En el otoño del 2017 Alfredo Castillo Camacho, empresario de Tula, pensó que hacía buen negocio con el recién entrado gobierno de los vientos del cambio. Tarde se dio cuenta que cayó en las voraces trampas del panismo, de donde no se ha podido liberar.
A la distancia confirma que el ADN de los azules es la corrupción, inmoralidades y sinvergüenzadas.
Castillo es propietario del salón “La Hacienda” que hasta entonces había rentado con bastante éxito para eventos sociales.
Un día funcionarios de Administración del Gobierno del Estado, comandados entonces por un no menos inescrupuloso Jesús Antonio Nader, pidieron les rentara por un año para instalar lo que es el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la zona árida, con asentamiento en San Antonio de Tula.
El inmueble original para tribunales estaba por derrumbarse como resultado de la corrupción galopante que vivió Tamaulipas con Egidio Torre Cantú. Por disposiciones de Protección Civil fue desalojado de emergencia para evitar posible pérdida de vidas humanas, pese a que era una construcción nueva que había costado 14 millones de pesos.
Los del gobierno se comprometieron con Alfredo a remodelar el interior del salón para delimitar oficinas, cubículos y sala de juicios, lo cual terminarían en tres meses con una inversión anunciada de 1.8 millones.
Firmaron el entonces administrativo “El Arabe” Nader y jefecillos de la General de Gobierno.
Cumplieron con el pago de renta los primeros cinco meses. Para el sexto, en los primeros del 2018, estaba en marcha la campaña por la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales en que Morena dio la sorpresa.
Camacho se declaró partidario de la 4T, hizo proselitismo con los obradoristas y les generó más de cuatro mil votos en aquella región.
Fue lo que detonó el rencor panista. No le volvieron, no le han vuelto a pagar y tampoco puede recuperar el inmueble para darle el uso que tenía. Le deben alrededor de cuatro años de renta vencida.
Si bien le pagaron a la contratista la remodelación, nunca terminaron y tampoco instalaron ahí los tribunales. Dejaron el tiradero de materiales en tablaroca que ahí siguen.
Recurrió a tribunales vía civil en juicio de desahucio, por falta de pago, en un esfuerzo por recuperar lo suyo. Casi dos años después el juzgador se declaró incompetente sobre el asunto y amplió la “trampa”: Que no encuentran el contrato firmado porque está “reservado” por el gobierno panista.
Se fue con “Lacho” Ortiz, el mandamás del tribunal, “y me salió con la misma gata”. En el gobierno panista todos los caminos conducen a la impunidad.
El último recurso que le queda a la víctima es el Tribunal de Justicia Administrativa, que es lo mismo que pedirle peras al olmo. Igual está en manos azules.
En una desfachatez inaudita, los funcionarios del gobierno de Francisco Javier afirman que ellos no ordenaron las obras, que no firmaron contrato (lo tienen “reservado”), pese a que la víctima les presentó la copia que tiene, fotos del tiradero que dejaron, planos y otras evidencias.
Ya lo que quiere es que le regresen el edificio que les rentó, y que permanece inmovilizado desde hace cerca de cinco años.
Gobierno y el Poder Judicial ya no tienen problemas. Mandaron remodelar las instalaciones propias, a un costo similar al original, y asunto arreglado. Ahora desconocen el contrato de renta.
Castillo Camacho, ex candidato a la alcaldía tulteca por la 4T, espera que a partir de octubre regrese la constitucionalidad a Tamaulipas para reclamar lo que le pertenece y es parte de su forma de vida.
Por el resto de sus días llevará en el recuerdo el infame color de la desfachatez panista.
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