En medio de un proceso altamente judicializado, este domingo, por primera vez, se pondrá en marcha el ejercicio de revocación de mandato sobre la figura del Presidente de la República. El mayor reto, lograr que al menos participen 37.1 millones de electores para que esta figura ciudadana sea vinculante.
De lo contrario, la jornada simplemente no será tomada en cuenta y todo se queda como está; es decir —para el caso— el Presidente de la República se queda en su encargo para concluir hasta el año 2024.
El umbral es muy alto y no se va a alcanzar, coincidieron los analistas electorales Javier Martín Reyes, Luis Miguel Carriedo y Marco Antonio Baños.
Si bien para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato hubo que obtener las firmas a favor de 3% del padrón electoral, para que el ejercicio sea vinculante es necesario que participe al menos 40% de las personas registradas en la lista nominal, conformada por 92 millones 805 mil 424 ciudadanos.
El 1 de agosto de 2021 se llevó a cabo la consulta popular, mediante la cual se preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en enjuiciar a expresidentes del país. El ejercicio no fue vinculante, pues, de acuerdo con la legislación, debía participar 40% de la población en la lista nominal y apenas se alcanzó 7.11%; es decir, que solamente asistieron a las urnas 6 millones 511 mil 385 personas. Para esa consulta, el INE instaló 57 mil 77 mesas receptoras de voto.
En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, al obtener 53% de los sufragios. En aquel año votaron 56 millones 611 mil 27 personas.
López Obrador obtuvo 30 millones 113 mil 483 votos, de los cuales 63 mil 863 provinieron de mexicanos que residen en el exterior. Ese año, la lista nominal estuvo conformada por 89 millones 123 mil 355 ciudadanos.
Para el caso del ejercicio de revocación de mandato, que se lleva a cabo este domingo, la legislación indica que se debe instalar el mismo número de casillas que en la elección inmediata.
En los comicios de junio de 2021 fueron instaladas 162 mil 570 casillas en todo el país; sin embargo, por un tema de presupuesto, el INE colocará 57 mil 517, de las cuales 300 serán especiales para personas que busquen emitir su voto y estén en tránsito (fuera de su distrito electoral).
Cada casilla especial contará con 2 mil boletas, y como ocurre en cada elección presidencial e intermedia, al acabarse las boletas se cierra la casilla; en caso de que ello ocurra antes de las 18:00 horas, que es el cierre oficial.
Proceso extraño
Este proceso ha sido uno de los más extraños y politizados de la historia reciente de México, consideró el exconsejero electoral Marco Antonio Baños.
“Así que vamos a ver qué sucede el domingo. Yo creo que en rigor, no se trata de un esquema de revocación, sino de una ratificación desvirtuada por el propio [partido político] Morena y el Presidente de la República, porque quieren un mecanismo oficial de medición de la popularidad de la Cuarta Transformación y particularmente del Presidente de la República”, expresó el también analista electoral.
La revocación de mandato, dijo, es un mecanismo ciudadano para evaluar a gobernantes y retirarles la confianza o ratificarla.
“Pero el que nosotros hemos organizado es uno de los procedimientos más desastrosos que hemos tenido en la historia reciente de México, no porque las autoridades electorales —léase INE y Tribunal Electoral— hayan cometido alguna situación fuera de la Constitución o de la ley, sino porque, para empezar, el Presidente de la República ha sido el principal impulsor.
“Él mismo la ha pedido y prácticamente ha exigido que lo sometan a una revocatoria de mandato, y porque puso al partido Morena y a todos los legisladores y servidores públicos de Morena a que [la] difundieran”, señaló.
Baños destacó que no recuerda alguna elección que el INE haya tenido que organizar y terminara siendo tan judicializada como lo que tiene que ver con la revocación de mandato.
