Es una realidad lastimosa que flagela Tamaulipas y gran parte del pais,causada no solo por la perjudicial inacción de las autoridades civiles y militares,pues en el caso de Tamaulipas se ha señalado ademas la participación del Gobernador Americo Villarreal Anaya,beneficiandose junto con su hijo Americo Villarreal Santiago,obteniendo dividendos politicos mientras las redes de extorsion del Cartel del Golfo crecen y es tal el atrevimiento que todos sin excepción, incluida la autorida_ ,tambien les "paga piso",como publica El Universal.
Esto fue lo que recien llevo a todo un pueblo "pisoteado" a rebelearse contra esos infames cobros de piso y que este de 2023 rebasara los límites establecidos en los 10 meses previos y nos solo en extorsion,tambien en secuestro exprés y secuestro para causar daño.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#tijuana,#guadalajara EL "HEROE y el PAYAZO": EL "PUEBLO EXTRAÑA a los VALIENTES CAIDOS y el NARCO LLORA al CAPO que ANDABA BIEN RECIO y se lo CARGO el PAYASO"...lo contrario de la valentia no es cobardia,es la conformidad. https://t.co/s8MgHKu6HW pic.twitter.com/SvbzJ1PqXn
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) December 10, 2023
La extorsión subió 104 carpetas de investigación en comparación con el mismo periodo de 2022 y aumentaron a 34 las víctimas.
El secuestro exprés, comparado con el mismo periodo de 2022, tuvo un alza de cinco carpetas de investigación y nueve víctimas más.
En el delito de secuestro para causar daño hubo un incremento de una carpeta de investigación y ocho víctimas más, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El secretariado detalla que las carpetas de investigación en extorsión de enero a octubre de 2023 fueron 8 mil 809 y en 2022, 8 mil 705. En secuestro exprés se documentaron 42 contra 37 del mismo periodo del año pasado. En secuestro para causar daño se registraron 24 investigaciones, mientras que en 2022 fueron 23.
Especialistas de seguridad pública en extorsión y secuestro, así como activistas, señalan a EL UNIVERSAL que la extorsión es el delito que menos se denuncia; además, hay un tema de manipulación de cifras mucho más fuerte que en sexenios pasados. En el caso de los secuestros, indican que las cifras están manipuladas.
María Elena Morera, presidenta de la organización civil Causa en Común, resalta que el SESNSP se tiene que encargar de auditar las cifras que vienen de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), pero no lo está haciendo; entonces, el delito de extorsión tiene un nivel de 99% de casos que no son denunciados.
Morera refiere que la percepción que tiene la gente es que hay más extorsiones que antes y el caso más claro es lo que ocurrió en Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, Estado de México, el 9 de este mes, donde pobladores se enfrentaron a presuntos integrantes de La Familia Michoacana, quienes les exigían el cobro de piso semanal por cultivar sus tierras.
El saldo fue de 14 muertos, de ellos 11 probables delincuentes y tres civiles, así como cuatro lesionados por disparos de arma de fuego.
“A la gente la están extorsionando, le cobran derecho de piso y no se pueden defender porque las autoridades no les responden y la comunidad termina haciendo actos de barbarie, como ocurrió en Texcapilla”, sostiene la activista.
Precisa que “las autoridades saben que la extorsión por cobro de derecho de piso es un delito que se puede evitar si lo sancionan, pero han dejado crecer a los grupos criminales y lo que tenemos es que la gente está al asedio de estas células delictivas”.
La presidenta de Causa en Común indica que en el tema del secuestro están manipulando las cifras y lo cambian a privación ilegal de la libertad.
Rafael Cortés, especialista en seguridad pública en extorsión y secuestro, comenta que a la Guardia Nacional (GN) se le dejó combatir estos delitos, pero que su capacidad de investigación es extremadamente limitada.
“El dejar en sus manos procesos de investigación que, aunque la Constitución dice en el artículo 21 que todas las policías tienen que investigar, pero se les está encargando una actividad para la que no fueron capacitados, es un error.
“Porque ellos no tienen el adiestramiento y conocimiento para incidir en procesos de investigación criminal. Los delitos que no se sancionan son una invitación a que esto se repita. Lamentablemente, va a incrementarse al ser un delito rentable; además, se reduce la posibilidad de que sean denunciados y, por tanto, investigados y detenidos”, argumenta.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), coincide en que el delito de extorsión es el que más ha subido durante la presente administración y añade que no hay mejora en la captación de denuncias.
“Lo que sabemos, sólo en 0.02% de los casos, es que alguna de las víctimas logra recuperar parte de lo que perdió por la extorsión, pero en ningún caso hay reparación del daño… entonces, son malos indicadores”, subraya.
El director del ONC señala que la extorsión ha modificado la forma en que ocurre. “La mayor parte pensamos que son llamadas telefónicas, los engaños, pero tenemos la extorsión presencial, ya sea el cobro de derecho de piso o que manipulen el mercado comercial; por ejemplo, les piden que ya no vendan ciertos productos o les modifican las cadenas de distribución”, afirma.
Respecto al secuestro, Rivas indica que ese ilícito ha crecido, pero no lo están registrando. También explica que el secuestro exprés se entiende por 24 horas y el secuestro para causar daño, por ejemplo, se da cuando privan de la libertad a una persona para que no pueda participar en el equipo de campaña de un candidato.
“Identificamos casos muy concretos donde había centenares de secuestrados que no se estaban registrando. Por ejemplo, si tomamos el caso de San Luis Potosí, donde tenemos un subregistro de por lo menos 500 víctimas de secuestro, entonces el delito crece y este tipo de registro [documentado por el Secretariado] es la punta del iceberg”, asevera.
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