Lo que pudo ser un encuentro constructivo entre los diputados de la comisión que indaga el caso Ayotzinapa y el secretario de la Defensa, se tornó en una reunión ríspida cuando el general Salvador Cienfuegos se vio obligado a fijar su postura sobre la inacción militar en la noche de Iguala.
"Fue tajante: dijo que el Ejército no intervino porque nadie le pidió hacerlo y, además, advirtió que no le rendirá cuentas a ningún organismo extranjero. Y aun cuando accedió a que los miembros del 27 Batallón sean interrogados, dijo que esto sólo ocurriría con la presencia de un superior a su lado, para evitar “intimidaciones”.
Durante dos horas y media, Cienfuegos y altos mandos de la Sedena –el general Gilberto Hernández Andreu, oficial mayor; el encargado del Área Jurídica, general Alejandro Ramos; y el director de Derechos Humanos, general José Carlos Beltrán Benítez– se impusieron ante la mayoría de los diputados federales. De entrada, prácticamente catearon a los legisladores para evitar que entraran a las instalaciones de la Defensa con celulares, grabadoras o cámaras. Además, impidieron que sus asesores los acompañaran.
La que hubiera podido ser una tersa reunión entre diputados federales y el titular de la Sedena y sus subalternos se convirtió en una dura crítica por parte de dos diputados federales: Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, y Araceli Damián, de Morena, quienes desentonaron en el “cordial” encuentro.
“Displicente”, “soberbio” –como lo calificaron– y con todo lo que el uniforme de cuatro estrellas puede provocar ante sus interlocutores, Cienfuegos Zepeda se impuso a los legisladores advirtiéndoles que él sólo le reporta al presidente de la República y sólo se somete a los tribunales del orden común y del fuero federal, nunca a organismos extranjeros.
A los ocho miembros de la Comisión Especial les dijo que los militares no declaraban ante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “pero que con mucho gusto se reportan a las instituciones y a los poderes de México”.
“¡Entonces hágalo realidad, general secretario, y permita que entremos al 27 Batallón!”, se atrevió a decir Damián.
Con su voz pausada, la diputada sorprendió a Cienfuegos, quien manifestó su disposición para que los miembros de la Comisión Especial de Ayotzinapa ingresen por vez primera a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala y puedan interrogar a sus miembros.
Pero Beltrán Benítez paró en seco el entusiasmo de los diputados. “Habría que ver en calidad de qué los interrogarán, cómo va a quedar la declaración de los soldados, porque en términos de derechos humanos también (sic) podríamos violárselos”.
Siguió: “Hay que establecer qué papel juegan ustedes los diputados. Primero se tienen que acordar las bases sobre las cuales se podría realizar ese interrogatorio”. Luego les advirtió: “Ningún soldado podrá declarar ante ustedes si no se hace acompañar de su superior… porque ellos se sentirían intimidados ante los legisladores”.
Damián calificó la advertencia de “penosa”, pues sostuvo que “si finalmente no hay nada que ocultar y el Ejército actuó de manera ejemplar, como nos lo dijeron en esa reunión, no deberían tener miedo a que los soldados declaren sin acompañamiento, pues podría ser a la inversa: que los superiores intimiden a los soldados y limiten sus declaraciones”.
De los ocho integrantes de la recién creada comisión especial del caso Ayotzinapa –se aprobó el pasado 15 de septiembre–, seis jamás habían participado en acciones legislativas y no tienen mucho conocimiento en materia penal.
Su presidenta, la panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, fue secretaria de gobierno del estado de Querétaro. Se le considera una mujer prudente y afecta a los consensos. Desde el momento en el que se creó la Comisión, ha enviado oficios a distintas autoridades para sostener entrevistas con ellas; los primeros en responder y fijar fechas fueron Cienfuegos y la procuradora general de la República, Arely Gómez.
“Intransigente”
La cita con el secretario Cienfuegos se concretó el martes 6 en las instalaciones de la Sedena, de las 18:00 a las 20:30 horas. En el encuentro, el general y parte de su Estado Mayor dieron lectura a un documento de 18 cuartillas en el que presentaron un “informe cronológico de la participación militar” en los hechos de los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando seis personas murieron y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieron luego de ser atacados por la Policía Municipal.
