Los drones se convirtieron en la jornada del 8-M en un asunto de seguridad nacional. Durante las movilizaciones de este lunes por el Día Internacional de la Mujer un puñado de agentes con dispositivos antidrones desde el techo de Palacio Nacional, actual residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, causaron alarma entre las manifestantes. 
Ante las señales de alerta por parte de las mujeres que describieron a los agentes portando objetos similares a armas, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez aseguró a través de su cuenta de Twitter que eran inhibidores para evitar los vuelos de drones sobre el edificio colonial. Es la primera vez que dispositivos de este tipo fueron tan evidentes durante el curso de una protesta ciudadana, según expertos en seguridad consultados por este diario.
El Gobierno de Ciudad de México desplegó más de 2.300 policías y cercó 34 monumentos durante las movilizaciones feministas del 8-M. Uno de los sitios más destacados a resguardar fue Palacio Nacional, la residencia oficial y sede del Ejecutivo, que fue amurallado desde el viernes con vallas metálicas anticipándose al choque de las manifestantes. La manifestación dejó 81 heridos y cuatro detenidos según el más reciente informe de las autoridades capitalinas. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió la mañana de este martes que no fue utilizado gas lacrimógeno para reprimir a los contingentes que cargaron contra la protección al palacio. Esto a pesar de las numerosas imágenes de choques entre la policía y las mujeres y testimonios de afectadas por gas irritante. Los agentes destacados en la azotea de la residencia, empuñando rifles inhibidores de señales, completaron la fotografía del uso de la fuerza durante la conmemoración del Día de la Mujer.
En septiembre la Secretaría de la Defensa (Sedena) compró cuatro equipos antidron a la empresa INT Intelligence and Telecom Technologies México. El acta de la licitación, disponible en el portal de Compranet, da cuenta de que este tipo de artefactos tuvo un costo unitario de 816.262 pesos, unos 38.300 dólares. En total, el Ejército desembolsó 3,7 millones de pesos (178.000 dólares) por los aparatos. De acuerdo con la información del fabricante Hikvision, los dispositivos del modelo UAV-D04JAI Jammer tienen un alcance de hasta 1.200 metros, un peso de siete kilos y el fusil va conectado a una batería que garantiza el funcionamiento del inhibidor hasta por 10 horas.
Para el fotógrafo Santiago Arau, quien utiliza drones captar imágenes desde hace cinco años, el uso de estos inhibidores de drones fue una medida exagerada y criticó que las autoridades no comunicaran previamente el uso de estos artefactos a fin de evitar un accidente. “Están bloqueando una señal de un aparato que está volando sobre miles de personas que están abajo lo cual puede ocasionar un accidente. Un dron se cae del cielo y le pega a una persona la puede matar”, comentó.
Arau relató que tenía planeado capturar imágenes aéreas de la marcha feminista al filo de las cinco de la tarde. Desde su primer despegue fue evidente que una interferencia inusual le impedía tener el control absoluto de su dron, por lo que decidió no volar. El fotógrafo agregó que no existe en México ningún antecedente para considerar a los drones como una amenaza nacional. “En la marcha, la función de un dron es tratar de comunicar y de compartir el sentir de un movimiento tan importante como es el movimiento feminista”, señaló.
Elementos con los inhibidores de señal apostado en el techo de Palacio Nacional.
Los rifles antidrones funcionan enviando ondas electromagnéticas que hacen que el aparato pierda conocimiento de sus satélites y de la señal del control remoto de la persona que los está pilotando, por lo que no puede seguir el vuelo. El fotógrafo mexicano, que tiene una larga experiencia haciendo tomas áreas en la plancha del Zócalo de Ciudad de México, aseguró que esta es la primera vez que tiene problemas para volar un dispositivo a causa de estos inhibidores. Él, que ha retratado toda la frontera y buena parte del país a vista de pájaro, ha conseguido volar drones, con previa autorización, en zonas federales.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes prohíbe la operación de estos aparatos en zonas restringidas o peligrosas, para transportar mercancías riesgosas, sustancias prohibidas, armas, explosivos u operar en lugares abiertos o cerrados donde se reúnan más de 12 personas. Los drones con un peso superior a los dos kilos deben contar con un permiso especial para su manejo, mientras que los aparatos con un peso menor solo deben acatar las disposiciones establecidas para su uso recreativo o comercial.
Para Alejandro Hope, analista de seguridad, el uso de inhibidores de drones durante la marcha parecía más una provocación que un elemento de protección. El experto añadió que la decisión de utilizar rifles antidrones, amurallar el Palacio Nacional e incluso lanzar gases lacrimógenos contra las asistentes dan cuenta de la escalada de tensión por parte de la Administración de López Obrador con el movimiento feminista. “Son demoledoras las imágenes, la batalla por la imagen la pierde el Gobierno federal”, mencionó.
Daniel Gómez, otro analista de seguridad, cuestionó el despliegue visible de este tipo de inhibidores durante una movilización. “Hay fotos y vídeos del Palacio Nacional desde el aire, que evidentemente se toman con drones y que no los han bajado, yo entiendo que por seguridad se utilizan este tipo de dispositivos [inhibidores], lo que no entiendo es por qué los sacan en ese momento de una manera tan ostentosamente visible”, señaló.
Gómez cree que el Gobierno falló en garantizar la seguridad de las asistentes a la movilización y de los policías, muchas de ellas también mujeres. “No existe en este momento un protocolo, un manual, o una ley del uso de la fuerza pública que garantice los derechos humanos de nadie. Veremos estas imágenes repetidas a lo largo de la campaña electoral en muchos niveles”, explicó.
El nivel de vigilancia y protección que se mostró para salvaguardar Palacio Nacional durante la jornada del 8-M contrasta con las nulas garantías de seguridad de las mujeres que viven en un país en el que se perpetran 10 feminicidios al día y donde el 99% de los crímenes sexuales queda impune.
fuente.-Diario Español/Karina Suarez/
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