Rubén Oseguera González fue detenido acusado de desaparición de personas; PGR apelará el fallo de la juez que hace unas horas lo dejó libre.
Mexico,D.F 01/Jul/2015 Rubén Oseguera González fue detenido por agentes federales y es trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en cumplimiento a una orden de presentación solicitada por el Ministerio Público por la desaparición de personas, dio a conocer la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR también dijo que apelará el fallo de la juez que hace unas horas dejó libre a "El Menchito" pues considera que tiene varias inconsistencias.
La Procuraduría tendrá 48 horas para poner a disposición a Oseguera González por el delito de desaparición de personas.
Respecto al fallo del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México que dejó en libertad a Oseguera González pro falta de elementos fuentes de la PGR aseguran que en breve se apelará ese fallo ya que hay varias inconsistencias y elementos que no fueron tomados en cuenta.
La juez dijo que no fue asistido por defensor mientras que la PGR asegura que no sólo estuvo acompañado de su abogado sino que también estuvo presente un Cónsul de los Estados Unidos ya que Oseguera tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Añadieron que también estuvo acompañado por un médico.
Dijeron también que el Ministerio Público Federal presentó diversas pruebas que sostienen que Oseguera es parte de la organización criminal que encabeza su padre Nemesio Oseguera Cervantes y que incluso él ocupa el segundo puesto en importancia en ese cártel.
Tampoco, aseguran, fue tomado en cuenta que Oseguera González portaba armas prohibidas y que algunas de ellas tenían grabado su nombre.
Finalmente sostienen que la juez no dio valor probatorio al informe de detención de la Policía Federal y que consideró más creíbles los testimonios de la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco.
Esta mañana el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dejó en libertad a Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, por falta de pruebas.
Las cuentas las tienen muy claras en el Poder Judicial, igual que las causas para dejar en libertad a Rubén Oseguera González, El Junior o El Menchito, hijo del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, nos dicen.
En ninguno de los arrestos, le han podido comprobar nada, mucho menos actos de corrupción o el pago a jueces -se ha mencionado que en la segunda liberación hubo 80 millones de pesos en sobornos-, nos aseguran.
El Consejo de la Judicatura Federal no tiene ninguna queja contra los jueces que han llevado los tres expedientes, nos indican.
Una de las hipótesis es que lo han estado capturando para ver si el papá saca la cabeza para intentar liberarlo o negociar su entrega a cambio de la libertad de su junior. Sin embargo, nos comentan, las autoridades se han quedado sentadas esperando.
Hasta el momento, la estrategia jurídica de los abogados del hijo del capo les ha dado resultados. En esta última ocasión, alegaron violaciones al debido proceso, que fueron atendidas por los jueces, nos explican.
¿Cuáles han sido las tres detenciones de El Menchito?
La primera fue en enero de 2014 y estuvo casi un año en una prisión federal.
La segunda ocurrió en diciembre de 2014, cuando al salir del penal fue reaprehendido. Apenas estuvo unos días en este segundo intento por vincularlo con el crimen organizado.
La tercera se da ahora, después de su arresto el 23 de junio de 2015.
Ahora, el juez dictaminó nuevas violaciones a sus garantías.
¿Quién o quiénes se harán responsables de las fallas en el caso o van a señalar a los jueces de haber recibido sobornos para dejarlo en libertad?.
Hace unos momentos, se informó que Rubén Oseguera González El Menchito, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido nuevamente puesto en libertad,en un mensaje de "Twitter" el periodista Lopez Doriga,da cuenta del hecho.
En esta ocasión, al igual que en diciembre pasado, su liberación se debe a falta de pruebas, y por eso un juez federal decretó el auto de libertad a su favor.
De acuerdo al juzgado, hubo una intromisión ilegal en el domicilio de los indiciados por parte de la Policía Federal para lograr su detención. Además de que a ambos no se les puso a disposición del Ministerio Público Federal de forma inmediata.
Estos son los argumentos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México para otorgar el auto de libertad:
1) Existió una intromisión ilegal al domicilio de los indiciados por parte de la Policía Federal a fin de lograr su detención.
2) Los inculpados no fueron puestos a disposición ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de forma inmediata, sino hasta nueve horas después, cuando se les presentó ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, con sede en el Distrito Federal.
3) No fueron debidamente asistidos de forma inmediata por defensor ante la Representación Social de la Federación, sino hasta que emitieron su declaración ministerial.
