El gobierno mexicano contabilizó que –entre 2006 y 2021– 415 miembros de la extinta Policía Federal y de la Guardia Nacional han sido víctimas letales de las empresas armamentistas estadounidenses que no han implementado controles para impedir que sus productos lleguen a manos de los cárteles mexicanos.
A esa cifra hay que sumar la de 25 integrantes de las Fuerzas Armadas que han sido asesinados en los últimos 12 años –entre marzo de 2009 y marzo de 2021– con armas que son traficadas desde el otro lado del Río Bravo, mientras que 84 han sufrido heridas de distintos niveles de gravedad.
Ese número de uniformados que murieron en emboscadas o enfrentamientos contra sicarios armados principalmente con rifles de alto poder comercializados en Estados Unidos eran un misterio hasta para los especialistas en seguridad interior… hasta hace unos días.
Las vidas de esos 450 policías, gendarmes y militares están en la lista de agravios que el gobierno mexicano incluyó en la demanda civil interpuesta el 4 de agosto en una corte federal en Boston, Massachusetts, contra 11 empresas armamentistas de Estados Unidos que irán al banquillo de los acusados por los daños causados por sus “prácticas negligentes”.
EN MEMORIA DE JUAN
Una de las vidas que reclama el gobierno mexicano es la del soldado Juan N., quien fue asesinado el 9 de enero de 2019 por sicarios del grupo armado “La Tropa del Infierno” pertrechados con rifles de alto poder comercializados por la empresa Century Arms, una de las demandadas y cuya matriz está ubicada en Delray Beach, Florida, en Estados Unidos.
Aquella noche, Juan N. viajaba con otros militares por la carretera Guerrero-Nuevo Laredo, en Tamaulipas, para vigilar que los ductos de la Estación Gigante Número 1 de Pemex no fueran pinchados por los huachicoleros que operan en la frontera con Texas.
Cerca de la medianoche, a la altura de un ejido despoblado llamado La Colima, los soldados fueron emboscados por hombres armados con vestimenta camuflada, chalecos antibalas y armados hasta los dientes, quienes viajaban en vehículos rotulados con las palabras Cártel del Noreste, los jefes de “La Tropa del Infierno”.
Juan N. recibió los primeros impactos de las balas que atravesaron sin problema el blindaje de la camioneta Cheyenne de la Secretaría de la Defensa Nacional: un disparo en el tórax y otro en el hombro izquierdo le causaron una hemorragia tan profusa que ni siquiera el arribo de una ambulancia aérea lo pudo salvar.
En el trayecto hacia el Hospital Regional Militar de Monterrey, el soldado de 22 años que pertenecía al 16 Regimiento de Caballería Motorizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, falleció por un choque hipovolémico, es decir, su cuerpo había rebasado el mínimo de sangre necesaria para vivir.
El resto de los militares persiguió a los sicarios y metros más tarde les dieron alcance para abatirlos. Al revisar los vehículos de la “Tropa del Infierno”, los integrantes de la Defensa Nacional supieron que habían rozado la muerte.
En los asientos había varios rifles de alto poder de marcas estadounidenses. Entre ellos, el preferido por los cárteles, porque su potencia puede perforar los blindajes más pesados: un mortífero Barrett 50 que los sicarios no usaron por falta de tiempo.
Decomisos de armas por parte del gobierno. Fotos: Cuartoscuro.com.
ARMAS PENSADAS PARA LOS CÁRTELES
La vida y muerte de Juan N. está en la lista de asesinatos de servidores públicos mexicanos por los cuales el gobierno mexicano quiere que las empresas armamentistas paguen hasta 10 mil millones de dólares como reparación de los daños.
Por ejemplo, el homicidio de un soldado el 24 de agosto de 2018 con un arma Colt AR-15, un rifle de asalto que la poderosa Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (NRA por sus siglas en inglés) considera una de las “armas consentidas de América”.
Con otra Colt AR-15 –“el arma más estadounidense que hay”, según la publicidad de Colt's Manufacturing Company, una empresa instalada desde 1855 en Hartford, Connecticut– un soldado mexicano fue herido el 14 de septiembre de 2020 y desde entonces vive con lesiones de por vida.
“Colt ni siquiera intenta esconder su complacencia con el mercado criminal en México”, reclama el gobierno mexicano en la demanda. “Colt produce tres modelos de armas que específicamente están dirigidos al mercado mexicano.
