porcentajes, su gasto en armamento y equipo bélico.

El dato relevante de Defence Industry Bulletin es que México compró más armas y equipo para la guerra que Rusia.

De acuerdo con la lista, el primer lugar lo ocupa la República del Congo, país sumergido en violencia política y étnica, con un aumento en su gasto armamentista del 90 por ciento. Le sigue Namibia (48%), Brunei (30%), Zambia (24%), Ucrania (24%), Guinea (23%), Afganistán (20%), Arabia Saudita (19%), Iraq (17%), Líbano (15%), Camboya (14%), Paraguay (13%), Polonia (13%) y a México (10%).

La medición toma como base el gasto militar de cada país en el año previo al análisis. Así, para Defence Industry Bulletin, México incrementó su inversión bélica en un 10 por ciento a partir de las cifras de su presupuesto en 2013 y 2014. En contraparte, señala el documento, países como los Estados Unidos, Italia o Venezuela redujeron sus gastos bélicos entre 5 y 10 por ciento.

fuente.-LaSillaRota.