4) Asimismo, por lo que hace al delito de delincuencia organizada debe decirse que la Representación Social de la Federación, con los medios de prueba que aportó, acreditó la existencia de la organización criminal denominada “Cartel de Jalisco Nueva Generación”; sin embargo, de los medios de convicción que aportó no acreditó ni siquiera indiciariamente la vinculación de los inculpados a dicha organización delictiva; por lo que hubo una insuficiencia y deficiencia probatoria.
El pasado 23 de junio, El Menchito fue detenido, por segunda vez, en Zapopan, Jalisco.
El Menchito fue puesto en libertad el día de hoy.
Aquel día, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, comentó que Oseguera González intentaba pasar por bajo perfil debido a que no contaba con escoltas durante su detención, pues solo se encontraba acompañado de su cuñado Julio Alberto Castillo Rodríguez, de 34 años.
A ambos se los detuvo en posesión de armas largas de uso exclusivo del Ejército, lo que en sí ya es considerado un delito federal. Ese mismo día fueron trasladados a la SEIDO por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
La primera vez que se logró su detención, fue en enero de 2014. Sin embargo, en diciembre fue liberado por falta de pruebas en su contra. Tal como sucedió hoy.
De acuerdo con documentos publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional busca hacerse de 105 nuevos vehículos blindados.
Mexico,D.F 01/Jul/2015 A través de un programa valuado en 107.4 millones de dólares (mil 684 millones de pesos), la Sedena busca modernizar los vehículos blindados de reconocimiento 6×6 Panhard Defense ERC 90 Lynx con los que actualmente cuenta y con ello dotar de fuerza total a cuatro de los nueve Regimientos de Reconocimiento Blindado.
Actualmente, el Ejército mexicano cuenta con Panhard Defence ERC, vehículos de reconocimiento y combate, vehículos de escauteo 4×4 VBL y transportes de personal blindados 6×6 VCR como parte del 1er. y 2do. Regimientos de Reconocimiento Blindado en Temamantla, Estado de México; el 3er. Regimiento en Cuernavaca, Morelos y el 4to. Regimiento en Querétaro.
A pesar del desplome de los ingresos petroleros, los recursos canalizados a estadosy municipios por concepto de participaciones no sólo crecieron en los primeros cinco meses del año con respecto al mismo periodo de 2014, sino que están por arriba de lo programado para ese lapso en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
La participaciones (Ramo 28) sumaron una partida por 271,967 millones de pesos de enero a mayo, lo que implicó un aumento anual de 2.2%, debido al buen comportamiento de segmentos como el Impuesto Especial Sobre producciony Servicios (IEPS), según el Informe de Finanzas y Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Con respecto a lo proyectado en el PEF 2015, el Ramo 28 está 19,929 millones de pesos arriba, ya que se programaron recursos por sólo 252,039 millones. Ese remanente adicional es similar, por ejemplo, a lo que recibió Jalisco en este periodo por participaciones.
Las 32 entidades recibieron más dienrode lo que tenían presupuestado. En términos absolutos, el Distrito Federal fue el ganador, con una bolsa adicional por 3,866 millones de pesos, es decir, el gobierno capitalino captó 14% más de lo proyectado.
Le siguió el Estado de México, con 3,727 millones de pesos más; Jalisco, con 1,441 millones; Nuevo León, con 1,218 millones, y Guanajuato, con 1,120 millones.
No auditados
Las participaciones aportan, en promedio, 40% de los ingresos netos de los gobiernos locales. Su uso no está auditado, por lo que este capitalestá a libre disposición de las administraciones.
La mayoría de los estados emplea el Ramo 28 como medio de pago de su deuda. De acuerdo con la SHCP, 21 entidades tienen afectado más de 50% de sus participaciones para el pago de sus pasivos: DF, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.
¿Viene lo peor?
Analistas advirtieron que el desplome de los ingresos petroleros, que de enero a mayo cayeron 40.6%, debido a un menor precio de la mezcla mexicana de exportación y un declive en la producción, afectarían transferencias a las administraciones locales.
Sin embargo, hasta el momento esto no ha pasado, pero no se descarta que más adelante se registre ese hecho, particularmente en el 2016, cuando se espera un escenario más adverso por los ajustes en el gasto público de la Federación.
