Tras la revelación de que el gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó el programa espía israelí Pegasus contra activistas, opositores, correligionarios y periodistas, López Obrador –también víctima de ese espionaje– ordenó que se dieran a conocer todos los contratos de gobierno con la escandalosa plataforma. La orden ha sido acatada a medias, porque se mantiene en la opacidad la información relacionada con la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Marina.
YA SE SABIA DESDE 2015:
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha prometido transparentar todos los contratos relacionados con la compra y operación del programa espía Pegasus, de la compañía israelí NSO Group, una tecnología intrusiva que en México fue usada para seleccionar 15 mil números telefónicos como posibles blancos de espionaje.
Sin embargo, la instrucción presidencial para dar a conocer los contratos públicos que el gobierno federal ha firmado para el uso de Pegasus dejó fuera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que adquirió en 2011 el programa que es capaz de infectar cualquier teléfono móvil para después convertirlo en un arma de espionaje contra su propio dueño.
El aval presidencial al silencio de la Secretaría de la Defensa sobre la compra y operación de Pegasus entre 2011 y 2018 ocurre pese a que Pegasus Project, una investigación colaborativa en la que participaron 80 periodistas y 17 medios de todo el mundo, tras la filtración de 50 mil registros telefónicos que fueron seleccionados como blancos de espionaje por esa plataforma, logró identificar a la Sedena como uno de los mayores usuarios de ese spyware en México.
Además, el segundo mayor usuario de Pegasus en nuestro país, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), sucesor del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), tampoco ha acatado la instrucción de López Obrador de transparentar los contratos que celebró entre 2013 y 2018 para la adquisición del programa espía y la compra de licencias que permitieron su uso constante durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En suma: una semana después de que se diera a conocer que la plataforma Pegasus ingresó los números telefónicos de al menos 50 personas del círculo íntimo de López Obrador –incluyendo a sus hijos y esposa– como objetivos de espionaje, todavía no se ha hecho público ningún contrato relacionado directamente con la compra y operación del software creado, según NSO, para ayudar a los gobiernos en su lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
Los contratos de la Sedena
El manejo de la información relativa a Pegasus ha sido tan discrecional, que el actual titular de la Sedena, el general Luis Cresencio Sandoval González, ni siquiera ha tenido que explicar la compra que realizó esa dependencia del programa espía entre septiembre de 2010 y finales de 2012, documentada por el reportero Zózimo Camacho en mayo de 2012.
Los cinco contratos divulgados por Contralínea señalan que el primer sistema Pegasus adquirido por la Sedena tuvo un costo superior a los 8 mil millones de pesos y que se habría instalado en cerca de 200 computadoras, mismas que estaban al servicio de inteligencia militar.
Once años después de esta primera revelación, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en el más absoluto sigilo el uso que ha dado al programa espía, y lo único que se ha conocido es una factura expedida por la Sedena para el pago a la empresa Proyectos y Diseños VME, por la renovación de licencias de Pegasus, por el concepto de “servicio de monitoreo remoto de información”.
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