El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos insistió ayer en la necesidad de que el gobierno
mexicano le permita el acceso al 27 batallón de infantería del Ejército, con
sede en Iguala, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la
Procuraduría General de la República (PGR)’’ a todos los elementos que
estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.
Mexico,D.F 12/May/2015 Consideran que esta diligencia es ‘‘clave’’ en el proceso de
esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ de los hechos
la noche del pasado 26 de septiembre.
Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que iniciaron su
trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la
investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato
de tres estudiantes y heridas de gravedad a dos más, que permanecen
hospitalizados desde hace siete meses–, integrantes del GIEI advirtieron ayer
sobre el grave riesgo de impunidad que podrían entrañar las referencias
recabadas por la delegación sobre situaciones de tortura, malos tratos o
violaciones al debido proceso, denunciadas por varios de los presuntos
responsables detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, mayoritariamente
policías ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros
unidos, señalados por la PGR.
En nombre de los cinco expertos del grupo, dos de ellos, Carlos Beristain y
la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, explicaron ayer en conferencia de
prensa las recomendaciones que han presentado al gobierno mexicano y que están
pendientes de cumplimiento.
Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de
los 43 normalistas desaparecidos, en colaboración con sus padres y bajo un
nuevo protocolo de búsqueda conforme a estándares internacionales. Subrayaron
también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las
13 causas relacionadas y dispersas en seis juzgados distintos, en cinco
ciudades diferentes, donde son procesados un centenar de detenidos en tres
penales de máxima seguridad: Altiplano estado de México), Tepic (Nayarit) y
Puente Grande (Jalisco).
Anunciaron que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México,
acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex alcalde de
Iguala José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para la reunión con el
mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha aún, aunque se prevé que sea
una de las últimas diligencias que realice el GIEI.
Admitieron que aunque desconocen todavía cuál es el nivel de
involucramiento del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ‘‘obviamente es
parte de lo que se deberá investigar’’.
‘‘Nos torturaron’’
Beristain y Paz confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el
GIEI se entrevistó en Tepic recientemente, ‘‘un número lamentablemente alto’’
refirieron haber sufrido tortura. En uno de los casos, el defensor de oficio
incluso pidió la aplicación del protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron
recursos de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura, esta
circunstancia puede tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una
vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que está en
el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad. ‘‘El
análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental’’ ya que, de confirmarse,
tendría ‘‘consecuencias legales y un impacto muy negativo’’.
Beristain agregó: ‘‘Ha sucedido en casos que ustedes en México conocen muy
bien’’. Añadió que ‘‘serán los jueces quienes valorarán si esas denuncias
tienen confiabilidad y qué es lo que hay que hacer’’.
Los expertos indicaron que en esta tercera etapa se logró analizar el
desarrollo de los hechos de la noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, en
más de 10 escenarios y momentos, con lo que tienen ya ‘‘mayor conocimiento de
los lugares donde se dieron los hechos relevantes, los ataques a los seis
autobuses y otros vehículos’’.
Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los
delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no
por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Pero
además, deben incluirse otros ilícitos graves como tortura, en particular en el
caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural de
Ayotzinapa desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de
tentativa de homicidio, en el caso de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas, los dos
que aún permanecen hospitalizados graves, después de siete meses.
Añadieron que hay otras irregularidades como encubrimiento, obstrucción a
la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y
amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. ‘‘Estos delitos también
deben ser adecuadamente investigados’’.
Finalmente, en el tema relacionado con la atención a las víctimas, los
expertos de la CIDH mencionaron que en el caso del joven que quedó en estado de
coma, Aldo Gutiérrez, la Secretaría de Gobernación se comprometió con sus
padres a obtener ‘‘una rápida segunda opinión’’ médica sobre sus posibilidades
de recuperación. Esto último sigue pendiente.En cuanto a la reactivación de las
expediciones de búsqueda, informaron que el pasado 5 de mayo se realizó, por la
mediación del GIEI, una reunión entre el comisionado general de la Policía
Federal, Enrique Galindo, y un numeroso grupo de familiares de los 43
desaparecidos, en la que se acordó reiniciar esas tareas e incorporar a los
padres en ellas.
Este contacto ocurrió meses después de la ruptura de comunicación entre las
familias y el gobierno federal. La búsqueda continuará ‘‘hasta que se tenga
certeza del destino de los normalistas desaparecidos’’.
Unificación del expediente
Una de las recomendaciones centrales de los expertos al gobierno mexicano
fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados
de distintas ciudades (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y el estado de
Jalisco) y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora
en tres penales de alta seguridad (Tepic, Puente Grande y el Altiplano).
Apuntan que, de no unificarse la investigación sobre lo anterior, podría
perderse ‘‘la visión integral de los hechos’’ y se corre el riesgo de ‘‘pérdida
de evidencia para los acontecimientos conexos”.
Insistieron: ‘‘Se requiere de una acumulación procesal para investigar y
juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes considera esta medida fundamental para evitar la
fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de
actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que
considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi’’.
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