Moody’s informó recientemente que, de acuerdo con sus proyecciones, las participaciones quedarían 5% debajo de lo proyectado, es decir, alrededor de unos 30,300 millones de pesos, debido a una caída de la renta petrolera.
En un comentario especial, la agencia alertó que las pérdidas serán diferenciadas a nivel interestatal en un rango de entre 3 y 12%, donde Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, los mayores productores de petróleo en México, serán los más afectados, al grado de recurrir, incluso, a contratar deuda adicional.
De acuerdo con Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, para “la época de vacas flacas”, la dependencia tiene el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que –sostuvo- es una bolsa suficiente para compensar cualquier faltante. Este recursdo asciende a cerca de 35,000 millones de pesos.
Con el incremento en el robo de hidrocarburos por tomas clandestinas u otro método entre 2005 y 2014, 39 empleados de Pemex han sido consignados por este delito en ese periodo, pero de ellos, sólo 4 recibieron sentencia condenatoria en el primer caso y 12 por la segunda modalidad.
Mexico,D.F 01/Ju;/2015 Pemex reconoce que sólo 16 de sus empleados ha recibido una sentencia condenatoria entre 2005 a 2014, pese a que en ese lapso el robo de hidrocarburos se disparó exponencialmente, así como sus inversiones para evitar esta actividad ilícita que cuesta millones al Estado.
Pemex tiene información de que39 de sus empleados han sido consignados por el robo de combustibles por toma clandestina en ductos (9) o por otro método (30) en nueve años; aunque sólo cuatro tuvieron una sentencia condenatoria en el primer caso y 12 en el segundo, según cifras de la petrolera entregadas a través una solicitud de transparencia.
Así,23 trabajadores de Pemex recibieron una condena absolutoria entre 2005 a 2014, es decir, casi en el 60 por ciento de los casos. Las cifras muestran que en el primer año de este periodo no hubo alguna sentencia condenatoria, mientras que en 2010 fue cuando más sentencias se obtuvieron con nueve, seis absolutorias y tres condenatorias.
Los datos dejan ver además queno existe una tendencia al alza en las sentencias,a pesar de que el robo de hidrocarburos se ha acelerado al pasar de unas ciento de tomas clandestinas en 2005 a más de 4 mil para el cierre de 2014, según cifras de Pemex.
La petroleraincrementó en 43 por ciento el número de denuncias criminalespor el robo de hidrocarburos en su red de transporte, la llamada “ordeña de ductos”, al pasar de 3 mil 551 a 5 mil 090 entre 2013 y 2014, según datos de Pemex en su reporte anual 2014 a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).
“Estas denuncias llevaron a lacaptura de 673 personas en 2014, comparado con las 598 personas capturadas en 2013”, mientras que por la venta ilegal de combustible se detuvieron a mil 381, 30.4 por ciento más anual, según datos de la petrolera.
Además la empresa productivadetectó a 3 mil 187 vehículos envueltos en el robo de combustible, lo que significó un incremento del 103 por ciento frente a los mil 567 del 2013.
Pemex subraya quesus esfuerzos llevaron al sellado de 4 mil 404 de ductos, un incremento del 34.4 por ciento frente a las 3 mil 278 del año anterior; mientras que recuperó 13.1 millones de litros de hidrocarburos frente a los 8.4 millones en el mismo periodo.
Aunque oficialmente Enrique Peña Nieto estrenará el nuevo avión presidencial Boeing B-787-8 hasta septiembre de 2015, la aeronave – cuyo costo total es de 7 mil 804 millones 689 mil pesos- fue entregada el 9 de octubre de 2014 por la compañía área al gobierno mexicano, pero sólo unos minutos, pues regresó a Estados Unidos para equiparla conforme a los requerimientos requeridos.
Mexico,D.F 01/Jul/2015 La aeronave con número de línea LN 006 y matrícula XC-MX fue ensamblada en la localidad de Everett, Washington, y tuvo siete vuelos de prueba antes de ser entregada al Estado Mayor Presidencial ese día.
De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el avión estará listo para usarse en septiembre de 2015 debido a que todavía faltan por realizarle diversas adecuaciones, así como la adaptación del actual Hangar Presidencial para recibirla.
De hecho, la adecuación del Hangar Presidencial ya comenzó, la obra está a cargo de la SCT, costará 945 millones de pesos y se prevé que esté completada también en septiembre de 2015.
