Mientras se consumaba la huida de Carlos Antonio Romero Deschamps, el hombre que dirigió durante 26 años, tres meses y 23 días al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), se perdieron 692 millones 383 mil 689 pesos de la cláusula 251 bis del Contrato Colectivo de Trabajo.
Ese dinero, el exdirigente lo negoció en secreto en 2013 con Emilio Lozoya Austin, entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien fue detenido en Málaga, España, por delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora enfrenta el proceso en su domicilio de la Ciudad de México.
Pero como el líder, ese portal también podría desaparecer. En el escenario de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sea incorporado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) –como es la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador–, se acabaría su sustento legal. Y, con ello –advierten especialistas–, se iría uno de los pocos rastros del dinero que manejó el exdirigente.
El 16 de octubre de 2019, a través de un desplegado en los periódicos, Carlos Antonio Romero Deschamps renunció a la Secretaría General del STPRM por “un escenario poco favorable”. Desde entonces, no se sabe dónde están ni él ni el dinero faltante.
Si el costo promedio de la atención a un enfermo de Covid-19 es de 389 mil 851 pesos, como dijo Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros en una conferencia en mayo de 2020, lo que se perdió cuando el exdirigente petrolero salió de la escena pública, habría alcanzado para atender a mil 776 mexicanos afectados por la pandemia.
EL PORTAL DONDE QUEDÓ LA HUELLA
El 5 de mayo de 2015, agobiado por una escalada de episodios de corrupción, el entonces presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que incorporó como sujetos obligados de rendición de cuentas ante los ciudadanos a partidos políticos, sindicatos, así como al poder legislativo. Antes, en esa lista, sólo estaban las dependencias gubernamentales.
A los sindicatos, los obligó a montar un portal en la web para que informaran de manera pública cuántos recursos recibían y en qué los gastaban. Fiel a una tradición de secrecía y discreción, el sindicato de Pemex promovió un amparo para zafarse de la obligación; pero el INAI ganó el juicio, que duró casi cuatro años. Así, en 2019, el gremio petrolero montó el portal en el que dio cuenta de los recursos públicos que Pemex le entregaba por una diversidad de conceptos; además de ciertos egresos.
Cuestionado sobre qué puede ocurrir con ese portal en el escenario en que el INAI se incorpore a la SFP, Alejandro González Arreola, director de Programas de Estado de Derecho de la organización World Justice Project en México, expone: “Ya no habría tutelar del derecho de las personas para tener acceso a la información. Ni el Ejecutivo, ni la Función Pública podrían obligar a los sindicatos a ser transparentes. Tendría que derrumbarse un modelo con 20 años de funcionamiento que había logrado obligar a los sindicatos. Los portales se caerían y, con ellos, se iría la huella del dinero transparentado”.
Romero Deschamps, nacido en Tamaulipas en 1943, contratado como conductor de un camión de pipa a los 26, fue la encarnación de un modelo en México de poder, excesos y opulencia sin reparos. En paralelo a su carrera sindical, fue diputado federal en los periodos 1979-1982, 1991-1994, 2000-2003 y senador de la República de 1994 a 2002 y de 2000 a 2018. De modo que en esos años gozó de fuero. Su personaje público estaba cubierto de opulencia. No tenía reparo en aparecer en la Cámara de Diputados con un reloj de oro de la marca Rolex. Mientras, las redes sociales exhibían su yate, sus casas de Acapulco y Cancún, el Ferrari de su hijo o el interior de un avión privado donde iba su hija al lado de sus mascotas. Pero en el manejo de los recursos, Romero Deschamps siempre privilegió el ocultamiento.
Cuando se retiró del sindicato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que era investigado por la Fiscalía General de la República. “Si toma la decisión de dejar el sindicato para atender otros asuntos, está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter … Él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas …”, dijo AMLO en la conferencia mañanera del 16 de octubre de 2019, cuando México amaneció con la noticia de su renuncia.
Un año y pocos meses después, como antes, parece invencible. Su hora no llega, por más que las demandas por desvío de dinero del sindicato se acumulen en la FGR. Además, varios jueces han dictado en tres ocasiones órdenes de aprehensión que no han sido cumplimentadas. En julio de 2019, el dirigente logró blindarse mediante el recurso del amparo. El juez Aurelio Damián Magaña, del Juzgado Primero de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, le concedió la suspensión definitiva en contra de cualquier orden de aprehensión del ámbito federal o local.
Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del ámbito laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México, exclama: “¿Cuándo lo van a voltear a ver? Es el último de los caudillos vivos con una desvergüenza sorprendente. Ya no tiene fuero, pero la serie de responsabilidades que pesan sobre él no se actualizan. Los pendientes que dejó son muchos. Los vacíos de información son agujeros. La exigencia de que Romero Deschamps sea transparente hoy debe ser más fuerte que nunca”.