De entre los legisladores federales presentes, sólo dos tienen experiencia, pero a nivel local: Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde, fue diputado en la anterior Legislatura de Guerrero; formó parte de la Comisión Instructora que se negó a revocar el mandato del entonces alcalde José Luis Abarca luego del asesinato de tres perredistas. El otro es el abogado, exlegislador por Jalisco y exsubprocurador de esa entidad Víctor Sánchez.
Único en rebatir los argumentos del general respecto a su no intervención en los hechos de Iguala, Sánchez dice en entrevista con Proceso que Cienfuegos se portó de manera “soberbia” e “intransigente” al abordar el tema de los interrogatorios y su inacción en materia de combate al crimen organizado en Iguala.
Durante el encuentro estuvo “atento”, se dio lectura a la cronología y respondió a las preguntas, pero cuando se tocó el punto de los interrogatorios por parte del GIEI, asumió una actitud soberbia; también cuando argumentó que la persecución del crimen organizado no era trabajo de la Sedena, comenta Sánchez.
Y sostiene que jurídicamente es un “error” la posición de Cienfuegos y su rechazo a que los soldados sean interrogados por miembros del GIEI, como lo dijo el general en entrevista televisiva.
“Nos dijo que el GIEI no puede entrevistar ni interrogar a los militares. Está en un error y mal asesorado. También lo dijo el general del área de derechos humanos y el del área jurídica de la Sedena.
“En una actitud soberbia nos dijo que la Sedena es la defensora de la soberanía mexicana y que no puede venir ningún ente extranjero a entrevistarlos.
“Eso es un error jurídico pues la Suprema Corte estableció criterios jurisprudenciales donde el concepto de soberanía cambió desde el momento en que México tiene tratados internacionales. En éstos, el país tiene derechos pero también obligaciones. Recordemos que fue el Estado mexicano el que pidió la intervención de la CIDH, y ella tiene su fundamento en la Organización de Estados Americanos. México es miembro de la OEA; en consecuencia, ésta tiene facultades para entrevistar a militares mexicanos”, sostiene el legislador.
Pero no sólo eso. El GIEI, añade, es coadyuvante de las víctimas. “Entonces la posición del secretario es equivocada, tanto legal como políticamente”.
Sobre este último punto comenta: “El secretario es titular de una institución, y como tal tiene muchas facultades, pero no debe ser defensor de los actos u omisiones de sus soldados”. Y va más allá: sostiene que el titular de la Sedena “debió iniciar una investigación para que en términos de las leyes marciales revise la responsabilidad que tuvieron estos elementos del 27 Batallón. Él no debe asumir una posición de respaldo y defensa a ultranza. Debe estar abierto a que haya una indagación”.
El hecho de que ni siquiera se haya abierto una instrucción en el área marcial, acusa, denota una actitud intransigente.
Detalla que cuando México firmó tratados internacionales en materia de derechos humanos que luego fueron ratificados por el Senado, “desde ese momento el secretario no puede estar apelando a no permitir esta entrevista”.
Un segundo momento de tensión durante el encuentro ocurrió cuando Cienfuegos justificó la no intervención de los soldados en el momento del ataque a los normalistas.
Luego de la lectura de las 18 cuartillas del informe, Sánchez inquirió al secretario sobre el “antes” de los hechos. Las preguntas fueron: “¿Tenían información de los grupos criminales que operaban en la zona? ¿Se tenía información de los vínculos de los policías municipales y del presidente municipal con estos grupos criminales, como el de Guerreros Unidos? ¿Por qué no se actuó antes?”.
“Soberbio respondió: sólo el 89 constitucional, y en una sola de sus fracciones, contempla la obligatoriedad del presidente de la República sobre el secretario de la Sedena para preservar la seguridad interna. Pero, además, la Ley de Seguridad Nacional no establece ninguna de esas facultades de hacer trabajo de seguridad pública. Nos dice: ‘No es nuestra obligación’”, refiere Sánchez.
“La Sedena acepta que tenía conocimiento, que tenía información de los vínculos, pero que no había las pruebas o evidencias suficientes como para actuar y que además no tenían facultades para hacerlo.