Con la llegada del Boeing B-787-8, el presidente Enrique Peña Nieto tendrá a su disposición una de las aeronaves más sofisticadas del mundo, incluso, superando en precio y equipamiento a las aeronaves de sus homólogos de Estados Unidos, Barack Obama, y Rusia, Vladimir Putin.
El proyecto de inversión a cargo de la Secretaría de la Defensa, cuya copia posee 24 HORAS, detalla que el solo avión cuesta seis mil 547 millones 379 mil 437 pesos, los cuales se empezaron a pagar en 2012 a un plazo de 15 años, por lo que se liquidará hasta 2027.
A esa cantidad se suman mil 257 millones 309 mil 661 pesos presupuestados para las modificaciones que se le realizarán a la aeronave, las cuales la transformarán de una convencional de pasajeros a una presidencial con despacho y aérea de descanso para el mandatario, así como cocina y sala de conferencias.
Un exlíder del Cártel del Golfo fue sentenciado este martes a 30 años en una prisión de Estados Unidos y multado con 100 millones de dólares.
Un juez federal en Beaumont, Texas, ordenó la sentencia deJuan Francisco Sáenz Tamez luego de que éste fuera declarado culpable de cargos relacionados con drogas y lavado de dinero.
Sáenz, de 23 años, es residente del estado de Tamaulipas, ubicado en la frontera con Estados Unidos. Fue arrestado en octubre durante un viaje de compras a Texas.
Sáenz habría embarcado media tonelada de cocaína y 90 de marihuana a EU
En enero se declaró culpable de los cargos de distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla; de asociación delictuosa para distribuir marihuana y posesión de la hierba con intención de distribuirla; y de conspiración para lavar dinero.
La fiscalía indicó que Sáenz fue responsable de embarcar al menos media tonelada de cocaína y 90 toneladas de marihuana a Estados Unidos. Los investigadores creen que el cártel lavó 100 millones de dólares.
De acuerdo a un documento de la corte federal revelado hoy, el ex gobernador de Coahuila en 2006 Humberto Moreira, estuvo implicado en desvío de recursos del erario para comprar estaciones de radio y lavar el dinero en Texas.
Imagen.-El Norte
El documento no menciona el nombre del funcionario, sino que simplemente dice que es un ex Gobernador que comenzó a robar dinero de Coahuila en 2006, cabe señalar que en ese año, el gobernador de Coahuila fue Humberto Moreira.
El funcionario que menciona el documento es nombrado como co-conspirador CC1, en las declaraciones donde Rolando Gónzalez Treviño, el magnate de medios, admite su culpabilidad en conspiración y lavado de dinero coahuilense.
“Co-conspirador 1 era un funcionario de Saltillo que viajó a San Antonio para discutir la estrategia política del PRI y el gobierno de Coahuila”, dice el documento.
La semana pasada, una investigación de Jason Buch y Guillermo Contreras, del San Antonio Express News reveló que una de las fuentes cercanas a la investigación declaró que Humberto Moreira estuvo en las reuniones donde se pactaron las transacciones para la compra de medios.
Ante la publicación del diario estadunidense, Humberto Moreira negó a Vanguardiasu implicación en el caso: “Nunca estuve involucrado en ninguna transacción de este tipo; No se me ha acusado de nada. Les pido que se centren en lo que se dijo en el tribunal, y no en información de fuentes anónimas.”
San Antonio News pone al descubierto el documento de la corte en el cual Co-conspirador 1 robó dinero de Coahuila y dirigió contratos estatales a sus partidarios políticos que eran dueños de medios de comunicación, empresas constructoras y empresas de servicios de aviación, según el acuerdo de culpabilidad.
“CC1 dirigió fondos del Gobierno del Estado de Coahuila a hombres de negocios que tenían una relación con él al momento de la elección”, según el acuerdo de culpabilidad. “Se estima que los fondos robados por el estado de Coahuila por CC1 alcanzan cientos de millones de dólares.”
Co-conspirador 1 ordenó a sus subordinados transferir un millón de dólares a González Treviño para la compra de sus estaciones de radio en las ciudades de Monclova, Sabinas y Múzquiz, según el acuerdo de culpabilidad.
La compra de las estaciones de radio se discutió en 2009 en reuniones que se llevaron a cabo en el Club Sonterra en San Antonio y en mansión la del gobernador en Saltillo. En la reunión en Saltillo, miembros del gabinete de Moreira incluyendo “todos los 17 secretarios de estado de Coahuila”, estuvieron presentes, según el acuerdo de culpabilidad.