Lozoya y Romero Deschamps en las instalaciones de Pemex en 2013. Foto: Iván Méndez / Cuartoscuro.com.
EL DINERO PACTADO EN SECRETO
En 2013, Emilio Ricardo Lozoya Austin, entonces director de Pemex se reunió por primera vez con Carlos Antonio Romero Deschamps para la firma del Contrato Colectivo del Trabajo. Era el director número 9 de la petrolera con quien el líder negociaba. Los resultados del encuentro fueron históricos. Al convenio le añadieron una acotación: la cláusula 251 bis tendría un aumento de 138%, pero además, a partir de ese momento, ya no sería publicada en el documento.
Para ello, estipularon la cláusula 258 que, a partir de entonces, indicaría que el contenido de la 251 bis quedaría bajo confidencialidad junto a otros acuerdos. Así, los Contratos Colectivos de Trabajo correspondientes a los bienios 2013-2015, 2015-2017 y 2017-2019 del sindicato petrolero aparecieron sin la cláusula 251 bis, según revisó EMEEQUIS.
La 251 bis fue una especie de “caja chica” a través de la cual, Pemex le entregaba a la cúpula del sindicato cantidades millonarias en tres exposiciones: antes del 1 de mayo, antes del 18 de marzo y antes de la revisión anual del Contrato Colectivo de Trabajo, según la revisión de los contratos en la página de la empresa del Estado.
Hace un año, Sin Embargo dio a conocer que, bajo un acuerdo secreto, Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, autorizó fondos por 296 millones de pesos al líder sindical Romero Deschamps, de los cuales la mayoría no se supo su destino. Ahora, conforme pasó el tiempo y el sindicato tuvo que presentar más comprobaciones en su portal, se sabe que esa cantidad “extraviada” es más del doble.
En campaña, en mayo de 2018, Andrés Manuel López Obrador ofreció llevar a Carlos Antonio Romero Deschamps a la justicia. “Va a haber democracia sindical, se acabó el cacicazgo en el manejo del sindicato petrolero. Llegó a su fin. Si me entienden, ¿verdad? No voy a hablar más”, dijo en un mitin en Minatitlán sin mencionarlo. Dos meses después, era candidato ganador y el exdirigente se desvivía en desplegados en los periódicos nacionales en los que lo felicitaba y le manifestaba solidaridad.
Un año después, en julio de 2019, el dirigente de los petroleros alcanzó a negociar con el gobierno de López Obrador. Para el Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021 –con Octavio Romero Oropeza, director de Pemex– pactó un incremento salarial de 3.37 y de 1.80% en las prestaciones. Pero la 251 bis fue cancelada. Ese mismo año, el sindicato aceptó montar un portal de transparencia en la que algunos gastos de la tradicional y oscura cláusula aparecieron, pero la mayor parte se esfumó.
LO COMPROBADO
Si bien parte del dinero de la cláusula 251 bis está perdida, la que sí aparece comprobada tiene un beneficio: el nombre de Carlos A. Romero Deschamps.
Así se llamará el Centro Social y Recreativo que se construye en Cárdenas, Tabasco. Será un complejo con canchas, albercas y gimnasios, según un video que colgó en YouTube la sección 26 del STPRM, en febrero del año pasado.
Estrategia Estructural, del empresario Salvador Álvarez Hoth –cercano a Romero Deschamps– es la empresa a cargo de construir el deportivo y se ha llevado (según los datos del sindicato) 132 millones 236 mil pesos. En obras de infraestructura, aparecen comprobados 189 millones 140 mil 762 pesos; de modo que la constructora a cargo del deportivo se llevó 69.9 por ciento.
Otras empresas constructoras contratadas entre 2016 y 2018 por el sindicato petrolero fueron Desarrollo Inmobiliario Habitacional, Kuadro Ark, Adendum, Maximus Alfa, Grupo Corporativo de Abogados y Sociedad Cooperativa Grupo Unificador Mayoritario “Seis de Mayo”.
En cambio, la erogación para la fiesta de los petroleros fue de apenas 3 millones 356 mil 197 pesos que se distribuyeron entre banqueteros y hasta una constructora. La cantidad no representa ni 1% de lo recibido por el acuerdo de la cláusula 251 bis. De hecho, el gasto en la compra de periódicos, revistas y folletos fue mayor, de 8 millones 408 mil 600 pesos. En Estudios y Gestiones, los petroleros gastaron 14 millones 715 mil 379 pesos con Grupo Corporativo de Abogados, el gobierno de Hidalgo, Maximus Alfa, el municipio de Atitalaquia, el Banco Mercantil del Norte y el Grupo Corporativo de Abogados.
De acuerdo con los propios números del sindicato, el gasto importante, hasta ahora, es el centro deportivo con el nombre del sindicalista del reloj de oro y el yate.
Fuente.-@Linaloe_RF/
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