“Se trata de una actitud absolutamente inconstitucional [de los funcionarios públicos], ilegal, porque sabemos muy bien que la reforma constitucional de 2019 y luego la ley emitida en septiembre de 2021, prohíbe a los servidores públicos que hagan difusión de la revocación de mandato; sin embargo, lo hicieron y eso generó que tengamos el procedimiento más judicializado de la historia reciente”, indicó.
Opinó que el ejercicio ha sido un pretexto para que el Presidente pase las facturas de supuestos agravios que la autoridad electoral le hizo en algún momento.
“Ha usado la revocatoria para cobrar estas facturas que tenía pendientes con el entonces IFE, hoy INE, y sobre todo para demostrar, en su concepto, ante los ciudadanos, que el INE no es una institución que funcione, que el INE debe ser renovado.
“Y quiere, evidentemente, consejeros y magistrados que no se le opongan, que no tengan ninguna opinión contraria a los designios de la Cuarta Transformación. [Eso] es lo que quiere el Presidente y lamentablemente para eso le sirvió la revocación de mandato”, añadió.
Sobre el umbral que se debe alcanzar para que la revocación sea vinculante, Marco Antonio Baños dejó la moneda en el aire. Este ejercicio, subrayó, servirá para ver la capacidad de movilidad que tienen el Titular del Ejecutivo federal y su partido.
“Hay una instrucción clara para que todos los gobernadores de Morena y los aliados puedan llevar ciertas cuotas a las urnas, pero no olvidemos que es el 10 de abril. Empieza la Semana Santa, es el famoso Domingo de Ramos, vamos a ver cuántas personas se van de vacaciones.
“Vamos a ver qué sucede con esto, pero no parece claro que van a lograr llevar a esos 30 millones que respaldaron a López Obrador en 2018”, apostó.
Por su parte, el analista electoral e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Martín Reyes, expresó que el proceso de revocación de mandato (no la figura como tal), refleja un retroceso democrático.
De entrada, detalló que hay un mal diseño a partir de las restricciones que se impusieron en la ley y que han hecho difícil que funcione la difusión.
“Lo que estamos dejando es un terrible precedente para futuras revocaciones de mandato y las elecciones que vienen. Creo que para Morena, el Presidente y su coalición, esta revocación les ha servido para ver hasta dónde pueden llevar los límites de la legalidad y la constitucionalidad”.
Martín Reyes afirmó que no se cubrirá el umbral de 40% de votos, por lo cual no será vinculante y todo quedará como está.
Lo que se garantizó, apuntó, “es que el Presidente tuviera su campaña para que no se fuera. Si la oposición, por ejemplo, quisiera sacar al Presidente, tendría que juntar 37.1 millones de votos. Es imposible sacar a Andrés Manuel López Obrador”, advirtió.
El analista Luis Miguel Carriedo, coincidió en que el diseño legal de la figura de revocación de mandato es cuestionable porque no se previeron espacios equitativos para que el gobernante que es sujeto, pueda defenderse, opinar y hablar de sus logros.
Pero lo mismo ocurre, dijo, para todos los que quieren que se le revoque el mandato, siendo funcionarios o partidos políticos tampoco pueden hablar.
Opinó que la difusión que realizó el INE, por mandato legal, fue limitada y nada comparativa con un ejercicio electoral federal.
La revocación, remarcó, “exige constitucionalmente un umbral. Si esperas convocar al mismo número de electores que van a una elección presidencial, es absurdo que le des una difusión [de] periodo ordinario. Una revocación, sin difusión masiva en radio y televisión, está limitada en expectativa de participación”.
El Presidente, puntualizó, tendrá tres resultados: si no se cumple el umbral, no importará porque todo se queda como está; si se cumple, es obligatorio. Si ganara la decisión de que se vaya de su encargo, en automático se aplica el artículo 84 constitucional.
“La revocación de mandato, lamentablemente, se convirtió en una campaña entre el actor sujeto [Presidente de la República] y el árbitro [de la contienda, el INE]”, finalizó.
Fuente.-
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