Cabe señalar que Humberto Moreira, pidió licencia como gobernador dos años después, el 3 de enero de 2011.
En un lapso de dos horas se perpetraron 12 ejecuciones extrajudiciales presuntamente a manos de integrantes del Batallón 102 de Infantería en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, la madrugada de 30 de junio de 2014. Al menos dos habrían sido ordenadas por elementos de la Marina Armada de México.
Lo anterior, de acuerdo con testimonios de las víctimas sobrevivientes y documentos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, recopilados en el expediente CNDH/2/2014/5390/Q y en la recomendación51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), mismos a los que LA SILLA ROTA tuvo acceso.
La CNDH registró en las diligencias de contacto con las víctimas sobrevivientes testimonios que señalan que elementos de la Secretaría de Marina presuntamente habrían ordenado la muerte de dos jóvenes que se encontraban secuestrados.
Además, la propia Procuraduría General de la República (PGR) acreditó con un peritaje que sólo ocho de las 38 armas encontradas en la bodega guardan relación con un cadáver, es decir, “que es probable que hayan sido accionadas únicamente ocho armas de fuego” por parte de los civiles.
LAS EJECUCIONES
En la recomendación 51/2014 se estableció a partir de documentos oficiales que un cabo de Infantería del Batallón 102 de Infantería identificado como AR35, realizó dos llamadas a distintas horas al Ministerio Público, y ofreció cifras sobre el número de civiles muertos en la bodega de Tlatlaya, en la primera dijo que eran de 10 a personas, en la segunda indicó que eran 22.
Las dos llamadas telefónicas quedaron registradas y forman parte de la evidencia documental de la investigación, las cuales fueron expuestas en la recomendación de la CNDH y del expediente CNDH/2/2014/5390/Q.
De acuerdo con los testimonios de cinco vecinos de Tlatlaya y de las tres mujeres sobrevivientes, el enfrentamiento entre civiles armados y soldados del Batallón 102 de Infantería se registró alrededor de las 4:25 horas del 30 de junio de 2014 y duró 10 minutos.
El dictamen de criminalística de campo de fecha 8 de octubre de 2014, realizado por dos peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), que obra en la averiguación previa 3, se concluye que “durante el enfrentamiento el personal del ejército mexicano ingresó en el inmueble realizando por lo menos siete disparos más.”
A las 6:00 horas, el cabo AR35 llamó al Ministerio Público de Tejupilco e informó que había entre 10 y 12 personas sin vida al interior de una bodega en San Pedro Limón, Tlatlaya, además dijo que había un herido y que no podían acercarse a levantar los cuerpos porque se mantenía un enfrentamiento. Sin embargo, el enfrentamiento ya había terminado una hora y media antes.
El Ministerio Público aportó a la investigación de caso Tlatlaya los documentos que así lo sostienen:
“Constancia de 30 de junio de 2014, en el que la Representación Social de Tejupilco, Estado de México, hizo constar que recibió una llamada telefónica a las 06:00 horas, de quien dijo ser AR35 cabo de Infantería del 102/o Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, estado de México; quien reportó un enfrentamiento entre los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y un grupo de civiles armados, resultando de dicho hecho entre 10 y 12 civiles fallecidos y un elemento de la citada Secretaría herido.
“Acta de inicio de noticia criminal número 393000052314 por el posible delito de homicidio de fecha 30 de junio de 2014, dada a conocer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en donde se tuvo como denunciante a AR35, quien se comunicó vía telefónica el mismo día a las 06:00 horas, haciendo constar lo anterior la agente del Ministerio Público AR14”.
Tres horas después, a las 9:00 horas, el mismo AR35 cabo de Infantería del Batallón 102 de Infantería volvió a llamar al Ministerio Público para avisar que eran 22 personas muertas y que ya era seguro acercarse a la zona, lo cual documentó el Organismo nacional:
“Constancia ministerial de 30 de junio de 2014 en la que refiere que a las 09:00 horas de esa fecha se recibió una llamada telefónica de quien dijo ser AR35, cabo de infantería del 102/o Batallón de Infantería con sede en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, manifestando que ya era seguro para el personal de actuaciones avanzar al lugar de los hechos en virtud de que ya habían llegado refuerzos reportando la cifra exacta de personas fallecidas, siendo 21 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino, así como tres personas del sexo femenino en calidad de aseguradas”.