“Al general también le preguntamos por qué no actuaron en el momento. Su respuesta fue que de los 293 efectivos (del 27 Batallón) sólo 23 estaban en disposición, pues unos estaban francos y otros atendían el derrame de sustancias tóxicas en la carretera. Además, que los estudiantes habían tenido una serie de actos en el mes y lo vieron normal.
“Le reclamamos en ese momento que ellos tienen gente en el C-4, que en ese momento ya había evidencia de heridos, una decena, y cinco o más muertos, y que habían tenido nueve eventos, todos correlacionados, por lo cual no nos podía decir que se trataba de otra escaramuza entre estudiantes y autoridades o considerar que se trataba de hechos aislados.
“Su respuesta, arrogante y soberbia: ‘No tenía elementos y no era nuestra obligación’.”
Flagrancia o inacción
La diputada Damián narra a Proceso lo que llamó “un encuentro cordial”, hasta que se refirió a los interrogatorios y a la inacción militar.
De entrada recuerda que a los legisladores no se les permitió permanecer con sus celulares ni con sus asesores.
Refiere que el general Cienfuegos les explicó que ellos (los militares) sólo pueden actuar cuando hay “flagrancia” y que supieron de las detonaciones de arma de fuego por el C-4 desde las 21:50 horas.
“Empezaron a enterarse de diversos sucesos en cuestión de minutos, pero siguieron pensando que no tenían que actuar. Se entrevistaron con el coordinador operativo de la Policía Estatal y éste les dijo que no pasaba nada y que no iban a actuar hasta que no recibieran órdenes. En ese momento el general nos aclaró que ellos menos iban a actuar, pues no había quien les dijera que lo hicieran.”
El general secretario, sigue la diputada Damián, sostuvo que no hubo negligencia del Ejército porque sus integrantes no recibieron la solicitud de ninguna autoridad civil para intervenir. Y añadió que si la policía no estaba haciendo su trabajo, ella es la responsable.
“Nos dijo que ellos sólo pueden actuar cuando hay ‘flagrancia’”, sigue la diputada, y apunta que el diputado Víctor Sánchez, quien sí sabe de leyes, les aclaró que es falso el dicho del secretario, pues en materia penal la flagrancia tiene un lapso de 78 horas cuando en el evento hay una persona fallecida, “así que podían haber actuado en ese momento porque ya tenían conocimiento de muertos”.
Damián le reclamó que no les hubieran permitido a los legisladores el ingreso a la Defensa con asesores, “pues con este tipo de argumentos del secretario estábamos en desventaja para rebatirle los que ignoramos esos términos”.
Y mientras, narran los diputados, el secretario asumía una actitud primero de maestro de escuela que detalla paso a paso un evento, luego actuaba con displicencia y “arrogancia” hacia los legisladores, y por último les pedía su ayuda para mejorar la imagen del Ejército.
“Lo que nos planteó el titular de Derechos Humanos fue que ellos sienten que la ciudadanía no les reconoce el trabajo que hicieron ese día. Consideran que hubiera sido desafortunado involucrarse y exclamó: ‘¡Imagínense cómo lo hubiera recibido la sociedad. Dirían: El Ejército resguarda estudiantes de la normal de Ayotzinapa! Eso podría voltearse hacia nosotros y en lugar de benéfico hubiera sido algo contra la imagen del Ejército’. Yo digo, ¡qué importa la imagen si a cambo estás salvando vidas!”, comenta la diputada.
Al final del encuentro, Cienfuegos les dijo que le preocupaba la integridad de los soldados y que ellos sólo quieren proteger a la ciudadanía mientras que ésta lo que hace es atacarlos. “Nos hicieron un exhorto para que digamos a la sociedad qué fue lo que hicieron y cómo atendieron los llamados de esa noche, pero, a pesar de ello, desaparecieron 43 jóvenes”.
Antes de concluir el encuentro, la Sedena les entregó a los diputados el documento de 18 páginas, en el cual reiteran lo que han dicho en todo momento: que el secretario de Seguridad Pública de Iguala los engañó y que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en esa materia sino a petición y en apoyo de las autoridades civiles, o en flagrancia.
Fuente.-
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