“Estas son la pistola calibre .38 ‘El Jefe’, la calibre .88 ‘El Grito’, y la calibre .38 ‘Emiliano Zapata 1911’. Estos modelos son símbolos de estatus y son codiciadas por los cárteles de la droga y son traficadas a México desde Estados Unidos en grandes cantidades”, se lee en la denuncia.
Ebrard con Monreal y Mier al hacer el anuncio de la demanda contra empresas de armas de EU. Foto: Especial.
“EL JEFE DE JEFES”
Colt's Manufacturing Company incluso vende sus armas dirigidas al público mexicano a empresas que las modifican para hacerlas aún más atractivas para los cárteles de la droga.
Un ejemplo es la versión VIP de la pistola calibre .38 “El Jefe” que la empresa Seattle Engraving Center renombró como “El Jefe de Jefes”: una “pieza maestra” –según las palabras de sus vendedores– que está bañada en oro de 24 kilates y adornada con rubíes y diamantes en la mirilla.
En la cacha están grabadas varias imágenes “con un diseño azteca mexicano” y el cañón del arma está decorado con diez cráneos que simulan un tzompantli, un muro a la vista de todos los que habitaban la vieja Tenochtitlán donde se exhibían las cabezas decapitadas de quienes eran sacrificados para agradar a los dioses.
El precio de esa arma semiautomática, con capacidad de hasta 10 disparos, alcanza los 6 mil dólares, es decir, unos 120 mil pesos… más gastos de envío hasta México.
Un arma similar –Colt .38 con oro, plata, diamantes y rubíes– era la preferida del líder del Cártel del Golfo, José Luis Zúñiga Hernández, alias “El Wicho”, quien fue arrestado en octubre de 2011, asegura la denuncia civil presentada por el gobierno mexicano. Con esa arma, “El Wicho” habría cometido decenas de asesinatos.
Desde, al menos, 1990, la empresa Colt's Manufacturing Company tiene armas calibre 38 especialmente dirigidas para el público mexicano: en aquel año, lanzó la “Presidente” y desde entonces ha creado, por ejemplo, el arma “El Coronel”, “El Senador” y “El Soldado”.
PUBLICIDAD PARA LOS CÁRTELES
La demanda civil del gobierno mexicano afirma que las empresas armamentistas no sólo diseñan sus productos para los cárteles de las drogas, sino que crean campañas de publicidad dirigidas para los capos, jefes de plaza y sicarios.
Colt's Manufacturing Company nombra sus productos en términos castrenses como “Tropa” o “Patrulla” para incrementar la idea en sus clientes de que están comprando productos de estilo militar. Por ejemplo, muchos de los rifles de asalto que venden son promocionados como armas que usan las fuerzas armadas.
Otra empresa denunciada, Century Arms, hace énfasis en que uno de sus rifles de alto poder, WASR-10, está inspirado en “equipos paramilitares rumanos” e, incluso, mercadea uno de los modelos de la WASR-10 con el nombre “Paramilitar”.
Según el gobierno mexicano, la empresa Smith & Wesson deliberadamente violó la ley al promocionar el rifle de asalto AR-15 entre civiles de tal manera que se resaltaba la eficacia de uso en misiones de combate con estilo militar.
Lo hizo, por ejemplo, publicitando el nombre de uno de sus modelos más vendidos: el rifle automático M&P 15 que recibe su nombre por las palabras “Militares” y “Policía” dando a entender que esa arma es altamente eficaz a la hora de atacar fuerzas del orden.
La empresa Barrett –creadora del poderoso rifle Barrett 50– promueve su producto estrella como un arma de “demoledora fuerza que puede adaptarse a un amplio rango de necesidades” y como “una verdadera monstruosidad en toda la extensión de la palabra” que promete “transformar su desempeño militar para uso de civiles”.
Y la empresa Glock usa en sus campañas de publicidad la palabra “uso táctico”, además de que muestra imágenes y videos de civiles armados hasta los dientes en uniformes no oficiales pero de aspecto militar… los mismos que usan los cárteles de las drogas en México.
Con ese armamento, las empresas estadounidenses han contribuido a que, entre 2013 y 2020, las Fuerzas Armadas en México sufrieran daños en sus aeronaves por un valor cercano a los 822 millones de pesos.
Fuente.- @oscarbalmen
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