El Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, ordenó la liberación de 12 elementos de la Marina-Armada de México a quienes se les investigaba desde 2018 por la desaparición forzada de al menos cuatro personas ocurrida ese año en Nuevo Laredo y se les envió a prisión en abril de este año para vincularlos a un proceso penal que les hubiera llevado a recibir una sentencia de 60 años de cárcel.
Un amparo promovido por dos abogados –Efrén García Zúñiga y Miriam Vázquez– evitó esto último, impidió que se les vinculara a proceso y que se les iniciara un juicio que los hubiera enviado de por vida a prisión. El amparo y la decisión de los jueces impidió también que se conociera la verdad de lo sucedido, que se hiciera justicia y se hallaran los cuerpos o los restos de Noé Ignacio Alférez Hernández, Jonatan Ballesteros, Manuel Gerardo García Ramírez y Marco Antonio Romero Sánchez, detenidos por los marinos y desaparecidos el 2 de febrero de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los marinos liberados pertenecen a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Armada de México: Luis Armando Ruiz Rendón, Alejandra Castillo Rico, Bernabé Apaes Marchante y/o Bernabé Apaez Marchante, Erick Alan Zetina Morales, Narciso Antonio Lara Arceo, Omar Azamar Reyes, Andrés Téllez Gómez, Roberto Gómez García, Ovidio Ordoñez Méndez, Adrián Domínguez Cruz, Alfredo Reyes Mondragón y Alán Michell Álvarez Meléndez.
La decisióndel juez Gutiérrez Pérez ha causado indignación y enojo de los familiares de las víctimas.
En las primeras reacciones tras conocerse más detalles sobre la liberación de los comandos navales, familiares de las víctimas aseguraron que exigirán las renuncias del Fiscal Especial en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, y del abogado Julio César Pulido Segura, Director de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV).
En el fondo, la liberación de 12 de los 13 marinos señalados por cometer desapariciones forzadas es un mecanismo de protección para no tocar a personajes como el almirante Marco Antonio Ortega Siu, quien era el Jefe de la UNOPES en el momento en que se cometieron las desapariciones en Nuevo Laredo y en otros puntos de la frontera con los Estados Unidos, aseguró Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien ha dado seguimiento a decenas de casos de abusos policiacos y militares en Tamaulipas.
Otro mando de la Marina-Armada de México involucrado en desapariciones forzadas es el capitán Alfredo Reyes Mondragón, a quien también se le atribuye su presunta responsabilidad en otras desapariciones ocurridas en Guanajuato en 2018.
Ramos recordó que apenas la semana pasada los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas cometidas por los marinos se reunieron con los representantes de la Asesoría Jurídica Federal (AJF) y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quienes fueron convocados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para darle seguimiento a la Recomendación 36VG/2020 e iniciar la búsqueda de cuerpos en varios puntos de Tamaulipas.
En ese encuentro estuvieron Gregoria Hernández Morales y María Natividad Ballesteros Rodríguez, madres de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Ballesteros, detenidos y desaparecidos por los marinos el 2 de febrero de 2018. Doce de los trece marinos involucrados en estos hechos fueron liberados el pasado viernes 5 de noviembre de la prisión del Campo Militar Número Uno.
Manuel Gerardo García Ramírez y Marco Antonio Romero Sánchez son los otros dos civiles desaparecidos por los marinos en abril de 2018. Estas desapariciones eran investigadas en la causa penal 305/2021, radicada en un juzgado de Tamaulipas.
Raymundo Ramos anunció que en la próxima reunión que se tenga con el gobierno federal se solicitará la renuncia de los funcionarios señalados, ya que, “evidentemente”, en tres años de trabajo se fue dejando de lado la evidencia sólida y se ignoró a los testigos fundamentales de este y otros casos en los que se ha señalado la participación de más de un centenar de marinos en casi 40 de desapariciones forzadas documentadas entre febrero y mayo de 2018.
¿Más impunidad?
En lo que ha sido un giro inesperado para diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas pro derechos humanos, el Juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, ordenó la liberación de los 12 marinos luego de que sus abogados ganaron un amparo para que a sus clientes no se les vinculara a un proceso penal en el que, de haber sido hallados culpables, habrían purgado una pena de 60 años de prisión.
Estos 12 marinos formaban parte de un grupo de 45 elementos navales detenidos y sujetos a investigación por desapariciones forzadas cometidas en 2018, durante el despliegue de la Infantería de Marina de la Armada de México en la frontera con los Estados Unidos, para acabar con sicarios de los cárteles de la droga que operan en esa zona del país.
Los 45 marinos fueron detenidos entre abril y junio de este año. Un primer grupo de 30 elementos navales fue ubicado en diversos cuarteles e instalaciones de la Marina para luego ser concentrado en Reynosa, Tamaulipas, en donde, ante los juzgados, se les hizo saber que estaban detenidos y se les envió a la Ciudad de México, a la prisión del Campo Militar Número Uno, para seguir su proceso penal.
Un segundo grupo de 15 marinos fue detenido entre mayo y junio bajo el mismo procedimiento. Esto activó las causas penales 155/2020, 307/2020 y 308/2020, en las que se investigaba a 6, a 13 y a 11 marinos respectivamente por su participación en la desaparición forzada de civiles, ocurrida en Nuevo Laredo.
Los abogados de los marinos liberados durante la noche del pasado viernes 5 de noviembre, basaron el recurso de amparo interpuesto en una violación procedimental que vulneró los artículos constitucionales 14 y 16, en los que se asienta que a nadie se le podrá aplicar ninguna ley de manera retroactiva para causarle perjuicio.
El artículo 14 establece además que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
El artículo 16 invocado por los abogados señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
En la prisión castrense del Campo Militar Número Uno quedan aún 33 marinos a quienes se les sigue proceso, aún sin vinculación penal, por otras 27 desapariciones forzadas cometidas en 2018.
La liberación de los primeros 12 efectivos navales, entre los cuales hay una mujer de Infantería, puede ser apelada por la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que no se ha pronunciado sobre la liberación que ocurrió el viernes por la noche.
Fuente.-Jorge Medellin(imagen/twitter)
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