La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó esta mañana que no fue correcta la actuación en el operativo realizado en el Foro Alicia de la Ciudad de México donde intervino el ejercito y ofreció revisar los protocolos para definir cuándo deben de participar los elementos militares, desconociendo ,
La conducta del Ejército es responsabilidad de la Presidenta
La intervención del Ejército Mexicano, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en el desalojo del Multiforo Alicia durante un concierto el 30 de mayo de 2025, ha generado una fuerte condena pública y política.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reprobado la actuación, calificándola como incorrecta y anunciando una revisión de los protocolos para definir con claridad en qué operativos pueden participar las Fuerzas Armadas y en cuáles no deben hacerlo.
Sin embargo, este rechazo, aunque necesario, resulta insuficiente si se considera el papel de la Presidenta como Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas.
Como máxima autoridad civil y militar del país, Sheinbaum no sólo debe manifestar su desaprobación, sino que tiene la obligación constitucional y política de garantizar que las Fuerzas Armadas actúen estrictamente dentro del marco legal y bajo control civil efectivo.
Limitarse a lamentar y anunciar revisiones protocolarias equivale a delegar en el “pueblo” la función de vigilancia y denuncia, cuando es el Ejecutivo federal quien debe ejercer el mando y la supervisión directa sobre las fuerzas federales, especialmente en contextos sensibles como la intervención en espacios culturales independientes.
Acción y omisión: el deber de investigar y sancionar
La gravedad de lo ocurrido en el Multiforo Alicia no radica únicamente en la desproporcionalidad del operativo —que incluyó entre 50 y 200 elementos armados, según reportes—, sino en el uso de fuerzas militares para desalojar un espacio cultural, lo que constituye una señal preocupante de militarización de la vida pública y un riesgo para los derechos culturales y la libertad de expresión.
La Secretaría de Gobernación, la Jefa de Gobierno Clara Brugada y la propia Presidencia han coincidido en que la acción fue “injustificable” y han anunciado investigaciones para deslindar responsabilidades y sancionar a los mandos que actuaron “por cuenta propia”.
Sin embargo, hasta ahora, la respuesta institucional se ha limitado a destituir a los mandos policiales involucrados y a prometer la revisión de protocolos, sin que se haya informado públicamente sobre la apertura de carpetas de investigación penal por posibles delitos cometidos por servidores públicos o violaciones a derechos humanos.
¿Existen indicios de delitos?
De acuerdo con los testimonios y reportes, los asistentes fueron desalojados sin que se presentara una orden formal ni se acreditara la existencia de un riesgo inminente para la seguridad pública. El uso de la fuerza pública —y aún más, de fuerzas militares— en un contexto cultural y sin la debida fundamentación legal podría constituir, al menos, abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones públicas. Además, la presencia armada y la amenaza de ingreso forzado al recinto representan un riesgo real de violaciones a derechos humanos, en particular a la libertad de reunión, expresión y acceso a la cultura.
La omisión de la Presidenta en ordenar de inmediato una investigación penal y en asumir la responsabilidad política y administrativa ante la sociedad puede interpretarse como una falta de diligencia en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.
No basta con “reprobar” y “lamentar”; corresponde al Ejecutivo federal garantizar que los hechos se esclarezcan a fondo, que se sancione a los responsables y que se repare el daño a la comunidad afectada.
Conclusión: el papel del pueblo y la obligación del Estado
La indignación social y la exigencia de esclarecimiento son legítimas y necesarias, pero la responsabilidad de investigar, sancionar y garantizar la no repetición recae en las autoridades, no en la ciudadanía.
La Presidenta Sheinbaum, como Comandante Suprema, debe ir más allá de la queja y la revisión administrativa: debe ordenar investigaciones penales, rendir cuentas públicas y garantizar que el Ejército y las fuerzas federales nunca más sean utilizados para reprimir o intimidar actividades culturales independientes.
El Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos culturales y la libertad de expresión, y cualquier desviación debe ser sancionada con todo el peso de la ley.
Con información: ELNORTE/
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