Durante el último medio siglo el gobierno federal ha experimentado combatir
sólo con las armas y la fuerza a los cárteles de la droga y al crimen
organizado en general. Las consecuencias de utilizar a las Fuerzas Armadas en
esta “guerra” son conocidas por todos, porque han significado una tragedia
nacional con su correspondiente descrédito internacional: cientos de miles de
muertos de los dos bandos y de la sociedad civil, miles de detenidos y
encarcelados, miles de desaparecidos, miles de secuestrados y miles de
desplazados, sin descontar las millonarias pérdidas económicas y el miedo que
hay de viajar en carreteras.
Cada década, aproximadamente, debido a la captura o muerte de algunos jefes de los cárteles de la droga, los mandos delincuenciales son renovados y nacen nuevos grupos, pero nunca, en ningún momento, se ha mermado la fuerza ni las ganancias de las bandas criminales, hasta el punto de la violencia extrema como la vivida hace unos días en Jalisco. Pero antes también lo vimos en Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Morelos, Guerrero, Veracruz y muchos otros estados.
A pesar de las evidencias que confirman durante 50 años (nueve presidentes, siete del PRI y dos del PAN) lo equivocado de esas medidas gubernamentales, que obedecen más a los intereses y exigencias de Estados Unidos que a la protección de los mexicanos, parecen no darse cuenta de que no es sólo mediante las armas como el gobierno podrá disminuir la violencia y exterminar a los grupos del crimen organizado; de tal manera que el gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a cometer los mismos errores que sus predecesores priístas y panistas, al sostener que su gobierno va ganando la batalla.
Nadie niega que muchos ex jefes del narcotráfico han muerto en esta guerra, que otros están detenidos (en cárceles de México y de Estados Unidos) y algunos más siguen libres, pero esto no ha impedido que la industria de la droga y el crimen siga en ascenso hasta convertir a nuestro país en el principal centro de distribución de drogas del mundo y el de mayor violencia por el mismo motivo, mientras que Estados Unidos es el más beneficiado económicamente por el tráfico de drogas, por ser éste el principal centro de negocios del lavado de dinero.
Entre los mandamás de los cárteles de la droga mexicanos que se han enfrentado al gobierno y que en su mayoría han perdido la vida o la libertad están Juan Nepomuceno Guerra, Rafael Aguilar Guajardo, Pablo Acosta Villarreal, Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan García Abrego, Ernesto Fonseca Carrillo, Rafael Caro Quintero, Rafael Muñoz Talavera, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín Guzmán Loera, Héctor Luis Palma Salazar, Vicente Carrillo Fuentes, los hermanos Arellano Félix, Pedro Lupercio Serratos, Ezequiel Cárdenas Guillén, Heriberto Lazcano, Alfredo Beltrán Leyva, Vicente Zambada, Omar Treviño, Édgar Valdés, Miguel Ángel Treviño, Mario Armando Ramírez, Nazario Moreno, Héctor Beltrán Leyva y Servando Gómez.
Esa es la lista de los narcotraficantes más peligrosos eliminados que presumen las autoridades. Pero, ¿de qué ha servido a los mexicanos esta confrontación armada si las bandas criminales siguen operando en la mayoría de los estados de la República, en donde han cooptado mediante sobornos o amenazas a las autoridades municipales o estatales, al punto de convertirse en amos y señores de esas regiones?
Acaso nadie en el gobierno se da cuenta de que mientras haya elevados niveles de miseria extrema, desempleo y carencias graves en materias de salud, educación y alimentación siempre habrá personas dispuestas a arriesgar la vida por entrar a los grupos criminales y recibir algún pago para sobrevivir. Entonces, por más detenciones y muertes que haya del lado de las bandas criminales siempre habrá alguien dispuesto a sustituirlos, como ahora ocurre con este Cártel de Jalisco Nueva Generación, que según el gobierno es en este momento el más fuerte y violento del país. Y cuando los jefes de este grupo sean asesinados o capturados, saldrá otro grupo que lo sustituya en algún otro punto de la República. Es el cuento de nunca acabar, por más discursos que funcionarios del gobierno den en sentido contrario.
Es el momento de revisar otras opciones, como la legalización de drogas o hasta la misma negociación con los distintos grupos, como aún se hace con los mal llamados testigos protegidos. Aunque lo ideal sería atender primero la miseria extrema, que encierra un cúmulo de carencias que corroen la estructura social.