El proceso judicial por el asesinato de la española Pilar Garrido Santamans ha impactado en la cúpula del Poder Judicial del Estado (PJE) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas, debido a la exhibición de las fallas en la investigación que fueron avaladas por los jueces y magistrados estatales.
Las dos sentencias de la Sala Colegiada Penal tamaulipeca rechazadas por órganos federales han provocado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito advierta que, de no emitir una resolución sólida y en tiempo, se solicitará la separación del cargo de funcionarios del PJE.
“En el entendido de que subsiste contra la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, el apercibimiento relativo a la imposición de la multa y el envío del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite de la inejecución que podría culminar con la separación del cargo y respectiva consignación”, señaló la magistrada presidente Olga Iliana Saldaña Durán.
El procedimiento de remoción del puesto se daría en los supuestos de que la Sala Colegiada continúe dictando sentencia sin exponer cómo “los elementos de juicio valorados indiciariamente justifican la conducta activa” imputada a Jorge “F”, esposo de la víctima, quien fue sentenciado a 47 años de prisión por feminicidio.
De acuerdo con el artículo 193 de la Ley de Amparo, cuando los jueces o magistrados no cumplan la ejecutoria de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.
“Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo”, establece el articulado citado.
La magistrada Gloria Garza Jiménez, y los magistrados Jorge Durham Infante y Javier Castro Ormaechea, de la Sala Colegiada, son las personas principales que asumen la responsabilidad mencionada en el 193 de la Ley de Amparo.
La y los integrantes de la Sala Colegiada son personas que ocuparon puestos de alto nivel en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Garza Jiménez fue subsecretaria de gobierno, mano derecha de César Verástegui Ostos; Durham Infante era el consejero jurídico del Poder Judicial; y Castro Ormaechea laboraba en la Fiscalía como titular del combate a la corrupción.
Existe la posibilidad de que el magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, sea incluido en el proceso de remoción al ser el superior jerárquico de la y los integrantes de la Sala Colegiada.
Hasta ahora se desconoce si el fiscal general Barrios Mojica ha actuado contra el personal que elaboró la investigación y ha sido exhibido en la sentencia del Tribunal Colegiado.
Pilar Garrido, Jorge e hijo regresaban de La Pesca a su casa en Victoria el 2 de julio de 2017, cuando la mujer desapareció. Jorge “F” denunció que un grupo de jóvenes armados los detuvo y bajó del auto en el kilómetro 55 de la carretera Soto la Marina-Ciudad Victoria y se llevaron a la mujer. A finales de julio se encontró el cadáver de la víctima.
El titular de la Fiscalía General de Justicia, Irving Barrios Mojica, anunció la detención de Jorge “F”, como responsable material e intelectual del homicidio. En 2019 fue sentenciado por el delito de feminicidio a 47 años de prisión.
El pasado 23 de septiembre, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región ordenó dejar insubsistente la sentencia contra Jorge “F”, esposo de la víctima, por no haber pruebas contundentes que lo inculpen.
Los jueces y magistrados estatales “emplearon argumentos incongruentes con la forma de configurar la prueba circunstancial para condenar al quejoso; porque señaló que este último mostró un comportamiento obstruccionista durante las investigaciones”.
Primer juez y fiscal que llevaban caso de la española Pilar Garrido fueron asesinados
El 18 de diciembre de 2018, el juez de control, Abelardo Ibarra Torres, y la agente del Ministerio Público, Erika Dolores Granados Flores, quienes llevaban el caso de la española, Pilar Garrido, fueron ejecutados en un fraccionamiento que se encuentran al sur, en la periferia de la capital del estado.
OTRO CASO SIN RESOLVER:
Los funcionarios estaban junto dentro de un vehículo Mini Cooper, donde recibieron la agresión aproximadamente a las 22:50 horas en la calle Mariano G. Sela, entre República de México y República de Chile del Fraccionamiento Haciendas del Santuario, en Victoria.
Ibarra Torres y Granados Flores formaban parte del tribunal que lleva el caso de la española, cuyas diligencias habían reiniciado un día antes del asesinato con 3 videollamadas de un grupo de médicos de Madrid que expusieron dictámenes sobre la víctima de homicidio.
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