La Suprema Corte de Justicia ha desestimado este viernes la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador de ese Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El ministro Juan Luis González Alcántara ha considerado que la acción era improcedente, dos días después de que el tribunal solicitara al Congreso estatal documentación sobre la identidad del presidente de la cámara, el facultado para presentar la controversia. La decisión del ministro no parece invalidar, sin embargo, el rechazo de los legisladores locales a retirar la inmunidad al gobernador, acusado de defraudación fiscal y lavado de dinero por la Fiscalía.
La presentación de la controversia constitucional fue la respuesta del Congreso de Tamaulipas a la decisión de la Cámara de Diputados federal de permitir el desafuero del gobernador. Los legisladores federales, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, despojaron a mediados de abril al dirigente estatal de la inmunidad que le otorga su cargo, por el delito de fraude fiscal. El expediente penal presentado por la Fiscalía General de la República también incluye graves acusaciones de corrupción y delincuencia organizada.
La votación a favor del desafuero fue denunciada por el PAN, partido al que pertenece Cabeza de Vaca, y otras formaciones políticas de oposición como una “persecución” por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tras la votación, la cámara federal turnó su decisión al Congreso estatal, quien tiene la última palabra sobre el desafuero. La mayoría de los diputados locales la rechazó al considerar que violaba la presunción de inocencia del gobernador.
El choque institucional entre ambos parlamentos ha hecho encallar el proceso de desafuero. Después del desacuerdo, López Obrador declaró que el asunto se resolvería en la Suprema Corte, pero la decisión de este viernes, que puede ser impugnada, siembra aún más incertidumbre. El presidente ha mencionado el caso en varias ocasiones en su conferencia matutina. Esto, junto a sus recientes declaraciones en contra de los dos principales candidatos para la gubernatura de Nuevo León, ha llevado a la oposición a acusarlo de querer interferir en las elecciones del 6 de junio.
Los investigadores de la Fiscalía, que han obtenido información del Gobierno de Estados Unidos, atribuyen a Cabeza de Vaca decenas de propiedades no declaradas tanto en México como en Texas. La compra de esos inmuebles se remonta, según el expediente, a un período que va de 2005 a 2019, cuando el político ya tenía responsabilidades públicas, y suman 951 millones de pesos.
fuente.-Diario Español/
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