Tal y como ahora lo hace Felix Arturo Rodriguez Rodriguez,jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) en Tamaulipas,bajo sendas acusaciones comprobadas de perpetrar masacres fingiendo enfrentamientos, con evidencias apuntan han sido ordenadas por el Gobernador Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,pero tambien levantones que terminan en extorsiones y decomisos de cuanto encuentran, armas,drogas y efectivo, en allanamientos ilegales "que no son consignados, ni reportados a ninguna autoridad",pues traducen con permiso oficial del Gobernador las detenciones efímeras en cuantiosas cantidades de dinero en dolares que pagan sujetos incriminados y que son liberados para seguir delinquiendo, pero pagando cuotas,particularmente en la frontera de Tamaulipas,haciendo tambien usufructo ilegal de la informacion que les comparte la DEA bajo un espíritu de cooperación mutua, conductas que seguramente terminaran en carcel, una vez que la impunidad sexenal de Cabeza de Vaca llegue a su final.
LA EXTORSION A NIVEL INDUSTRIAL:
Asi y tal como lo publica el prestigiado sitio de periodismo investigativo "InsightCrime",dos altos comandantes de policía de Colombia y México admitieron recientemente que pasaron información sensible a narcotraficantes mientras trabajaban con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), otra mancha en la reputación del organismo en medio de crecientes pedidos de escrutinio sobre sus acciones en Latinoamérica.
El 19 de octubre, Iván Reyes Arzate, exagente de la policía federal mexicana, se declaró culpable de un cargo de conspiración para traficar cocaína relacionado con un soborno de US$290.000 que recibió por colaborar en las operaciones de una alianza de grupos narcotraficantes conocida como El Seguimiento 39, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa.
Reyes Arzate no era un agente de policía cualquiera. En 2008, fue nombrado jefe de la Unidad de Investigación Sensible (UIS) de la policía federal, que fue investigada y entrenada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Esto lo convierte en el “oficial de más alto rango y principal contacto para el intercambio de información entre miembros de la fuerza pública de Estados Unidos y México” asignado a dicha unidad.
El exagente fue acusado por primera vez en 2017 de filtrar información confidencial para la Organización Beltrán Leyva, de México, lo que llevó al secuestro y homicidio de un informante de la DEA, según los documentos de la corte. También recibió un soborno para capturar a Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, antiguo aliado de Beltrán Leyva que luego se convirtió en su rival y terminó siendo extraditado a Estados Unidos.
Los comandantes de la UIS también fueron blanco de críticas en Colombia. A comienzos de octubre, Associated Press informó sobre la imputación de 2018 anteriormente sellada, la detención y la extradición de Juan Pablo Mosquera, capitán de la Policía Nacional. Mosquera está acusado de vender evidencia y otra información clave a objetivos de investigaciones de Estados Unidos mientras era la máxima autoridad de la unidad verificada por la DEA que él dirigía en la ciudad de Cali.
De manera específica, Mosquera empleó a Juan Carlos Dávila Bonilla, reconocido narcotraficante colombiano con nexos con la mafia italiana, para que pasara información clasificada a por lo menos un objetivo de una investigación en la que la DEA estaba trabajando, en la que le alertaba que estaba “caliente”, según un ofrecimiento factual presentado el 13 de octubre, para sustentar su declaración de culpabilidad.
Tanto Mosquera como Reyes Arzate enfrentan una pena máxima de 40 años de prisión y serán sentenciados a comienzos de enero de 2022.
Análisis de InSight Crime
Las confesiones de los dos altos oficiales de policía constituyen evidencia irrecusable de que se necesita mejor seguimiento y verificación de antecedentes de los aliados de la DEA en Latinoamérica, y plantea nuevos interrogantes acerca de lo que sabían los agentes estadounidenses y cuándo lo supieron.
Sus acciones encajan en un patrón de corrupción dentro de las Unidades de Investigación Sensible de la institución, que ha provocado secuestros, homicidios y muertes de civiles en la región. En agosto de 2021, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia divulgó un enfático informe en el que se criticaban los fracasos de la DEA para reforzar su vigilancia de las unidades de fuerzas extranjeras de orden público que apoya, en especial en Latinoamérica.
El informe suscitó inquietudes en el sentido de que “incluso después de hechos importantes, muy publicitados, la DEA no ha mejorado de manera efectiva su proceso de generación de informes, seguimiento y evaluación de incidentes”.
Entre los incidentes destacados se hace referencia a tres misiones antinarcóticos ejecutadas en 2012 por unidades verificadas por la DEA en Honduras, en las que hubo cuatro civiles muertos. El informe del inspector general también menciona el ascenso de un agente de policía para comandar una “unidad de policía de confianza” en Haití, a pesar de que se sabía que el oficial no había pasado una prueba de polígrafo, entre otros exámenes, como señala la auditoría.
A pesar de estos y otros fracasos, “la DEA no ha evaluado de manera estratégica ni programática estos hechos, que involucraron unidades extranjeras, para identificar las lecciones aprendidas y mejorar la vigilancia”, agrega el informe.
De hecho, en septiembre de 2020, un agente de la DEA en Colombia, que trabajó con estas unidades verificadas, se declaró culpable de “participar durante siete años en un esquema mediante el cual se desviaron más de US$9 millones en ganancias del narcotráfico, provenientes de investigaciones de lavado de dinero encubiertas”.
Tras el informe del inspector general, la DEA anunció en agosto de este año una “revisión exhaustiva de [sus] operaciones internacionales y de su huella en el extranjero”. Y a fines de octubre, Jack Lawn, exadministrador de la DEA, y Boyd Johnson, del bufete de abogados WilmerHale, fueron nombrados para el equipo de revisión.
En algunos casos, las presuntas malas conductas se extendieron más allá de estas unidades. Los fiscales han relacionado el caso de Reyes Arzate, por ejemplo, con “los mismos esquemas, transacciones y hechos al margen de la ley” que se presumen en el caso de soborno que involucra a Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México durante el mandato de Felipe Calderón entre 2006 y 2012.
García Luna trabajó estrechamente con la DEA en ese rol durante años después de que el gobierno mexicano emprendiera la “guerra contra las drogas” con respaldo de Estados Unidos en 2006. El exsecretario está acusado de recibir coimas por millones de dólares del Cartel de Sinaloa a cambio de ofrecerle protección al grupo narcotraficante, cargos que él ha negado.
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