En las últimas dos décadas oligarcas y criminales de México, Irán, Corea del Norte, Kazajstán y Rusia han invertido masivamente en el sector inmobiliario comercial de Estados Unidos, principalmente en California, Florida y Nueva York en el que lavaron por lo menos 2.6 mil millones de dólares en hoteles, centros comerciales, supermercados o, incluso, en un centro equino.
Un informe publicado hoy por el Global Financial Integrity (GFI) analizó los expedientes judiciales de 25 delincuentes u organizaciones extranjeras que utilizaron el sistema inmobiliario comercial estadunidense para lavar dinero; entre ellos destacan cuatro casos vinculados con México: el exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba, la congregación de los Legionarios de Cristo, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y Rafael Olvera Amezcua, quien defraudó a más de seis mil ahorradores de Ficrea.
Sus casos se suman a los del gobierno de Irán, que movió cerca de 500 millones de dólares en inversiones en rascacielos, del oligarca ucraniano Íhor Kolomoiski, de funcionarios corruptos de Kuwait, de los políticos hondureños Carlos y Mario Zelaya, así como poderosos personajes de China, Rusia, Japón y Turquía.
“A diferencia del sector inmobiliario de vivienda, en el que las transacciones son relativamente simples y bastante sencilla la posibilidad de determinar quiénes son los dueños reales de las propiedades, representa a menudo un reto mucho mayor identificar la persona detrás de la compra de una propiedad comercial”, expuso la organización que hace tres años documentó cómo el sector inmobiliario de Estados Unidos es utilizado para lavar miles de millones de dólares de procedencia ilícita.
Los mexicanos
El GFI recordó que Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, actualmente preso en Estados Unidos por lavado –fue capturado en Italia en 2017, mientras estaba prófugo–, invirtió por lo menos siete millones de dólares de procedencia ilícita en un complejo de lujo en Texas. Antes de acordar con el priista su condena por lavado, el gobierno estadunidense preparaba otro expediente en su contra por fraude y narcotráfico.
Respecto de los Legionarios de Cristo, la influyente congregación católica fundada por el pederasta Marcial Maciel Degollado –y que controla colegios y universidades–, el GFI expuso que canalizó al menos 14 millones de dólares en propiedades inmobiliarias ubicadas en cinco estados estadunidenses.
En el contexto de la investigación internacional Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Proceso y medios aliados revelaron las complejas estructuras offshore que permitieron a los discípulos de Maciel dispersar cerca de 300 millones de dólares mientras el Vaticano auditaba las cuentas de la congregación.
La organización también retomó el caso de Sefira Capital LLC, una compañía basada en Florida que lavó por lo menos 207 millones de dólares de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en condominios, hoteles y edificios comerciales, incluyendo un megacomplejo de 248 departamentos en el pequeño condado de Locust Grove, que tiene apenas cinco mil 402 habitantes, o un hotel de 62 millones de dólares en Tysons Corner, un condado de Virginia habitado por menos de 20 mil personas.
Según el Departamento de Justicia, que llevó el caso ante tribunales en enero de 2021, la compañía recibía millones de dólares de organizaciones criminales mexicanas y colombianas vía un sistema financiero oculto conocido como Black Market Peso Exchange –que permite enviar el efectivo obtenido de la venta de droga en Estados Unidos hacia otros países–, y después los invertía en propiedades en Estados Unidos.
Rafael Olvera Amezcua, cuya empresa Ficrea quebró en 2014, quedando a deber cerca de seis mil millones de pesos a más de seis mil 800 jubilados, utilizó por su parte el sistema inmobiliario comercial de Texas y Florida para canalizar cerca de 30 millones de dólares. Después de ocho años prófugo de la justicia, Olvera fue detenido por las autoridades estadunidenses en mayo de 2019 y extraditado a México, donde enfrenta diversos cargos por haber triangulado los ahorros de sus clientes hacia otras compañías.
De acuerdo con el GFI, la industria inmobiliaria comercial de Estados Unidos ofrece huecos legales y figuras opacas –sociedades holdings, fondos de inversión y compañías de papel– que resultan idóneos para que delincuentes de todo tipo puedan canalizar su dinero sin ser detectados por las autoridades.
“En años recientes se volvió cada vez más claro que la combinación de esquemas financieros complejos y la falta de transparencia hace del sector inmobiliario comercial una oportunidad única para lavar enormes cantidades de efectivo con un riesgo de detección relativamente bajo”, advirtió la organización.
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