De estos documentos se rescata que 12 civiles perdieron la vida entre las 6:00 y las 9:00 horas, es decir, cuando ya no había enfrentamiento, además los testimonios de las sobrevivientes señalan que la mayoría de los jóvenes se rindieron fácilmente.
Sin embargo, hay evidencia de que otros grupos del Ejército, que llegaron en apoyo, pudieron haber participado en las ejecuciones extrajudiciales, o bien, ser permisivos en las agresiones armadas y en el encubrimiento de los elementos del Batallón 102 de Infantería.
De acuerdo con la CNDH, según lo informado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través del mando territorial de la 22 Zona Militar, el personal del Batallón 41 de Infantería de Chilpancigo, Guerrero, fue el primero en llegar en apoyo a Tlatlaya alrededor de las 6:30 horas cuando eran 15 civiles muertos.
El capitán primero de infantería al mando de la fuerza de reacción del 41 Batallón de Infantería (Chilpancingo, Guerrero) que se encuentra basado en Arcelia, Guerrero, arribó al lugar a las 6:30 horas.
A esa hora se emitió una comunicación clave, cuando ya no había refuerzos y ya habían pasado caso dos horas del enfrentamiento: el mensaje F.C.A. S-1/M-I/14718 de fecha 30 de junio de 2014, en donde SP6 informa de ’15 delincuentes abatidos’.
Un mayor adscrito al Batallón 102 de Infantería arribó al lugar a las 6:40 horas.
Es falso que se prolongara el enfrentamiento y que no era seguro acercarse al lugar, ya que a las 7:00 horas el personal castrense que mantenía cerrado el tramo carretero frente a la bodega de Tlatlaya abrió la circulación a vehículos y el paso de peatones, de acuerdo con la CNDH.
El Organismos Nacional tuvo acceso a la Prueba de Griess, realizada por dos peritos oficiales en materia de química forense, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, en la cual “se establece que no en todas las armas pertenecientes al grupo armado, que fueron 38 armas aseguradas, se detectó la presencia de nitritos en el interior del cañón y de la recámara de once armas, siendo éstas, dos armas cortas y nueve armas largas; sin embargo, de estas únicamente ocho estaban relacionadas con algún cadáver, esto es, que existe relación entre el arma y un cadáver, ya que las tres restantes se ubicaron en una cobija dentro de la bodega, fuera del alcance de las personas que perdieron la vida. De ello se puede advertir que es probable que hayan sido accionadas únicamente ocho armas de fuego”.
DOS EJECUCIONES: LA MARINA
A las 7:30 horas llegaron a la bodega elementos de la Base de Operaciones de la Armada de México, ubicada en el municipio de Luvianos, Estado de México.
Las víctimas sobrevivientes declararon que con ellas se encontraban dos jóvenes (V11 y V12) de entre 17 y 20 años, quienes dijeron estar secuestrados y amarrados de las manos.
En el testimonio de la víctima sobreviviente identificada como V23 dentro del expediente CNDH/2/2014/5390/Q refiere que fueron interrogados por un elemento de la Secretaría de Marina, quien minutos después ordenó su ejecución.
“…Llegan marinos y más militares, y uno de los marinos lo interroga (a un muchacho) para que le dijera quienes eran los jóvenes y para quién trabajaban… que el marino que lo interrogó ordenó que matarán a los dos jóvenes… al interrogarlos no les creyó que eran secuestrados, por lo que militares después de dialogar entre ellos los matan a disparos…”, se asienta en la hoja 388 del expediente.
El testimonio de la víctima sobreviviente V25 refuerza la ejecución de los jóvenes:
“… Ingresaron a ese cuarto (del lado derecho de la bodega) a V23, V24, a ella, y a dos jóvenes, lugar en el que permanecieron amarradas de las manos, hasta que los militares se llevaron a los dos jóvenes diciéndoles que tenían que llevárselos para ‘tomarles unas fotografías’. Cuando se los llevaron, se escucharon disparos, y los jóvenes no regresaron nuevamente al cuarto”.
Entre las personas que presuntamente fueron ejecutados por integrantes del ejército se encontraban estos dos jóvenes que eran víctimas de privación ilegal de la libertad, quienes a pesar de exponer su condición al personal castrense, también perdieron la vida.
En las diligencias de contacto con los familiares de las víctimas que realizó la CNDH, se estableció comunicación telefónica con Víctima Indirecta 13, madre de V12, quien refirió que el 27 de junio del año en curso, fue la última vez que vio a su hijo, quien llegó a su casa a cenar y salió de ese lugar con rumbo al domicilio de un compañero de trabajo, donde dormiría porque saldrían a trabajar muy temprano a realizar actividades de pavimentación.
Al día siguiente, al advertir que su hijo no llegó a la casa a la hora esperada, llamó telefónicamente a su compañero, quien le comentó que V12 no se había presentado. Por lo que empezó a preguntar por su hijo en la comunidad de Tenancingo, municipio de Tlalchapa, Guerrero. Unos vecinos del lugar le dijeron que lo habían visto el viernes 27 de junio aproximadamente a las 23:00 horas con unas mujeres que lo habían entregado a integrantes de una organización criminal.
Esas mujeres fueron a su casa y la amenazaron de que “no hiciera nada”, porque si no la persona de Apodo 1 (“El Comandante”) la iba a matar; fue hasta el martes 1 de julio de 2014, que esas mismas mujeres la buscaron para decirle que recogiera el cuerpo de su hijo en el Servicio Médico Forense de Toluca, porque había muerto en una “balacera”.
El secretario general del ayuntamiento de Tlalchapa, Guerrero, Elpidio Alonso Domínguez, expidió una constancia de hechos con fecha 20 de octubre de 2014 –cuya copia tiene LA SILLA ROTA- en el que señalaba que V12 el 27 de junio fue abordado por dos mujeres que lo pararon y lo entregaron a un grupo delictivo y que tres días después las mismas mujeres “le fueron a decir a su mamá que fuera a recoger que estaba muerto en el Semefo de Toluca por lo que había habido una balacera y que ellas estaban seguras de que había muerto”.
En la recomendación 51/2014 la CNDH concluyó que “por la cercanía en la fecha de su privación ilegal de la libertad, a los hechos del 30 de junio de 2014, es posible establecer que una de las personas secuestradas que refieren V23, V24 y V25, se trataba de V12”.
Otro elemento que refuerza la ejecución extrajudicial son los propios peritajes de la PGR sobre las armas accionadas por los civiles en la bodega, que señalarían además que el lugar de los hechos fue alterado.
La CNDH concluyó que cuatro personas, V6, V9, V19 y V20, presumiblemente fueron heridos a causa del enfrentamiento librado con elementos del ejército mexicano; tres personas V7, V8, y V21 fueron heridas presumiblemente en medio del intercambio de disparos, o bien, en un contexto de fuego cruzado; y 12 personas fueron presumiblemente privadas arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes, V1, V2, V3, V4, V5, V10, V14, V15, V16, V17, V18 y V22.
Por lo que hace a las víctimas V11, V12 y V13 no es posible establecer ubicaciones y posiciones originales, debido a que fueron movidos de su ubicación, circunstancia que hace presumir que fueron privados de la vida de manera arbitraria.
El uso del celular para llamadas y servicio de internet se ha vuelto tan importante, que el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Artículo 119 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFRT), con el propósito de que las recargas abonadas al saldo de teléfonos celulares no tengan vigencia, es decir, no expiren.
Mexico,D.F 30/Jun/2015 La diputada Esther Quintana Salinas presentó la iniciativa y destacó que con esta adecuación se beneficiará al usuario, ya que podría hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por las empresas a usarlo porque expiran en un determinado plazo.
Esther Quintana Salinas destacó que en México, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el 2013 la modalidad de prepago contaba con 87.6 millones de suscriptores; ese sería, aproximadamente, el número de beneficiados con esta adecuación a la ley.
Quintana Salinas consideró que de aprobarse esta reforma, se agregaría a los otros beneficios a los que ya genera la reforma de telecomunicaciones, entre los que se encuentran la suspensión del pago de larga distancia nacional y la portabilidad gratuita, en menos de 24 horas y sin condiciones.
Otras ventajas son la consulta del saldo del teléfono celular de prepago sin costo y que los planes y tarifas deberán considerar cobros por segundo y no por minuto.
Refirió que no obstante esta serie de beneficios originados por la reforma, es necesario seguir avanzando en las modificaciones que se requieren para ampliarla y mejorarla, de manera que cumpla sus objetivos en favor de la ciudadanía.
La fracción XVI del artículo 191 señala que los usuarios tienen derecho: “A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”.
